Rutilia Mireya Tomas Villanueva

Expediente 800/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
800/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/08/2023

Partes del expediente

  • Rutilia Mireya Tomas Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso contra el proveído por el cual se DESECHÓ la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Por analogía de razón, con apoyo en el numeral 17, fracción III, inciso b), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de CONSERVACIÓN, toda vez que si bien se DESECHÓ LA DEMANDA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo cierto es, que se CONCEDIÓ la suspensión de plano a la parte quejosa; sin que obste lo anterior, el hecho de que dicho numeral refiera únicamente por cuanto hace al incidente de suspensión, cuando en éste se haya concedido la medida cautelar definitiva, pues lo cierto es que la suspensión de plano se equipara a una suspensión definitiva. Asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, procédase a su transferencia para la CONSERVACIÓN del expediente principal, en términos del artículo 17, primer párrafo del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). Se autoriza a la persona secretaria y/o actuario judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio del Juez Primero Mixto de Huajuapan de León, Oaxaca, sin que haya lugar a proveer respecto a su contenido en razón de que como se advierte de la certificación de cuenta, con fecha treinta y uno de julio del año en curso, se recibió el mismo acordándose lo procedente el día siguiente; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Presidente Municipal Constitucional y Síndico Municipal, ambos del Municipio de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca, y anexo, mediante el cual rinden su informe respecto a la suspensión de plano; asimismo, informan que la directa quejosa Rutilia Mireya Tomas Villanueva, fue arrestada por un plazo de veinticuatro horas por faltas administrativas a la autoridad y puesta en libertad a las nueve horas del veintinueve de julio del año en curso; y, remite las constancias relativas. De lo anterior, y analizada en su conjunto la demanda de amparo, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. La doctrina y la jurisprudencia, consideran que los actos consumados, son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece, tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". En el presente asunto la parte promovente, reclama esencialmente la detención, arresto, privación de la libertad, así como su ejecución de la directa quejosa; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintinueve de julio del año en curso, fue puesta en libertad, según constancias que remite la autoridad oficiante, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se aprecia que la quejosa fue puesta en libertad, por lo que es jurídicamente factible determinar que la detención que dio origen al presente asunto y por la que se detuvo provisionalmente al solicitante del amparo, se consumó, pues ya no produce efectos en forma independiente susceptible de impugnarse en este momento. Por lo que de ser procedente el amparo solicitado contra esos actos, sería imposible regresar el tiempo para dejarlo sin efectos, esto en atención a que la sentencia que se llegara a dictar en la cual se otorgue el amparo y protección de la Justicia cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de la que se duelen, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que él se dicte pueda producir la restitución de los agraviados en el pleno goce de sus derechos. Sirve de apoyo, por sus consideraciones esenciales, la Jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior, dado que el juicio de amparo tiene como finalidad restablecer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo que no sería posible en el presente caso, pues ésta ya ha dejado de estar bajo la custodia de las autoridades responsables lo que impediría obligarlas a que cesen los actos de detención que se le atribuyen. Sin que pase inadvertido que no se haya ratificado la demanda de amparo, pues tal situación de modo alguno, cambiaría el sentido de esta determinación, ya que, como se ha destacado, el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable, por lo que a ningún fin práctico conduciría solicitar la ratificación. En esa tesitura, se dejan sin efectos las medidas decretadas en auto de veintiocho de julio del año en curso. Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado en la demanda de amparo y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA/ TERCERO INTERESADO, EL AUTO DE . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio del Presidente Municipal Constitucional y Síndico Municipal, ambos del Municipio de San Jorge Nuchita, Huajuapan de León, Oaxaca, y anexo, mediante el cual rinden su informe respecto a la suspensión de plano; asimismo, informan que la directa quejosa Rutilia Mireya Tomas Villanueva, fue arrestada por un plazo de veinticuatro horas por faltas administrativas a la autoridad y puesta en libertad a las nueve horas del veintinueve de julio del año en curso; y, remite las constancias relativas. De lo anterior, y analizada en su conjunto la demanda de amparo, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" De acuerdo con el dispositivo legal transcrito, el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable. La doctrina y la jurisprudencia, consideran que los actos consumados, son aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo, actos consumados de modo reparable, son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio de amparo; y los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. Ilustra sobre el particular, la tesis 14, sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo VI, Materia Común, sección precedentes relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuya literalidad es: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. La jurisprudencia de la Suprema Corte ha resuelto que las disposiciones legales que se refieren a actos consumados de un modo irreparable, aluden a aquellos en que sea físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, lo que no acontece, tratándose de procedimientos judiciales que, por virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno". En el presente asunto la parte promovente, reclama esencialmente la detención, arresto, privación de la libertad, así como su ejecución de la directa quejosa; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que el veintinueve de julio del año en curso, fue puesta en libertad, según constancias que remite la autoridad oficiante, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo anterior, se aprecia que la quejosa fue puesta en libertad, por lo que es jurídicamente factible determinar que la detención que dio origen al presente asunto y por la que se detuvo provisionalmente al solicitante del amparo, se consumó, pues ya no produce efectos en forma independiente susceptible de impugnarse en este momento. Por lo que de ser procedente el amparo solicitado contra esos actos, sería imposible regresar el tiempo para dejarlo sin efectos, esto en atención a que la sentencia que se llegara a dictar en la cual se otorgue el amparo y protección de la Justicia cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de la que se duelen, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él deriven. De esa forma, la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu, permite afirmar que el juicio de amparo persigue una finalidad práctica, lo cual condiciona su procedencia a la posibilidad de que la sentencia que él se dicte pueda producir la restitución de los agraviados en el pleno goce de sus derechos. Sirve de apoyo, por sus consideraciones esenciales, la Jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 423, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, septiembre de 2007, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar. En tales circunstancias, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia mencionada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Lo anterior, dado que el juicio de amparo tiene como finalidad restablecer al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo que no sería posible en el presente caso, pues ésta ya ha dejado de estar bajo la custodia de las autoridades responsables lo que impediría obligarlas a que cesen los actos de detención que se le atribuyen. Sin que pase inadvertido que no se haya ratificado la demanda de amparo, pues tal situación de modo alguno, cambiaría el sentido de esta determinación, ya que, como se ha destacado, el acto reclamado se ha consumado de modo irreparable, por lo que a ningún fin práctico conduciría solicitar la ratificación. En esa tesitura, se dejan sin efectos las medidas decretadas en auto de veintiocho de julio del año en curso. Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado en la demanda de amparo y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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