Ruth Ruiz Villanueva

Expediente 629/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
629/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • Ruth Ruiz Villanueva

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto en que se desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental. Finalmente, dado que en el presente asunto obran las constancias remitidas por la responsable; devuélvanse, solicitándo el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, declina competencia, respecto del juicio de amparo directo 291/2018 de su índice y adjunta las siguientes constancias: Amparo directo 291/2018 en diecinueve fojas útiles. Oficio 2688/2018. Toca 82/2018, del índice de la Primera Sala Regional Civil de Toluca Estado de México. Dos legajos de copias certificadas, el primero relativo al expediente 748/2017, y el segundo consistente en el legajo de pruebas de la parte actora exhibidas en el mismo. Un sobre que contiene: una memoria USB y catorce sobres vacíos. Cinco copias del escrito de demanda. SE AVOCA AL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO En esas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo este juzgado se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones respectivas y regístrese con el juicio de amparo indirecto 629/2018-II-B. Acúsese recibo y fórmense los anexos correspondientes. DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie la quejosa Ruth Ruiz Villanueva reclama: La sentencia de nueve de marzo de dos mil dieciocho, dictada en el toca de apelación número 82/2018, interpuesto contra el auto de once de enero de la presente anualidad, emitido en el juicio ordinario civil 748/2017, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el cual se inadmitieron diversas pruebas ofrecidas por la ahora quejosa. Hecha tal precisión, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.] La cual establece lo siguiente: "X.- Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; (.)" Lo anterior es así, porque constituye un hecho notorio para este juzgador, la existencia del diverso juicio de amparo con número de orden 417/2018-VI-B, que en éste órgano jurisdiccional se tramitó; del cual se observa que la aquí quejosa reclamó: La resolución dictada en el toca de apelación 82/2018, que confirma el proveído de nueve de marzo del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil 748/2017, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en esta entidad, en el cual se desecharon diversas pruebas ofrecidas por la ahora quejosa. Demanda que se desechó el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, en los términos siguientes: "RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda promovida por Ruth Ruiz Villanueva, regístrese la demanda bajo el número 417/2018-VI-B. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Se procede al análisis de causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese tenor, del escrito de demanda se colige que la promovente de amparo, reclama de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México: La resolución dictada en el toca de apelación 82/2018, que confirma el proveído de nueve de marzo del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil 748/2017, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, en esta entidad, en el cual se desecharon diversas pruebas ofrecidas por la ahora quejosa. DESECHAMIENTO Al respecto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Dichos numerales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.]". "Artículo 107. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". De los preceptos legales invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, el acto combatido no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que se trata de un pronunciamiento intrínsecamente relacionado con el desechamiento de pruebas, y por regla general dichas violaciones pueden hacer valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo directo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy quejosa, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, y 172, fracciones III y XII, de la ley de la materia. Sustenta lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, pagina 243, de rubro y texto siguiente: "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo y, que esta regla general sufre una excepción cuando se está ante el supuesto en el que el desechamiento de las pruebas pueda tener una ejecución de imposible reparación, porque en tal caso, se estaría vulnerando una garantía individual que no es susceptible de repararse aunque la sentencia llegare a ser favorable. En ese orden, se debe considerar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio, es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho y, en ese sentido, es dable concluir que su desechamiento no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el juez resuelva el fondo del asunto sometido a su consideración, pues la relación jurídica sustantiva existente entre las partes en un juicio civil no sólo es susceptible de ser acreditada con el documento base de la acción, ya que ésta puede quedar demostrada con el demás acervo probatorio; por ende, el acto que desecha el documento base de la acción no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, siendo así, para su impugnación habrá de seguirse la regla general que estatuye que el desechamiento de las pruebas en el juicio civil constituye una violación reclamable mediante el juicio de amparo directo, sin que se actualice una excepción que haga procedente, de inmediato, el amparo en la vía indirecta. Asimismo, apoya en lo pertinente la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, página 