Rusbel García Leal
Expediente 2166/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2166/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Departamento Comercial de Cfe Suministrador de Servicios Basicos Zona Victoria, Ciudad
- Rusbel García Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, el que contiene inserta la ejecutoria correspondiente a la sesión de dos de marzo e dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja administrativa 23/2023, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "PRIMERO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por Rusbel García Leal, contra el auto de nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, en el juicio de amparo indirecto 2166/2022. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido." Acúsese recibo de estilo correspondiente. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, comunica que se admite el recurso de queja con número 26/2023.
- Principal
agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda la boleta de turno enviada por la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, de la que se desprende, que el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del acuerdo de nueve de los en curso dictado dentro del presente asunto fue turnada al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad. En tal virtud, se exhorta a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice la vinculación correspondiente, para hacer visibles las constancias respectivas al Tribunal de Alzada. Notifíquese electrónicamente a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por el quejoso Rusbel García Leal, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, realiza la manifestación bajo protesta los hechos y abstenciones de los antecedentes que sirven de fundamento a los conceptos de violación en su demanda de garantías. ********************En atención a lo anterior, en tiempo se tiene a la promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia.********************Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable.********************Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda.********************Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."********************Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el oficio número 003/2022 expedido por el Departamento Comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Victoria, así como la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, que establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.".********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************[.]******************** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."********************"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.".********************Lo anterior es así, porque existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, como en el caso.********************En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó lo siguiente: ********************"Del contenido integral de la normatividad de que se trata se advierte la posibilidad de dos interpretaciones, a saber:********************a) En una interpretación literal se consideran, en estrictos términos, normas que rigen el contrato de suministro básico de energía. ********************b) La interpretación teleológica, con base en la exposición de motivos previamente referida, lleva a estimar que se está en presencia de "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado. ********************Esta Sala se decanta por la segunda de ellas, toda vez que el Legislador no expresó intención de establecer tareas específicas a realizar por las empresas productivas del Estado más allá del cumplimiento de su objeto, salvo el mandato del poder reformador de generar valor económico. La Ley tampoco establece requisitos y procedimientos que se deban seguir al interior de las mismas para realizar sus actividades. ********************Por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. ********************Dicho régimen especial exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. ********************Además, los estatutos sociales de la empresa productiva del Estado (CFE), no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y, las bases para la organización empresarial de CFE, pero se insiste, no regula la relación de esa suministradora con los particulares. De ahí que, su organización interna se reserva a la regulación que emitan sus Consejos de Administración, modificables conforme a sus propias necesidades, que contienen las reglas que pueden influir en la estrategia empresarial y en sus decisiones de negocios, como cuestiones que definen acorde a sus necesidades operativas, fortalezas, debilidades y oportunidades de inversión. ********************A su vez, la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Para lo cual generó un marco legal adecuado y transparente que permite que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. ********************La intervención del Estado en ese sentido consiste en asegurar, regular y controlar su prestación a través de las instituciones encargadas del sistema eléctrico nacional, ya mediante los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía; o bien, por la operadora Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Por ejemplo, al establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores, al fiscalizar que el contrato de adhesión no someta arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, al verificar que su contenido no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. ********************En efecto, la legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE) y en su caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ********************Las Disposiciones de Carácter General expedidas por la CRE, por su parte, tampoco tienen el propósito de establecer el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de la CRE -así como de la PROFECO- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. ********************Igual finalidad debe atribuírsele a la participación tanto de la CRE como del Poder Ejecutivo en la fijación de tarifas atendiendo al principio de servicio universal, tomando en cuenta sus características geográficas y económicas, en beneficio indiscriminado de toda persona; asimismo, la atención a las necesidades de los grupos vulnerables, otorgando el beneficio de un precio asequible, que puede ser subsidiado por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. ********************Especial importancia reviste para el caso que nos ocupa, la determinación de que los órganos jurisdiccionales, al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; de manera particular se destaca que conforme al artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo no previsto en ella, debe ser considerado como mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. ********************Lo anterior, se afirma pues el marco normativo pone de relieve que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha Ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. ********************En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, ******************** no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. ********************Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. ********************Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. ********************Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia.