Sabino Escamilla Durán y Otros.

Expediente 716/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
716/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • Sabino Escamilla Durán y Otros.
  • Sabino Escamilla Durán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso ******************** reconoció el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el uno de agosto de dos mil diecisiete; en ese sentido, se acuerda: Téngase a ********************; con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, desahogando el requerimiento formulado en providencia de doce de julio pasado. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Para ello, es conveniente destacar que en este órgano jurisdiccional se registra el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, en representación de sus hijos ********************, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad. Dicho antecedente de amparo, es de tomarse en consideración, pues resulta un hecho notorio para el suscrito, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de tesis 2a./J. 103/2007, consultable en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora bien, desde la perspectiva de quien ahora resuelve, el acto aquí reclamado consistente en el acuerdo de ******************** no es más que una resolución emitida en acato de la ejecutoria del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado. A fin de evidenciarlo, es necesario destacar que de los datos del citado juicio de amparo se desprende: 1.- ********************, en representación de sus hijos ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente familiar F-******************** del índice de ese Juzgado, mediante la cual, confirmó el auto de seis de diciembre del año pasado, en que denegó la ejecución de la sentencia. 2. Que en ese asunto constitucional, se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución reclamada. En cumplimiento de este fallo, acatando los principios de fundamentación y motivación, con libertad de jurisdicción, atendiendo en todo caso al interés superior de los menores y, de ser el caso, supliendo la deficiencia de la queja, determine que es fundado el recurso de revocación propuesto por el autorizado de los quejosos. Además, al efectuar el pronunciamiento respectivo, con libertad de jurisdicción deberá fijar las medidas de protección que estime necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia, así como del convenio suscrito por ******************** y ********************, que la propia autoridad responsable sancionó. Asimismo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor, toda vez que la autoridad responsable, al emitir el auto de ********************, que constituye el antecedente inmediato del acto reclamado, denegó despachar la ejecución solicitada al estimar que los hechos denunciados eran de carácter penal, deberá dar vista a las autoridades penales y administrativas correspondientes, solicitándoles que integren las investigaciones de su competencia." 3. En providencia de veintidós de mayo pasado, se declaró la firmeza del fallo protector; y se procedió a requerir a la responsable para que le diera cumplimiento. 4. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con la que adujó dar cumplimiento a la sentencia amparadora. 5. El seis de junio del año en curso, se determinó que la autoridad responsable no acató en sus términos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, por lo que se ordenó requerirla para que: ".que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de mayo del presente año y emitir otro en debida observancia al fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto." 6. En acatamiento a dicho requerimiento la responsable emitió el auto de siete de junio del año en curso (acto reclamado), en la que dejó insubsistente la diversa de diez de febrero y de veinticinco de mayo pasado; asimismo emitió otra en la que determinó: ".que en atención al interés superior del menor, los aquí quejosos deben ser restituidos al domicilio en que tenían la guardia y custodia, ubicado en la calle Mazatlán, número 2, letra A en la Comunidad de Juan Martín de esta ciudad. Apercibió al tercero interesado ********************, para que se abstenga de molestar a sus menores hijos, y en caso no cumplir con ello, se hará acreedor a las medias de apremio que establece la ley. De igual manera, en relación a los hechos de carácter penal, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, por la posible comisión de delito por parte del citado tercero interesado." 7. Mediante providencia de veintitrés de junio pasado, al analizarse el cumplimiento dado al fallo protector, se advirtió que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, toda vez que no especificó con base a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las medidas de protección que en el caso se aplicarán para lograr la protección de los menores, ni adjuntó las constancias relativas a la vista que ordenó dar al Agente del Ministerio Público, para que realice las investigaciones respectivas por la posible comisión de delito por parte del tercero interesado; de igual forma, de su contenido no se advirtió que diera intervención a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que determine lo que a su competencia corresponda, motivo por el que se ordenó que lo dejara insubsistente y dictara uno nuevo siguiendo todos los lineamientos solicitados en el proveído en cita, así como en la sentencia. Por lo que de nueva cuenta se le requirió para: ".que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá dejar insubsistente la resolución de siete de junio del año en curso y emita otra en debida observancia al fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto." 8. En cumplimiento de lo anterior, el tres de julio del año que transcurre, se tuvo al Juez responsable remitiendo