Saadrach Lictor Alvarez Aguilar
Expediente 1415/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1415/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Saadrach Lictor Alvarez Aguilar
- Juez de Control del Distrito Judicial de Valles Centrales Sede En Tanivet
- SAADRACH LICTOR ALVAREZ AGUILAR y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez, determina lo siguiente: I. Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia autorizada el veintiocho de febrero de este año ha causado ejecutoria. II. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, en el presente sumario constitucional en sentencia por una parte se sobreseyó en este juicio y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, conforme a lo dispuesto en capítulo siete, punto "7.1. y 7.1.1." 1. relativo al tratamiento de los expedientes depurables del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Así también, se considera que este expediente carece de valor histórico jurídico, documental o de relevancia alguna, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General en comento; de igual forma se indica que conforme a la certificación de cuenta, no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General de mérito. V. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la depuración de este expediente; por lo que deberá conservarse la demanda de amparo, la sentencia dictada en autos y este proveído. VI. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el suscrito determina lo siguiente: I. En este expediente por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se otorgó la suspensión provisional y por interlocutoria pronunciada el trece de diciembre de ese año, se concedió la definitiva solicitada. II. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. III. Ahora bien, debido a que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitadas, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 1 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración. IV. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. V. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. VI. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del cuaderno original, para lo cual se ordena conservar el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en el que se otorgó la suspensión provisional y la interlocutoria pronunciada el trece de diciembre de ese año, en la que se concedió la medida suspensional definitiva. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 1415/2021, promovido por *** y otros. En este juicio de amparo se analiza la legalidad de la orden de aprehensión librada contra los quejosos por el Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet y otras autoridades. ANTECEDENTES Los quejosos aducen que en su contra se ha librado orden de aprehensión por parte de las autoridades que señalan con el carácter de ordenadora, la que pretende ejecutarse por las restantes responsables. De los informes remitidos por las responsables se aprecia que en la causa penal 992/2021 del índice del Juzgado de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se libró orden de aprehensión en contra de *** y otros, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de ***. Lo anterior constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO *** Acevedo, en su carácter de defensor particular de *** y otros, promovió juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión y su ejecución material, mediante escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El promovente precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Por razón de turno, le correspondió conocer de la demanda de amparo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien por auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 1138/2021; asimismo, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al juzgado y ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Durante la secuela procesal advirtió la existencia de actos desvinculados entre sí, por lo que, en proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno ordenó la separación de juicios, determinando que el juicio 1138/2021 de su índice se ocuparía únicamente de los actos reclamados al Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, en funciones de Juez de Control, quien lleva la carpeta judicial 587/2021 (identificado en la demanda de amparo como Juez Uno de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca) y autoridades ejecutoras. Toda vez que el Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, informó que en la causa penal 992/2021 de su índice no se ha reconocido el carácter de defensor ***, se requirió a los quejosos para que ratificaran la demanda promovida a su favor, lo que así hicieron en diligencias de cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que en auto de siete de diciembre del mismo año, se les tuvo promoviendo la demanda por propio derecho. El juicio separado correspondió por razón de turno a este Juzgado, quien en proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, radicó dicho juicio con el número 1415/2021 y se avocó al trámite del asunto. En auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós se tuvo por apersonado a este juicio al tercero interesado ***. La audiencia constitucional tuvo verificativo el veinticinco de febrero de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque las autoridades señaladas como responsables tienen su residencia dentro de la demarcación territorial en la que este órgano de amparo ejerce jurisdicción. IV. LEGITIMACIÓN ***, se encuentran legitimados para promover el presente juicio de amparo, porque aducen que en su contra se libró un mandamiento privativo de su libertad personal; aunado a que de los informes rendidos por las autoridades se aprecia la existencia de la causa penal 992/2021, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en la que el último de los nombrados tiene el carácter de imputado, y en la que se libró orden de aprehensión en su contra. V. