Rutilio Salas Reyes

Expediente 932/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
932/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Rutilio Salas Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, contra actos de la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 1, 14, 16, 17, 123, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 932/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, y procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida y anexo que se acompaña, se acuerda lo siguiente: De la demanda de amparo, se desprende que el promovente señaló como autoridad responsable a la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Celaya, Guanajuato; autoridad a la que reclamó, en lo conducente, la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 4119/16-10-01-1-OT, la cual dice le fue notificada por boletín jurisdiccional el dieciocho de septiembre del apuntado año. INCOMPETENCIA. Ahora bien, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las bases legales para la competencia de los jueces de Distrito para conocer de los juicios de amparo indirecto que se promuevan ante ellos, numeral que a la letra establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis del precepto legal transcrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) La regla inicial se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la primera regla, ya que sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de distrito ante el que se presente la demanda; y c) En el último párrafo del precepto en cita se establece la tercera regla, consistente en que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, el suscrito juzgador estima que no se encuentra facultado legalmente para conocer del presente juicio al actualizarse la primera regla de competencia mencionada. Lo anterior, en razón de que conforme al primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, será Juez competente el del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, el acto reclamado se describió, en lo conducente, de la forma siguiente: IV.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME: Bajo protesta de conducirme con verdad, manifiesto que se me causa agravio en la resolución de queja de fecha 30 de agosto de 2019, notificado por boletín jurisdiccional en fecha 18 de septiembre de 2019, dictado dentro del expediente en que se actúa (sic) del índice de la SALA REGIONAL DEL CENTRO III, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. De igual forma, al dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo 108 fracción I, de la Ley de Amparo, el quejoso *** precisó que tiene su domicilio particular ubicado en calle ***, Guerrero; acreditando su dicho con copia de la credencial para votar, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y copia simple del recibo de facturación expedido por Comisión Federal de Electricidad. En virtud de lo anterior, la resolución de treinta de agosto de dos mil diecinueve, que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio; y dado que el propio quejoso refiere que su domicilio particular se ubica en Atoyac de Álvarez, Guerrero, la ejecución de los actos reclamados tendrá verificativo en dicho lugar, motivo por el cual la competencia para conocer del presente juicio, corresponderá al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, el cual ejerce jurisdicción sobre el municipio en el que tiene su domicilio el quejoso y en el que, como se anticipó tendrá ejecución la resolución reclamada. Por tanto, el suscrito se considera legalmente incompetente para conocer de la presente demanda de amparo, y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en turno, toda vez que es quien ejerce jurisdicción en el lugar donde tiene su domicilio el quejoso ***. De ahí que conforme a la regla de competencia invocada, sea competente para conocer del juicio de garantías bi-instancial, el Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, dentro de cuya demarcación territorial en la cual ejerce su jurisdicción, se ejecute, deba ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, siempre y cuando dicho acto requiera una ejecución material, lo cual en el caso acontece. Aunado a que el municipio de Atoyac de Álvarez, se encuentra dentro de la jurisdicción territorial asignada a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, conforme al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece el cual en relación a la jurisdicción en lo que aquí interesa establece: XXI. VIGESIMO PRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Alvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Tecpan de Galeana, Tlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Zihuatanejo de Azueta. En efecto, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; se aprecia que en el punto Cuarto, fracción XXI, párrafo segundo, se establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción sobre el municipio en el que tiene su domicilio el quejoso. Por lo anterior, se estima que ante la incompetencia legal de este Juzgado de Distrito, para conocer de la demanda de cuenta, lo procedente es remitirla al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en turno, para que manifieste si acepta o no la competencia y, en su caso, se avoque al conocimiento del presente juicio, conforme lo establece el artículo 37 de la Ley de Amparo; solicitando atentamente acuse el recibo e informe su determinación sobre la competencia declinada. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia número PC.XVI.A. J/23 A (10a.), publicada el viernes 01 de febrero de 2019 10:03, en el Semanario Judicial de la Federación, Plenos de Circuito, Décima Época, Registro: 2019174, Materia(s): (Común), del contenido siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA QUEJA POR DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD QUE CONDENÓ AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO A CUANTIFICAR LA PENSIÓN CON LOS INCREMENTOS RESPECTIVOS. CORRESPONDE AL JUEZ EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. La locución "ejecución material" es el común denominador de las tres hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, como criterio único para asignar competencia por territorio a los Jueces de Distrito, la cual debe entenderse en el sentido de que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material, ya sea por sí mismo o por virtud de sus efectos y consecuencias. Así, de no ser ejecutable, el acto reclamado se regirá por el tercer párrafo del precepto invocado (cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda) y, si lo es, habrá que distinguir si se ejecuta en un lugar o en diferentes para efecto de ubicarlo en los párrafos primero (es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse se esté ejecutando o se haya ejecutado) o segundo (si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda). De acuerdo con lo anterior, la resolución que declara infundada la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia dictada en un juicio de nulidad, que condenó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cuantificar la pensión con los incrementos respectivos, por su forma de expresión, constituye un acto negativo, a través del cual, la autoridad rechaza la pretensión ejercida en la queja, pero cuyos efectos son positivos, por ende, ejecutables, pues de manera directa deja firme, en la instancia jurisdiccional ordinaria, la determinación dictada por el Instituto citado en cumplimiento a la sentencia de nulidad e indirectamente permite la ejecución de dicha determinación, lo que se traduce en el pago de la pensión de acuerdo con los incrementos fijados por el propio Instituto, lo que se materializa en el ámbito privado de los pensionados, el cual se desenvuelve en su domicilio. En ese sentido, cuando en el juicio constitucional se reclama aquella resolución, se actualiza la regla de competencia establecida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme a la cual, la competencia por territorio para conocer del juicio corresponde al juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, pues además de que atiende al lugar en donde el acto reclamado deba tener ejecución, con ello respeta el derecho de acceso a la jurisdicción. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad de Celaya, se declara legalmente incompetente, para conocer de la demanda de amparo promovida por *** por su propio derecho, por los motivos y fundamentos expresados en la presente determinación. SEGUNDO. Remítase el presente Juicio de Amparo número 932/2019-V-2 del índice de este Juzgado Federal, promovido *** por su propio derecho, al Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, en turno, a efecto de que dentro del término legal manifieste si acepta o no el conocimiento del asunto, solicitándole que de no tener inconveniente legal, acuse recibo de estilo.

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