las constancias con las pretendía dar cumplimiento; sin embargo, al analizarlas se consideró que no la acataba en sus términos, por lo que se emitió el siguiente pronunciamiento: ".remitiendo copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad; de la diligencia de restitución de ********************, así como de sus menores hijos, al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio, así como de la notificación de la medida de restricción decretada al aquí tercero interesado; del auto de veintinueve de junio pasado; de los oficios dirigidos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y al Agente del Ministerio Público de esta ciudad. El suscrito considera que con la copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y con la audiencia preliminar que remite, no acredita lo informado a través de su oficio JOFAC/4793/2017, en relación a que en el juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad, hubo un cambio de custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola, lo cual pudiera resultar contradictorio con la sentencia emitida, en la que si bien se le dio libertad de jurisdicción, se le ordenó fijar las medidas de protección que estime necesarias para garantizar su cumplimiento, así como del convenio suscrito por Juan Diego Escamilla Noyola y Betsabeth Escamilla Noyola. De ahí, se advierte que no llevó a cabo los actos necesarios para acatar la sentencia y el convenio en cita, en el sentido de que la custodia de los dos menores la tendría la madre, en el domicilio ubicado en Mazatlán 2-A dos letra A, en la comunidad de Juan Martín de este municipio, ello es así, ya que hace referencia de que el menor Juan Diego Escamilla Noyola manifestó irse con su padre, sin que la autoridad haya hecho un estudio de los autos de origen, para así determinar si tal hecho afecta los intereses del menor y si es congruente con la medida de restricción por él ordenada, en cumplimiento al fallo protector. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto, debiendo remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." 9. El trece de julio de dos mil diecisiete, atendiendo a que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo, se le concedió un término de tres días requirió para que lo hiciera. 10. Finalmente, en providencia de ocho de agosto pasado, se determinó: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que León Flores Avitia, Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido se acuerda: Como punto de partida, se precisa que la sentencia concesoria causó ejecutoria en providencia de veintidós de mayo de dos mil diecisiete; cabe destacar que en dicho acuerdo se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días legalmente computado, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias que así lo acreditara, bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, tal como lo prevé los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo (foja 175). En proveído de veintinueve de mayo del año en curso, se tuvo a la responsable remitiendo las constancias con las que aducía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se concedió el término de tres días a la partes para que manifestaran lo que a su interés convenga (foja 188). En atención a ello, mediante auto de seis de junio pasado, se analizó el cumplimiento a la sentencia, determinándose que no se había acatado en su totalidad, toda vez que respecto a las medidas de protección que debía fijar para garantizar el cumplimiento de la sentencia, así como del convenio suscrito por ******************** y ********************, únicamente requirió al tercero interesado para que se abstuviera de molestar a sus menores hijos, sin que haya especificado con base a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las medidas de protección que en el caso se debían aplicar para lograr la protección de los menores (foja 197 a 199). Asimismo, omitió adjuntar las constancias relativas a la vista que ordenó dar al Agente del Ministerio Público y a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; razón por la que se concedió un plazo de tres días para que cumpliera con lo señalado. Con motivo de lo anterior, mediante oficios presentados el trece de junio del año en curso, el Juez responsable informó que solicitó la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, en el que se pactó que la guarda y custodia de los menores quejosos la poseería ********************; de igual forma, fijó una medida de restricción para que el tercero interesado no se acercara a la madre, así como a sus menores hijos, ni al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio (foja 201 a 214). Por otra parte, hizo saber que en el juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad, al desahogarse la audiencia preliminar se refirió que el aquí tercero interesado tenía la guarda y custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola. Por tal razón, en auto de veintitrés del mes y año en cita, se le concedió un término de tres días para que diera cumplimiento, así como para que acreditara su afirmación en relación al cambio de custodia del menor, dado que se consideró no había respetado todos los efectos del fallo, en virtud de que en éste se estableció que debía garantizar el cumplimiento del convenio suscrito por ******************** y ********************, sin que acatara tal determinación (foja 224 a 227). Luego, en proveído dictado el tres de julio de dos mil diecisiete, se le tuvo remitiendo copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y de la diligencia de restitución de ********************, así como de sus menores hijos, al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio (foja 233 a 254 y 472). Sin embargo, se consideró que con la copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y con la audiencia preliminar que anexó, no