********************Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a ******** no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.******************** Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. ********************Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de ******************** de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. ********************En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, ******** ** ********* es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. ********************Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. ********************Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. ********************Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CFE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. ********************Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: ********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). ********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. ********************Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable [.]"********************De las anteriores consideraciones se advierte lo siguiente:********************La Ley de la Industria Eléctrica comprende "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado, (********************), los cuales no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y las bases para la organización empresarial de ********************, pero no regula la relación de esa suministradora con los particulares.********************Los actos realizados por la empresa productiva del Estado ********************, en su carácter de suministradora, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación y no una de supra a subordinación.********************Todos los conflictos que tengan como génesis cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica, serán dirimidos por los tribunales ordinarios de justicia. Sin que sea posible instar la vía constitucional ya que, si los actos de ******************** tienen como origen una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entonces no le reviste la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Los actos derivados del contrato de suministro no se ubican en los contemplados en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la CENACE cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la ********************, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales.********************Pueden surgir situaciones especiales en las que ******************** lleve a cabo actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, como es en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Situaciones que, llegado el momento, deberán ser dilucidadas en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo el criterio construido por esa superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, como las siguientes:********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros).********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica.********************Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), consultable en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2016656, de título, subtítulo y texto:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo".********************En este caso, de la demanda de amparo se advierte, como se dijo, que la parte quejosa reclamó de CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Zona Victoria, el oficio número 003/2022, por el cual le solicita presentarse en cualquiera de sus oficinas, con el fin de liquidar el adeudo, en la inteligencia que de no hacerlo en un plazo de setenta y dos horas, se procederá a transferir el adeudo al servicio 955150502861 con domicilio en Río Guayalejo manzana diecisiete, lote once, esquina.********************Asimismo, aduce el quejoso que en dicha orden se le apercibe que de no pagar el adeudo se procedería a la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************De lo que se sigue que entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable existe una relación de coordinación, por lo que el oficio y la suspensión del suministro de energía eléctrica reclamado constituye una cuestión inherente a las obligaciones contraídas en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el impetrante y la autoridad señalada como responsable, como lo es la falta de pago.********************Por lo que las controversias que se susciten en relación con estos temas deben dirimirse por la vía ordinaria mercantil, según lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio antes invocado de título y subtítulo: ********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA."********************La cual es obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.********************Ello porque, acorde con el citado criterio jurisprudencial, a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le atribuye el corte del suministro de energía eléctrica, como en el caso, pues tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, por lo que se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebraron las partes.********************En ese sentido, al existir jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la empresa del estado que presta el servicio de suministro de energía eléctrica -como en el caso-, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo indirecto.********************Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia común con registro digital 2019230, que establece:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la ******************** cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional."********************Ahora bien, no se inadvierte que en la jurisprudencia de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", y en la ejecutoria que le dio origen, transcritas con anterioridad, el Alto tribunal haya establecido que excepcionalmente la referida Comisión realiza actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla como una autoridad para efectos del juicio de amparo, como el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación; la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable.********************Sin embargo, en este caso, no se actualizan los referidos supuestos de excepción; ello es así, porque aun cuando el quejoso señaló en su escrito aclaratorio de demanda que de suspenderse el suministro de energía eléctrica en el domicilio donde habita con su familia se le violentaría sus garantías individuales.********************Lo cierto es que el corte de suministro de energía eléctrica derivado de la falta de pago del servicio, como se desprende del oficio que reclama, se trata de un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con los criterios jurisprudenciales invocados, como ya se estableció.********************Además de que dicho acto reclamado es una cuestión que deberá ventilarse ante la autoridad correspondiente.********************En todo caso, el adeudo por consumo del servicio de energía eléctrica no transforma la relación de coordinación que existe entre la partes con motivo del acuerdo de voluntades que celebraron, en la que el quejoso se obligó a pagar por el servicio de energía eléctrica proporcionado por la autoridad señalada como responsable, por lo que el corte de este suministro derivado de la falta de pago, se trata de un acto procedente del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello es así, porque la falta de pago no está fuera de lo estipulado por las partes dentro del contrato.********************Tampoco encuadra el acto reclamado en una negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; ni de situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ya que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio no se advierte que la suspensión o corte de que se duele, ponga en evidente riesgo su vida, su salud o su seguridad. ********************Tampoco pasa desapercibido que el quejoso elevó diversas peticiones ante la responsable de las que no se tiene certeza si ya fueron contestadas, no obstante al derivar el acto reclamado destacado de una relación de coordinación con la ********************, seguiría la misma suerte de la determinación aquí adoptada, es decir no se trataría de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que no sería procedente ordenara la aclaración de la demanda en ese sentido. ********************En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. ********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por el quejoso Rusbel García Leal, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, realiza la manifestación bajo protesta los hechos y abstenciones de los antecedentes que sirven de fundamento a los conceptos de violación en su demanda de garantías. ********************En atención a lo anterior, en tiempo se tiene a la promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia.********************Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable.********************Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda.********************Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."********************Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el oficio número 003/2022 expedido por el Departamento Comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Victoria, así como la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, que establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.".********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************[.]******************** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."********************"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.".********************Lo anterior es así, porque existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, como en el caso.********************En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó lo siguiente: ********************"Del contenido integral de la normatividad de que se trata se advierte la posibilidad de dos interpretaciones, a saber:********************a) En una interpretación literal se consideran, en estrictos términos, normas que rigen el contrato de suministro básico de energía. ********************b) La interpretación teleológica, con base en la exposición de motivos previamente referida, lleva a estimar que se está en presencia de "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado. ********************Esta Sala se decanta por la segunda de ellas, toda vez que el Legislador no expresó intención de establecer tareas específicas a realizar por las empresas productivas del Estado más allá del cumplimiento de su objeto, salvo el mandato del poder reformador de generar valor económico. La Ley tampoco establece requisitos y procedimientos que se deban seguir al interior de las mismas para realizar sus actividades. ********************Por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. ********************Dicho régimen especial exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. ********************Además, los estatutos sociales de la empresa productiva del Estado (CFE), no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y, las bases para la organización empresarial de CFE, pero se insiste, no regula la relación de esa suministradora con los particulares. De ahí que, su organización interna se reserva a la regulación que emitan sus Consejos de Administración, modificables conforme a sus propias necesidades, que contienen las reglas que pueden influir en la estrategia empresarial y en sus decisiones de negocios, como cuestiones que definen acorde a sus necesidades operativas, fortalezas, debilidades y oportunidades de inversión. ********************A su vez, la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Para lo cual generó un marco legal adecuado y transparente que permite que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. ********************La intervención del Estado en ese sentido consiste en asegurar, regular y controlar su prestación a través de las instituciones encargadas del sistema eléctrico nacional, ya mediante los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía; o bien, por la operadora Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Por ejemplo, al establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores, al fiscalizar que el contrato de adhesión no someta arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, al verificar que su contenido no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. ********************En efecto, la legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE) y en su caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ********************Las Disposiciones de Carácter General expedidas por la CRE, por su parte, tampoco tienen el propósito de establecer