Rusbel Jímenez Miguel y Otros.
Expediente 942/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Elí Ortíz Roque y Otros.
- Rusbel Jímenez Miguel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de seis de enero del año en curso, en la cual se sobreseyó y se negó el amparo en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción III del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA A LA TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE SEIS DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de enero de dos mil diecisiete. Vistos los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 942/2016-II, promovido por ******* y *******, contra actos del Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez. RESULTANDO Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito el veinte de mayo de dos mil dieciséis, y turnado a este juzgado el mismo día, ******* y ******* demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez y otra autoridad, que hicieron consistir en la resolución incidental de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, que declaró improcedente la solicitud formulada incidentalmente por los sentenciados, relativo al descuento de un tercio de la pena que les fue impuesta en sentencia. Segundo. Derechos humanos que la parte quejosa estimó vulnerados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 1, 14, 16, 17, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de siete de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se ordenó dar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; y, por último, se fijaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto emitido por una autoridad jurisdiccional que tiene competencia dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se deduce que el quejoso reclama de ambas autoridades responsables, lo siguiente: La resolución incidental de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, que declaró improcedente el incidente promovido por los sentenciados, en el que solicitaron el descuento de un tercio de la pena que les fue impuesta en sentencia. Para la fijación del acto se atiende a la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del siguiente rubro y texto: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial bravos negó la existencia del acto que se le atribuyó, sin que la parte quejosa ofreciera prueba que desvirtuara tal negativas y, por el contrario, de autos se advierte que la resolución de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******, en la que se declaró improcedente el incidente en el que solicitaron el descuento de un tercio de la pena que les fue impuesta en sentencia, fue emitida por el Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez y no por el referido Juez de Control; de ahí su inexistencia. Por tanto, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; [.] Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de ejecución *******, relativa a la causa penal *******, de la que se advierte que el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, dictó la resolución incidental reclamada; constancias que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y por lo tanto son aptas para demostrar fehacientemente la existencia del acto reclamado. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a los documentos descritos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, que dice: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia que deban ser analizadas, ni este juzgador advierte que se actualicen; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, de mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, del rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen constitucional de la resolución incidental reclamada. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. Como cuestión previa, conviene relatar los antecedentes relevantes que dieron origen al presente juicio y que se deducen de las actuaciones y constancias que remitió la autoridad responsable, los cuales son los siguientes: 1. El diecisiete de septiembre de dos mil catorce, el Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos, consideró que los ahora quejosos y otros, resultaban penalmente responsables del delito de robo con penalidad agravada, cometido en perjuicio de diversas personas morales. 2. En razón de lo anterior, se les impuso una pena de prisión de cinco años y seis meses; en esa sentencia, se precisó que la pena privativa de libertad empezaría a computarse a partir del veintidós de diciembre de dos mil trece. De la misma manera, se les condenó al pago solidario de la reparación del daño. Conviene destacar que en esa resolución se les negó el beneficio de la condena condicional. 3. Mediante determinación de dos de octubre de dos mil catorce, dictada dentro de la causa penal *******, la sentencia de primera instancia causó ejecutoria. 4. El trece de febrero de dos mil quince, se inició el procedimiento de ejecución penal, lo que originó el inició de la carpeta de ejecución *******, para el cumplimiento de las sanciones impuestas de conformidad a la sentencia definitiva. 