Sabrina Lizbeth Soto Cadena

Expediente 1173/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1173/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Sabrina Lizbeth Soto Cadena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las pruebas documentales que anexó la autoridad responsable al oficio de cuenta, sin perjuicio de ser relacionadas en la audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia, se tienen como delegados de la citada autoridad responsable a las personas que señala en su informe, y, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Asimismo, de conformidad con el artículo 263, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, se autoriza a los usuarios: "AVAZQUEZAGUILAR", "CASTELLANOSM4", "AALVAREZ966" y "HAYLEEN95" para que tengan acceso al expediente electrónico del presente juicio. Ahora, de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que, en el presente juicio de amparo se reclaman actos materialmente administrativos, de los cuales el quejoso en su demanda aduce falta de fundamentación y motivación. Además, que al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, complementaron aspectos relativos a la fundamentación y motivación de los actos reclamados. Por tanto, a fin de no dejar al solicitante del amparo en estado de indefensión, y no incurrir en una violación procesal de normas al procedimiento, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como dispuesto por el último párrafo del artículo 117, del mismo ordenamiento, córrase traslado a la parte quejosa con el informe justificado de cuenta, así como el rendido por el Director de Seguridad Pública Municipal del XXIV Ayuntamiento de Ensenada, Baja California, por si y en representación del Policía adscrito a la Dirección de Seguridad Pública Municipal del citado Ayuntamiento, con residencia en esta ciudad, y constancias que acompañan a los mismos, así como las diversas que acompañaron las citadas responsables a su informe justificado; y, requiérasele para que en el plazo de quince días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo ampliar la demanda de amparo, la cual deberá limitarse a cuestiones derivadas de la complementación realizada por las autoridades, respecto la fundamentación y motivación de los actos reclamados; bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto en el plazo concedido, se continuará con el trámite y se resolverá respecto a los actos, autoridades y conceptos de violación incluidos en la demanda inicial. Ilustra lo anterior la tesis IV.2o.A.74 K (10a) "VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión". En consecuencia, para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y se fija como nueva fecha para su celebración las trece horas con cincuenta y cuatro minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de siete de noviembre de dos mil veintitrés, dejado junto con copia de traslado del auto que se notifica, en el domicilio procesal del TERCERO INTERESADO *******, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por lista y por lista en una página electrónica, publicada el diez de noviembre de dos mil veintitrés, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con fundamento en los artículos 26, 27 y 29, todos de la Ley de Amparo, que dice: Ensenada, Baja California, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que en la circular SGP/02/2023, de diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, signado por María Cristina Martín Escobar, Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que con motivo del Paro Nacional de labores en toda la república, se declararon como días inhábiles el diecinueve, veinte, veintitrés y veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. De igual manera, por aviso de suspensión de labores, la Coordinadora de Jueces de Distrito del Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, informó que se declaró inhábil el día veinticinco de octubre de dos mil veintitrés. En consecuencia, a efecto de no transgredir normas dentro del procedimiento, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, y en su lugar se señalan las once horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes relativos a la suspensión de plano rendido por la autoridad de cuenta. Con fundamento en el artículo 126, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. Notifíquese.

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