el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de la CRE -así como de la PROFECO- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. ********************Igual finalidad debe atribuírsele a la participación tanto de la CRE como del Poder Ejecutivo en la fijación de tarifas atendiendo al principio de servicio universal, tomando en cuenta sus características geográficas y económicas, en beneficio indiscriminado de toda persona; asimismo, la atención a las necesidades de los grupos vulnerables, otorgando el beneficio de un precio asequible, que puede ser subsidiado por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. ********************Especial importancia reviste para el caso que nos ocupa, la determinación de que los órganos jurisdiccionales, al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; de manera particular se destaca que conforme al artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo no previsto en ella, debe ser considerado como mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. ********************Lo anterior, se afirma pues el marco normativo pone de relieve que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha Ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. ********************En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, ******************** no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. ********************Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. ********************Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. ********************Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia.********************Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a ******** no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.******************** Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. ********************Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de ******************** de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. ********************En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, ******** ** ********* es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. ********************Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. ********************Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. ********************Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CFE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. ********************Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: ********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). ********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. ********************Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable [.]"********************De las anteriores consideraciones se advierte lo siguiente:********************La Ley de la Industria Eléctrica comprende "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado, (********************), los cuales no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y las bases para la organización empresarial de ********************, pero no regula la relación de esa suministradora con los particulares.********************Los actos realizados por la empresa productiva del Estado ********************, en su carácter de suministradora, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación y no una de supra a subordinación.********************Todos los conflictos que tengan como génesis cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica, serán dirimidos por los tribunales ordinarios de justicia. Sin que sea posible instar la vía constitucional ya que, si los actos de ******************** tienen como origen una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entonces no le reviste la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Los actos derivados del contrato de suministro no se ubican en los contemplados en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la CENACE cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la ********************, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales.********************Pueden surgir situaciones especiales en las que ******************** lleve a cabo actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, como es en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Situaciones que, llegado el momento, deberán ser dilucidadas en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo el criterio construido por esa superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, como las siguientes:********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros).********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica.********************Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), consultable en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2016656, de título, subtítulo y texto:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo".********************En este caso, de la demanda de amparo se advierte, como se dijo, que la parte quejosa reclamó de CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Zona Victoria, el oficio número 003/2022, por el cual le solicita presentarse en cualquiera de sus oficinas, con el fin de liquidar el adeudo, en la inteligencia que de no hacerlo en un plazo de setenta y dos horas, se procederá a transferir el adeudo al servicio 955150502861 con domicilio en Río Guayalejo manzana diecisiete, lote once, esquina.********************Asimismo, aduce el quejoso que en dicha orden se le apercibe que de no pagar el adeudo se procedería a la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************De lo que se sigue que entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable existe una relación de coordinación, por lo que el oficio y la suspensión del suministro de energía eléctrica reclamado constituye una cuestión inherente a las obligaciones contraídas en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el impetrante y la autoridad señalada como responsable, como lo es la falta de pago.********************Por lo que las controversias que se susciten en relación con estos temas deben dirimirse por la vía ordinaria mercantil, según lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio antes invocado de título y subtítulo: ********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA."********************La cual es obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.********************Ello porque, acorde con el citado criterio jurisprudencial, a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le atribuye el corte del suministro de energía eléctrica, como en el caso, pues tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, por lo que se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebraron las partes.