Ruth Salas Gallegos

Expediente 1518/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1518/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Ruth Salas Gallegos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    El trece de septiembre de dos mil diecinueve, el suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado CERTIFICO: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que sí se tramitó incidente de suspensión, en el que se negó la suspensión provisional y definitiva. Sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con una promoción registrada con el folio 12887. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, la promoción signada por la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, a la que acompaña testimonio de la resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, del estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el amparo en revisión laboral 335/2019; y copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 780/1995, en dos tomos, y un cuadernillo de amparo; acúsese recibo. Consecuentemente, glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado al presente expediente previa extracción de las copias fotostáticas con las que se formó, las que deberán destruirse y realícense las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado Federal. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito confirmó la sentencia recurrida, y sobreseyó el presente juicio. En atención a que la sentencia de mérito no requiere ejecución material, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Luego, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado Acuerdo General, es DESTRUIBLE el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se negó la suspensión provisional y definitiva, por tanto, glósese al expediente en que se actúa; asimismo, guárdese por separado el duplicado del incidente y procédase a su destrucción como refiere el punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Devuélvase a la autoridad responsable juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 780/1995, en dos tomos, y un cuadernillo de amparo que remitió en apoyo a su informe justificado. Finalmente, en virtud de que obran agregados documentos exhibidos por la quejosa; con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se pone a disposición de la quejosa dichos documentos por el término de noventa días hábiles legalmente computados, a fin de que los recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, los mismos seguirá la suerte del expediente en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Jessy*

  2. Principal

    Juicio de Amparo: 1518/2018 El quince de marzo de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción con folio 3544. Conste. Zacatecas, Zacatecas, quince de marzo de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por el actuario judicial del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la quejosa Ruth Salas Gallegos; contra la sentencia dictada en el expediente principal del que deriva este cuaderno de antecedentes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de Juzgado, que autoriza y da fe. /Ale Aguilar

  3. Principal

    Juicio de Amparo: 1518/2018 El veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 2429. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veintiséis de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la quejosa Ruth Salas Gallegos, por la que interpone recurso de revisión; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio de derechos; distribúyase entre las demás partes copia simple del escrito de expresión de agravios exhibido, debiendo recabarse la constancia respectiva, agregándose la que corresponda a este expediente y dentro del término legal, remítase el original de estos autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para los efectos legales que procedan, el original del escrito de expresión de agravios y copia del mismo para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Órgano Colegiado, a fin de que sea substanciado el recurso interpuesto. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente a la parte tercero interesado. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Angélica Bobadilla Larios, secretaria de juzgado, quien autoriza y da fe. /Ale Aguilar 4711 y 4712