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que los quejosos reclaman: De los Jueces de Control del circuito judicial de Valles Centrales sedes Tanivet y Ejutla, así como del Juez Dos de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, lo siguiente: La orden de aprehensión. Del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General del Estado, del Comandante del Grupo de Ordenes de Aprehensión de dicha agencia, y del Delegado Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca: La ejecución material de la orden de aprehensión. VI. INEXISTENCIA DE UNOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir sus respectivos informes justificados las responsables lo hicieron como se ilustra enseguida: AUTORIDAD SENTIDO Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. Cierto únicamente por lo que hace al quejoso **** (fojas 84 y 85) Jueza de Control del circuito judicial de Valles Centrales sede Ejutla. NIEGA (foja 63) Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca NIEGA (foja 42) Quien rindió informe en relación al oficio enviado a la autoridad identificada en la demanda como Juez de Control Dos de dicho Centro. Servidor público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones. NIEGA (foja 34) Agente Estatal de Investigaciones encargado del Grupo de Aprehensiones NIEGA (foja 17) Jefe Regional que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca. NIEGA (foja 20) Como se advierte, las autoridades Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Ejutla, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca -identificado en la demanda como Juez de Control Dos - y el Jefe Regional que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en el Estado de Oaxaca, negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados por los quejosos ***, sin que éstos aportaran prueba idónea para desvirtuar dichas negativas. Por su parte, el Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, solamente aceptó el acto en relación al quejoso ***, de lo que se desprende que no existe el acto que le atribuyeron los diversos ***. Ante esa circunstancia es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, por la inexistencia de los actos reprochados a las referidas autoridades, por lo que se decreta el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos atribuidos a dichas responsables. La consideración anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, en relación con el quejoso ****, quedó legalmente acreditada a partir de su respectivo informe justificado, el cual fue recibido el dos de diciembre de dos mil veintiuno; lo que se corrobora con las constancias que adjuntó dicha autoridad, en el disco certificado en formato DVD, que contiene el registro de audio y video de la audiencia de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se libró orden de aprehensión en contra del referido quejoso y otros, celebrada en la causa penal 992/2021, y el formato PDF de la transcripción relativa al registro de la referida orden de aprehensión. Medio de prueba (DVD) que adquiere la naturaleza jurídica de documental pública y que adquiere valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyos epígrafe y texto son: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Ahora, las autoridades responsables señaladas en su carácter de ejecutoras como Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones y Comandante del Grupo de Aprehensiones de dicha coordinación, ambas de la Fiscalía General del Estado, al rendir informe justificado negaron la existencia de la ejecución del mandamiento de captura; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa en razón de que la autoridad ordenadora aceptó dicho acto, por ende, las responsables citadas se encuentran constreñidas a cumplir dicho mandamiento. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página cincuenta y seis, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado" En mérito de lo anterior, se tiene por cierto el acto de ejecución que se les atribuye. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto las partes no hicieron valer causa de improcedencia alguna, ni de oficio se advierte la actualización de ninguna a que se refiere el artículo 61 de la Ley de Amparo. Tampoco se advierte la concurrencia de causal de sobreseimiento previstas en el diverso artículo 63 de la misma ley reglamentaria que obliguen a dar por concluido el juicio sin hacer una declaratoria sobre el acto reclamado, por lo que, a consideración de este juzgador, el amparo es procedente en términos del artículo 107, fracción V, del citado ordenamiento legal, en relación al acto cuya certeza quedó declarada. ESTUDIO DE FONDO La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que se contienen en su escrito de demanda, sin que sea necesario transcribirlos pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción; además, dicha omisión no deja en estado de indefensión al impetrante de amparo, dado que no se le priva de la oportunidad de recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma; máxime que en la parte correspondiente se dará respuesta, ya sea para justificar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Visible en la foja 830, del tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". El quejoso hace valer como único concepto de violación el siguiente: La orden de aprehensión debe encontrarse debidamente fundada y motivada, lo que no acontece, pues a su consideración no existen datos suficientes que acrediten elementos para que por tal motivo sea librada orden de aprehensión y menos que existan elementos de convicción que acrediten una responsabilidad penal para que sea librada orden de aprehensión en su contra. El argumento antes expuesto resulta infundado, sin que se advierta queja deficiente que