********************En ese sentido, al existir jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la empresa del estado que presta el servicio de suministro de energía eléctrica -como en el caso-, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo indirecto.********************Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia común con registro digital 2019230, que establece:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la ******************** cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional."********************Ahora bien, no se inadvierte que en la jurisprudencia de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", y en la ejecutoria que le dio origen, transcritas con anterioridad, el Alto tribunal haya establecido que excepcionalmente la referida Comisión realiza actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla como una autoridad para efectos del juicio de amparo, como el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación; la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable.********************Sin embargo, en este caso, no se actualizan los referidos supuestos de excepción; ello es así, porque aun cuando el quejoso señaló en su escrito aclaratorio de demanda que de suspenderse el suministro de energía eléctrica en el domicilio donde habita con su familia se le violentaría sus garantías individuales.********************Lo cierto es que el corte de suministro de energía eléctrica derivado de la falta de pago del servicio, como se desprende del oficio que reclama, se trata de un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con los criterios jurisprudenciales invocados, como ya se estableció.********************Además de que dicho acto reclamado es una cuestión que deberá ventilarse ante la autoridad correspondiente.********************En todo caso, el adeudo por consumo del servicio de energía eléctrica no transforma la relación de coordinación que existe entre la partes con motivo del acuerdo de voluntades que celebraron, en la que el quejoso se obligó a pagar por el servicio de energía eléctrica proporcionado por la autoridad señalada como responsable, por lo que el corte de este suministro derivado de la falta de pago, se trata de un acto procedente del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello es así, porque la falta de pago no está fuera de lo estipulado por las partes dentro del contrato.********************Tampoco encuadra el acto reclamado en una negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; ni de situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ya que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio no se advierte que la suspensión o corte de que se duele, ponga en evidente riesgo su vida, su salud o su seguridad. ********************Tampoco pasa desapercibido que el quejoso elevó diversas peticiones ante la responsable de las que no se tiene certeza si ya fueron contestadas, no obstante al derivar el acto reclamado destacado de una relación de coordinación con la ********************, seguiría la misma suerte de la determinación aquí adoptada, es decir no se trataría de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que no sería procedente ordenara la aclaración de la demanda en ese sentido. ********************En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. ********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.********************Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.Ciudad Victoria, Tamaulipas, a nueve de diciembre de dos mil veintidós.********************Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por el quejoso Rusbel García Leal, mediante el cual en cumplimiento a la prevención contenida en el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, realiza la manifestación bajo protesta los hechos y abstenciones de los antecedentes que sirven de fundamento a los conceptos de violación en su demanda de garantías. ********************En atención a lo anterior, en tiempo se tiene a la promovente dando cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído de referencia.********************Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, se procede analizar ante todo, la procedencia del presente juicio de amparo, el cual faculta al Juez de Distrito a determinar si da trámite a las demandas de amparo recibidas, o bien, desecharlas siempre y cuando advierta una causal de improcedencia que sea manifiesta e indudable.********************Pues bien, la jurisprudencia de los tribunales que integran el Poder Judicial de la Federación ha determinado que por "manifiesto" debe entenderse aquello que se da a conocer y por "indudable" lo que resulta evidente y fuera de duda.********************Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto disponen: ********************"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita."********************Ahora bien, el quejoso señala como acto reclamado el oficio número 003/2022 expedido por el Departamento Comercial de CFE Suministrador de Servicios Básicos Zona Victoria, así como la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II y 217, todos de la Ley de Amparo, que establecen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(.) ********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.".********************"Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ********************[.]******************** II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.********************Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general."********************"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.".********************Lo anterior es así, porque existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que estableció que a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le reclama el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica, como en el caso.