Ruth Franco Wong
Expediente 75/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 75/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ruth Franco Wong
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el proveído que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 81 fracción I inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2, se declara que el citado proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agréguese el cuadernillo original del incidente de suspensión. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que el quince de abril de dos mil diecinueve, se determinó la imposibilidad de emplazar al tercero interesado *******, una vez agotada la investigación de su domicilio, se ordenó efectuar su llamamiento a juicio por medio de edictos a costa de la quejosa y se le concedió un término de veinte días para recoger los edictos, entregarlos para su publicación, pagar por ello y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega, sin que a la fecha se haya presentado a recogerlos; en tal virtud, se acuerda: RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el ocho de febrero de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y remitido a este juzgado el once del mismo mes y año, ******* promovió juicio de amparo contra el Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, a quien le reclamó: IV.- Acto de autoridad: - La cancelación de la inscripción ******* folios ******* libro ******* de la Sección *******. - La inscripción del Instrumento Público número *******, volumen ******* otorgado en Torreón, Coahuila, el día 4 de abril de 2016 en la Notaría Pública Número ******* cuyo titular es el (la) licenciado ******* misma que obra a inscripción *******, folio *******, libro ******* de la Sección *******. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado al libelo constitucional. Por razón de turno le correspondió conocer de la demanda signada por el quejoso a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua; la que en auto de doce de febrero de dos mil diecinueve, se registró bajo el número 75/2019-I-1; se ordenó formar expediente, se admitió a trámite; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se ordenó emplazar a la parte tercero interesada, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se encuentra fijada para las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, de la Constitución Federal, 35 de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la impetrante reclamó del Registro Público de la Propiedad del distrito judicial Bravos la cancelación de la escritura *******, folio *******, libro *******, de la sección ******* y la inscripción del documento público número *******, volumen *******, otorgado en Torreón, Coahuila el cuatro de abril de dos mil dieciséis en la Notaría Pública número Nueve, misma que obra a inscripción *******, folio *******, *******, de la sección *******. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le atribuyen. Además, el Jefe del Registro Público de la Propiedad el distrito judicial Bravos anexó copia certifica de la inscripción *******, folio *******, libro *******, de la sección ******* y de la inscripción *******, folio *******, libro *******, de la sección *******, probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por el quejoso es constitucional o no. Es decir, que la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo abordar el estudio del fondo de la constitucionalidad de los actos reclamados, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa que de oficio se estima acreditada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso que nos ocupa se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable las causas de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII y de sobreseimiento prevista en el artículo 63 fracción II, en relación con los diversos numerales 27, fracción III, inciso b) y 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disponen: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso. [.] 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (...) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Del referido artículo 27, se infiere lo siguiente: a) El emplazamiento a juicio del tercero interesado se hará mediante notificación personal. b) Cuando no conste en autos el domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentara así y dará cuenta al Juez o a la autoridad que conozca del asunto. c) Los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deberán dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio del tercero interesado. d) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. En este sentido, resulta evidente que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el tercero interesado, lo cual tiene que ser mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Se llega al convencimiento que el emplazamiento a la parte tercero interesada por edictos está condicionado a que el promovente del amparo los recoja en el juzgado, pague su publicación y exhiba ésta para constancia del debido emplazamiento. Además, las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar la esfera jurídica de la parte tercero interesada, por lo que, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un presupuesto procesal. De manera que, si no se logra el llamamiento a juicio por la conducta desplegada por la parte quejosa, como en el caso, que no comparecieron ante este Juzgado a recoger los edictos que se para lograr dicho fin, impide el pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, dado que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado *******, contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto. Sin que tal paralización sea atribuible al órgano jurisdiccional, sino a la propia parte peticionaria del amparo, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto constitucional. En el caso, tomando en consideración, que el quince de abril de dos mil diecinueve, una vez que se agotó la investigación de los domicilios del tercero interesado *******, se determinó la imposibilidad de emplazarlo a juicio, ordenándose que se efectuara por medio de edictos que se dejaron a disposición de la parte quejosa por el plazo de veinte días, sin que la parte quejosa se presentará a este órgano jurisdiccional a recoger los edictos, por lo que, se entiende como desinterés de la accionante para continuar con el trámite del