suplir, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Preliminarmente, el suscrito considera pertinente destacar algunas particularidades del sistema penal acusatorio, adversarial y oral a la luz de lo que dispone la Carta Magna y el Código Nacional de Procedimientos Penales (legislación aplicable al caso), tomando en consideración que la orden de captura tildada de inconstitucional fue emitida por la Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca. El dieciocho de junio de dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, con la finalidad de introducir un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública en el país. En efecto, mediante dicha reforma constitucional se pretendió transformar el sistema de justicia penal tradicional o mixto a un sistema de corte acusatorio y oral, regido por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, reconoció que la señalada reforma procesal penal tuvo como finalidad que mediante la aplicación de dichos principios en los casos concretos se cumpliera con los objetivos del sistema penal acusatorio: esclarecer la verdad real respecto de los hechos ocurridos, específicamente determinar la existencia de delito y en su caso identificar a su autor; resolver el conflicto suscitado entre las partes; procurar efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; aplicar a favor de las partes e intervinientes el debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. Ahora bien, de una simple lectura a las disposiciones constitucionales pertinentes y al Código Nacional de Procedimientos Penales, se desprende que el sistema penal acusatorio se distingue por una clara separación de funciones, pues aquellas de acusar y juzgar quedan claramente separadas entre sí. En este sentido, dentro del procedimiento acusatorio se pueden distinguir al menos tres momentos distintos, a saber: a) la investigación conducida por el Ministerio Público y la policía a su mando, posteriormente supervisada por el juez de control; b) la admisión y depuración probatoria por parte del juez de control, con miras a la apertura de un juicio oral; y c) la realización del juicio, donde un juez o tribunal oral se pronuncia objetiva e imparcialmente sobre la culpabilidad del acusado. Etapa preliminar o de investigación. Esta etapa tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esta etapa deberá iniciar con una denuncia o una querella y estará a cargo -en una primera fase- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, como lo dispone el primer párrafo del artículo 21 constitucional. Por tanto, cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito, deberá promover y dirigir una investigación dentro de la que realizará las diligencias que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos, las cuales deberán quedar registradas en una carpeta de investigación que para el efecto se integre. Cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del juez de control en un plazo no mayor a 48 horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formule la imputación correspondiente. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al juez de control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, en la que se le hará saber al indiciado que se desarrolla una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia. Dentro de esta audiencia, generalmente denominada como inicial, el juez de control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención que se atribuye; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el juez se cerciorará de que el imputado comprendió la acusación y le otorgará la oportunidad de contestar, si es su deseo. Adicionalmente, como se desprende del artículo 19 constitucional, a petición del Ministerio Público, el juez de control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el juez de control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto. Además, en este acto, el juez de control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. En este orden de ideas, la audiencia de cierre de investigación concluye con la decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. Etapa intermedia o de preparación de juicio oral. En caso de formularse la acusación, el juez de control deberá notificarla a las partes y citar a la audiencia intermedia; la cual tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral, para lo cual podrán solicitar al juez de control que dé por acreditados ciertos hechos, de forma que ya no sean materia de debate en el juicio oral. En este sentido, durante el desarrollo de esta audiencia, el juez de control concederá el uso de la palabra a las partes para que realicen las solicitudes, observaciones y planteamientos que estimen relevantes respecto de la admisión o inadmisión de los medios probatorios ofrecidos. Una vez que el juez de control analizó la admisibilidad de los medios de convicción ofrecidos y escuchó los argumentos de las partes que comparecieron en la audiencia intermedia, dictará la resolución o auto de apertura a juicio, en el cual deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de pruebas que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Al tratarse de una fase diseñada específicamente para discutir los temas relacionados con la admisión o inadmisión de los medios de prueba que van a ser incorporados o desahogados en el juicio oral, puede decirse que una de las finalidades más importantes de la etapa intermedia es que el imputado pueda plantear, en caso de que lo estime pertinente, argumentos relacionados con vulneraciones a derechos fundamentales que hayan dado lugar a la obtención de elementos de prueba que pretendan ser utilizados por la acusación en el juicio oral. Al respecto, no hay que perder de vista que la fracción IX del apartado A del artículo 20 constitucional establece que las pruebas obtenidas mediante violación a derechos fundamentales son nulas. Etapa de juicio. Una vez dictada la resolución