********************En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, determinó lo siguiente: ********************"Del contenido integral de la normatividad de que se trata se advierte la posibilidad de dos interpretaciones, a saber:********************a) En una interpretación literal se consideran, en estrictos términos, normas que rigen el contrato de suministro básico de energía. ********************b) La interpretación teleológica, con base en la exposición de motivos previamente referida, lleva a estimar que se está en presencia de "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado. ********************Esta Sala se decanta por la segunda de ellas, toda vez que el Legislador no expresó intención de establecer tareas específicas a realizar por las empresas productivas del Estado más allá del cumplimiento de su objeto, salvo el mandato del poder reformador de generar valor económico. La Ley tampoco establece requisitos y procedimientos que se deban seguir al interior de las mismas para realizar sus actividades. ********************Por el contrario, el objetivo de las reformas en materia energética se constriñe a establecer que CFE debe operar como una empresa privada que, entre otros, presta el servicio público y universal de suministro básico de energía eléctrica bajo un régimen especial. ********************Dicho régimen especial exorbitante de derecho privado, permite que sus relaciones con los particulares con los que celebra contratos de suministro de energía eléctrica sean entendidas como mercantiles. Es decir, están sujetas a reglas especiales que varían de acuerdo a las necesidades del servicio público y de conciliar los derechos de la empresa productiva del Estado con los derechos de los particulares. ********************Además, los estatutos sociales de la empresa productiva del Estado (CFE), no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y, las bases para la organización empresarial de CFE, pero se insiste, no regula la relación de esa suministradora con los particulares. De ahí que, su organización interna se reserva a la regulación que emitan sus Consejos de Administración, modificables conforme a sus propias necesidades, que contienen las reglas que pueden influir en la estrategia empresarial y en sus decisiones de negocios, como cuestiones que definen acorde a sus necesidades operativas, fortalezas, debilidades y oportunidades de inversión. ********************A su vez, la legislación de la materia inserta a la empresa productiva del Estado en un mercado que reconoce como de libre competencia. Para lo cual generó un marco legal adecuado y transparente que permite que los agentes económicos ejerzan sus libertades respetando los derechos de los demás. ********************La intervención del Estado en ese sentido consiste en asegurar, regular y controlar su prestación a través de las instituciones encargadas del sistema eléctrico nacional, ya mediante los organismos reguladores como la Comisión Reguladora de Energía o la Secretaría de Energía; o bien, por la operadora Centro Nacional de Control de Energía Eléctrica. Por ejemplo, al establecer mecanismos para la protección de los derechos de los consumidores, al fiscalizar que el contrato de adhesión no someta arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa, al verificar que su contenido no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. ********************En efecto, la legislación de la industria eléctrica no prevé la normatividad que debe regir para los contratos celebrados entre el suministrador de servicios básicos y el usuario final, lo que establece son disposiciones generales, cuyas referencias a la comercialización precisan una estricta separación del suministro, suministro básico y diversas modalidades de comercialización, para la supervisión que compete al Centro Nacional de Control Eléctrico (CENACE) y en su caso la Comisión Reguladora de Energía (CRE). ********************Las Disposiciones de Carácter General expedidas por la CRE, por su parte, tampoco tienen el propósito de establecer el clausulado del contrato, sino una base para que cada suministrador elabore el propio, en tanto que la función de la CRE -así como de la PROFECO- es evaluar que dichos contratos denominados de adhesión, no contengan cláusulas leoninas, abusivas, lesivas o inequitativas para los intereses del usuario protegiendo la actividad comercial de la sociedad. ********************Igual finalidad debe atribuírsele a la participación tanto de la CRE como del Poder Ejecutivo en la fijación de tarifas atendiendo al principio de servicio universal, tomando en cuenta sus características geográficas y económicas, en beneficio indiscriminado de toda persona; asimismo, la atención a las necesidades de los grupos vulnerables, otorgando el beneficio de un precio asequible, que puede ser subsidiado por el Fondo de Servicio Universal Eléctrico. ********************Especial importancia reviste para el caso que nos ocupa, la determinación de que los órganos jurisdiccionales, al ejercer sus atribuciones respecto de tales empresas productivas del Estado deben tomar en cuenta que operan bajo principios de derecho privado y no público; de manera particular se destaca que conforme al artículo 5 de la Ley de la Industria Eléctrica, en lo no previsto en ella, debe ser considerado como mercantil, que se rige por el Código de Comercio y supletoriamente por la Legislación Civil, como es el caso de los contratos de suministro básico. ********************Lo anterior, se afirma pues el marco normativo pone de relieve que no tiene el alcance de regir la organización interna de la empresa prestadora del servicio, ni su relación contractual con los usuarios; sino que está instituido para regular el mercado en beneficio de los usuarios, de suerte que la mera referencia al tema de los contratos no puede entenderse en el sentido de que dicha Ley establezca la relación entre la empresa suministradora y los particulares. ********************En el contexto apuntado, en tratándose de la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, ******************** no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares, ni realice actos equiparables a dicha relación. ********************Esto es así, precisamente porque en su carácter de suministrador, los actos que lleva a cabo, en virtud del contrato de suministro de energía eléctrica tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebre la empresa suministradora con el usuario en los términos que finalmente se pacten. ********************Razones por las que, los conflictos que surjan con motivo de cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica no pueden considerarse como emanados de una relación de supra a subordinación, sino de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. ********************Cabe precisar que la posibilidad de que a solicitud de la suministradora, se deje de otorgar el servicio contratado por el incumplimiento del usuario de algún aspecto contenido en el contrato, no genera que la relación de coordinación se transforme en una de supra a subordinación, sólo implica el ejercicio del legítimo derecho de retención de la prestación como cualquier relación contractual ante el incumplimiento de alguna de las partes como sucede tratándose de contratos de derecho privado, en materia de seguros, telefonía, tarjetas de crédito, entre otros, sin que el corte del suministro en tal supuesto pueda verse como un procedimiento de ejecución dirigido a obtener el cobro del adeudo mediante mecanismos coercitivos, como sería el embargo de bienes, ya que para ello el suministrador tendrá que acudir a los tribunales ordinarios de justicia.