  4. Principal

    ocho de febrero de dos mil diecinueve AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con treinta minutos del ocho de febrero de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas por auto de cuatro de enero de esta anualidad, para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de garantías 1518/2018. El licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistido del licenciado Jesús Romero Hernández, secretario con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin la comparecencia de las partes a esta audiencia. Acto seguido, el secretario realiza una lectura íntegra al escrito relativo a la demanda de amparo, y en esa guisa procede a hacer una relación de las constancias que obran en autos, al respecto, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuarios adscritos a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del citado distrito judicial (fojas 36 y 47), además con las constancias aportadas por la responsable señalada en primer término al rendir su informe con justificación (tres cuadernos de pruebas). Acto continuo, el Juez de Distrito acuerda: ténganse por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables y con las constancias allegadas, hágase nueva relación en su momento procesal oportuno. Abierto el periodo de pruebas, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa obrantes a fojas 12 a 26 y 78, así como a las documentales a que hace referencia en su escrito presentado en este juzgado en trece de noviembre de dos mil dieciocho, así como con las constancias allegadas por la junta responsable (tres cuadernos de pruebas), por lo que el Juez de Distrito acuerda: las citadas pruebas se tienen por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, de conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, sin más pruebas, se cierra el presente periodo. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta que el agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional formuló sus alegatos respectivos, mediante pedimentos 1716/2018 y 1717/2018, obrantes a fojas 52 a 55, asimismo se hace constar que no existen diversos alegatos que relacionar, por lo que el Juez de Distrito acuerda: se tienen por recibidos los alegatos presentados mediante los pedimentos en comento, los que se agregan para que surtan los efectos legales a que haya lugar; asimismo sin más alegatos que relacionar, se cierra este periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos de qué hacer relación, el suscrito Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, declara vistos los autos para dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1518/2018; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, ante la Oficialía de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, Ruth Salas Gallegos, por propio derecho, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por el acto que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulneradas en su perjuicio, las garantías consagradas en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes del acto reclamado y formuló los motivos de disenso que consideró pertinentes. SEGUNDO. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, en esa guisa, por proveído de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho se admitió a trámite la demanda planteada, solicitándose el respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, además, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público Federal, asimismo se señaló fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en termino de lo asentado en párrafos precedentes y concluye con el dictado de la presente determinación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar los actos reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuarios adscritos a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del citado distrito judicial, lo siguiente: La diligencia de siete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se ejecutó la orden de entrega del inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas, a favor de María Concepción Sofía Sánchez Leal, aquí tercera interesada, con motivo de lo ordenado por auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 780/1995 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. TERCERO. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuarios adscritos a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del citado distrito judicial, pues en lo que interesa así lo aceptaron al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 36 y 47). Como apoyo a lo determinado, es adecuado citar el criterio jurisprudencial 278 sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su antigua integración, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Por ser una cuestión de orden público, es menester analizar primero las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto de los actos de los que se ha evidenciado su certeza, tal como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, el suscrito considera que en el caso, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas y actuarios adscritos a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistente en la diligencia de siete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se ejecutó la orden de entrega del inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas, a favor de María Concepción Sofía Sánchez Leal, aquí tercera interesada, con motivo de lo ordenado por auto de doce de marzo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio mercantil ejecutivo 780/1995 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, atento a los razonamientos que a continuación se expresan. En principio, es necesario precisar que de conformidad con lo expuesto en la demanda de amparo, se debe analizar la controversia constitucional considerando que la quejosa Ruth Salas Gallegos, se ostenta como tercera extraña al procedimiento de origen. Ahora bien, los artículos 61, fracción XII y 5º, fracción I, de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional, señalan: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: .XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". "ARTÍCULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". La primera de las normas transcritas establece, entre otras cuestiones, que el juicio es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, hipótesis legal que encuentra su origen en lo establecido por la fracción I del artículo 107 constitucional, de conformidad con la cual el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se sigue siempre a instancia de parte agraviada. Dicho principio es reglamentado por el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia al disponer, en lo conducente, que son partes en el juicio de amparo el quejoso, es decir, la persona que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de tal legislación y produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Como se ve, al tenor de las disposiciones aplicables, el juicio de amparo puede ser promovido tanto por la persona que alegue tener interés jurídico como por aquella que afirme le asiste un interés legítimo en el asunto. Para que un gobernado se encuentre legitimado para solicitar el amparo de la justicia federal en la primera de las hipótesis mencionadas, es presupuesto indispensable que cuente con un derecho que haya sido infringido por actos de la autoridad. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado, y el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. En otras palabras, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio de garantías. Sirve de apoyo a las anteriores afirmaciones la jurisprudencia I. 1o.A. J/17 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 60, diciembre de 1992, página 35, que dice: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia". En suma, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se impugna en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le impone obligación alguna, porque no tiene un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto o, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. Cabe precisar que a juicio del suscrito, no es el caso explicar la hipótesis legal de interés legítimo que prevé el artículo 107, fracción I, de la Norma Fundamental, porque al estar en tela de juicio la ejecución de una orden de restitución de un inmueble, evidentemente se colige que dicha cuestión se relaciona con los derechos de propiedad y posesión respecto de ese inmueble, por lo que es necesario e indispensable que la parte promovente acredite de manera fehaciente su titularidad y no que esa afectación que refiere derive de un interés legítimo. Máxime, que el acto reclamado deriva o proviene de un tribunal judicial y de un juicio mercantil ejecutivo, razón por la que es necesario que en esta vía la parte quejosa acredite tener interés jurídico, de conformidad con el párrafo segundo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Sirve de apoyo a lo antes dicho, la jurisprudencia 2a./J. 16/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 82, Octubre de 1994, página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Partiendo de la premisa anterior, se concluye que el presente juicio de control constitucional resulta improcedente, tomando en consideración que la quejosa fue omisa en aportar pruebas idóneas para acreditar la titularidad del derecho de posesión que aduce ostentar respecto del inmueble cuyo restitución a favor de la aquí tercera interesada, se ordenó en el procedimiento natural. En efecto, al advertirse que la solicitante del amparo invocó conculcadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que a su juicio, en el procedimiento de origen se le privó de la posesión del inmueble reseñado, del cual dice ser arrendataria, es claro que debe demostrar, necesariamente, el derecho de posesión sobre el citado bien inmueble, así como la causa jurídica por la que lo posee; lo cual, en el caso, no acontece, pues para acreditar el interés jurídico que afirma le asiste, ofreció los siguientes elementos de convicción: 1. Copia certificada del contrato de cesión de derechos de propiedad de veinticinco de noviembre de dos mil seis, celebrado en Fresnillo, Zacatecas, entre la cedente Rosa Margarita Báez Pérez, con el consentimiento de su esposo Ezequiel Gutiérrez Padilla y Eduardo Gutiérrez Báez, como cesionario, en relación a, entre otro, el inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas (fojas 18 a 24). 2. Contrato de arrendamiento de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, celebrado entre Eduardo Gutiérrez Báez y Ruth Salas Gallegos, con el carácter de arrendador y arrendatario, respectivamente, en relación, entre otro, del bien inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas (fojas 13 a 17). 3. Documentales privadas, consistentes en tres recibos de dinero a nombre de Ruth Salas Gallegos, cada uno por la cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 moneda nacional), por conceptos de pago de depósito y de renta por los meses que transcurrieron de noviembre de dos mil diecisiete a septiembre de dos mil dieciocho, en relación, entre otro, al inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas (documentales ubicables dentro del folder obrante a foja 78). 4. Documentales consistentes en tres comprobantes de pago, de treinta de enero, quince de mayo y once de julio de dos mil dieciocho, respectivamente, expedidos a favor de Ruth Salas Gallegos, en relación al número de servicio de energía eléctrica número 112180154267 ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas; así como dos avisos-recibos expedidos a favor de la aquí quejosa, referentes al número de servicio de energía eléctrica y domicilio ya precisados; y un formato de solicitud para la prestación del servicio de energía eléctrica, signado por la aquí disidente, relativo al domicilio multicitado; precisándose que las documentales en comento fueron expedidas por la Comisión Federal de Electricidad (documentales ubicables dentro del folder obrante a foja 78). Empero, con dichos elementos de convicción no se acredita el interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, por los motivos que a continuación se explican. La documental identificada con el numeral "1", en su caso, solo resultaría apta para establecer la transmisión del derecho de propiedad a favor del aquí tercero interesado Eduardo Gutiérrez Báez, en relación al inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas, pero es ineficaz para instituir el derecho de posesión que la quejosa aduce le asiste respecto del inmueble precisado. Las documentales privadas identificadas con los numerales "2" y "3", consistentes en el contrato de arrendamiento de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, y los tres recibos de dinero a nombre de Ruth Salas Gallegos, resultan insuficientes para establecer el derecho de posesión que defienden en esta instancia la peticionaria de amparo, pues dichos documentos carecen de fecha cierta. Entendiéndose como fecha cierta desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes); pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido. Es aplicable al caso, la tesis con registro 2011460, y rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA ACREDITARLO CON UN DOCUMENTO PRIVADO, SE REQUIERE QUE ÉSTE SEA DE FECHA CIERTA." La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuyo caso ese documento