297, del tenor siguiente: "PERICIAL CONTABLE OFRECIDA POR EL QUEJOSO EN LA CONTABILIDAD DE SU CONTRAPARTE EN EL JUICIO NATURAL. CONTRA SU DESECHAMIENTO ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, los actos dictados durante el juicio sólo pueden impugnarse en amparo indirecto cuando tengan una ejecución de imposible reparación. Por otra parte, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. LVII/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, página 9, con el rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que los actos dentro del juicio tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o producen a las partes una afectación en grado predominante o superior. En congruencia con lo anterior, se concluye que el amparo indirecto es improcedente contra el desechamiento de la prueba pericial contable ofrecida por el quejoso sobre la contabilidad de su contraparte en el juicio natural, por tratarse de un acto procesal que no tiene una ejecución de imposible reparación, pues sus consecuencias no afectan de manera cierta e inmediata alguno de sus derechos sustantivos, ni producen una afectación a las partes en el juicio en grado predominante o superior, ya que sólo ocasiona que no se acumulen al acervo probatorio de ese juicio los resultados que pudiera arrojar el desahogo de la prueba respectiva, lo cual afecta únicamente derechos adjetivos que pueden repararse, pues si el oferente obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si le fuera desfavorable, podría reclamarla en amparo directo en términos de la fracción III del artículo 159 de la Ley de la materia, haciendo valer el desechamiento como violación procesal, en su caso.". De ahí, que el acto reclamado no afecta materialmente algún derecho sustantivo de la parte quejosa, en tanto que no genera efectos materiales sobre ella, sean de carácter real o personal, sino sólo la posibilidad de que pueda ocurrir al dictarse la sentencia o auto y/o resolución que ponga fin al juicio, en la medida en que influya para que el fallo sea adverso a sus intereses. En consecuencia al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda promovida por Ruth Ruiz Villanueva. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido de la secretaria Jazmín Nallely Martínez Ramírez, que da fe." Resolución que causó estado el seis de abril de dos mil dieciocho. Circunstancias que se corroboran al tener a la vista los autos del referido sumario; y resultan en hecho notorio para quien esto determina. Ahora, del escrito de demanda que aquí nos ocuopa, también se advierte que la quejosa señala como autoridad responsable, a la Primera Sala Civil de Toluca Estado de México; de lo que se coligue que la demanda que dio origen al juicio de amparo 417/2018-VI-B y con la que se da cuenta, se promueve contra la misma autoridad responsable y por el mismo acto reclamado. De lo hasta aquí expuesto, es evidente que el acto reclamado en el presente juicio, ha sido materia de reclamo en diverso juicio promovido por la misma impetrante de la protección constitucional, por lo que no puede ser impugnado en un juicio de amparo nuevo. En consecuencia, impera el principio de cosa juzgada que impide analizar nuevamente los actos reclamados y evitar sentencias contradictorias. En efecto, la cosa juzgada tiene por objeto, en términos generales, evitar la duplicidad de procedimientos cuando en el primero de ellos se resuelve una cuestión jurídica, y para que surta efectos en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto y aquel en que ésta sea invocada, concurran identidad de cosas, causas y personas de los litigantes, así como la calidad con que contendieron; lo cual acontece dentro del presente sumario. Sustenta el proceder, la tesis I.5o.P.1 K emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, cuyo rubro dice: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN QUE EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO (VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE).Si un juicio de amparo anterior resultó improcedente respecto del acto reclamado por estimarse que la demanda era extemporánea, y por ello se desechó y tal determinación adquirió firmeza por no haber sido recurrida, esa eventualidad aun tratándose de desechamiento de demanda hace inejercitable la acción de amparo si en una posterior demanda el quejoso reclama el mismo acto, pues si bien es cierto aquella determinación no constituye un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del acto reclamado, sí actualiza la cosa juzgada en términos del artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo vigente (a partir del tres de abril de dos mil trece), al existir un pronunciamiento firme e inamovible, cuyo contenido no puede desconocerse. Es aplicable también, la jurisprudencia visible en la página 34 del apéndice de 1995, Tomo VI, Quinta Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DERIVADOS DE OTROS RESUELTOS. El juicio de amparo es improcedente no sólo cuando se reclaman actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro amparo, sino cuando se reclaman actos que se derivan de los ya estudiados y resueltos en esa ejecutoria, siempre que se apeguen a su estricto cumplimiento." En consecuencia, se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XI de la Ley de Amparo; lo procedente es desechar la demanda que motivo el presente juicio de garantías 629/2018-II0-B. promovida por Ruth Ruiz Villanueva. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, en relación con el 29 de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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