********************Por tanto, en los actos pactados en el contrato de suministro de energía eléctrica, acaecidos durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica, incluido el corte, suspensión o desconexión del servicio, a ******** no le resulta carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo.******************** Lo hasta aquí expuesto, no desconoce ni constituye un pronunciamiento sobre el eventual combate de normas generales, o bien, de violaciones de derechos humanos; lo que casuísticamente habrá de analizar la autoridad jurisdiccional, y que no corresponde al tema de confronta en este asunto. ********************Es así, en congruencia con la intención del Poder Reformador al transformar el régimen jurídico de ******************** de una institución pública, al ser una empresa productiva del Estado con un régimen especial, alejándola en lo máximo posible del sector público y acercándola al sector privado, aunado a la pretensión de que llegado el momento genere productos o ganancias al Estado; ello no por el suministro básico, sino por otros servicios que preste, dado que este servicio es de interés público por mandato de los artículos 27 y 28 constitucionales. ********************En el contexto referido, esta superioridad concluye que con base en la normatividad vigente producto de la llamada reforma energética, ******** ** ********* es una empresa productiva del Estado que en el ejercicio de las actividades comprendidas en el contrato que para el suministro celebra con el usuario, no actúa con potestad que le otorgue atribuciones que actualicen una relación de suprasubordinación frente a los particulares ni realiza actos equiparables. ********************Es así que lo comprendido en el contrato de suministro de energía eléctrica no actualiza los supuestos establecidos para estimar que se esté en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad (determinados en la ejecutoria que resolvió la contradicción de tesis **********), ya que no los ejerce en forma unilateral y obligatoria como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual. ********************Que además se corrobora, en tanto no participa de las actividades reguladoras en materia energética, ni del control operativo del sistema eléctrico nacional, así como que la normatividad aplicable al suministrador de servicio básico se traduce en un control sobre ello para el cumplimiento de la prestación del servicio público, como cualquier otro suministrador, en su caso que celebre contrato con el Estado Mexicano para la compra y posterior venta de energía eléctrica. ********************Lo cual explica que no se ubica en los supuestos del artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la Cenace cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la CFE, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales. ********************Sin embargo, no se debe descartar la eventualidad de que CFE lleve a cabo actos no pactados o que excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Empero, ello debe ser dilucidado en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo al criterio construido por esta superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, las que se citan enseguida: ********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros). ********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. ********************Afirmación que se sostiene al valorar la importancia del servicio eléctrico como íntimamente vinculado al derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4o. constitucional, así como el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; que de conformidad con la Observación General número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable [.]"********************De las anteriores consideraciones se advierte lo siguiente:********************La Ley de la Industria Eléctrica comprende "estatutos societales" y de la regulación que controla el libre mercado en el que se inserta la empresa productiva del Estado, (********************), los cuales no tienen como propósito regir sus relaciones privadas, sino que consiste en establecer cuestiones que deben ser garantizadas por todos los participantes de la industria eléctrica nacional y las bases para la organización empresarial de ********************, pero no regula la relación de esa suministradora con los particulares.********************Los actos realizados por la empresa productiva del Estado ********************, en su carácter de suministradora, tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, incluido el inherente corte, suspensión o desconexión, habida cuenta que la participación regulatoria en ello se constriñe a otorgar bases mínimas que garanticen el cumplimiento del compromiso de suministro que es de orden público y que los contratos de adhesión que se celebren no resulten leoninos, abusivos, lesivos o inequitativos para el usuario. Por tanto, se trata de una relación de coordinación y no una de supra a subordinación.********************Todos los conflictos que tengan como génesis cuestiones comprendidas en los contratos de suministro de energía eléctrica, serán dirimidos por los tribunales ordinarios de justicia. Sin que sea posible instar la vía constitucional ya que, si los actos de ******************** tienen como origen una relación de coordinación y no de supra a subordinación, entonces no le reviste la calidad de autoridad para efectos del juicio de amparo.********************Los actos derivados del contrato de suministro no se ubican en los contemplados en el artículo 41 de la Ley de la Industria Eléctrica, en el que se prevén los casos en que el distribuidor y transmisor, a petición de los suministradores, o bien, de la CENACE cortarán o suspenderán el fluido de energía, aspectos desarrollados en las disposiciones generales que emitió la ********************, habida cuenta que ello se dirige a regular la actividad de las relaciones entre las citadas áreas de distribución y transmisión, que por su carácter estratégico conserva el Estado; y, la petición que realice el suministrador al efecto obedece a su legítimo derecho de retención del servicio por incumplimiento a lo pactado en el contrato, por constituir previsiones contractuales.********************Pueden surgir situaciones especiales en las que ******************** lleve a cabo actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, como es en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Situaciones que, llegado el momento, deberán ser dilucidadas en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente atendiendo el criterio construido por esa superioridad; sobre lo cual podría mencionarse la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable, como las siguientes:********************- Que la falta de energía eléctrica ponga en evidente peligro la vida (enfermos dependientes de instrumentos y máquinas que los mantienen con vida o en caso de grupos vulnerables).