no podrá oponerse a terceros ajenos a él. Por tanto, cuando en el amparo indirecto se pretende justificar el interés jurídico sólo con la exhibición de documentos privados, es necesario que sean de fecha cierta para ser jurídicamente oponibles a terceros ajenos a éstos pues, de no ser así, sólo surten efectos entre las mismas partes suscriptoras, debido a que su eficacia jurídica frente a terceros no depende de si son reconocidos por los propios suscriptores, o de si fueron objetados en el juicio de amparo, sino que surge exclusivamente del requisito indispensable de fecha cierta, adquirido a través de alguna de las hipótesis mencionadas para conferirle esa calidad probatoria. En lo que respecta a las documentales expedidas por la Comisión Federal de Electricidad, a que se hace referencia en el numeral "4", adolecen de eficacia probatoria para efectos de acreditar el derecho de posesión que defiende en esta instancia la peticionaria de amparo en relación al inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas, pues es pertinente destacar que cualquier persona puede solicitar a la citada empresa productiva del estado que le proporcione sus servicios, sin que ello implique necesariamente que la solicitante sea poseedora del inmueble que se trata. Lo anterior se robustece en lo conducente con la jurisprudencia VI.3o.C. J/46, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo criterio se comparte, cuyo rubro y texto establecen: "POSESIÓN. LA SOLICITUD DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LOS RECIBOS POR PAGO DE ESE SERVICIO, SON INEFICACES PARA ACREDITARLA. La solicitud formulada por la quejosa para el suministro de energía eléctrica y los recibos de pago por ese servicio, aun cuando en los términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles demuestren la verdad de su contenido, porque la parte contraria no los objete; sin embargo, para efectos de la posesión constituyen un indicio que, por sí solo, sin adminicularse con otros medios de convicción, no es apto para acreditar aquélla, pues una persona puede solicitar a la Comisión Federal de Electricidad que le proporcione ese servicio, sin que ello implique, necesariamente, que la solicitante sea poseedora del inmueble de que se trata." Por otra parte, si bien, de las constancias aportadas por el juez responsable, consistente en tres cuadernillos que contiene copias certificadas de diversas constancias del juicio mercantil ejecutivo 780/1995, se advierte que al momento de ejecutarse la diligencia de siete de agosto de dos mil dieciocho, en la que se ejecutó la orden de entrega del inmueble multireferido, a favor de María Concepción Sofía Sánchez Leal, aquí tercera interesada, los actuarios responsables encontraron en el interior del inmueble citado a Ruth Salas Gallegos, aquí quejosa, esto en modo alguno permite tener por acreditado en favor de la aquí disidente en cuestión el derecho de posesión sobre el bien inmueble que defiende, ni la causa jurídica por la que lo posee, pues su presencia al momento de llevarse a cabo dicha diligencia pudo haber sucedido de manera eventual y/o fortuita. Finalmente en lo tocante a la sentencia de amparo dictada en el juicio de amparo 735/2011-5, del índice de este juzgado, que la parte quejosa invocó como hecho notorio en su escrito obrante a foja 75 de autos, se estima que la ejecutoria a que se hace referencia resulta ineficaz para acreditar el derecho de posesión que la disidente reclama en relación al inmueble ubicado en calle Guanajuato número 143, Fresnillo, Zacatecas, pues la litis abordada en la ejecutoria de mérito, versó sobre un bien inmueble diverso al que la peticionaria de amparo defiende en esta instancia constitucional, amén que el expediente de origen del que emanó el acto reclamado en el juicio de amparo 735/2011-5, es distinto al juicio génesis del acto reclamado en esta instancia, máxime que en la sentencia de amparo aludida, sí bien se tuvo por acreditado el derecho de propiedad a favor de diverso solicitante de la salvaguarda constitucional, respecto del inmueble sobre el que versó esa controversia, esto ocurrió precisamente por haber acreditado la propiedad mediante título justo como lo fueron las copias certificadas de un acta notarial. En esa medida, se reitera que la peticionaria del amparo fue omisa en aportar algún medio de convicción que, de manera fehaciente, demostrara la titularidad del derecho que aducen ostentar en relación al bien inmueble materia de controversia en el juicio natural. Asimismo, debe decirse que no representa obstáculo alguno el hecho de que la parte quejosa en su demanda de amparo hubiese manifestado, bajo protesta de decir verdad, tener la calidad de poseedora del bien inmueble materia de litigio en el procedimiento natural y, respecto del cual, sustentan su derecho para instar la presente vía constitucional. Lo anterior es así, pues dicha protesta no demuestra el interés jurídico necesario para promover el presente juicio de amparo, ya que dicha afirmación debe estar demostrada con alguno de los medios probatorios previstos por la ley; máxime que lo manifestado en la demanda de amparo constituye un requisito necesario que debe contener en términos del artículo 108, fracción V de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 3a./J. 27/90, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo V, primera parte, enero-junio de 1990, página 229, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." En virtud de ello, si como ha quedado precisado, la quejosa no demostró que le asiste interés jurídico para promover el juicio de amparo en que se actúa, es de concluir que, como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, respecto del acto y las autoridades responsables ya citadas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 1ª./J. 1/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XV, Febrero de 2002, Materia Común, página 15, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto". Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues frente al análisis de fondo del asunto se presentó una razón de mayor peso, como lo es la improcedencia del juicio de amparo, que resulta de estudio preferente al ser fundada y, por ese motivo, al encontrarse un impedimento procesal para conocer de este asunto, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido legalmente para analizar el tema debatido, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Ruth Salas Gallegos, por propio derecho, contra las autoridades y por el acto, que fueron precisados en la última consideración del presente fallo, atento a las razones ahí plasmadas. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe.

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