de apertura de juicio oral, el juez de control la hará llegar al juez de juicio oral o al juez que presida el tribunal de juicio oral competente, poniendo también a su disposición a las personas sometidas a prisión preventiva o a otro tipo de medidas personales. Hecho lo anterior, el juez de juicio oral fijará fecha para la celebración de la audiencia correspondiente. Es importante señalar que tanto el artículo 20, apartado A, fracción IV, constitucional como la legislación procesal penal aplicable en su artículo 350, señalan una prohibición expresa en el sentido de que los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la de juicio oral, no podrán conocer en esta etapa. Durante la audiencia de juicio oral se debatirán las cuestiones esenciales del proceso penal, mediante el desahogo de las pruebas señaladas en la resolución de apertura de juicio oral y la exposición de los alegatos de las partes. Terminado el debate, si el juez o tribunal de juicio oral consideran que existen elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado más allá de toda duda razonable, procederá a dictar sentencia condenatoria en su contra, de conformidad con el derecho a la presunción de inocencia en su vertiente de estándar de prueba y lo dispuesto en la fracción VIII del apartado A del artículo 20 constitucional; de lo contrario, dictará sentencia en el sentido de absolver al acusado. En cualquier caso, la autoridad judicial deberá explicar la sentencia durante la audiencia respectiva. Efectivamente, como puede observarse de lo expuesto hasta el momento, la reforma al sistema de justicia penal trajo como cambio fundamental el hecho de que la formulación de la imputación debe realizarse con base en los datos obtenidos en la investigación, pero con la intervención de una autoridad jurisdiccional con la finalidad de controlar las actuaciones que puedan derivar en la afectación de algún derecho fundamental del imputado y determinar los medios de prueba que deberán ser desahogadas en juicio oral. Por tanto, será exclusivamente a través del desahogo de esos medios de prueba, que el tribunal respectivo determinará la existencia de algún delito, la responsabilidad penal del imputado en su comisión y las consecuencias legales que deriven a esa determinación. Lo anterior es importante destacarlo, toda vez que lo que se controvierte en la presente instancia constitucional, como se anticipó, es la orden de aprehensión librada por el Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, lo que implica que la causa penal de origen se encuentra en la etapa preliminar o de investigación. Ahora, la orden de aprehensión al igual que todo acto de autoridad debe cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación, previstos por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en observancia a tal derecho fundamental, el juez de la causa debe establecer de manera fundada y motivada si obran o no datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; en tanto que este órgano jurisdiccional, a su vez, como garante de los derechos fundamentales de los gobernados, tiene el deber de examinar que las responsables cumplan con tal obligación constitucional. Así, para justificar la calificativa del motivo de disenso (infundado), se considera oportuno precisar que el artículo 16 de la Carta Magna, además de los requisitos de fundamentación y de motivación que todo acto de autoridad debe contener precisa las exigencias para su dictado se deben cumplir, según establece: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." De la transcripción que antecede se aprecia que los requisitos que deben colmarse para que la autoridad judicial libre la orden de aprehensión son los siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial; Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad; y, Que existan datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su perpetración. Se advierta necesidad de cautela. A su vez, los dispositivos 141, fracción III, y 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: (.) III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Primer requisito. En la especie se considera que se encuentra colmado, porque de la consulta del disco versátil digital que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe con justificación, se advierte que la orden de captura fue emitida por la Juez de Control del distrito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, quien de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales tiene competencia sobre los hechos punibles cometidos dentro de la circunscripción judicial en la que ejerce sus funciones, conforme a la distribución y las disposiciones establecidas por su Ley Orgánica. Segundo requisito. Se encuentra satisfecho relativo a que la orden de aprehensión esté precedida por una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. Cierto, de la consulta del disco digital se advierte que existe denuncia presentada por ***, lo que resulta suficiente para tener por colmada esa exigencia. Tercer requisito. Se encuentra cumplido consistente en que el ilícito respecto del cual el Agente del Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión sea sancionado con pena privativa de libertad, toda vez que, en el caso, se trata del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los dispositivos 285, 301, fracciones II y IV, 302, en relación con los diversos 280 y 291 del Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca. Dichas porciones normativas son del tenor siguiente: ARTÍCULO 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. ARTÍCULO 301.- Se entiende que hay ventaja: I.- [...] II.- Cuando el infractor es superior por las armas que emplea, por su mayor destreza en el manejo de ellas o por el número de los que lo acompañan; III.- [...] IV.