********************- Personas imposibilitadas para proveer su subsistencia (pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros).********************- Grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les haya proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica.********************Las anteriores consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), consultable en la página 532 del Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2016656, de título, subtítulo y texto:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo".********************En este caso, de la demanda de amparo se advierte, como se dijo, que la parte quejosa reclamó de CFE Suministrador de Servicios Básicos División Comercial Zona Victoria, el oficio número 003/2022, por el cual le solicita presentarse en cualquiera de sus oficinas, con el fin de liquidar el adeudo, en la inteligencia que de no hacerlo en un plazo de setenta y dos horas, se procederá a transferir el adeudo al servicio 955150502861 con domicilio en Río Guayalejo manzana diecisiete, lote once, esquina.********************Asimismo, aduce el quejoso que en dicha orden se le apercibe que de no pagar el adeudo se procedería a la suspensión del suministro de energía eléctrica con número de servicio ********************De lo que se sigue que entre el quejoso y la autoridad señalada como responsable existe una relación de coordinación, por lo que el oficio y la suspensión del suministro de energía eléctrica reclamado constituye una cuestión inherente a las obligaciones contraídas en el contrato de suministro de energía eléctrica celebrado entre el impetrante y la autoridad señalada como responsable, como lo es la falta de pago.********************Por lo que las controversias que se susciten en relación con estos temas deben dirimirse por la vía ordinaria mercantil, según lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio antes invocado de título y subtítulo: ********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA."********************La cual es obligatoria para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo.********************Ello porque, acorde con el citado criterio jurisprudencial, a la ******************** no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando se le atribuye el corte del suministro de energía eléctrica, como en el caso, pues tienen como origen un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial, por lo que se trata de una relación de coordinación, en virtud del contrato que celebraron las partes.********************En ese sentido, al existir jurisprudencia que define la naturaleza de los actos de la empresa del estado que presta el servicio de suministro de energía eléctrica -como en el caso-, ello constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar la demanda de amparo indirecto.********************Resulta aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 309/2018, visible en la página 1008 del Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia común con registro digital 2019230, que establece:********************"COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la ******************** cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional."********************Ahora bien, no se inadvierte que en la jurisprudencia de título y subtítulo: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA.", y en la ejecutoria que le dio origen, transcritas con anterioridad, el Alto tribunal haya establecido que excepcionalmente la referida Comisión realiza actos que no fueron pactados o excedan el contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla como una autoridad para efectos del juicio de amparo, como el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación; la negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; o bien, en situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, cuando dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable.********************Sin embargo, en este caso, no se actualizan los referidos supuestos de excepción; ello es así, porque aun cuando el quejoso señaló en su escrito aclaratorio de demanda que de suspenderse el suministro de energía eléctrica en el domicilio donde habita con su familia se le violentaría sus garantías individuales.********************Lo cierto es que el corte de suministro de energía eléctrica derivado de la falta de pago del servicio, como se desprende del oficio que reclama, se trata de un acto derivado del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, de conformidad con los criterios jurisprudenciales invocados, como ya se estableció.********************Además de que dicho acto reclamado es una cuestión que deberá ventilarse ante la autoridad correspondiente.********************En todo caso, el adeudo por consumo del servicio de energía eléctrica no transforma la relación de coordinación que existe entre la partes con motivo del acuerdo de voluntades que celebraron, en la que el quejoso se obligó a pagar por el servicio de energía eléctrica proporcionado por la autoridad señalada como responsable, por lo que el corte de este suministro derivado de la falta de pago, se trata de un acto procedente del contrato de suministro de energía eléctrica que no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ello es así, porque la falta de pago no está fuera de lo estipulado por las partes dentro del contrato.********************Tampoco encuadra el acto reclamado en una negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico; ni de situaciones que comprometan los derechos humanos protegidos constitucional y convencionalmente, ya que de la demanda de amparo y escrito aclaratorio no se advierte que la suspensión o corte de que se duele, ponga en evidente riesgo su vida, su salud o su seguridad. ********************Tampoco pasa desapercibido que el quejoso elevó diversas peticiones ante la responsable de las que no se tiene certeza si ya fueron contestadas, no obstante al derivar el acto reclamado destacado de una relación de coordinación con la ********************, seguiría la misma suerte de la determinación aquí adoptada, es decir no se trataría de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que no sería procedente ordenara la aclaración de la demanda en ese sentido. ********************En las relatadas consideraciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5, fracción II, y 217 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. ********************Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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