Sabrina Parra Brizar y Otros.
Expediente 916/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 916/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sabrina Parra Brizar
- Sabrina Parra Brizar y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA V. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para recurrir la resolución de treinta de noviembre del año en curso (fojas 54 a 58), que sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de 28 de septiembre de 2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto en que se sobreseyó al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Finalmente, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.
- Incidental
MESA V. Visto el estado procesal de los presentes autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, segundo párrafo del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. Tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción II y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA.. V.S E N T E N C I A V I S T O S para resolver el juicio de amparo 916/2017-V-Z, promovido por Sabrina Parra Brizar, Perla Almazo Parra, Christian Oliver Corona Rivera, Reyes Ochoa Segura, Oscar Odin Muñiz Corona, María de Jesús Castillo Agueros y Magdalena Vázquez Cuarto, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el diez de noviembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, y remitido por razón de turno el trece de noviembre pasado a este órgano jurisdiccional, Sabrina Parra Brizar, Perla Almazo Parra, Christian Oliver Corona Rivera, Reyes Ochoa Segura, Oscar Odin Muñiz Corona, María de Jesús Castillo Agueros y Magdalena Vázquez Cuarto, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que se especificaron en el escrito de demanda. SEGUNDO. Derechos humanos violados. La parte quejosa señaló como prerrogativas vulneradas las contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la presente demanda a este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; en auto de trece de noviembre del año en curso, se registró bajo el número 916/2017-V-Z; se admitió a trámite, se solicitó a las responsables informe justificado, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita se le dio la intervención correspondiente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son de naturaleza penal y a decir de la parte quejosa, tendrán ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Acorde con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. LA ORDEN DE APREHENSIÓN. LA ORDEN DE ENTREVISTA Y/O CITACIÓN A cargo de autoridad ministerial SU EJECUCIÓN. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, determinó que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, atendiendo a los motivos expresados en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que de la razón actuarial de quince de noviembre pasado, la Actuaria de la Adscripción manifestó que la autoridad señalada por el quejoso como: "Elementos de la Policía de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México", es inexistente; por ende, menos pueden existir los actos que se le reclama. Por otro lado, la Directora de amparos, en suplencia del Procurador General de Justicia, el Subdirector de Asistencia Legal y Defensoría Jurídica, en representación del Secretario de Seguridad Pública y el encargado del despacho de la Subdirección de Ejecución de Mandamientos Judiciales y Apoyos Oficiales, todas las anteriores de la Ciudad de México, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados, sin que la parte quejosa controvierta con prueba alguna esas negativas. Bajo esa circunstancia, se destaca que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando la autoridad responsable niega su existencia, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar lo contrario. Así, es de exacta aplicación la jurisprudencia 553, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, página 368, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. No obstan, las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en razón de resultar inidóneas para desvirtuar la negativa expresa de las autoridades responsables. En esas condiciones, procede sobreseer el presente juicio de amparo, en términos de la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo, y de la jurisprudencia 284, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Registro del fallo. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 180, fracción III, 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órgano jurisdiccionales, que determinan el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, se ordena al secretario supervise que la analista jurídico encargada del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por Sabrina Parra Brizar, Perla Almazo Parra, Christian Oliver Corona Rivera, Reyes Ochoa Segura, Oscar Odin Muñiz Corona, María de Jesús Castillo Agueros y Magdalena Vázquez Cuarto, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el Considerando Tercero, por las razones ahí expresadas. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos.
- Principal
MESA V.- Agréguese el escrito firmado por Sabrina Parra Brizar, representante común de los quejosos, en atención a su contenido; se provee: En términos del artículo 27, fracción primera, de la Ley de Amparo, se tiene como nuevo domicilio para recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su ocurso. Respecto al correo electrónico que proporciona para tal efecto, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, ya que si bien, el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, la Ley de Amparo prevé las notificaciones a las partes vía electrónica, siempre y cuando cuenten previamente con firma electrónica; por lo que dichas notificaciones no se pueden realizar a correos personales. Con apoyo en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados, para que con cualquier medio tecnológico o innovación científica, obtengan la reproducción digital de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil hagan uso de éstas, en aras de una impartición de justicia pronta, en términos del numeral 17 Constitucional.
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