Ruth Areli García García

Expediente 368/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 1 actuación registrada, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
368/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Ruth Areli García García

Actuaciones

  1. Principal

    EN VIRTUD A QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL EN QUE SE LE DEJÓ AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, EN EL CUAL SE ACORDÓ: San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de abril de dos mil veintiuno. I. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y otra autoridad. Fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo; asimismo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 368/2021 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). II. Desechamiento. Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado Federal advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo. De dicho precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo "manifiesto" se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos anexados a tales promociones; y, lo "indudable" de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, aún en el supuesto de admitirse la demanda y de substanciarse el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa y diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, este Juzgado debe estudiar integralmente la demanda a fin de resolver lo que proceda; de igual manera, debe observarse el trascrito artículo 113 de la Ley de Amparo. Relativo a lo anterior, el artículo 62 de la Ley de Amparo, determina que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En ese sentido, los preceptos antes citados facultan al órgano constitucional a desechar la demanda de amparo cuando advierta oficiosamente una causa manifiesta e indudable de improcedencia; lo que sucede en el particular, toda vez que en el caso se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretadas armónicamente y en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede:... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Del precepto legal trascrito, se colige que cuando se reclamen actos dentro de un juicio, el amparo indirecto será procedente a condición de que tales actos, tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Dicho precepto también prevé que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos contenidos en la Constitución o en Tratados Internacionales. Por tanto, de la interpretación sistemática de dicho dispositivo, se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando se reclamen actos en juicio, cuyos efectos no tengan, sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En efecto, debe entenderse que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos; o bien los actos procesales o formales; esto es, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva. Por ende, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa de prosecución del trámite. Lo anterior es así, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8 constitucional; sin embargo, si la afectación no se produce de forma independiente, sino dentro de un procedimiento en que el quejoso sea parte, no puede considerar de naturaleza irreparable el acto impugnado. Ahora bien, en ese orden de ideas, analizada la demanda de amparo, se advierte que la parte peticionaria del amparo reclama en esencia, de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, es la falta de contestación a sus escritos de veinticuatro de febrero del año en curso, presentados dentro del juicio labora 1868 y 1869/2016 (3), del índice de la responsable. Ahora, si la parte quejosa, como ya se dijo, se duele del retardo en el procedimiento del juicio natural 1868 y 1869/2016 (3), del índice de la citada Junta, al no haber acordado sus escritos presentados el veinticuatro de febrero pasado, se estima, no constituye una violación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, ya que los efectos que produce son de naturaleza intraprocesal, por tratarse de omisiones en el procedimiento, pues del escrito de demanda no se advierte una abierta dilación de dicho procedimiento o su paralización total, si se toma en cuenta tal como lo refiere la parte promovente en su demanda de amparo que los escritos de los que se duele de la falta de acuerdo, fueron presentados ante la responsable el veinticuatro de febrero del año en curso. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1086, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, de rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS.." Asimismo, orienta al caso, la Jurisprudencia 2ª./J. 33/2019, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese tenor, se tiene que en el particular, de la demanda de amparo se obtiene que la aquí parte quejosa, se duele como ya se vio, de la omisión de la autoridad responsable para acordar sus peticiones presentadas el veinticuatro de febrero del año en curso, dentro del juicio de origen de su índice, esto es, habiendo transcurrido cuarenta y cinco días naturales a la fecha de presentación de la demanda de amparo, sin contar los días inhábiles. En efecto, como lo analizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada Jurisprudencia 33/2019, el amparo indirecto procede contra las dilaciones presuntamente excesivas -en materia laboral-, en el dictado de sus determinaciones, si transcurren más de cuarenta y cinco días naturales desde la fecha en la que concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales correspondientes. Ahora, de lo anterior se advierte que la Corte ha determinado que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, para lo cual, en la jurisprudencia de que se habla, estableció un lapso mínimo objetivo de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, tomando en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, el cual a la letra dispone: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente." "Artículo 773.- El Tribunal, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento." Esto es, tolera cierto lapso de tiempo para que el juicio permanezca inmóvil, en relación con la materia laboral; entonces, se estima si en el caso, aún no ha transcurrido el tiempo suficiente determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para hacer procedente el juicio de amparo, pues apenas han transcurrido aproximadamente cuarenta y cinco días naturales a partir de su primer petición; y, por ello, es que no puede considerarse que el acto combatido, hasta este momento depare perjuicio alguno a la esfera jurídica de la parte quejosa. De ahí que, la aludida dilación procesal, contrario a lo estimado por la parte quejosa, acorde a lo establecido en el citado criterio jurisprudencial 33/2019, no se actualiza en el particular en consecuencia, resulta improcedente esta instancia constitucional hasta el momento. Por tanto, se estima, el acto reclamado hasta ahora no genera afectaciones de imposible reparación, pues implica, en todo caso, una eventual violación de carácter procesal que no es susceptible de afectar alguno de los llamados derechos fundamentales de la parte peticionaria del amparo. Lo