- Cuando éste se halle inerme o caído y aquél armado o de pie. La ventaja no se tomará en consideración en los tres primeros casos, si el que la tiene obrase en defensa legítima; ni en el cuarto, si el que se halla armado o de pie fuera el agredido, y además hubiera corrido peligro su vida por no aprovechar esta circunstancia. ARTÍCULO 302.- Sólo será considerada la ventaja como colificativa (sic) de los delitos de que hablan los capítulos anteriores de este título, cuando sea tal que el delincuente no corra riesgo alguno de ser muerto ni herido por el ofendido y aquél no obre en legítima defensa. ARTÍCULO 280.- Cuando concurra una sola de las circunstancias a que se refiere el artículo 299 se aumentará en un tercio la sanción que correspondería, si la lesión fuere simple; cuando concurren dos, se aumentará la sanción en una mitad y si concurren más de dos de las circunstancias dichas se aumentará la pena en dos terceras partes. ARTÍCULO 291.- A los autores de un homicidio calificado se les aplicará la pena de treinta a cuarenta años de prisión. Se impondrán de 70 a 105 años de prisión, cuando el sujeto pasivo haya sido servidor público integrante de las corporaciones de seguridad pública o de las instituciones de procuración o impartición de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones. Cuando el sujeto pasivo fuera prestador de servicio público de transporte en cualquiera de sus modalidades y el homicida utilice los instrumentos de trabajo, medios sus circunstancias propias de la prestación del servicio para cometer el delito, se impondrá de 40 a 50 años de prisión y cuando éste sea el sujeto activo la pena se aumentará un tercio de la pena mínima. Cuarto requisito. Es oportuno destacar que para que se actualice el hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, la jueza refirió que se requiere de los elementos siguientes: a) Que el activo externe la intensión de privar de la vida a una persona. b) Que se ejecuten total o parcialmente actos dirigidos a privar de la vida a una persona. c) Que por actos ajenos al activo no se produzca el resultado, pero si la puesta en peligro del bien jurídico tutelado, como en el caso lo es la vida. d) La calificativa de ventaja: * Que el activo tenga conciencia de su superioridad ante el pasivo. * Que el pasivo se encuentre inerme o caído. Tales elementos los tuvo justificados a través de los medios de prueba siguientes: 1. Diligencia de traslado de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por parte de la institución ministerial hasta la cama 306 del Hospital San Lucas, en donde tuvo a la vista a la persona que dijo llamarse ***, quien a manera de denuncia narró los hechos, solicitando se castigue a los responsables. 2. Declaración del testigo Francisco Armando Domínguez Ramírez, ante la representación Ministerial, de fecha veinte de septiembre del año dos mil veintiuno. 3. Declaración de Laura Villalobos Blanhir de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad Ministerial. 4. Declaración del testigo adolescente Á. G. E. H. de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad Ministerial, acompañado de la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado. 5. Declaración del testigo Luis Adrián Hernández Hernández de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, ante la autoridad Ministerial. 6. Acta policial de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, elaborada por Germán López Díaz, con número de identificación 463, en la que hizo constar la entrevista a un testigo que no quiso proporcionar su nombre y datos de identificación por temor a represalias, pero quien le narró los hechos que se asentaron en la misma. 7. Entrevista de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, practicada por el agente estatal de investigaciones Germán López Díaz, con número de identificación 463, a Francisco Armando Domínguez Ramírez, donde éste le hace entrega de un monedero que se describió en la misma. 8. Inspección ocular de diecinueve de septiembre de dos mil veintiuno, por el Agente Estatal Investigaciones Ángel Antonio Herrera Valdivieso en que narró los indicios encontrados en el monedero que fue entregado por el ateste, el que fue marcado como indicio 1. 9. Certificado médico de lesiones de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, suscrito por Carlos Alberto García Amores, perito oficial de la Fiscalía General del Estado, Instituto de Servicios Periciales, con cédula profesional 3374481, quien realizó la inspección de la víctima en el interior del Hospital San Lucas, describiendo las lesiones que presentó. Ahora, el quejoso no controvierte la primera determinación, esto es, no niega que se puede establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, lo que niega es que exista la probabilidad de que participó en su comisión. En consecuencia, con fundamento en el artículo 79, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, este juzgador dejará intocado lo relativo al estudio que realizó la juez responsable respecto a la acreditación del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por los numerales 285, 301 fracción II y IV y 302, 280, 291 y 57, en relación con los numerales 11 fracción III, 8 fracción I y 10 fracción II, del Código Penal vigente para el Estado de Oaxaca. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice lo siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna". La jurisprudencia está dada con fundamento en la Ley de Amparo abrogada, pero resulta aplicable por analogía, porque en la nueva ley reglamentaria se dispuso explícitamente que en los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII del artículo 79 la suplencia de la queja solo se expresará en las sentencias cuando derive de un beneficio. Además, en el precedente del amparo en revisión 622/2013, la misma Segunda Sala resolvió que no se debe suplir la queja cuando el quejoso no tenga intención de combatir una decisión autónoma contenida en el propio acto reclamado, pues ello implicaría desconocer el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Con sus propias palabras: "[.] en el contexto del principio de instancia de parte agraviada, debe entenderse que si un acto de autoridad sólo se combate en parte, aquella otra que no hubiese sido cuestionada por la quejosa, no debe implicar un estudio oficioso por parte del juzgador de amparo, porque de hacerlo, éste violentaría dicho principio al realizar un análisis de constitucionalidad que no le fue solicitado en torno a un aspecto que aquél no tuvo intención de combatir, sea que le cause o no un perjuicio. Lo mismo ocurre en el caso del recurso de revisión, porque si el promovente sólo combate una parte de la resolución pronunciada por el juzgador de origen, el tribunal revisor no debe emprender un análisis oficioso de aquella otra que no fue impugnada, siempre que no opere alguna situación excepcional, como sería el caso de corrección de incongruencias que lleven al análisis de constitucionalidad de actos omitidos por el Juez (pero en el cual, sigue vigente el principio de instancia de parte agraviada), situación que no ocurre en el presente asunto. En suma, los órganos jurisdiccionales de amparo no deben emprender un estudio oficioso de los actos o resoluciones que en alguna parte no fueron impugnados pues, a más de que ello llevaría al extremo de realizar un análisis abstracto, el estudio respectivo tendría que partir de una indagatoria de qué derecho humano pudiera resultar violado, lo que haría ineficaz e irrealizable el desarrollo de la función jurisdiccional. [.] .si bien la suplencia de la deficiencia de la queja [.] puede ser incluso total (ante la ausencia de conceptos de violación o agravios), [.] ello no significa que desde una óptica cualitativa deba ser absoluta y ciega para aplicar en cualquier caso, sino sólo en aquellos en que el juzgador advierta la existencia de un principio de impugnación y considere que será útil para declarar la inconstitucionalidad de los actos reclamados y, por ende, resulte procedente conceder el amparo respectivo. [.]". En el caso concreto, como ha quedado debidamente demostrado con la síntesis correspondiente, el quejoso no tuvo -ni ha tenido- la intención de combatir la parte de la resolución de la Juez de Control en la que determinó que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado. De ahí que no haya razón para reflejar en este fallo un examen oficioso de esa conclusión si al final no reportará un beneficio para el actual quejoso. Sin que pase inadvertido que al momento de presentar la demanda el quejoso desconociera la existencia de la orden de aprehensión, pues tuvo conocimiento pleno de la misma a través del informe justificado rendido por la responsable y la vista que con el mismo se le dio desde el auto de tres de diciembre de dos mil veintiuno, del que incluso solicitó copia del disco versátil digital que la responsable anexó como justificación a su informe y que contiene los registros correspondientes a dicho mandamiento de captura, por lo que, es inconcuso que tuvo la oportunidad de ampliar los conceptos de violación y no lo hizo. Por tanto, en el presente asunto únicamente se dará a conocer el estudio relacionado con la probable intervención del quejoso, por ser precisamente la materia de la litis constitucional. Así, en relación a la probable responsabilidad de ****, la responsable expresó que de los datos de prueba vertidos por el Ministerio Público se establece que fue la persona que realizó la acción consistente en activar el arma en contra de la corporeidad de ***, lo que se advierte precisamente de la declaración vertida por la propia víctima, de la que se desprende que a consecuencia de que éste defiende a la persona que identificó como Laura, las personas imputadas accionan armas de fuego en contra de su corporeidad, lo que se corroboró con el testimonio de Armando Domínguez Ramírez, que la identificación de los imputados se da a través de lo que señala Luis Adrián Hernández Hernández, quien escuchó los nombres de las personas que se encontraban discutiendo y que además identifica con el apodo de "el nene" a quien describe se llama ***, adicionalmente menciona las características de los mismos y la forma en que venían vestidos; lo anterior se corrobora con lo manifestado en la entrevista por el señor Francisco Armando Domínguez Ramírez, quien proporciona un objeto consistente en un monedero del que, en la inspección correspondiente se pudo extraer dos credenciales a nombre de los imputados Luis Esaú García López y Mercedes Nashielly García López, de donde se pudo advertir la identidad de las personas que llevaban armas y que las accionaron sobre la corporeidad del pasivo. Respecto a ***, dicha identidad se da a través de diversos entrevistados, pues precisamente es la persona a quien identifican como "el nene", dicha identificación se da con lo que se señala en el acta policial de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, por el agente 463, quien precisamente al realizar la entrevista a la persona quien no refiere sus datos que lo identifican, advierte que en el lugar de los hechos identifica a "el nene" de nombre *** como la persona que acciona el arma en contra de la corporeidad de la hoy víctima; en consecuencia, ello permitió establecer a la juzgadora que resolvió, que hasta esta etapa procesal es probable la participación en los hechos de *** y Luis Esaú García López. En cuanto a la forma de intervención, refirió que se ajusta a lo previsto en el artículo 11, fracción III, del código adjetivo de la materia pues actuaron de forma conjunta, es decir, ambos realizaron al mismo tiempo acciones o movimientos corporales accionando sus armas en contra de la corporeidad de la víctima, esto es, de forma conjunta llevaron a cabo las acciones que tenían la intensión de privar de la vida al señor Jiménez García. Lo que se estima correcto, pues al