Ruth Baltazar Armenta

Expediente 134/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
134/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
10/07/2017

Partes del expediente

  • Ruth Baltazar Armenta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito signado por la quejosa, y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse las copias certificadas por duplicado de las constancias que indica. Se tiene como autorizado para recibirlas a la persona que refiere en el ocurso de cuenta, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, a uno de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de amparo para que la parte quejosa o sus autorizados, acudieran a éste juzgado a notificarse personalmente del auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis sin que lo hayan hecho, el suscrito Actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la nueva Ley de Amparo, hago efectivo el apercibimiento contenido en el C I T A T O R I O de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio su procesal, y en consecuencia se ordena la notificación del auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ruth Baltazar Armenta, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciséis; en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables Juez Primero Penal de Primera Instancia y Director del Centro de Reinserción Social, ambas en esta ciudad, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. "[.] Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en esta ciudad: a) Deje sin efectos el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 069/2015; y, b) En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otro evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de integridad física con sello de recepción de la representación social de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por María Elena Moreno Monreal, perito médico adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. c) Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento. [.]" "[.] Concesión de amparo que se hace extensiva al acto impugnado a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" En fecha uno de agosto del presente año, se tuvo por recibo el oficio 1610-III signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, de la que se advierte que la autoridad dejó insubsistente la resolución del auto de término constitucional de fecha ocho de marzo del año en curso, en el cual se decretó auto de formal prisión a Ruth Baltazar Armenta, por el delito de Lesiones Dolosas Agravadas por Razón de Parentesco. De igual manera, en veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se recibió 1611-III, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, y anexo consistente en copia certificada del auto de término constitucional dictado a Ruth Baltazar Armenta, dentro de la causa penal 69/2015 en la que se dictó Auto de Formal Prisión como probable responsable de la comisión del delito de lesiones dolosas agravadas por razón de parentesco, en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, determinó no darle el valor probatorio al dictamen en materia de integridad física de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por María Elena Moreno Monreal perito médico a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con lo que se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. A mayor abundamiento, dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- decretó auto de formal prisión en su contra dentro de la causa penal 69/2015 de su índice. Así también, en cuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en el expediente jurídico no obraba constancia de identificación administrativa a nombre de la quejosa Ruth Baltazar Armenta, toda vez que ésta se encontraba en libertad provisional. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, sin que se hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión, de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 069/2015; y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictara otro evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de integración física, de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por la perito médico adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; lo cual como se vio, hizo, por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

  4. Principal

    A las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, el suscrito licenciado Fernando Priorio Nagel, Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado dentro del Juicio de amparo 134/2016-única; al tercero interesado Eduardo Magaña Baltazar; en cumplimiento al auto de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictado dentro del presente juicio de garantías. Con fundamento en los artículos 26, 27 29 de la Ley de Amparo, en Ensenada, Baja California, que dice: Visto el estado de los autos, se procede a analizar si efectivamente la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en esta ciudad, cumplió con la ejecutoria dentro del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el término de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por las responsables, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que hubieren hecho manifestación alguna al respecto. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Por sentencia de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Ruth Baltazar Armenta, la cual causó ejecutoria mediante acuerdo de veintisiete de julio de dos mil dieciséis; en esa misma fecha se requirió a las autoridades responsables Juez Primero Penal de Primera Instancia y Director del Centro de Reinserción Social, ambas en esta ciudad, para que dieran cumplimiento a la sentencia de amparo. "[.] Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal, lo procedente es conceder a la quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia en esta ciudad: Deje sin efectos el auto de formal prisión de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 069/2015; y, En su lugar, con plenitud de jurisdicción, dicte otro evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de integridad física con sello de recepción de la representación social de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por María Elena Moreno Monreal, perito médico adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; resolución que podrá ser en el mismo sentido de la anterior, purgando los vicios formales que la afectaban, o en sentido diverso, y sin que pueda tomar en cuenta mayores pruebas a las inicialmente consideradas. Lo anterior, en el entendido de que dicho medio de convicción presenta un vicio formal susceptible de ser subsanado en cualquier etapa del procedimiento. [.]" "[.] Concesión de amparo que se hace extensiva al acto impugnado a la autoridad ejecutora, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo depender de los actos reclamados a la ordenadora, respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal. [.]" En fecha uno de agosto del presente año, se tuvo por recibo el oficio 1610-III signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, al cual anexó copia certificada del proveído de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, de la que se advierte que la autoridad dejó insubsistente la resolución del auto de término constitucional de fecha ocho de marzo del año en curso, en el cual se decretó auto de formal prisión a Ruth Baltazar Armenta, por el delito de Lesiones Dolosas Agravadas por Razón de Parentesco. De igual manera, en veintinueve de julio de dos mil dieciséis, se recibió 1611-III, signado por el Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, y anexo consistente en copia certificada del auto de término constitucional dictado a Ruth Baltazar Armenta, dentro de la causa penal 69/2015 en la que se dictó Auto de Formal Prisión como probable responsable de la comisión del delito de lesiones dolosas agravadas por razón de parentesco, en la cual acató los términos señalados en la sentencia dictada en el presente juicio, esto es, determinó no darle el valor probatorio al dictamen en materia de integridad física de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por María Elena Moreno Monreal perito médico a la Procuraduría General de Justicia del Estado, con lo que se afirma que la violación cometida en perjuicio del accionante de amparo quedó subsanada. A mayor abundamiento, dentro del acto de autoridad emitido en cumplimiento a la ejecutoria motivo de análisis, coexisten la libertad de decisión y el respeto a los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, y ante tal eventualidad, la autoridad responsable no se encontraba constreñida a emitir una determinación -en favor de la quejosa- pues se reitera que la autoridad responsable -con libertad de decisión- decretó auto de formal prisión en su contra dentro de la causa penal 69/2015 de su índice. Así también, en cuatro de agosto del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Director del Centro de Reinserción Social, de esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informó que en el expediente jurídico no obraba constancia de identificación administrativa a nombre de la quejosa Ruth Baltazar Armenta, toda vez que ésta se encontraba en libertad provisional. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados, sin que se hubieran hecho manifestación alguna al respecto. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, dejara insubsistente el auto de formal prisión, de ocho de marzo de dos mil dieciséis, pronunciado en la causa penal 069/2015; y en su lugar con plenitud de jurisdicción dictara otro evitando conceder validez probatoria al dictamen en materia de integración física, de fecha dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido por la perito médico adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California; lo cual como se vio, hizo, por tanto, es evidente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa y terceros interesados, para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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