acreditó que en dicho procedimiento existiera un cambio de custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola, lo cual se le dijo resultaba contradictorio con la sentencia emitida, en la que si bien se le dio libertad de jurisdicción, se le ordenó fijar las medidas de protección que estimara necesarias para garantizar su cumplimiento, así como del convenio en cita, razón por la que se requirió de nueva cuenta para que cumpliera con la sentencia concesoria, bajo el apercibimiento correspondiente. Así, el siete de julio del presente año, se tuvo a la responsable informando las gestiones realizadas para cumplir en sus términos a la ejecutoria de amparo, sin que se considere que el retraso sea justificado, pues en el fallo protector se precisó, entre otras cosas que el Juez debía señalar las medidas de protección para los quejosos y su debida custodia, y aunado a que realizó lo relativo a ello, la circunstancia de que deje de dictar las determinaciones necesarias para cumplimentar lo ordenado en relación a la custodia de los menores, pudiera constituir un incumplimiento de la sentencia. Posteriormente, en auto de trece de julio pasado, se analizó el trámite dado al cumplimiento de la sentencia de amparo, teniendo como resultado el incumplimiento de la autoridad responsable aunado a diversos requerimientos realizados, motivo por el que se le concedió de nueva cuenta un término de tres días para que acatara el fallo. Con ello, el diecisiete de julio del año que corre, el Juez responsable presentó ante este juzgado diversas constancias con las cuales adujo acreditar los trámites que se encontraba dando a la sentencia amparadora; sin embargo, al día de hoy no ha remitido las notificaciones practicadas a las partes del auto emitido el catorce del ese mismo mes y año, ni ha acreditado la restitución de los menores a su domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio; de igual manera, no ha enviado los acuses de recibo de los oficios que remitió a diversas dependencias a efecto de continuar con el trámite de lo requerido. De lo expuesto, y ya que a la fecha han transcurrido más de dos meses desde que causó ejecutoria la sentencia de amparo, sin que la responsable haya cumplido con la misma; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de trece de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 192 de dicho ordenamiento legal, se impone a León Flores Avitia, Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, una multa por $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta del equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; apoya a lo anterior, la jurisprudencia con rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Comuníquese lo anterior al Administrador Local de Recaudación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de esta localidad, y requiérasele para que informe a este órgano jurisdiccional si cuenta con los datos necesarios del citado contribuyente, en caso de ser así, ordene se proceda a hacer efectivo su cobro. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, una vez que obre la constancia de la notificación que de este auto se practique a la responsable, REMÍTASE el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, para que resuelva lo conducente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se ordena formar el cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. En otro orden, se otorga al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, un plazo de cinco días hábiles, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten, en el entendido que deberá dictar las providencias que resulten necesarias para tal efecto, incluso el uso de la fuerza pública." Ahora bien, y no obstante que se concedió a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para cumplir la sentencia de amparo, de los antecedentes narrados, se conoce que el acto que ahora pretende reclamar la parte quejosa, fue emitido en cumplimiento a los lineamientos dados en la ejecutoria del juicio de amparo número ********************, del índice de este juzgado, de modo que, como se dijo la acción de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia. Al respecto es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación electrónico con el registro 2010008, que informa: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." Cabe apuntar, que dar entrada a un nuevo juicio constitucional, en contra de actos tendientes al cumplimiento de una sentencia de amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional, pues el cumplimiento de aquella quedaría en manos de la parte a quien que no le resultó favorable, porque bastaría que solicitara la protección constitucional contra los actos que ahora reclaman, para obstaculizarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la ratificación de firma que antecede, de la que se advierte que el quejoso ******************** reconoció el contenido y firma del escrito recibido en este Juzgado el uno de agosto de dos mil diecisiete; en ese sentido, se acuerda: Téngase a ********************; con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, desahogando el requerimiento formulado en providencia de doce de julio pasado. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; [.]" Para ello, es conveniente destacar que en este órgano jurisdiccional se registra el juicio de amparo número ********************, promovido por ********************, en representación de sus hijos ********************, contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad. Dicho antecedente de amparo, es de tomarse en consideración, pues resulta un hecho notorio para el suscrito, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de tesis 2a./J. 103/2007, consultable en la página 285, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Ahora bien, desde la perspectiva de quien ahora resuelve, el acto aquí reclamado consistente en el acuerdo de ******************** no es más que una resolución emitida en acato de la ejecutoria del juicio de amparo ********************, del índice de este juzgado. A fin de evidenciarlo, es necesario destacar que de los datos del citado juicio de amparo se desprende: 1.