Ruth Edith Michel Jaime
Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 277/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Ruth Edith Michel Jaime
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 277/2023; promovido por Ruth Edith Michel Jaime, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje fe los Trabajadores al Servicio Del Estado y De Los Municipios; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito residentes en esta ciudad, recibido en este juzgado el mismo día, compareció Ruth Edith Michel Jaime, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, por considerarla violatoria de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: LA TARDANZA Y OMISIÓN POR PARTE DEL H. TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN YARBITRAJE PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y DE LOS MUNICIPIOS PARA EMTIR EL ACUERDO PARA DESAHOGAR LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES, dentro del expediente laboral 1003/M/2021." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 277/2023; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias allegadas por la autoridad responsable con su informe justificado, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de emitir el acuerdo admisorio de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral 1003/M/2021. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado manifestó que es cierto el acto que se le atribuye; sin embargo, refiere que el trece de marzo de dos mil veintitrés, dictó el acuerdo admisorio de pruebas solicitado, mismo que se encuentra en vías de ser debidamente notificado a las partes. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que la autoridad responsable se pronunció sobre las pruebas ofrecidas por la parte actora y demandada, dentro de los autos del expediente laboral número 1003/M/2021, ordenando su respectiva notificación a las partes de manera personal. En esa virtud, es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado, consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, con residencia en esta ciudad, de emitir acuerdo admisorio de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral número 1003/M/2021; pues la pretensión de la parte actora era constreñir a la responsable para que se pronunciara sobre las pruebas ofrecidas por las partes, lo que en la especie aconteció, actualizándose en consecuencia, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Finalmente conviene precisar que los criterios que se citan en esta resolución, son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Ruth Edith Michel Jaime, contra el acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios, ambos con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese personalmente.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y los municipios, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Notifíquese.
- Principal
agréguense a estos autos para que obren como corresponda los escritos signados electrónicamente por Julio Cesar Aranda Contreras, autorizado de la parte quejosa, respecto a su contenido dígasele que se esté a lo acordado mediante proveído de seis de marzo del año en curso, en el que precisamente se le otorgó acceso al expediente electrónico con el usuario proporcionado. No obstante lo anterior, en caso de existir alguna problemática, se proporciona el siguiente número telefónico 8343183900, extensión 1175 y correo electrónico 1jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, al que podrá comunicarse en un horario de lunes a viernes, de 9:30 a 14:30 horas. Notifíquese.
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