5. En el auto indicado en el punto que precede, se señaló como fecha probable de compurgación de la pena el veintidós de junio de dos mil diecinueve. 6. El diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, los aquí quejosos solicitaron el descuento de un tercio de la pena a que se refiere el último párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal del Estado, al considerar que no se los concedió el Juez de Garantía, ahora Juez de Control. 7. En la carpeta de ejecución citada, el veintidós de septiembre de dos mil dieciséis se convocó a la audiencia en que se resolvería la incidencia planteada, la cual se celebró el veintiuno de octubre del mismo año, en la que el Juez de Ejecución consideró, entre otros aspectos, lo siguiente: [.] Es oportuno señalar en primer término, que la solicitud de los sentenciados estriba en que no se les hizo efectiva la aplicación de una pena inferior hasta en un tercio de la mínima señalada por el delito de la cual acusa, esto a solicitud del Ministerio Público en el llamado Procedimiento Abreviado. Luego, en segundo lugar -como ya se vio- la sentencia de fecha diecisiete de septiembre de dos mil catorce en la cual fueron condenados los hoy peticionarios causó ejecutoria o estado, es decir adquirió el carácter de cosa juzgada el dos de octubre de dos mil catorce en razón de que no se interpuso -en este caso- el recurso de apelación que era el medio impugnativo procedente contra esta resolución en caso de que hubiere inconformidad, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 414 en su fracción IV del Código Procesal Penal del Estado aplicable a estos hechos. Consecuentemente al haber causado ejecutoria la presente determinación este Tribunal en términos de los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Ejecución de penas y Medidas Judiciales integró la respectiva carpeta de ejecución asignándole el número 101/15, lo anterior a fin de vigilar el respeto de las finalidades constitucionales y legales de la pena impuesta, lo cual dio inicio en fecha trece de febrero de dos mil quince. Por otro lado el numeral 12 de la Ley en comento y no el 13 como lo señala el Órgano Técnico describe cuales son las atribuciones del Juez de Ejecución de Penas y que se enumeran a lo largo de sus doce fracciones, entre las cuales podemos destacar y que pudiera tener relación con la petición de los sentenciados, esto derivado de una indebida interpretación, la establecida en la fracción III que señala -entre otras- la de modificar la pena y las medidas de seguridad. Atribución que se encuentra estrictamente ligada con aquellos beneficios que pueden dar pauta a que la misma se actualice, nos referimos a los beneficios de libertad anticipada que de manera clara fueron enumerados en el artículo 65 bis de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales y que son definidos como aquellos otorgados por la autoridad ejecutora cuando el sentenciado reúna los requisitos establecidos legalmente a cada modalidad, a saber: I.- Tratamiento preliberacional, II.- Libertad preparatoria, III.- Remisión parcial de la pena, IV.- Ingreso al programa de monitoreo. O bien al concederse el sustitutivo de la pena de prisión, ya sea por multa o por trabajo a favor de la comunicad -lo que implica una modificación de la pena de prisión- en términos de los artículos 104, 104-a y 104-b de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales en vía incidental en la etapa de ejecución. En base a lo anterior podemos establecer -al no encontrarse la petición formulada por los sentenciados dentro de las atribuciones de los Jueces de Ejecución- llámese "el descuento del tercio de la pena a que se refiere el último párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal del Estado". Pues como pudimos advertir, se trata de una petición del agente del Ministerio Público durante la etapa del procedimiento abreviado (y no en la etapa a la ejecución de la pena), es decir previo a la emisión de la sentencia condenatoria y que dicho sea de paso -en el presente asunto- causó ejecutoria el dos de octubre del año dos mil catorce. Por ende y en base a los antecedentes señalados podemos establecer se actualiza la disposición contenida en el artículo 81 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales que establece lo siguiente: ".Las peticiones que conforme a lo dispuesto por esta Ley sean notoriamente improcedentes serán resueltas de inmediato y notificadas al interesado y a la Fiscalía." Por lo que la petición de los sentenciados y su Defensora en cuanto a el descuento del tercio de la pena a que se refiere el último párrafo del artículo 388 del Código Procesal Penal del Estado en razón de que el mismo no le fue concedido por el Juez de Garantía, ahora Juez de Control (tal y como inicialmente lo precisó la Representación Social) resulta notoriamente improcedente. [.] Sobre la base de esas consideraciones, la autoridad responsable concluyó con los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. RESULTA IMPROCEDENTE la petición de los sentenciados RUSBEL JIMENEZ MIGUEL y ELI ORTIZ ROQUE, en virtud de que este Tribunal Ejecutor carece de las atribuciones para resolver lo peticionado dentro de la causa penal 2815/13, carpeta de ejecución 101/2015, como lo establece el artículo 12 de la Ley de Ejecuciones y Medidas Judiciales. SEGUNDO. Se hace del conocimiento de los intervinientes que la presente resolución no es apelable en términos del artículo 14 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. TERCERO. Gírese atento oficio a la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales para los efectos legales a que haya lugar. 