- ********************, en representación de sus hijos ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, consistente en la resolución de diez de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el expediente familiar F-******************** del índice de ese Juzgado, mediante la cual, confirmó el auto de seis de diciembre del año pasado, en que denegó la ejecución de la sentencia. 2. Que en ese asunto constitucional, se advierte que mediante sentencia terminada de engrosar el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "Deje insubsistente la resolución reclamada. En cumplimiento de este fallo, acatando los principios de fundamentación y motivación, con libertad de jurisdicción, atendiendo en todo caso al interés superior de los menores y, de ser el caso, supliendo la deficiencia de la queja, determine que es fundado el recurso de revocación propuesto por el autorizado de los quejosos. Además, al efectuar el pronunciamiento respectivo, con libertad de jurisdicción deberá fijar las medidas de protección que estime necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia, así como del convenio suscrito por ******************** y ********************, que la propia autoridad responsable sancionó. Asimismo, en aras de salvaguardar el interés superior del menor, toda vez que la autoridad responsable, al emitir el auto de ********************, que constituye el antecedente inmediato del acto reclamado, denegó despachar la ejecución solicitada al estimar que los hechos denunciados eran de carácter penal, deberá dar vista a las autoridades penales y administrativas correspondientes, solicitándoles que integren las investigaciones de su competencia." 3. En providencia de veintidós de mayo pasado, se declaró la firmeza del fallo protector; y se procedió a requerir a la responsable para que le diera cumplimiento. 4. En cumplimiento a dicha ejecutoria de amparo, el Juez de Oralidad Familiar, con sede en esta ciudad, allegó copia certificada de la resolución de veinticinco de mayo de dos mil diecisiete, con la que adujó dar cumplimiento a la sentencia amparadora. 5. El seis de junio del año en curso, se determinó que la autoridad responsable no acató en sus términos los lineamientos establecidos en la sentencia de amparo, por lo que se ordenó requerirla para que: ".que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá dejar insubsistente el acuerdo de veinticinco de mayo del presente año y emitir otro en debida observancia al fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto." 6. En acatamiento a dicho requerimiento la responsable emitió el auto de siete de junio del año en curso (acto reclamado), en la que dejó insubsistente la diversa de diez de febrero y de veinticinco de mayo pasado; asimismo emitió otra en la que determinó: ".que en atención al interés superior del menor, los aquí quejosos deben ser restituidos al domicilio en que tenían la guardia y custodia, ubicado en la calle Mazatlán, número 2, letra A en la Comunidad de Juan Martín de esta ciudad. Apercibió al tercero interesado ********************, para que se abstenga de molestar a sus menores hijos, y en caso no cumplir con ello, se hará acreedor a las medias de apremio que establece la ley. De igual manera, en relación a los hechos de carácter penal, ordenó dar vista al Agente del Ministerio Público de su adscripción, por la posible comisión de delito por parte del citado tercero interesado." 7. Mediante providencia de veintitrés de junio pasado, al analizarse el cumplimiento dado al fallo protector, se advirtió que la autoridad responsable no cumplió cabalmente con la ejecutoria de amparo, toda vez que no especificó con base a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las medidas de protección que en el caso se aplicarán para lograr la protección de los menores, ni adjuntó las constancias relativas a la vista que ordenó dar al Agente del Ministerio Público, para que realice las investigaciones respectivas por la posible comisión de delito por parte del tercero interesado; de igual forma, de su contenido no se advirtió que diera intervención a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que determine lo que a su competencia corresponda, motivo por el que se ordenó que lo dejara insubsistente y dictara uno nuevo siguiendo todos los lineamientos solicitados en el proveído en cita, así como en la sentencia. Por lo que de nueva cuenta se le requirió para: ".que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal a la ejecutoria de amparo, esto es, deberá dejar insubsistente la resolución de siete de junio del año en curso y emita otra en debida observancia al fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto." 8. En cumplimiento de lo anterior, el tres de julio del año que transcurre, se tuvo al Juez responsable remitiendo las constancias con las pretendía dar cumplimiento; sin embargo, al analizarlas se consideró que no la acataba en sus términos, por lo que se emitió el siguiente pronunciamiento: ".remitiendo copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad; de la diligencia de restitución de ********************, así como de sus menores hijos, al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio, así como de la notificación de la medida de restricción decretada al aquí tercero interesado; del auto de veintinueve de junio pasado; de los oficios dirigidos a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato y al Agente del Ministerio Público de esta ciudad. El suscrito considera que con la copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y con la audiencia preliminar que remite, no acredita lo informado a través de su oficio JOFAC/4793/2017, en relación a que en el juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad, hubo un cambio de custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola, lo cual pudiera resultar contradictorio con la sentencia emitida, en la que si bien se le dio libertad de jurisdicción, se le ordenó fijar las medidas de protección que estime necesarias para garantizar su cumplimiento, así como del convenio suscrito por Juan Diego Escamilla Noyola y Betsabeth Escamilla Noyola. De ahí, se advierte que no llevó a cabo los actos necesarios para acatar la sentencia y el convenio en cita, en el sentido de que la custodia de los dos menores la tendría la madre, en el domicilio ubicado en Mazatlán 2-A dos letra A, en la comunidad de Juan Martín de este municipio, ello es así, ya que hace referencia de que el menor Juan Diego Escamilla Noyola manifestó irse con su padre, sin que la autoridad haya hecho un estudio de los autos de origen, para así determinar si tal hecho afecta los intereses del menor y si es congruente con la medida de restricción por él ordenada, en cumplimiento al fallo protector. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la responsable, para que dentro del término de tres días legalmente computado, de cumplimiento cabal fallo protector, siguiendo los lineamientos trazados en el mismo, así como en lo establecido en el presente auto, debiendo remitir a este juzgado las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación." 9. El trece de julio de dos mil diecisiete, atendiendo a que el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, no había dado cumplimiento a la sentencia de amparo, se le concedió un término de tres días requirió para que lo hiciera. 10. Finalmente, en providencia de ocho de agosto pasado, se determinó: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que León Flores Avitia, Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, no ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo; en ese sentido se acuerda: Como punto de partida, se precisa que la sentencia concesoria causó ejecutoria en providencia de veintidós de mayo de dos mil diecisiete; cabe destacar que en dicho acuerdo se requirió a la responsable para que dentro del término de tres días legalmente computado, diera cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remitiera las constancias que así lo acreditara, bajo apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se le impondría una multa de cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México, tal como lo prevé los artículos 238 y 258, en relación con el propio numeral 192, todos de la Ley de Amparo (foja 175). En proveído de veintinueve de mayo del año en curso, se tuvo a la responsable remitiendo las constancias con las que aducía dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que se concedió el término de tres días a la partes para que manifestaran lo que a su interés convenga (foja 188). En atención a ello, mediante auto de seis de junio pasado, se analizó el cumplimiento a la sentencia, determinándose que no se había acatado en su totalidad, toda vez que respecto a las medidas de protección que debía fijar para garantizar el cumplimiento de la sentencia, así como del convenio suscrito por ******************** y ********************, únicamente requirió al tercero interesado para que se abstuviera de molestar a sus menores hijos, sin que haya especificado con base a la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las medidas de protección que en el caso se debían aplicar para lograr la protección de los menores (foja 197 a 199). Asimismo, omitió adjuntar las constancias relativas a la vista que ordenó dar al Agente del Ministerio Público y a la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes; razón por la que se concedió un plazo de tres días para que cumpliera con lo señalado. Con motivo de lo anterior, mediante oficios presentados el trece de junio del año en curso, el Juez responsable informó que solicitó la ejecución del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, en el que se pactó que la guarda y custodia de los menores quejosos la poseería ********************; de igual forma, fijó una medida de restricción para que el tercero interesado no se acercara a la madre, así como a sus menores hijos, ni al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio (foja 201 a 214). Por otra parte, hizo saber que en el juicio oral ordinario F-821/2017, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar de esta ciudad, al desahogarse la audiencia preliminar se refirió que el aquí tercero interesado tenía la guarda y custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola. Por tal razón, en auto de veintitrés del mes y año en cita, se le concedió un término de tres días para que diera cumplimiento, así como para que acreditara su afirmación en relación al cambio de custodia del menor, dado que se consideró no había respetado todos los efectos del fallo, en virtud de que en éste se estableció que debía garantizar el cumplimiento del convenio suscrito por ******************** y ********************, sin que acatara tal determinación (foja 224 a 227). Luego, en proveído dictado el tres de julio de dos mil diecisiete, se le tuvo remitiendo copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y de la diligencia de restitución de ********************, así como de sus menores hijos, al domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio (foja 233 a 254 y 472). Sin embargo, se consideró que con la copia certificada del juicio oral ordinario F-821/2017 y con la audiencia preliminar que anexó, no acreditó que en dicho procedimiento existiera un cambio de custodia sobre el menor Juan Diego Escamilla Noyola, lo