Sadir Arvizu Velázquez

Expediente 545/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
545/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
29/01/2021

Partes del expediente

  • Sadir Arvizu Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.

  2. Principal

    IENCIA CONSTITUCIONAL. En Santiago de Querétaro, Querétaro, siendo las once horas con diez minutos del siete de enero de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, la licenciada ................., Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad, en funciones de Juez de Distrito, autorizada mediante oficio CCJ/ST/2361/2020 del Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 3, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular a este órgano jurisdiccional, quien actúa con el licenciado...... , Secretario que autoriza y da fe, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia. El Secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y a las demás constancias que obran en los presentes autos. A lo que la Secretaria en Funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En el periodo de pruebas. El Secretario da cuenta con las exhibidas por las autoridades responsables Subdirector de Policía de Investigación del Delito y por el Fiscal de Solución Alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, como a poyo a su informe justificado. A lo que la Secretaria en Funciones de Juez acuerda. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de cuenta, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos. El Secretario da cuenta con los formulados por la representación social de la adscripción, mediante pedimento ministerial agregado en autos en la propia data. A lo que la Secretaria en funciones de Juez acuerda. Téngase por formulados los alegatos de mérito, y por perdido el derecho de las demás partes para formularlos; en tal virtud se da por cerrado el presente periodo. Encontrándose debidamente integrado el expediente en que se actúa, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procédase a emitir la resolución que corresponda conforme a derecho. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 545/2020-I promovido por....... , por propio derecho, contra actos del Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en Funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro y otras autoridades; R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito depositado el doce de agosto de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, y turnado a este Juzgado el veintiséis de agosto siguiente, compareció ..........., por propio derecho, para solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado; invocó los preceptos constitucionales que consideró transgredidos; y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO. Por auto de veintiocho de agosto de dos mil veinte, se registró el expediente con el progresivo 545/2020-I, en el libro de gobierno, y se previno al promovente por los motivos expuestos en el propio auto; luego, satisfecha la prevención, el veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al representación social de la adscripción; se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional y previo trámite del juicio, se citó a las partes a la audiencia constitucional, la que se inició en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Federal, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; dado que se reclaman actos emitidos de autoridades con sede en la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es necesario efectuar un análisis conjunto de la demanda de amparo. En apoyo a lo anterior tiene aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE JORGE ARTURO LANDAVERDE LANDAVERDE 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.93.a3 17/04/21 14:57:39 5 AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, atendiendo al contenido integral de la demanda de amparo, se tienen en el presente juicio como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: Acto reclamado: La orden privativa de la libertad emitida en contra del quejoso; y La negativa de dar acceso a la carpeta de Investigación........... Autoridades responsables: AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO DEL INFORME 1 JUEZ DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL DE LA UNIDAD II DEL DISTRITO JUDICIAL DE QUERÉTARO Niega 2 FISCAL DE SOLUCIÓN ALTERNA ADSCRITA A LA UNIDAD 5 DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Niega 3 DIRECTOR DE POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE DELITO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO Niega TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de amparo sea procedente. En este contexto, toda vez que las autoridades responsables, negaron categóricamente la existencia de los actos que se les reclaman; en consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 170, visible a fojas 281 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Volumen Común al Pleno y a las Salas, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Lo anterior, sin que se inadvierta que el Director de la Policía de Investigación del Delito, señaló en un primer momento que existía una orden de aprehensión vigente en contra del quejoso pendiente por cumplimentar; sin embargo, al requerirle las constancias que sustentan su informe, la autoridad en comento señaló que la orden se había cumplimentado, se vinculó a proceso al quejoso y posteriormente se decretó el sobreseimiento de la causa, de ahí que se tienen por inexistentes los actos reclamados consistentes en la orden de privación de la libertad reclamada por el quejoso, por cuanto ve a autoridad responsable señalada. En otro aspecto, el Juez del Sistema Penal Acusatorio y Oral, en Funciones de Juez de Control de la Unidad II del Distrito Judicial de Querétaro, negó categóricamente haber emitido una orden de privación de la libertad en contra del quejoso; no obstante, al rendir su informe indicó que en el domicilio que el quejoso señaló como suyo, se libró una orden de cateo, acto que la parte quejosa no reclamó en el presente sumario, de ahí la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la orden de privación de la libertad. Por otra parte, el Fiscal de Solución Alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, negó haber librado orden privativa de la libertad y, por cuanto al reclamo consistente en la