Rutilo Gómez Roldan

Expediente 175/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
175/2017
Año
2017
Actuaciones
1
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • Rutilo Gómez Roldan

Actuaciones

  1. Principal

    MESA II. MESA II. Vista la demanda de amparo presentada por Rutilo Gómez Roldán, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 133 Constitucionales, se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112, de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 175/2017-II-B. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente reclama: ? EL TRASLADO EJECUTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CINCO AL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOS, AMBOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA. COMPETENCIA Ahora bien, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la legal competencia de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Lo anterior, tomando en consideración que, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, es obligación de los jueces de Distrito al advertir su legal incompetencia para conocer del asunto que se les plantea, remitir las actuaciones al que estime competente sin limitar el momento procesal en que esto surja. Es aplicable, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 679, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página cuatrocientos cincuenta y seis, Tomo VI, del Apéndice de mil novecientos noventa y cinco, Octava Época, que dice: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo. Así, el artículo 107, fracción VII Constitucional, dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:...VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse..." El precepto legal antes transcrito, es preciso al indicar que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito, bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito, para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dice: "Artículo 37.- Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (lo subrayado no es de origen) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." En este orden de ideas, cabe destacar que en el precepto citado se fija que la competencia por territorio en materia de amparo obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. Este análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando sus consecuencias directas o inmediatas y no las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen, pues su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula a éste. En consecuencia, del análisis del artículo 37 de la Ley de Amparo, se desprenden tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, mismas que a continuación se detallan. a). La primera, contenida en el primer párrafo, destaca que con independencia del lugar en que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b). La segunda consiste en que la competencia del Juez de Distrito, se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) La tercera deriva del último párrafo del precepto legal en estudio, que establece que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese orden, dado que el acto reclamado en el presente asunto tiene ejecución material, conforme a la precitada regla, la competencia del Juez de Distrito para conocer del juicio de garantías se determina en razón del lugar en que se esté ejecutando el acto que por esta vía se reclama. En el caso, en el acto reclamado consistente en EL TRASLADO EJECUTADO EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL QUINCE, DEL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO CINCO AL CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL NÚMERO DOS, AMBOS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, la ejecución del acto reclamado, se está llevando a cabo en el Estado de Chihuahua, como se advierte de la lectura integral de la demanda de amparo, ya que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que el seis de mayo de dos mil quince fue trasladado del Centro de Readaptación Social Número Cinco al Centro de Readaptación Social Número Dos, ambos en el estado de Chihuahua. Luego entonces, resulta competente para conocer de la demanda de garantías promovida por Rutilo Gómez Roldán, el juez de Distrito del lugar donde se está ejecutando el acto reclamado, es decir, donde a la fecha se encuentra recluido el quejoso, a causa de la orden de traslado aquí reclamada. No obsta a lo anterior, el hecho de que la parte impetrante señale como responsable a una autoridad con residencia en esta ciudad, habida cuenta que, como se dijo, el acto que se reclama tiene ejecución en el Estado de Chihuahua, por tanto, es competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materializara el acto reclamado. En tales circunstancias, este Juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, y considera que la competencia legal se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, lo anterior con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, el juicio de amparo 175/2017-II-B, para que a su vez la remita al Juez de Distrito en turno, que le corresponda, solicitándole a éste el acuse de recibo e informe si acepta o no la competencia declinada; fórmese el cuaderno de antecedentes. SUSPENSIÓN DE PLANO Por otra parte, cobra relevancia que la parte quejosa no designó como autoridad responsable a alguna de índole judicial. Sobre ese punto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 137/2015, determinó que si una orden de traslado se ejecuta sin intervención de alguna autoridad judicial, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, debe considerarse como un acto fuera de procedimiento. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, Materia Común, página 247, registro 2010596, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA. La reforma en materia penal a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entrañó cambios sustanciales en el sistema penitenciario y en los derechos fundamentales de los procesados y sentenciados. Así, en ese sistema se introdujo el modelo de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de las penas, el cual impuso que todo acto conexo a su ejecución, incluyendo los de traslado de un centro penitenciario a otro, se considerara de competencia exclusiva del Poder Judicial y que las personas sujetas a proceso, privadas de su libertad, tienen derecho a que en el procedimiento se sigan cumpliendo las formalidades esenciales, entre ellas, la relativa a la prisión preventiva. De esta forma, la pretensión de una autoridad administrativa de trasladar al sentenciado o procesado de un centro penitenciario a otro, afecta indirectamente su libertad, por lo que debe solicitarlo al órgano judicial correspondiente, el cual procederá a resolver lo conducente. En consecuencia, la resolución emitida en el procedimiento relativo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, bajo la regla general del plazo de quince días prevista en el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Sin embargo, si una orden de traslado se ejecuta sin intervención alguna de la autoridad judicial rectora, aun cuando se emita en la fase de instrucción o de ejecución de la pena, no puede considerarse hecha en razón del procedimiento, por lo que la demanda relativa podrá interponerse en cualquier tiempo, al actualizarse la excepción prevista en la fracción IV del artículo 17 citado." Ahora, se impone traer a contexto los numerales 15, párrafos primero y segundo, y 126, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado." "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." En esa tesitura, si en párrafos precedentes se determinó que la orden de traslado reclamada carece de alguna intervención de autoridad judicial, y por ende, se trata de un acto fuera de procedimiento, torna procedente decretar la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE A RUTILO GÓMEZ ROLDÁN, LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el único efecto de que quede a disposición de este Juzgado, por cuanto hace a la libertad personal en el lugar donde se encuentra recluido, pues es necesario que se lleve a cabo el análisis de la constitucionalidad del traslado a diverso centro de reclusión; y a disposición del juez competente para la continuación del procedimiento penal o de la ejecución de las sanciones. En el entendido que la autoridad que tenga a disposición al quejoso, DEBERÁ GARANTIZAR SU INTEGRIDAD EN EL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRA RECLUIDO. La suspensión concedida surte efectos, hasta en tanto el Juez al que corresponda conocer del juicio de amparo, provea lo conducente en relación a la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Apoya lo expuesto la tesis aislada VII.2o.P.9 P (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, publicado el viernes 11 de marzo de 2016, Materia Común, registro 2011274, que dice: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CONTRA EL TRASLADO DE UN PROCESADO O SENTENCIADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO, SI FUE ORDENADO ÚNICAMENTE POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de plano y de oficio, entre otros, contra actos que impliquen ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 83/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de diciembre de 2015 a las 10:30 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 247, de título y subtítulo: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SI SE EJECUTA SIN INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN ACTO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA EL PLAZO EXCEPCIONAL PARA INTERPONER LA DEMANDA DE AMPARO EN SU CONTRA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.", precisó que, derivado de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, la orden de trasladar a un procesado o sentenciado de un centro penitenciario a otro, es competencia exclusiva del Poder Judicial, por lo que, cuando tal mandamiento es emitido por una autoridad administrativa sin la intervención de aquél, debe considerarse que se trata de un acto fuera de procedimiento que afecta indirectamente la libertad personal. En ese orden de ideas, contra el mencionado traslado ordenado únicamente por una autoridad administrativa, procede decretar la suspensión de plano, en términos del aludido artículo 126." DOMICILIO Y AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA Ahora bien, dado que el domicilio de la parte quejosa se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298, 299, 300 y 301, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la ley en la materia, así como el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, gírese exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, y en caso de no existir inconveniente legal alguno, tenga a bien comisionar al Actuario Judicial de su adscripción, para que notifique personalmente el presente auto al quejoso Rutilio Gómez Roldán, en el domicilio ubicado en el Centro de Readaptación Social Número Cinco, con sede en esa ciudad. En observancia al artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo vigente, se faculta al Juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario supervise que se incorporen al expediente electrónico, todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. CAPTURA SISE En cumplimiento al artículo 175, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten ante los órganos jurisdiccionales así como la captura diaria que aseguren la permanente actualización y veracidad contenida en ese Sistema, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

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