cual se le dijo resultaba contradictorio con la sentencia emitida, en la que si bien se le dio libertad de jurisdicción, se le ordenó fijar las medidas de protección que estimara necesarias para garantizar su cumplimiento, así como del convenio en cita, razón por la que se requirió de nueva cuenta para que cumpliera con la sentencia concesoria, bajo el apercibimiento correspondiente. Así, el siete de julio del presente año, se tuvo a la responsable informando las gestiones realizadas para cumplir en sus términos a la ejecutoria de amparo, sin que se considere que el retraso sea justificado, pues en el fallo protector se precisó, entre otras cosas que el Juez debía señalar las medidas de protección para los quejosos y su debida custodia, y aunado a que realizó lo relativo a ello, la circunstancia de que deje de dictar las determinaciones necesarias para cumplimentar lo ordenado en relación a la custodia de los menores, pudiera constituir un incumplimiento de la sentencia. Posteriormente, en auto de trece de julio pasado, se analizó el trámite dado al cumplimiento de la sentencia de amparo, teniendo como resultado el incumplimiento de la autoridad responsable aunado a diversos requerimientos realizados, motivo por el que se le concedió de nueva cuenta un término de tres días para que acatara el fallo. Con ello, el diecisiete de julio del año que corre, el Juez responsable presentó ante este juzgado diversas constancias con las cuales adujo acreditar los trámites que se encontraba dando a la sentencia amparadora; sin embargo, al día de hoy no ha remitido las notificaciones practicadas a las partes del auto emitido el catorce del ese mismo mes y año, ni ha acreditado la restitución de los menores a su domicilio ubicado en la calle Mazatlán, número 2 letra A, de la comunidad de Juan Martín de este municipio; de igual manera, no ha enviado los acuses de recibo de los oficios que remitió a diversas dependencias a efecto de continuar con el trámite de lo requerido. De lo expuesto, y ya que a la fecha han transcurrido más de dos meses desde que causó ejecutoria la sentencia de amparo, sin que la responsable haya cumplido con la misma; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de trece de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 192 de dicho ordenamiento legal, se impone a León Flores Avitia, Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, una multa por $8,004.00 (ocho mil cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resulta del equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México; apoya a lo anterior, la jurisprudencia con rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Comuníquese lo anterior al Administrador Local de Recaudación Fiscal del Servicio de Administración Tributaria de esta localidad, y requiérasele para que informe a este órgano jurisdiccional si cuenta con los datos necesarios del citado contribuyente, en caso de ser así, ordene se proceda a hacer efectivo su cobro. Aunado a lo anterior, con fundamento en el artículo 193 de la Ley de Amparo, una vez que obre la constancia de la notificación que de este auto se practique a la responsable, REMÍTASE el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito en turno, para que resuelva lo conducente respecto de la aplicación del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, se ordena formar el cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. En otro orden, se otorga al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, un plazo de cinco días hábiles, para que cumpla cabalmente con la ejecutoria de amparo y remita las constancias que así lo acrediten, en el entendido que deberá dictar las providencias que resulten necesarias para tal efecto, incluso el uso de la fuerza pública." Ahora bien, y no obstante que se concedió a la autoridad responsable libertad de jurisdicción para cumplir la sentencia de amparo, de los antecedentes narrados, se conoce que el acto que ahora pretende reclamar la parte quejosa, fue emitido en cumplimiento a los lineamientos dados en la ejecutoria del juicio de amparo número ********************, del índice de este juzgado, de modo que, como se dijo la acción de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción IX, de la ley de la materia. Al respecto es aplicable la tesis 1a. CCLXXVI/2015, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación electrónico con el registro 2010008, que informa: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia." Cabe apuntar, que dar entrada a un nuevo juicio constitucional, en contra de actos tendientes al cumplimiento de una sentencia de amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, al abrir el camino de un nuevo juicio constitucional, pues el cumplimiento de aquella quedaría en manos de la parte a quien que no le resultó favorable, porque bastaría que solicitara la protección constitucional contra los actos que ahora reclaman, para obstaculizarlo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes."

  4. Principal

    Agréguese en autos el escrito supuestamente firmado por **********, antes de proveer respecto de su contenido y tomando en consideración que el suscrito, sin ser un perito en la materia, advierte de la simple confrontación del escrito de cuenta con el de la demanda, que la firma que calza aquél tiene rasgos coincidentes pero notoriamente discrepantes con la estampada por el nombrado quejoso en su escrito constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al promovente del amparo para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente auto se le practique, comparezca ante este juzgado debidamente identificado, en día y hora hábiles, para que en diligencia formal ratifique el contenido y firma del ocurso de mérito, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado.

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