negativa de dar acceso a la carpeta de investigación ......, también manifestó categóricamente que no es cierto, y al efecto agregó que, el quejoso no tiene reconocido carácter alguno dentro de la indagatoria, que no ha tenido acceso a la misma, y que tampoco lo ha solicitado. Aunado a que la parte quejosa no ofreció prueba alguna que desvirtuara lo informado por las responsables, siendo que es a dicha parte, a quien corresponde la carga de la prueba; por tanto, este órgano federal reitera, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa en cuanto al acto y autoridades referidos. Tiene aplicación el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 7, visible en la página 10, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años de 1917-2000, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO POSITIVO. ANTE LA NEGATIVA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SU EXISTENCIA DEBE PROBARSE POR EL QUEJOSO AUN CUANDO LAS VIOLACIONES EN EL COMETIDAS IMPLIQUEN CONDUCTAS NEGATIVAS. Cuando el acto reclamado necesariamente consiste en una conducta activa por parte de la autoridad y se señalan como violatorias al orden constitucional conductas de carácter omisivo en las que incurrió la autoridad responsable al realizarla, el quejoso debe demostrar la existencia de esa conducta positiva ante la negativa de la autoridad de haberla ejecutado, pues de la imposibilidad jurídica de exigir al quejoso la demostración de esas omisiones, no se puede derivar ni lógica ni jurídicamente la existencia del acto reclamado, en virtud de que si tales omisiones no pudieron generarse sino con motivo de esa conducta positiva y ésta no se produjo, menos aún pudieron verificarse las citadas omisiones" En las relatadas consideraciones, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo, en relación con los actos atribuidos a las autoridades responsables, conforme a lo ya plasmado. Sin que por otro lado, el sentido de lo anteriormente determinado, implique detrimento al derecho de acceso a la justicia de la parte solicitante del amparo, toda vez que la obligación constitucional de procurar la existencia de un recurso judicial efectivo respecto de la cuestión intentada, en modo alguno constriñe que la misma deba ser resuelta de manera favorable a su pretensión, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, en términos del artículo 1º Constitucional, ya que en modo alguno se puede dar cabida a una interpretación más favorable que lo permitido en el marco constitucional, pues ello se ve condicionado al cumplimiento de los requisitos de idoneidad y procedencia de los mismos, que si no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, no pueden hacerse jurídicamente viables cuando no lo son. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 104/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 906, del Libro XXV, Octubre de 2013 Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 2004748, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". Asimismo, es ilustrativa la tesis CXCVIII/2014 sustentada por la citada Primera Sala, publicada el 23 de mayo de 2014, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2006472, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". Finalmente, conviene precisar que el análisis de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no deja en estado de indefensión a la parte quejosa, al haberse omitido darle vista a efecto de que realizara las manifestaciones que a su derecho convinieran, y en su caso, aportara los elementos necesarios para desvirtuar el impedimento técnico que deriva en el sobreseimiento de juicio, tal y como lo establece el artículo 64 de la Ley de Amparo, pues dicha omisión no controvierte el derecho al acceso a la justicia con que cuenta, dado que el derecho que se tutela por el citado numeral, se encuentra privilegiado al quedar expedito su derecho para hacerlo valer en contra de esta determinación ante el Tribunal de Alzada al momento de promover, en su caso, recurso de revisión, razón por la cual, no queda inaudito; a más de que, al referirse a un "órgano inferior", se concluye válidamente que la obligación corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito y no a los Juzgados de Distrito, ya que estos últimos no tienen un órgano inferior, aunado a que la finalidad de tal disposición es que el quejoso esté en aptitud de alegar y probar en contra, y ello se cumple con la existencia del recurso de revisión, pues este Juzgado de Distrito no es órgano terminal a diferencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por lo que la finalidad de dicha disposición es que los quejosos no queden inauditos ante las resoluciones de estos últimos. Aplica al particular, la jurisprudencia 51/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 24, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2007920, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia." Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por............, respecto de los actos y autoridades que se precisan en el considerando segundo, con base en los razonamientos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de noviembre de dos mil veinte. DIFERIMIENTO CONSTITUCIONAL. Vista la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra transcurriendo el plazo previsto en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido del informe justificado agregado en último término; por tanto, para dar oportunidad a que transcurra y no violar las normas que rigen el procedimiento, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J.54/2000, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Asimismo, la Jurisprudencia 21/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 590 del Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, cuyo rubro establece: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Notifíquese.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por el Fiscal de Solución Alterna de la Unidad 5 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, del que se advierte da cumplimiento al requerimiento efectuado en autos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las demás partes, para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, téngase como prueba las documentales que anexa a su oficio, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente. Notifíquese.

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