presente juicio constitucional. Tal incumplimiento del peticionario del amparo genera la paralización del procedimiento a su arbitrio, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, porque entorpece la administración de la justicia al retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible a este órgano de control constitucional, sino al propio promovente, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela citado precepto constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicio se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes. Sin que sea obstáculo a lo anteriormente dicho el contenido de la jurisprudencia 108/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, agosto de dos mil diez, Materia Común, que se consulta en la página 416, de rubro y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Como puede observarse del contenido del criterio que se cita, la Segunda Sala del Máximo Tribunal ha estimado que en caso de que el quejoso comparezca a manifestar su imposibilidad para cubrir el gasto de los edictos y en autos existan indicios suficientes que demuestren que no tiene tal capacidad económica, podrá determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar a la parte tercero interesada. Sin embargo, en los autos del expediente en que se actúa, el quejoso fue omiso en manifestar directamente ante este juzgador su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y en exhibir las pruebas con las que acreditara que no tiene capacidad económica para sufragar dicho gasto. Por ende, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de quince de abril de dos mil diecinueve, y al actualizarse de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con sujeción a lo normado por el imperativo 63, fracción II, del ordenamiento en cita. Esto, conforme a la jurisprudencia 10/2003, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 386, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 184572, cuyo tenor literal es el siguiente SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve, por actualizarse la causal de sobreseimiento anotada en líneas precedentes. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción III, 27, fracción III, inciso b), 61 fracción XXIII y 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de amparo 75/2019-I-1 promovido por *******, de conformidad con lo plasmado en el considerando cuarto de esta determinación, consecuentemente, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos se advierte que en auto de quince de abril de los corrientes, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado ********************, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y que se encuentra transcurriendo el plazo de veinte días, otorgado a la parte quejosa para que se apersone a recogerlos, entregarlos para su publicación, pagar por ello y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega. Consecuentemente, existe imposibilidad para llevar a cabo la audiencia constitucional fijada para esta fecha, por lo que se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del treinta de mayo de dos mil diecinueve, para tal efecto, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a la parte quejosa del acuerdo de quince de abril de dos mil diecinueve que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la constancia de doce de abril del año en curso, asentada por el actuario adscrito a este juzgado federal, en la que manifiesta la imposibilidad de notificar al tercero interesado *********, al presente asunto, por las razones que expone. Asimismo, del estado de autos se desprende que en auto de dos de abril del año en curso, se ordenó la investigación de un domicilio del tercero interesado, para lo cual se giró oficio a Teléfonos de México, Instituto Mexicano del Seguro Social, Registro Público de la Propiedad, Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Administrador Desconcentrado de Recaudación en Chihuahua "2" y Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional de Electores, (foja 66), autoridades de las cuales solamente la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y el Encargado del Despacho de la Vocalía del Registro Federal de Electores, informaron domicilios en los que no se pudo lograr el referido emplazamiento. Atento a lo anterior, lo procedente es ordenar el emplazamiento del tercero interesado ***********por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que deberán publicarse por tres veces, de siete en siete días hábiles, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la República Mexicana. Haciéndole saber al tercero interesado que deberá presentarse dentro del término de treinta días contados a partir del día siguiente al de la última publicación, fijándose además en la puerta de este juzgado una copia íntegra de este proveído por todo el tiempo del emplazamiento, apercibiéndolo de que si pasado ese término no comparece a este juzgado, las ulteriores notificaciones se le harán por medio de lista, que se fijará en las puertas de este juzgado Lo anterior con apoyo en lo dispuesto en el Artículo 27, fracción III, b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, y el numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada Ley. En tal virtud, hágasele entrega de los citados edictos a la parte quejosa para los efectos de su publicación. Se apercibe a la parte quejosa, que de no recoger los edictos, entregarlos para su publicación, pagar por ello y acreditar ante este órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos), dentro del plazo de veinte días computados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo; o bien, demostrar la incapacidad económica que tenga para tal efecto, ello dará lugar al sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Lo anterior de conformidad con dispuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 108/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 416, Tomo XXXII, Agosto de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época y número de registro 164074, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Asimismo, apoya lo anterior la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 27/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Décima Época y número de registro 2009915, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada*********. Doy fe.
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