respecto, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/93, visible en la página trescientos cuarenta y uno, del Semanario Judicial de la Federación VI, segunda parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, expresa: "CUERPO DEL DELITO Y PRESUNTA RESPONSABILIDAD. PRUEBA POR LOS MISMOS ELEMENTOS. Si bien es cierto que cuerpo del delito y la presunta responsabilidad resultan ser conceptos diferentes, en virtud de que el primero se refiere a cuestiones impersonales relativas a la verificación de un hecho tipificado por la ley como delito, independientemente de la autoría de la conducta, y la segunda radica en la atribución de la causación del resultado a una persona; también lo es que, puede suceder que un medio de convicción sirva para acreditar ambos extremos, ya que en ese caso, por un lado puede revelar la existencia de un hecho determinado como delito y por el otro atribuir la comisión del suceso a un sujeto específico; por tanto, tener por justificadas ambas premisas con los mismos datos probatorios no trae como consecuencia una violación de garantías." Quinto requisito. Consistente en la necesidad de la medida dictada, el juez de control responsable, en el dictado del mandamiento de captura, advirtió su necesidad, atendiendo a que por la pena que pudiera llegarse a imponer al sujeto activo, que va de treinta a cuarenta años de prisión, se presume que no se sujetará voluntariamente a un proceso penal, máxime que en el supuesto de dictarse auto de vinculación a proceso, ameritaría prisión preventiva oficiosa dado que el hecho fue cometido con un medio violento como lo es un arma de fuego; además que se actualizaba un riesgo hacia la víctima. En las relatadas consideraciones, se estima correcto el razonamiento relacionado con la necesidad de dictar la orden de aprehensión, pues es muy probable que el quejoso no se someta al procedimiento debido a la pena que pudiera imponérsele en caso de resultar culpable; además de que en el caso no se advierte, conforme a la ley del acto ninguna salida alterna o anticipada de terminación del proceso que pudiera beneficiarle; y, en caso de sentencia condenatoria, no podría concedérsele algún beneficio preliberacional como el de sustitución de la pena o la condena condicional; por lo que, como se dijo, es necesaria la medida dictada por el juez responsable. Por ello, es que se considera que, hasta este momento, existen datos de prueba (valorados de forma individual y en su conjunto) que justifican que probablemente *** participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado, previsto y sancionado por el artículo 285, 301 fracción II y IV, 302, 280, 291 y 57, en relación con los diversos 11, fracción III, 8, fracción II y 10, fracción I del Código Penal del Estado de Oaxaca. Esto es, que existe la probabilidad de que ***, haya perpetrado el ilícito en estudio, ya que del cumulo probatorio narrado por la representación social, el cual fue correctamente valorado por la juez de Control en términos de lo dispuesto por los artículos 259 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, de manera libre, estableció lo siguiente: En base a la valoración antes descrita de todos y cada uno de los datos de prueba de forma individual y en su conjunto, se permite establecer la existencia de los siguientes hechos: 1. ". Que el día dieciséis de septiembre del año dos mil veintiuno, aproximadamente a las diecisiete horas en el interior de Lienzo Charro, Hacienda Blanca, ubicado en el paraje El Saladito, en San Pablo Etla, Oaxaca, Omar Concha y Rodolfo Rendón discuten con ***, Luis Esaú García López y otras personas. 2. Para calmar la situación interviene Laura Villalobos Blangir a quien Mercedes Nashielly García López empuja, la tira al suelo y la golpea, por lo que ***, el adolescente de iniciales A.G.E.H. y Francisco Armando Domínguez intervienen para ayudar a Laura Villalobos Blangir y evitar que le sigan pegando. 3. Ante lo anterior, *** y Luis Esaú García López y otras personas le pegan a *** de patadas en diferentes partes del cuerpo, tirándolo al suelo y ya estando en el suelo Mercedes Nashielly García López le pega en la cara con el tacón de su botín, mientras que *** le grita a *** "te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar", al tiempo que éste con Luis Esaú García López le apuntaron con una pistola a ***, quien se encoje y se queda inmóvil en el suelo y *** y Luis Esaú García López accionan sus armas y disparan en el cuerpo de éste y al ver que no se movía, *** grita "vámonos ya nos lo quebramos" y dejan de dispararle, yéndose del lugar con sus acompañantes a bordo de una camioneta color blanca, tipo raptor, marca Ford, con placas de circulación RY53275 del Estado de Oaxaca." Cabe destacar que para el libramiento de la orden de aprehensión la ley solo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del incoado en la comisión del ilícito que se le atribuye. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 1a. LVII/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 514, Tomo XIX, Mayo de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "ORDEN DE APREHENSIÓN, PARA SU LIBRAMIENTO NO ES NECESARIO ACREDITAR EN FORMA PLENA EL CUERPO DEL DELITO. De la interpretación auténtica del segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya última reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1999, se desprende que para el libramiento de la orden de aprehensión no se requiere que se encuentre acreditado plenamente el cuerpo del delito. Ciertamente, del proceso legislativo que dio origen a la redacción actual del referido artículo, se advierte que la intención del Poder Reformador fue buscar el equilibrio entre los derechos de los ciudadanos y las facultades de la autoridad para perseguir y castigar delitos y, en consecuencia, flexibilizar los requisitos para el libramiento de la orden de aprehensión solicitada por el agente del Ministerio Público a