Ruperto Cisneros Gómez
Expediente 774/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Ruperto Cisneros Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
En cinco de noviembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, transcurrió del veintiuno de octubre al cuatro de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito u otra garantía por la cual se deba proveer. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, en virtud de que obran agregados dos documentos originales exhibidos por el quejoso (foja 6); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de este se depuren. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Enrique.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 05 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE CONORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "En cinco de noviembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que sí existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio, transcurrió del veintiuno de octubre al cuatro de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. Que dentro de dicho juicio no se tramitó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito u otra garantía por la cual se deba proveer. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con el estado que guardan los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de derechos; en tal virtud, con apoyo en lo previsto por los numerales 86 de la Ley de la Materia, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se determina que este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, en virtud de que obran agregados dos documentos originales exhibidos por el quejoso (foja 6); con fundamento en lo dispuesto por el punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ponen a su disposición dichos documentos por el término de noventa días naturales a fin de que los recoja, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho término, podrán ser destruidos junto con el expediente o con las constancias que de este se depuren. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Enrique.
- Principal
Juicio de amparo 774/2019 El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción con el folio 14975. Conste. Zacatecas, Zacatecas, dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado por este juzgado en proveído de ocho del mes y año que transcurre, remite copia certificada del oficio DEZ/SP/DPSH/CS/3055/2019, dirigido a la parte quejosa el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el recibo de envío por medio del Servicio Postal Mexicano con número MN671674625MX y la impresión de seguimiento con fecha de consulta diez del mes y año que transcurre. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la mencionada responsable las referidas documentales, la cual dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Noven Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama a la autoridad responsable la omisión de dar contestación a la petición formulada el uno de julio de dos mil diecinueve. Del diverso escrito presentado por el autorizado de la parte quejosa el siete del mes y año que transcurre, así como de las constancias que anexa la autoridad responsable al escrito que se acuerda, se advierte que el veintisiete de septiembre del año en curso, la referida responsable dio contestación a la petición formulada por el peticionario del amparo. Luego, de las documentales adjuntadas al oficio de cuenta, se advierte que éste fue notificado el treinta de septiembre del año que transcurre, vía Servicio Postal Mexicano, lo que se traduce en que la respuesta cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Así, la omisión de la que se dolía el quejoso ha quedado subsanada con la respuesta que le dio la autoridad responsable. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar en la respuesta a la petición del quejoso base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haberse dado respuesta a su solicitud y haberse notificado ésta a la parte quejosa, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con veinte minutos del ocho de noviembre de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Enrique.
- Principal
El ocho de octubre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 14429. Conste. Zacatecas, Zacatecas, ocho de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por Ricardo García Valencia, autorizado del quejoso Ruperto Cisneros Gómez, mediante la cual informa que se ha actualizado una causa de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en razón de que según manifiesta el siete de agosto de dos mil diecinueve, les fue notificada vía servicio postal mexicano, la respuesta a la petición que señalaron como acto reclamado. Ahora, tomando en consideración que el promovente no adjuntó a su ocurso documental alguna con la que se acredite su dicho y toda vez que este órgano jurisdiccional puede recabar oficiosamente las pruebas que considera necesarias para resolver el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive de este acuerdo, requiérase al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Guadalupe, Zacatecas, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, y de ser cierto lo expuesto por el autorizado de el quejoso Ruperto Cisneros Gómez, remita copia certificada de las constancias con las que justifique haber dado respuesta a la petición presentada por la quejosa el uno de julio de dos mil diecinueve. Bajo apercibimiento que de hacer caso omiso al presente requerimiento o no exponer los motivos que le impidan hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización vigente en el país. Resulta aplicable por analogía, la tesis de Jurisprudencia del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Con independencia de lo anterior, requiérase a la parte quejosa, a fin de que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, manifieste si es su deseo desistirse del presente juicio de amparo, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se continuará con el trámite del presente asunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, quien actúa ante el secretario que autoriza, Jorge Martín Zamora González. Doy fe. EMVG
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