8. No conformes con el sentido de esa resolución, los sentenciados formularon la demanda de amparo que dio origen a este asunto. En el capítulo de conceptos de violación aducen, en esencia, que: a) En términos de los artículos 1° de la Constitución General de la República y 12, fracciones III y X, de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, en aplicación de una interpretación más favorable al gobernado, el Juez de ejecución de penas tiene facultades para reparar la violación que se cometió en la sentencia que les impuso la pena que compurgan, esto es, de descontar el tercio de ésta, como ocurrió respecto de diversos coautores del delito, en diverso fallo dictado por el Juez de proceso. b) El Juez responsable lesionó sus derechos al no reparar la violación de sus defensas, debido a que el descuento de la pena de prisión que les fue impuesta, sí se realizó con diverso sentenciado y a ellos se les negó el otorgamiento de tal beneficio, lo cual transgrede el principio de igualdad, pues derivan de los mismos hechos. Los conceptos de violación expresados son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Al respecto, los artículos 10, 11 y 12 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, que es la base jurídica de la resolución reclamada, establecen lo siguiente: 11. Jueces de Ejecución de Penas. Los Jueces de Ejecución de Penas en el Estado, actuarán en el Distrito Judicial correspondiente, con la posibilidad de prorrogar su jurisdicción a otros distritos, de conformidad con las disposiciones generales que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado dicte, en los términos de las facultades otorgadas al Pleno en la Ley Orgánica respectiva. 12. Atribuciones del Juez de Ejecución de Penas. El Juez de Ejecución de Penas vigilará el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Podrán hacer comparecer ante sí a los condenados o a los servidores públicos del Sistema, con fines de vigilancia y control de la ejecución. El Juez de Ejecución de Penas tendrá las siguientes atribuciones: Controlar que la ejecución de toda pena o medida de seguridad, se realice de conformidad con la sentencia definitiva que la impuso, garantizando la legalidad y demás derechos y garantías que asisten al condenado durante la ejecución de las mismas; Derogada; Mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley; Resolver el otorgamiento o denegación de cualquier beneficio relacionado con las penas o medidas de seguridad impuestas en la sentencia definitiva; Librar las órdenes de detención que procedan en ejecución de sentencia; Ordenar la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia; Derogada; Resolver las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario, en cuanto afecten sus derechos y beneficios; Atender los reclamos que formulen los internos sobre sanciones disciplinarias, previo informe de la autoridad responsable y formular a esta última, en su caso, las recomendaciones que estime convenientes; y Los Jueces de Ejecución de Penas deberán resolver en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva; Practicar el cómputo de las penas, así como su acumulación en los términos previstos en el artículo 59 de esta Ley, basado en los informes que al efecto rinda la Fiscalía; y Las demás atribuciones que esta Ley y otros ordenamientos le asignen. 13. Resoluciones del Juez de Ejecución de Penas. Para emitir sus resoluciones, los Jueces de Ejecución de Penas se ajustarán a las normas procesales siguientes: I. Tratándose de pena o medida de seguridad impuesta por sentencia definitiva que haya causado ejecutoria, al recibir copia certificada de ésta, dará inicio al procedimiento de ejecución penal, realizando la notificación a la autoridad administrativa correspondiente, al sentenciado, a su defensor y al Ministerio Público. II. Las notificaciones y los actos procesales relativos a los medios de prueba, en el procedimiento de ejecución penal, se ajustará a las directrices generales que se contienen en el Código de Procedimientos, salvo en el caso de oponerse a la presente Ley. De la interpretación de los preceptos transcritos, en lo conducente, se deduce que a los Jueces de Ejecución de Penas en el Estado de Chihuahua les corresponde vigilar el respeto a las finalidades constitucionales y legales de la pena y de las medidas de seguridad. Para el cumplimiento de esas finalidades, el Legislador Estatal los dotó de ciertas facultades, entre ellas, la de controlar que la ejecución de toda pena o medida de seguridad, se realice de conformidad con la sentencia definitiva que se impuso al sentenciado; mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la