Ruth Floriana Escamilla Ávila
Expediente 967/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/07/2017
Partes del expediente
- Ruth Floriana Escamilla Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintisiete de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Dicho cómputo sólo se realiza respecto a la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó el juicio y carece de relevancia documental; y, de depuración el original del incidente, pues, por un lado se negó y por el otro se concedió la medida cautelar, por ende glósese al presente. Una vez que transcurran seis meses de concluido, destrúyase el duplicado del incidente. Por otro lado, devuélvanse a las autoridades, las constancias que remitieron a este juicio, sin que sea necesario que acuse por su recibo por ser copias certificadas. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Erik Roberto Frías Guerrero, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/3267/2017, de cuatro de julio de dos mil diecisiete, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal; quien actúa, asistido de la secretaria María Guadalupe Saavedra Montaño, que da fe.
- Incidental
Toluca, Estado de México, diez de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el oficio de la autoridad que lo suscribe, mediante el cual hace del conocimiento que en sus archivos no localizó juicio de amparo que tenga relación con el acto reclamado en el presente sumario; de lo cual queda enterado este órgano de control constitucional. Igualmente, intégrese únicamente para que obre como corresponda el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; lo anterior, en virtud de que no tiene el carácter de autoridad responsable en el presente sumario, sino que, solamente se le requirieron las constancias que remite. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa. De las mismas, se advierte que en Acta Mínima de Audiencia para Resolver Suspensión Condicional del Proceso a Prueba de cuatro de julio anterior, la Jueza de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, decretó la suspensión condicional del proceso a prueba en autos de la carpeta administrativa 300/2013, precisando las condiciones que deberá cumplir la aquí quejosa; asimismo, señaló fecha para la audiencia de revisión de cumplimiento de obligaciones y sobreseimiento, en su caso. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria, al haber sido emitidas por funcionario en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento .". Ello es así, ya que el acto que tilda inconstitucional la parte quejosa es la resolución de trece de junio de dos mil diecisiete, dictada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Toluca, Estado de México, en el toca 240/2017, en la que se revocó el auto de no vinculación a proceso, emitido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en la carpeta administrativa 300/2013 de su índice; sin embargo, en Acta Mínima de Audiencia para Resolver Suspensión Condicional del Proceso a Prueba de cuatro de julio anterior, la mencionada Jueza de Control decretó la suspensión condicional del proceso a prueba, en la carpeta referida, precisando las condiciones que deberá cumplir la aquí quejosa; asimismo, señaló fecha para la audiencia de revisión de cumplimiento de obligaciones y sobreseimiento, en su caso; es decir, los efectos de la transgresión aducida fueron consentidos por la quejosa al aceptar las condiciones en base a las cuales se suspendió el procedimiento a prueba. Lo anterior, en virtud de que la finalidad que entraña la reforma constitucional de dieciocho de junio de dos mil ocho respecto a la justicia restaurativa, creando nuevos caminos de solución al establecer medios alternativos, tiene como prioridad restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena; por tanto, cuando las partes acceden a dicho mecanismo y suscriben un acuerdo reparatorio o a la suspensión del proceso a prueba, esa manifestación trae como consecuencia el consentimiento del acto reclamado; lo anterior, en virtud de que la voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales; esto es, uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que significa la libre aceptación de los hechos, o que al menos no se cuestionen, lo cual no es gratuito ya que para la efectiva solución se persigue un beneficio - reparar el daño causado -. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª/J.33/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014495, que es del rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional.". De ese modo, se encuentra plenamente demostrada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, toda vez que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél, y a su vez, este Juzgado Federal ha advertido que se actualizó la relativa a la fracción XIII del mismo; lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías 967/2017-VI-A, en cumplimiento del deber que impone la Ley de Amparo de estudiar con un orden preferente las causales de improcedencia por ser las mismas de orden público. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2833, Tomo CXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. El sobreseimiento puede dictarlo el juez en cualquier momento en que proceda, sin importar que se haya o no celebrado la audiencia, y eso no significa la indefensión del quejoso, porque se le dio entrada a la demanda." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha para la audiencia constitucional fijada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil diecisiete; háganse las anotaciones respectivas. Finalmente, hágase del conocimiento al Director de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que el requerimiento efectuado el seis de julio anterior queda sin efectos
- Principal
Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que ofrece, con las mismas, fórmese el anexo I. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la citada legislación, se tienen como delegados a quienes refiere. Por otro lado, requiérase al Director de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que por su conducto, el fiscal que haya conocido de la carpeta de investigación que dio origen a la diversa administrativa 300/2013 del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo de tres días, remita copia certificada, legible y completa de aquella Se apercibe a la autoridad requerida, que de no hacer lo indicado, o de no informar lo conducente se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese el informe justificado rendido por la autoridad que lo suscribe; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas las que ofrece, con las mismas, fórmese el anexo I. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la citada legislación, se tienen como delegados a quienes refiere. Por otro lado, requiérase al Director de Litigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que por su conducto, el fiscal que haya conocido de la carpeta de investigación que dio origen a la diversa administrativa 300/2013 del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tenango del Valle, Estado de México, en un plazo de tres días, remita copia certificada, legible y completa de aquella Se apercibe a la autoridad requerida, que de no hacer lo indicado, o de no informar lo conducente se le impondrá a la persona física que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
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