Sabina Virginia Cabrera López
Expediente 177/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 177/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Sabina Virginia Cabrera López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del veinticinco de mayo al quince de junio del año en curso, sin que hayan interpuesto el recurso de inconformidad contra el proveído de veinte de mayo de dos mil quince, por el que se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, se declara consentido el referido auto, hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese el expediente principal como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, décimo primero, y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, dado que en la sentencia dictada en este expediente de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la referida parte quejosa; se estima que este expediente es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la demanda y sentencia emitida en este juicio de amparo. Se considera que este expediente carece de relevancia documental, por lo que, no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido de la resolución en la que por una parte se negó y por la otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Se indica que, conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dieciséis de junio de dos mil quince. Vista la certificación que antecede se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se declaró ejecutoriada la resolución dictada el nueve de marzo de dos mil quince, firmada y autorizada el nueve de abril siguiente, que se concedió el amparo y protección en el juicio de amparo promovido por Sabina Virginia Cabrera López; asimismo, que por auto diez de febrero de dos mil quince, se concedió la suspensión provisional y mediante interlocutoria pronunciada el dieciocho de febrero del año en curso, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido, en términos del punto segundo fracción XVIII, del capítulo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; por tanto, archívese este incidente de suspensión como asunto concluido. Ahora bien, toda vez que en este incidente se concedió la suspensión provisional y por la otra se negó y se concedió la suspensión definitiva; por la naturaleza de lo resuelto en este incidente, se estima carece de relevancia documental y toda vez que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos originales; en consecuencia, con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del citado Acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo fracción I, del referido acuerdo, el original de este incidente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su depuración, por lo que debe conservarse únicamente el auto de ocho de abril de dos mil quince, que concedió la suspensión provisional y la interlocutoria pronunciada el dieciocho de febrero del año en curso. Asimismo, se precisa, conforme a la certificación de cuenta, que en este incidente de suspensión no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación; se estima que el duplicado de este incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a los puntos segundo, fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo, por tanto, procédase a su destrucción dentro del plazo concedido en interlocutoria de dieciocho de febrero de dos mil quince. NOTIFÍQUESE...
- Principal
MESA VI-A * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la quejosa; por lo que, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su artículo 2º de la Ley de, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales a que haya lugar. Como para el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo es aplicable el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, mediante atento oficio que al efecto se gire, requiérase a las autoridades responsables congreso del Estado de Oaxaca, integrantes del consejo directivo y director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, gobernador del Estado de Oaxaca, secretario general de Gobierno del Estado de Oaxaca y jefe de la unidad del periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, para que cumplan con la sentencia dictada en este juicio, dentro del plazo de tres días, apercibiéndolas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de los artículos 273, fracción I y 258 de la nueva Ley de Amparo, al momento en que incurrió en la conducta sancionadora. Dígase a las autoridades responsables que en términos del artículo 195 de la nueva Ley de Amparo, si el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, es injustificado, no lo exime de responsabilidad, pero, podrá tomarse en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. NOTIFÍQUESE...
- Incidental
MESA VI-A * "...VISTOS; para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 177/2015; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. La quejosa Sabina Virginia Cabrera López, solicitó la suspensión definitiva contra actos del 1) Congreso del Estado de Oaxaca; 2) gobernador del Estado de Oaxaca; 3) secretario General de Gobierno de Estado de Oaxaca; 4) jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca; 5) integrantes del Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca; y 6) director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residentes en esta ciudad, consistentes el proceso legislativo del decreto número 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de dicha ley reclamada a las primeras cuatro autoridades, y la aplicación de dicho decreto por lo que hace a las restantes. SEGUNDO. Por auto de diez de febrero de dos mil quince, con fundamento en el artículo 107 fracción X, de la Constitución Federal, 125, 128 y 129 todos de la Ley de Amparo, se ordenó tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo, registrándose bajo el número 177/2015, en el cual se proveyó respecto de la suspensión provisional solicitada por la quejosa. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Precisión de la litis incidental. Se precisa que los actos que la parte quejosa reclama son: ACTOS RECLAMADOS: AUTORIDADES RESPONSABLES: El proceso legislativo y aplicación del decreto 885 por el que se aprueba la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el veintiocho de enero de dos mil doce, en vigor a partir del veintinueve de enero siguiente, específicamente los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, que disponen que quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones. Congreso del Estado de Oaxaca. Gobernador del Estado de Oaxaca. Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca. Jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. Los actos de aplicación y ejecución conjunta e individualmente a la suscrita, de los artículos 6°, fracción III, 18, párrafo segundo, y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial el 28 de enero de 2012, en vigor a partir a partir del 29 de enero siguiente. Integrantes del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones. Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir sus informes previos, el director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca (foja 21); el consejero jurídico del Gobierno del Estado de Oaxaca, en representación del gobernador y como superior jerárquico del jefe de la Unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca (foja 40); el presidente de la junta de coordinación política del Congreso del Estado (foja 43) y el subsecretario jurídicos de asuntos religiosos de la Secretaria de Gobierno del Estado de Oaxaca (foja 44), todos residentes en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa. Ahora, el apoderado legal del Consejo Directivo de la Oficina de Pensiones del Estado (foja 27), negó categóricamente la existencia de los actos reclamados a sus representadas; sin embargo, en virtud que son facultades del Consejo cumplir con la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado; así como administrar el Fondo de Pensiones y efectuar la revisión de las pensiones concedidas, de conformidad con el artículo 88 de la citada ley, es a él a quien corresponde la aplicación del acto reclamado consistente en la aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafos segundo y octavo transitorios, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca; por tanto, se desvirtúa dicha negativa. Siendo ciertos los actos reclamados, procede resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, RESPECTO DE ALGUNAS AUTORIDADES TERCERO. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva en relación con las autoridades responsables Congreso del Estado de Oaxaca, gobernador del Estado de Oaxaca, secretario general de Gobierno de Estado de Oaxaca, y jefe de la unidad del Periódico Oficial, por cuanto hace a la discusión, aprobación, expedición, promulgación, publicación y refrendo de las disposiciones normativas que constituye la materia del acto reclamado, pues, contra cada uno de esos actos relativos al proceso legislativo es improcedente la concesión de la medida cautelar, ya que la materia de la suspensión es su ejecución o aplicación, no éstas en sí que son materia del fondo de la litis planteada. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CUARTO. Se concede la suspensión definitiva, respecto al Consejo Directivo y director general de la Oficina de Pensiones del Estado. En principio, cabe destacar que ha sido criterio reiterado que el objeto de la suspensión es el de detener, paralizar o mantener las cosas en el estado que guarden para evitar que el acto reclamado, su ejecución o consecuencias, se consuman destruyendo la materia del amparo, o bien, produzcan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación a la quejosa, siempre que se reúnan los requisitos para la procedencia de la suspensión, a saber, que lo solicite la quejosa, que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público y que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la agraviada, debiendo el juez de Distrito dictar las providencias necesarias para que no se defrauden derechos de terceros y para evitar perjuicios a los interesados. También, debe considerarse que se ha sostenido que el juzgador de amparo, al pronunciarse respecto de la suspensión debe realizar un examen cuidadoso y detallado de las circunstancias específicas del caso concreto, y de la dificultad de la reparación de los daños y perjuicios, la posible afectación que pueda sufrir el interés social y las disposiciones de orden público con su otorgamiento. Lo anterior, para evitar que la ejecución del acto reclamado torne a éste irreparablemente consumado, destruyendo así la materia del amparo, o bien, produzca consecuencias de tan difícil reparación, que se torne nugatoria la acción consagrada constitucional para el respeto de las garantías individuales afectadas por actos de autoridad al volverse imposible restituir al afectado en el goce de las mismas, pero ello únicamente cuando no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. De estimar el juez de distrito procedente la medida cautelar, debe ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, y tomar las providencias que estime convenientes para evitar perjuicios a los interesados o que se defrauden derechos de tercero, hasta donde sea posible, en la inteligencia que de considerar que no se reúnen los requisitos para la procedencia de la medida, debe negarla. En efecto, conforme a la actual redacción del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la suspensión sólo podrá otorgarse en los casos y condiciones que determine la ley de la materia, pero, realizando un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el interés social, entendiéndose por lo primero un análisis superficial que consiste en asomarse al fondo del asunto, para advertir si se pone de manifiesto que la pretensión constitucional es notoriamente fundada o infundada, a fin de determinar de manera superficial que de no concederse la suspensión puede causarse un perjuicio irreparable o bien dejar sin materia el juicio de amparo, y por lo segundo el interés de la sociedad en que se respeten sus derechos colectivos y se obedezcan las normas de orden público. En ese sentido, advirtiéndose que se encuentran reunidos los requisitos que establece el artículo 128 de la Ley de Amparo, para la concesión de la suspensión definitiva, es decir que la solicite la parte agraviada; no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y que sean de difícil reparación los daños que se pudieren causar a la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado. Tomando en consideración que lo que se reclama es la aplicación de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo y artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, toda vez, de la lectura de la copia cotejada de la documental consistente en el dictamen de diecisiete de diciembre de dos mil catorce, expedida a nombre de la citada quejosa, por el director general de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, se aprecia que la quejosa es jubilada del Gobierno del Estado de Oaxaca y se advierte el descuento relativo al FDO. D PENSIONES; por tanto, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo descuento alguno respecto a la pensión que percibe la aquí quejosa, asimismo, no se suspenda el pago de la pensión por jubilación. Aunado a lo expuesto, es pertinente mencionar, sin prejuzgar sobre la certeza del derecho cuestionado, ni la inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos reclamados, en una apreciación de carácter provisional sobre la credibilidad objetiva del derecho de la solicitante, este órgano de control constitucional estimó procedente otorgar la suspensión definitiva en los términos expuestos, pues, al confrontar la trascendencia del derecho de la solicitante y el interés de la sociedad, se llegó a la conclusión que de no conceder la suspensión se causaría mayor perjuicio a la peticionaria. Esta medida cautelar, surte efectos desde luego y hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables la resolución que en el juicio principal se dicte respecto del fondo del asunto. Con fundamento en el artículo 107, fracción XVII constitucional reformado, en relación con los numerales 267, fracción IV de la nueva Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal, se previene a las autoridades responsables, que la desobediencia a este mandato será sancionado penalmente. QUINTO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. En mérito de lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E : PRIMERO. Se niega a Sabina Virginia Cabrera López, la suspensión definitiva solicitada contra los actos reclamados al Congreso del Estado de Oaxaca, gobernador del Estado de Oaxaca, secretario general de Gobierno de Estado de Oaxaca, y jefe de la unidad del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca. SEGUNDO. Se concede a la quejosa Sabina Virginia Cabrera López, la suspensión definitiva solicitada contra la ejecución de los actos reclamados consistentes en la aplicación de los artículos 6º, fracción III, 18, párrafos segundo y octavo transitorios, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, reclamados al Consejo Directivo y al director general de la Oficina de Pensiones del Estado, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo descuento alguno respecto a la pensión que percibe la aquí quejosa, asimismo, no se suspenda el pago de la pensión por jubilación. TERCERO. Hágase del conocimiento de las partes, que con fundamento en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, el plazo para la destrucción del duplicado de este incidente contará a partir de la fecha de esta resolución. NOTIFÍQUESE...
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