pena y las medidas de seguridad, así como las condiciones de su cumplimiento, en los términos de la presente Ley; ordenar la cesación de la pena o medida de seguridad una vez transcurrido el plazo fijado por la sentencia; así como resolver en audiencia oral, todas las peticiones o planteamientos de las partes, relativos a la revocación de cualquier beneficio concedido a los sentenciados por cualquier autoridad jurisdiccional, y en aquellos casos en que deba resolverse sobre libertad anticipada, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena o libertad definitiva; entre otras. En la especie, el reclamo esencial de los quejosos radica en que el Juez de Control lesionó sus derechos porque, desde su perspectiva, sí se encuentra facultado para otorgarles la reducción de un tercio de la pena que les corresponde al haberse acogido a un procedimiento abreviado y con ello modificar la sentencia condenatoria, que se dictó en la causa penal que se les instruyó por la comisión del delito de robo calificado; sin embargo, adversamente a lo que aducen los impetrantes, su argumento toral es infundado. En efecto, como se precisó en líneas previas, unas de las facultades que el Legislador Estatal confirió a los Jueces de Ejecución de Penas es la de controlar que la ejecución de toda pena o medida de seguridad, se realice de conformidad con la sentencia definitiva que se impuso al sentenciado. Lo anterior obedece a que el respeto a las consecuencias de la cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, según lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 85/2008, de rubro: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.". Ahora, el procedimiento de ejecución de toda sentencia tiene como finalidad que el Juez vigile el exacto cumplimiento de lo que se determinó en el fallo definitivo; por ende, debe entenderse que la actividad del Juez no puede ir más allá de lo establecido en una sentencia definitiva que ha adquirido firmeza, porque la materia del juicio (cosa juzgada) ya fue resuelta, tal como lo constituye el otorgamiento de un beneficio procesal por haber acogido al procedimiento abreviado. En esa medida, las resoluciones que se dictan con posterioridad a la emisión de una sentencia condenatoria que adquirió firmeza, no pueden generar derechos diferentes a los efectivamente declarados en las consideraciones de la sentencia firme, porque ello equivaldría a inobservar la autoridad de la cosa juzgada, como principio esencial de la seguridad jurídica, lo cual resultaría contrario a los principios constitucionales que rigen el proceso, sin que obste para ello la obligación de realizar una interpretación pro persona en la aplicación de las leyes penales. Así se sostiene, pues si bien es cierto que el nuevo marco jurídico de nuestro país privilegia los principios y derechos humanos previstos no sólo en los instrumentos internaciones suscritos y ratificados por México, sino también inmersos en la máxima normativa nacional, en especial, el pro persona; también lo es que, en la especie, dicha circunstancia se debe ponderar con la observancia estricta del principio de cosa juzgada, igualmente previsto en los mismos documentos; adicionalmente, no se debe soslayar que este último principio se encuentra indisoluble e inexorablemente vinculado con el diverso de seguridad jurídica, con lo que dicho principio de cosa juzgada, aunado al de seguridad jurídica, en la especie, constituyen el binomio preponderante. No debe perderse de vista que, en el caso, la aplicabilidad del principio pro persona que implícitamente solicitan los quejosos, resulta individual y casuística; en cambio, el binomio cosa juzgada y seguridad jurídica es de orden público, de análisis oficioso, de aplicación general y erga omnes -sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como a todas las autoridades-; por ende, éste debe prevalecer sobre el principio pro persona. Sostener lo contrario significaría conculcar el régimen establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada emerge en una sentencia obtenida del auténtico proceso judicial, en el que se hayan seguido las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, lo que dota a las partes en litigio, de seguridad y certeza jurídica; aunado a ello, tal figura procesal, también se encuentra prevista en el artículo 17, párrafo sexto, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los Tribunales Federales y la debida ejecución de sus resoluciones, porque esta ejecución íntegra únicamente se logra en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, previsto en el párrafo segundo del citado artículo 17 constitucional, pues dentro de esta prerrogativa, se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales diriman los conflictos, sino que también se garantice la ejecución de sus fallos. Debe hacerse hincapié, en que la aplicación del principio pro persona no implica desconocer la autoridad de cosa juzgada, ni que se soslayen los requisitos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones o recursos, toda vez que para la correcta y funcional administración