anterior pone de manifiesto, que tratándose el acto reclamado de una de la omisión de la autoridad responsable para acordar sus peticiones presentadas el veinticuatro de febrero del año en curso, dentro del expediente 1868 y 1869/2016 (3), del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, como se expuso, acorde a lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ello, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta el momento. Luego, resulta claro que en el caso concreto, los actos reclamados únicamente tiene efectos intraprocesales, es decir, constituyen una violación procesal y por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la parte quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que los actos reclamados en el caso concreto no tiene una ejecución de imposible reparación. El concepto de irreparabilidad, ha sido definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 189, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por su parte, la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País, ha definido los actos procesales cuya ejecución es de imposible reparación, en la Jurisprudencia 175, publicada en la página 144, del tomo y epítome precitados, cuyo tenor es: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Por tanto, en el caso, como ya se vio, el acto que se reclama en esta instancia se estima, no cumpla con el requisito de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción III, inciso b), Constitucional, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues no afecta directa e inmediatamente las prerrogativas fundamentales del gobernado (propiedades, posesiones o derechos), y las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a sus derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada y podría no trascender al fondo del asunto natural, por lo que aún la parte quejosa puede seguir haciendo uso de sus derechos para obtener sentencia a su favor en el juicio natural, y de serle adversa, las posibles violaciones podrá reclamarlas mediante el juicio de amparo directo que se promueva, en su caso, contra la sentencia definitiva correspondiente, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo, en el que se podrán argumentar las irregularidades de tipo procesal que se hubiesen cometido en el procedimiento en las que considere haya incurrido la autoridad responsable, como lo es la que por esta vía impugna. Asimismo, cabe recalcar, que lo anterior se considera así, pues como ya se dijo, el juicio de amparo indirecto será procedente contra violaciones a los artículos 8°, 14 y 17 constitucionales, siempre que se trate de una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, lo que no acontece en el caso, toda vez que no ha transcurrido un término prudente a fin de que ésta de contestación a la solicitud que le fue formulada el catorce y veinte de enero del año en curso. Por ello, al no tratarse de algún caso de excepción en el procedimiento, hace improcedente el presente juicio de amparo, dado que, como ya se indicó, hasta este momento, no se ven afectados derechos sustantivos de manera directa, sino cuestiones meramente procesales, lo que incluso guarda relación y sustento con lo determinado por el máximo Tribunal del País, en la referida Jurisprudencia 33/2019. Lo anterior sumado al hecho de que a la fecha aún los órganos jurisdiccionales se encuentran laborando bajo las medidas de seguridad para evitar el contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID), en donde incluso se han suspendido los plazos y términos procesales, o trabajando de manera remota o incluso con un porcentaje menor al de la plantilla de la Junta responsable, de ahí que, no se puede ver como una dilación procesal excesiva, hasta el momento. Bajo esa condición, en atención a que lo reclamado no cumple con el presupuesto de irreparabilidad indispensable para la procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta a que alude la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se impone DESECHAR DE PLANO la presente demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con los siguientes datos: Novena Época, Instancia; Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo; IX, Enero de 1999, Tesis: XVII.2º.J/11. Página: 648: con el rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.". Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, en vía de ilustración la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, de rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL". III. Domicilio y autorizados del promovente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que indica; por otra parte, se tiene por autorizados en términos amplios a Rosalba Castillo Pacheco y Gerardo Martínez Ortega, por así haberlo solicitado expresamente y al tratarse de un asunto laboral; y únicamente para oir y recibir notificaciones a las personas restantes. Ahora, respecto del número telefónico que pone a disposición para mantener una constante comunicación no procesal, dígasele que toda vez que en la Ley de Amparo, que rige este procedimiento, no existe dispositivo que faculte realizar llamadas telefónicas y realizar las actuaciones que existen en los expedientes a su cargo, a determinado número de celular, y en su caso, las notificaciones que se ordenen practicar en este juicio se harán conforme lo regula la ley de la materia; y, además, únicamente se encuentran previstas las notificaciones electrónicas de conformidad con el artículo 30, fracción II, de la citada ley de la materia. Sin embargo, en atención al artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se toma nota del número de celular, para entablar, únicamente comunicaciones no procesales, cuyo contenido se registrara, en su caso, y, de ser necesario, se incorporará al expediente previa certificación correspondiente. IV. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo para los casos en los que se deban realizar notificaciones personales, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios y se conceden al Actuario Judicial de la adscripción, facultades de investigación de resultar necesarias para lograrlas. V. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el artículo 28, del "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". VI. Ley de Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los preceptos 5°, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, reformado mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación de ocho de mayo de dos mil quince, que disponen que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad; asimismo, hágaseles saber que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. Asimismo, de conformidad con el artículo 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. VII. Gratuidad en el servicio. Hágase saber a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la Carta Magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma el licenciado Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/267/2021, de quince de febrero del dos mil veintiuno; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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