través del ejercicio de la acción penal, cuestión que se hizo patente, en principio, en la Cámara de Senadores (Cámara de Origen), que puntualizó que debía dejarse para el proceso y la sentencia definitiva la acreditación plena del hecho delictivo, por lo que se consideró que para librar una orden de aprehensión se requería que existieran datos que acreditaran el cuerpo del delito, posición que fue compartida por la Cámara de Diputados (Cámara Revisora), que aludió a las dificultades del Ministerio Público para integrar la averiguación previa y el Juez para librar la orden de aprehensión, refiriéndose a la redacción anterior de dicho dispositivo constitucional. Ahora bien, conviene destacar que el hecho de que el Ministerio Público y el Juez no deban acreditar plenamente el cuerpo del delito, en los términos precisados, no significa que puedan actuar a su libre arbitrio en cada una de esas etapas procedimentales, puesto que tienen la insoslayable obligación de observar los restantes requisitos exigidos para ello, además de respetar todas las garantías que consagra la Carta Magna, a las cuales deben ceñir su actuación las autoridades en la emisión de dichos actos, por lo que el hecho de que se hayan flexibilizado los requisitos de referencia, no implica su desconocimiento por las autoridades que procuran o administran justicia." Por todo lo anterior, se concluye que la orden de captura reclamada cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 Constitucional, ya que la autoridad responsable citó los fundamentos legales aplicables al caso concreto y los motivos por los cuales consideró que los hechos sometidos a su conocimiento se adecuaban a la hipótesis del antisocial de que se trata y que existían medios de convicción que denotan, hasta ese momento, que existe la probabilidad de que el imputado -aquí quejoso- participó en la comisión del hecho que la ley señala como delito de tentativa de homicidio calificado con ventaja, en agravio de ***. DECISIÓN En ese orden de ideas, ante lo infundado de los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo solicitado por ***, en contra de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 992/2021 por la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por el que libró orden de aprehensión por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de ***. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***, en contra de la orden de aprehensión y su ejecución, por las razones precisadas en el apartado VI de este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni protege a ***, en contra de la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal 992/2021 por la Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, por el que libró orden de aprehensión por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de tentativa de homicidio calificado, cometido en agravio de ***, por las razones precisadas en el apartado IX de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA VI-B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Agréguese el escrito signado por Isaac Jassib Antonio Jiménez García; en su atención, con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se le tiene por apersonado a este juicio de amparo con el carácter de tercero interesado. Domicilio y autorizado. De conformidad con lo previsto en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario ISAACJASSIB, la utilización de sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación; por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) adscrita a este Juzgado, para que realice las gestiones administrativas correspondientes, y los referidos usuarios puedan consultar el presente asunto por esa vía. Asimismo, en términos del artículo 26, fracción IV, en relación con el diverso 30 de la Ley de Amparo, realícense vía electrónica las notificaciones que surjan en este asunto, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa en su escrito de demanda. Hágase del conocimiento de la parte quejosa que es su obligación aportar los datos correctos de los registros señalados Asimismo, se le tiene señalando como autorizado con las restricciones que imponen los artículos 12 y 24 de la ley de la materia, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones así como para imponerse de los autos a la persona que refiere, por solicitarlo expresamente. Vista con informes justificados y pruebas. Atento a lo dispuesto por los numerales 117 y 119 de la ley aplicable, póngansele a la vista los informes y las probanzas que obran agregados al presente juicio. Solicitud de copia de DVD. Por otra parte respecto a la solicitud que realiza en razón de que se le expida copia del registro de audio y video en formato DVD de la audiencia de orden de aprehensión dictada en autos de la causa penal 992/2021, remitido por la autoridad responsable Juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, y al efecto remite un dispositivo de memoria extraíble (USB) para su reproducción; con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, expídasele copia del disco versátil que indica, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Se hace de su conocimiento, que para asistir a este órgano jurisdiccional para la entrega del mismo conforme a los lineamientos establecidos en el artículo 2° fracción VII y diverso numeral 6° fracción I, del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a efecto de poder recibir las copias en comento. Finalmente, considerando que el disco versátil digital certificado que remitió el Juez responsable, contiene información de carácter confidencial, se conmina a la ocursante que mantenga la discreción y reserva correspondiente de la información que se le otorga, quedando bajo su más estricta responsabilidad la divulgación total o parcial no autorizada de dichos registros a personas ajenas a este sumario. Notifíquese.
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