de justicia y efectiva protección de los derechos de las personas en general, no sólo de los justiciables, el Estado debe establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los medios de defensa, los cuales no pueden ser superados o inobservados por regla general, con la invocación del principio pro persona; es decir, éste no justifica hacer procedente un recurso o viable un nuevo juicio que no lo es. Así, la interpretación más favorable a la persona, no autoriza que el juzgador deje de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia, sino que el nuevo contexto únicamente conlleva a que, en caso de que en los instrumentos internacionales exista cierta protección más benéfica para el justiciable, se aplique; sin embargo, no significa que dejen de observarse los principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia y cosa juzgada. Aunado a ello, esta interpretación respeta la ley procesal penal del Estado, cuyos artículos 41 y 414, fracción IV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, el recurso procedente contra la sentencia definitiva dictada por el Juez de Garantía, a saber: Artículo 41. Resolución firme. Las resoluciones judiciales quedarán firmes y serán ejecutables, sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean oportunamente recurridas. 414. Resoluciones apelables. Serán apelables las siguientes resoluciones dictadas por el Juez de Garantía: [.] IV. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado; [.] Esta transcripción evidencia, como ya ha sido precisado, que el principio de cosa juzgada constituye un supuesto normativo que protege los mecanismos de acceso a la justicia y de seguridad jurídica, para garantizar con certeza la correcta y funcional administración de justicia, así como la efectiva protección de los derechos de las personas, por lo resuelto en los juicios que hayan causado ejecutoria, así como en las diversas sentencias que cuenten con la misma hipótesis. Así, todos aquellos aspectos que debieron ser materia de estudio en una sentencia contra la que no se promovió algún medio de defensa oportunamente, constituyen cosa juzgada, sin que ello atente contra el contenido del artículo 1º constitucional, sobre el acceso a la reparación de algunos de sus derechos humanos que estima violentados, pues la circunstancia de que los quejosos aleguen que no se les otorgó la reducción de un tercio de la pena que les correspondería en la sentencia condenatoria que se les impuso, a diferencia de diverso imputado por los mismos hechos, no puede ser analizado una vez que la sentencia condenatorio adquirió firmeza. Lo anterior, porque si bien la reforma al artículo 1o. constitucional y la incorporación a nuestro sistema jurídico con rango constitucional de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México forma Parte, de conformidad con el diverso 133 del mismo ordenamiento, no lleva a sostener que el Juez de ejecución de penas revise las decisiones emitidas por el Juez de Garantía o de Tribunal Oral que hayan emitido la sentencia cuyo cumplimiento vigilan, pues tales determinaciones son inmutables por virtud de la autoridad de la cosa juzgada, lo que atiende a una necesidad operativa, ya que permite que el sistema cumpla con la función de salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial, igualitario y dotado de certeza jurídica, lo que abona al orden y a la paz social. No se soslaya que el artículo 1o. constitucional obliga a toda autoridad, en el ámbito de su competencia, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, pero no implica que puedan dejar de observarse los mecanismos jurisdiccionales previstos en el orden interno de los Estados para impugnar los actos de autoridad que pudieran considerarse violatorios de derechos humanos. Tampoco es inadvertido para quien resuelve que la fracción III, del artículo 12 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua establece como facultades del Juez de ejecución de penas las de mantener, sustituir, modificar, revocar o hacer cesar la pena, entre otras; sin embargo, esa facultad legal es de carácter excepcional y sólo en los casos expresamente señalados en la esa Legislación, tales como el beneficio de libertad anticipada, a través de las figuras que prevé el artículo 65 Bis de la citada Legislación, tales como el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena, y el ingreso al programa de monitoreo electrónico; sin embargo, lo que solicitaron los impetrantes es que se les otorgue un beneficio procesal que debió otorgarse, en su caso, en la sentencia definitiva; por ende, la etapa de ejecución no es el momento procesal en que ello debió ocurrir. En tal orden de ideas, si los ahora quejosos no impugnaron el quantum de la pena que les fue impuesta en la sentencia en la que se les condenó, esa determinación quedó incólume y, por ende, el Juez de ejecución de penas no puede variarla en el sentido pretendido por los impetrantes, al constituir cosa juzgada y carecer de facultades legales para variar el sentido de esa determinación; de ahí que sean infundados los argumentos que se expresan en la demanda de