Sacramento Martinez Gonzalez
Expediente 324/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 29 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 324/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 12/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Sacramento Martinez Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Vistos los escritos signados por el autorizado del quejoso ***, mediante el cual, en el primero, solicita se haga la cancelación de la fianza otorgada en el incidente de suspensión y la misma le sea devuelta; y, en el segundo, la devolución de los documentos que anexó a su demanda de amparo; dígase al ocursante que se esté a lo acordado en proveído dos de octubre de dos mil dieciocho. Se hace de su conocimiento, que previamente a hacer la devolución de las constancias que refiere, deberá exhibir copias simples a fin de que las mismas sean cotejadas y agregadas al presente expediente de conformidad con el artículo 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, para los fines legales a que haya lugar, las cuales se dejaran en sustitución de dicha documental, de conformidad con el artículo 280 del referido ordenamiento legal.
- Principal
Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, por parte del juez de Partido Primero Civil, con residencia en Acámbaro, con sede en Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Así, se tiene que el trece de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ".PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo contra los actos atribuidos al magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos atribuidos al juez Primero Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, por los motivos y para los efectos expuestos en el penúltimo y último considerando de la presente sentencia." (foja 225 vuelta y 226 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: ".OCTAVO. Por lo antes expuesto, se impone concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso, para el efecto de que, derivado del trámite de ejecución de sentencia en el expediente *** sobre acción reivindicatoria, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Acámbaro, Guanajuato; NO SEA PRIVADO DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN del inmueble destacado en el presente asunto y respecto del cual acreditó en el trámite del juicio de amparo, que es de su propiedad; con lo que quedaría cumplida la sentencia; pues NO ha sido oído y vencido en juicio respecto de su aludido derecho.". (foja 58 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el cinco de septiembreo de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. La citada autoridad en su oficio registrado con el número 7375, remitió copia certificada del acuerdo emitido el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria recaída en el presente juicio, mismo, que en lo conducente refiere: ".Ahora bien y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes referida se ordena que al momento de llevar a cabo la ejecución ordenada en autos no se prive a ***, de la propiedad y posesión de una fracción que se segrega del terreno de labor de Segunda Clase ubicada al oriente de la Villa de Jerécuaro, Guanajuato, ubicándose dicha fracción al oriente de Jerécuaro Guanajuato, la cual cuenta con una superficie de ***, con las medidas y colindancias siguientes; al Noreste .- *** con propiedad de ***; al Sureste : *** metros, y linda con en antes nombrado; al Suroeste: *** metros y linda con varios propietarios y al Noroeste: *** metros y linda ***; haciendo saber a la autoridad federal que no se ha privado a ***, de la propiedad y posesión del inmueble materia de este sumario.". (foja 251 frente y vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, toda vez que, como se ordenó, no se ha privado al quejoso ***, de la propiedad y posesión del inmueble anteriormente descrito y que es de su propiedad. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa, exhibió billete de depósito número ***, por la cantidad de ***, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por lo que el mismo se encuentra a disposición del quejoso ***, y para su entrega deberá acudir ante este Juzgado debidamente identificado con credencial oficial vigente con fotografía, en días viernes, en virtud de que se ha determinado como único día en que se hará entrega de billetes de depósitos, bajo el entendido que de no hacerlo en el término de dos años computables a partir del auto que declaró firme la sentencia, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal, según lo establece el ordinal 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- Principal
Al no atender el aviso la parte quejosa, por este conducto se procede a notificar el proveído de dos de octubre actual, que en lo conducente dice: Vistos los presentes autos y en especial la certificación que antecede, de la cual se desprende que a la fecha ha transcurrido el término de tres días hábiles concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, para que expusiera lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, por parte del juez de Partido Primero Civil, con residencia en Acámbaro, con sede en Guanajuato, sin que hubiese hecho manifestación alguna. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento de los autos de referencia y el suscrito juzgador federal procede a pronunciarse respecto de dicho cumplimiento, en base a las constancias que obran en autos, conforme al artículo 196 de la ley de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J.26/2000, consultable en la página 242 del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de 2000, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Así, se tiene que el trece de agosto de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la cual se resolvió: ".PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo contra los actos atribuidos al magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ***, contra los actos atribuidos al juez Primero Civil de Partido en Acámbaro, Guanajuato, por los motivos y para los efectos expuestos en el penúltimo y último considerando de la presente sentencia." (foja 225 vuelta y 226 frente). En el entendido que la protección constitucional fue para el efecto de: ".OCTAVO. Por lo antes expuesto, se impone concederle el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso, para el efecto de que, derivado del trámite de ejecución de sentencia en el expediente *** sobre acción reivindicatoria, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido con sede en Acámbaro, Guanajuato; NO SEA PRIVADO DE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN del inmueble destacado en el presente asunto y respecto del cual acreditó en el trámite del juicio de amparo, que es de su propiedad; con lo que quedaría cumplida la sentencia; pues NO ha sido oído y vencido en juicio respecto de su aludido derecho.". (foja 58 frente). Dicha resolución causó ejecutoria el cinco de septiembreo de dos mil dieciocho, requiriendo en dicha fecha al juez Primero Civil de Partido, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, a fin de que diera cumplimiento a la misma. La citada autoridad en su oficio registrado con el número 7375, remitió copia certificada del acuerdo emitido el doce de septiembre de dos mil dieciocho, en cumplimiento a la ejecutoria recaída en el presente juicio, mismo, que en lo conducente refiere: ".Ahora bien y en cumplimiento a la ejecutoria de amparo antes referida se ordena que al momento de llevar a cabo la ejecución ordenada en autos no se prive a ***, de la propiedad y posesión de una fracción que se segrega del terreno de labor de Segunda Clase ubicada al oriente de la Villa de Jerécuaro, Guanajuato, ubicándose dicha fracción al oriente de Jerécuaro Guanajuato, la cual cuenta con una superficie de ***, con las medidas y colindancias siguientes; al Noreste .- *** con propiedad de ***; al Sureste : *** metros, y linda con en antes nombrado; al Suroeste: *** metros y linda con varios propietarios y al Noroeste: *** metros y linda ***; haciendo saber a la autoridad federal que no se ha privado a ***, de la propiedad y posesión del inmueble materia de este sumario.". (foja 251 frente y vuelta). Con base a lo anterior, este Órgano de Control Constitucional estima que la magistrada de la Décima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en Guanajuato, ha dado cumplimiento en sus términos a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, toda vez que, como se ordenó, no se ha privado al quejoso ***, de la propiedad y posesión del inmueble anteriormente descrito y que es de su propiedad. Por tanto de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria decretada en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación CXIV/97, consultable en la página 414 del Tomo VI, octubre de 1997, Pleno, Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.- El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentas las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como debido, exacto, cabal y otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la y incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación que en el supuesto de que se declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el libro condigno, y una vez que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se hace constar que el mismo será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto aparece que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en diciembre de 2012; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo a punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Por otro lado, de autos se advierte que la parte quejosa adjunto documentos en original y copia certificada, requiérasele para que en el término máximo de noventa días, según lo establece el dispositivo Décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, acuda ante este órgano jurisdiccional a que le sean devueltos los mismos, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado, dichos documentos podrán ser depurados. Previo a remitir física y materialmente el expediente en que se actúa, estese en espera de que transcurra el término a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para los fines citados en el numeral 201 del citado ordenamiento legal, sin que haya lugar a emitir auto para dicho efecto. Finalmente, toda vez que de autos se advierte que la parte quejosa, exhibió billete de depósito número ***, por la cantidad de ***, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por lo que el mismo se encuentra a disposición del quejoso ***, y para su entrega deberá acudir ante este Juzgado debidamente identificado con credencial oficial vigente con fotografía, en días viernes, en virtud de que se ha determinado como único día en que se hará entrega de billetes de depósitos, bajo el entendido que de no hacerlo en el término de dos años computables a partir del auto que declaró firme la sentencia, dicha garantía prescribirá a favor del Fisco Federal, según lo establece el ordinal 36 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.
- Principal
RECEPCIÓN DE OFICIO. Por recibido el oficio signado por el juez de Partido Primero Civil, con residencia en Acámbaro, Guanajuato, por medio del cual rinde su informe de cumplimiento en relación a la ejecutoria decretada en el presente juicio, anexando las constancias respectivas para acreditar su dicho. VISTA A LA PARTE QUEJOSA. Previamente a tener o no a las referida autoridad, por cumpliendo con el fallo protector emitido en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del informe de cumplimiento de cuenta, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifieste lo que a sus intereses convenga. APERCIBIMIENTO. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se le concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, este Órgano de Control Constitucional hará el pronunciamiento sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la autoridad oficiante.
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