Sabino Cruz Cruz
Expediente 711/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2017
Partes del expediente
- Sabino Cruz Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto dictado en el presente juicio de amparo, por el que se decretó sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo antes citada, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales; por lo que háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, del conocimiento de las partes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que ya se ordenó el archivo en el párrafo que antecede, en consecuencia, con fundamento en el punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, remítase dentro del término de tres años el presente juicio al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto de la Administración Regional, con sede en esta ciudad, para efectos de su DESTRUCCIÓN, con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, en razón de haberse decretado el sobreseimiento. Hágase saber a las partes que una vez transcurridos dichos años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que se señalan en el último párrafo del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo de mérito....vi
- Principal
V I S T O el informe justificado de cuenta, suscrito por la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje por conducto de su Presidente, al que anexa copia certificada de las constancias que integran el expediente 06947/2015/5/1, así como del convenio celebrado entre el quejoso Sabino Cruz Cruz y Distribuidora de Concretos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en siete de marzo de dos mil diecisiete y del auto de diez de mayo de la anualidad en curso, ambos dictados dentro del citado expediente, las que se ordena integrar al sumario para que obren como corresponda. En ese tenor, vistas las constancias de referencia, de las cuales se advierte de manera notoria una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del diverso artículo 63 fracción V, de la indicada Ley de Amparo. En efecto, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de las constancias señaladas, se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, pues, porque, el solicitante de amparo SABINO CRUZ CRUZ, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de acordar la admisión de las pruebas ofrecidas en fecha diecinueve de enero del año en curso, en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente 06947/2015/5/2, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere proveído al respecto. Sin embargo, es de destacarse que la Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, por oficio J5/476/2017 de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, negó categóricamente los actos que se le reclaman, al precisar que la parte actora (aquí quejoso) y la parte demandada (ahora tercero interesado), el siete de marzo de dos mil diecisiete, celebraron un convenio, y, que mediante comparecencia personal del actor (hoy quejoso), el diez de mayo del presente año, manifestó que se dada por cubierto de la totalidad de lo acordado en el precitado convenido y solicitó el archivo del juicio por haberse cumplimentado en su totalidad, razón por la cual, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. Se estima así, porque aun cuando no se acreditó en autos que la responsable se hubiera pronunciado en relación a la admisión o no de las pruebas ofrecidas en fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, lo cierto es que, si quedó demostrado en forma fehaciente, que el aquí quejoso el siete de marzo de la anualidad en curso, celebró un convenio con la parte demandada en el juicio de origen, y que el diez de mayo del presente año, el propio quejoso compareció ante la responsable a efecto de manifestar que se daba por cubierto de la totalidad de lo pactado en el convenio de referencia, es indudable la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Se arriba a tal conclusión, en razón de que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido; porque aun, cuando no se dio contestación a la petición del impetrante, al decretar el archivo del asunto al haberse acreditado que se dio cumplimiento a lo pactado en el convenio realizado en el juicio laboral de origen, su objeto dejó de existir; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de garantías, y se concediera la protección constitucional a favor del quejoso, ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de ésta susceptible de reparación. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se deja sin efecto, la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de junio del año en curso. Notifíquese personalmente....MESA VI
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SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA. . .SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO MEDIANTE AVISO JUDICIAL DE 20/06/2017 Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO SABINO CRUZ CRUZ EL AUTO DE 19/06/2017, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: V I S T O el informe justificado de cuenta, suscrito por la Junta Especial Número Cinco de Conciliación y Arbitraje por conducto de su Presidente, al que anexa copia certificada de las constancias que integran el expediente 06947/2015/5/1, así como del convenio celebrado entre el quejoso Sabino Cruz Cruz y Distribuidora de Concretos, Sociedad Anónima de Capital Variable, en siete de marzo de dos mil diecisiete y del auto de diez de mayo de la anualidad en curso, ambos dictados dentro del citado expediente, las que se ordena integrar al sumario para que obren como corresponda. En ese tenor, vistas las constancias de referencia, de las cuales se advierte de manera notoria una causa de improcedencia, a saber, la prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en términos del diverso artículo 63 fracción V, de la indicada Ley de Amparo. En efecto, se estima que opera la causal de improcedencia aludida, porque de las constancias señaladas, se advierte que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional combatida, esto es, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto reclamado ya no agravia a la parte quejosa, ya que la afectación al derecho fundamental que invoca ya no existe. Se estima así, pues, porque, el solicitante de amparo SABINO CRUZ CRUZ, instó la presente instancia constitucional, al señalar que le causaba perjuicio la omisión de la responsable de acordar la admisión de las pruebas ofrecidas en fecha diecinueve de enero del año en curso, en audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente 06947/2015/5/2, sin que a la fecha de presentación de la demanda de amparo se hubiere proveído al respecto. Sin embargo, es de destacarse que la Presidenta de la Junta Especial Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, por oficio J5/476/2017 de dieciséis de junio de dos mil diecisiete, negó categóricamente los actos que se le reclaman, al precisar que la parte actora (aquí quejoso) y la parte demandada (ahora tercero interesado), el siete de marzo de dos mil diecisiete, celebraron un convenio, y, que mediante comparecencia personal del actor (hoy quejoso), el diez de mayo del presente año, manifestó que se dada por cubierto de la totalidad de lo acordado en el precitado convenido y solicitó el archivo del juicio por haberse cumplimentado en su totalidad, razón por la cual, es indudable que se actualiza la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia. Se estima así, porque aun cuando no se acreditó en autos que la responsable se hubiera pronunciado en relación a la admisión o no de las pruebas ofrecidas en fecha diecinueve de enero de dos mil diecisiete, lo cierto es que, si quedó demostrado en forma fehaciente, que el aquí quejoso el siete de marzo de la anualidad en curso, celebró un convenio con la parte demandada en el juicio de origen, y que el diez de mayo del presente año, el propio quejoso compareció ante la responsable a efecto de manifestar que se daba por cubierto de la totalidad de lo pactado en el convenio de referencia, es indudable la actualización de la causal en comento, por haber dejado de existir el objeto de lo reclamado, por lo que procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Se arriba a tal conclusión, en razón de que, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acude a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, que condicionan a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional, por tanto, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, si en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el acto sea inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estimara violada o bien ningún efecto jurídico tendría el fallo concesorio, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquella, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. Por lo que es incuestionable, en base a lo antes considerado, que en la especie se modificó el entorno del acto combatido; porque aun, cuando no se dio contestación a la petición del impetrante, al decretar el archivo del asunto al haberse acreditado que se dio cumplimiento a lo pactado en el convenio realizado en el juicio laboral de origen, su objeto dejó de existir; por ende, en el supuesto de que se resolviera el fondo del juicio de garantías, y se concediera la protección constitucional a favor del quejoso, ello resultaría del todo ocioso, en virtud de haberse modificado radicalmente el entorno en el cual se generó el acto reclamado, sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de ésta susceptible de reparación. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, XXIV, Diciembre de 2006, visible en la Página 189, Tesis 2ª./J.181/2006 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXII del artículo 61 del mismo ordenamiento legal, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, se deja sin efecto, la celebración de la audiencia constitucional prevista para las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de junio del año en curso.
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Visto; agréguese a los autos para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, levantada por el licenciado Zeus Otón Atilán Pérez, Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, de la que se desprende que no fue posible emplazar a la tercera interesada ***** por los motivos expuestos en la misma; en consecuencia, se reserva proveer respecto a dicho emplazamiento, hasta en tanto obre el informe justificado solicitado a la autoridad señalada como responsable, lo que se asienta para los efectos legales conducentes...VI
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