amparo. Apoya las anteriores consideraciones, por identidad jurídica, la jurisprudencia PC.I.P. J/25 P (10a.), aprobada por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo III, materia común, página 1631, del siguiente tenor: INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE SEGURIDAD JURÍDICA, ES INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 20/2014 (10a.) DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA REINDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN, SI YA EXISTE SENTENCIA EJECUTORIA. Cuando el quejoso pretende la reindividualización de las sanciones que le fueron impuestas en una sentencia ejecutoria, con sustento en que se deje de considerar el dictamen pericial para conocer su personalidad, con fundamento en la jurisprudencia 1a./J. 20/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de marzo de 2014 a las 9:53 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, página 376, de aplicación obligatoria a partir del martes 18 de marzo de 2014, de título y subtítulo: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA TRATÁNDOSE DE DELITO NO CULPOSO. EL JUZGADOR NO DEBE TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS DICTÁMENES PERICIALES TENDENTES A CONOCER LA PERSONALIDAD DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL) [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 175/2007].", el juzgador no puede atender la petición relativa, ya que transgrediría el binomio fundamental de cosa juzgada y de seguridad jurídica, que es de orden público, de estudio oficioso y de aplicación general con efectos erga omnes -para los sentenciados, víctimas, ofendidos, terceros interesados o extraños al juicio, así como para todas las autoridades-, los cuales no pueden ser superados o inobservados por el diverso axioma de interpretación más favorable a la persona. En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por los quejosos, sin advertir deficiencia de la queja que suplir de oficio a su favor, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo anteriormente expuesto y fundado con apoyo en los artículos 76, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se Resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ******* y *******, en los términos indicados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* y *******, contra el acto del Juez Tercero de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en Ciudad Juárez, consistente en la resolución incidental pronunciada el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, en el cuaderno de ejecución *******, relativo a la causa penal *******. Notifíquese, personalmente. Así lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe licenciado *******, hoy seis de enero de dos mil diecisiete, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; cinco de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el informe justificado de la Juez Tercero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, no fue rendido con la anticipación a que alude el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, con la finalidad de que las partes de impongan al contenido del informe en mención y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen pertinentes para desvirtuarlo. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia P./J. 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la pagina5, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.
- Principal
Vista la razón del actuario se hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar y emplazar por medio de lista a la parte tercero interesada del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis que dice: Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos para que obren como corresponda, el informe justificado signado por el Juez Tercero de Ejecución de Penas del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; así como con la documental que acompañó al mismo, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, tal como lo disponen los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con el disco compacto remitido por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Por último, toda vez que de las constancias que acompañó a su informe justificado la autoridad responsable se advierte que las tercero interesadas Banco Azteca, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple y Elektra del Milenio, Sociedad Anónima de Capital Variable, tienen su domicilio Avenida 16 de Septiembre número 179, Zona Centro, por tanto, se ordena se constituya el Actuario de la adscripción, en dicho domicilio, y en términos del artículo 115 de la Ley de la materia, con copia de la demanda de amparo, corra traslado a las citadas tercero interesadas, enterándola de la fecha y hora programada para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil dieciséis). Notifíquese, y personalmente a las partes quejosa y tercero interesada. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado EMILIANO LÓPEZ PEDRAZA, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Armando Guadarrama Bautista . Doy fe. cnv
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