Ruth Viridiana Olalde Nieto

Expediente 68/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
68/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Ruth Viridiana Olalde Nieto

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por ser innecesaria su retención, devuélvase a la autoridad responsable el tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Por otra parte, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado Presidente de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, remite: el original de la demanda de amparo y cinco copias, el oficio ********************, mediante el cual la Juez responsable, adjunta su informe justificado, el original del expediente ********************, un sobre cerrado, así como las constancias de emplazamiento al tercero interesado, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 68/2023-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso que se analiza, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, señala como acto reclamado, esencialmente: La resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, que condenó a la aquí quejosa al pago de cierta cantidad de dinero, las interlocutorias de diez de julio y veinticinco de septiembre, ambas de dos mil quince, en las que se resolvieron incidentes de liquidación de intereses moratorios, así como la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se determinó la actualización del incidente de liquidación de intereses moratorios; asimismo, reclama de manera genérica gastos y costas del juicio natural, y el acto de molestia que en su lugar de trabajo le realicen en sus percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe, todos dictados por la titular del Juzgado Sexto Menor Civil en Celaya, Guanajuato, en el expediente 779/2015. De igual forma, la quejosa manifiesta que la interlocutoria dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, le fue notificada el mismo día de manera personal. Asimismo, de la certificación levantada por el Secretario del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, se desprende que la última de las interlocutorias reclamadas fue notificada por lista el veinte de septiembre de dos mil veintidós. Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte como hecho notorio que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, por lo menos el ********************, fecha en la que presentó una diversa demanda de amparo, ante el Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, en contra de los mismos actos reclamados. Lo anterior es así, porque dentro del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ********************, por su propio derecho, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señaló como acto reclamado: La resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, que condenó a la aquí quejosa al pago de cierta cantidad de dinero, las interlocutorias de diez de julio y veinticinco de septiembre, ambas de dos mil quince, en las que se resolvieron incidentes de liquidación de intereses moratorios, así como la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se determinó la actualización del incidente de liquidación de intereses moratorios, todas ellas dictadas por la Juez Sexto Menor Civil en Celaya, Guanajuato, en el expediente ********************. El uno de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo ********************, se tuvo por no presentada la demanda que le dio origen; si bien tal determinación en modo alguno puede constituir cosa juzgada, dado su sentido, las constancias habidas en ese sumario muestran que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, por lo menos desde el ********************, porque en esa fecha presentó su escrito en el que reclamó la inconstitucionalidad de los actos también aquí reclamados. En ese sentido, toda vez que los actos reclamados en el presente expediente, no son un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se encuentra demostrado que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama, al menos desde el ********************, es claro que si presentó la demanda que se estudia hasta el nueve de diciembre de dos mil veintidós, lo hizo con una marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, el acto reclamado fue consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las personas que menciona a las personas que menciona, al carecer de cédula profesional ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, dado lo voluminoso de las constancias exhibidas la responsable, se ordena formar un tomo de prueba para el mejor manejo del expediente.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, residente en Guanajuato, capital, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, dictado por el Magistrado Presidente de dicho Órgano Colegiado, en el que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, remite: el original de la demanda de amparo y cinco copias, el oficio ********************, mediante el cual la Juez responsable, adjunta su informe justificado, el original del expediente ********************, un sobre cerrado, así como las constancias de emplazamiento al tercero interesado, se acuerda: a) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 68/2023-III; acúsese el recibo de estilo correspondiente; b) Con apoyo en el artículo 45 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca del conocimiento del asunto; y c) En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIV de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso que se analiza, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa, señala como acto reclamado, esencialmente: La resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, que condenó a la aquí quejosa al pago de cierta cantidad de dinero, las interlocutorias de diez de julio y veinticinco de septiembre, ambas de dos mil quince, en las que se resolvieron incidentes de liquidación de intereses moratorios, así como la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se determinó la actualización del incidente de liquidación de intereses moratorios; asimismo, reclama de manera genérica gastos y costas del juicio natural, y el acto de molestia que en su lugar de trabajo le realicen en sus percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe, todos dictados por la titular del Juzgado Sexto Menor Civil en Celaya, Guanajuato, en el expediente 779/2015. De igual forma, la quejosa manifiesta que la interlocutoria dictada el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, le fue notificada el mismo día de manera personal. Asimismo, de la certificación levantada por el Secretario del Juzgado Sexto Menor Civil de esta ciudad, se desprende que la última de las interlocutorias reclamadas fue notificada por lista el veinte de septiembre de dos mil veintidós. Por otra parte, este Juzgado de Distrito advierte como hecho notorio que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, por lo menos el ********************, fecha en la que presentó una diversa demanda de amparo, ante el Juez Sexto Menor Civil de esta ciudad, en contra de los mismos actos reclamados. Lo anterior es así, porque dentro del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por ********************, por su propio derecho, el cual se tiene a la vista por resultar un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, señaló como acto reclamado: La resolución de diecinueve de junio de dos mil quince, que condenó a la aquí quejosa al pago de cierta cantidad de dinero, las interlocutorias de diez de julio y veinticinco de septiembre, ambas de dos mil quince, en las que se resolvieron incidentes de liquidación de intereses moratorios, así como la diversa de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, por la cual se determinó la actualización del incidente de liquidación de intereses moratorios, todas ellas dictadas por la Juez Sexto Menor Civil en Celaya, Guanajuato, en el expediente ********************. El uno de diciembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo ********************, se tuvo por no presentada la demanda que le dio origen; si bien tal determinación en modo alguno puede constituir cosa juzgada, dado su sentido, las constancias habidas en ese sumario muestran que la quejosa tuvo conocimiento de los actos que tilda de inconstitucionales, por lo menos desde el ********************, porque en esa fecha presentó su escrito en el que reclamó la inconstitucionalidad de los actos también aquí reclamados. En ese sentido, toda vez que los actos reclamados en el presente expediente, no son un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al establecido en el artículo 17 de la Ley de la Materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; y se encuentra demostrado que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama, al menos desde el ********************, es claro que si presentó la demanda que se estudia hasta el nueve de diciembre de dos mil veintidós, lo hizo con una marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, y por tanto, el acto reclamado fue consentido. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia invocada respecto del descrito acto reclamado, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. Por otra parte, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del precepto legal en cita a las personas que menciona a las personas que menciona, al carecer de cédula profesional ingresada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas tanto en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Asimismo, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, dado lo voluminoso de las constancias exhibidas la responsable, se ordena formar un tomo de prueba para el mejor manejo del expediente.

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