Ruth Edith González Verde

Expediente 438/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
438/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
08/08/2022

Partes del expediente

  • Ruth Edith González Verde
  • Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Téngase a la Magistrada Semanera Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo del oficio 17545/2022, por el que se le remitieron diversas constancias que acompañó a su informe justificado. En atención a lo anterior se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original y el duplicado del incidente de suspensión son destruibles con fundamento en el artículo 21, inciso c), del citado Acuerdo General, dado que en el primero se negó la medida cautelar solicitada por la parte quejosa y el segundo dada su naturaleza de duplicado, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el trece de junio del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión en este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Por otra parte, se advierte que el Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado -tomos I, II y III-; en consecuencia, en obvio de dilaciones procesales devuélvanse a su lugar de origen. Solicítese el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y a los terceros interesados Emilio González Verde y Elia Alicia González Verde. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2359/2022, del trece de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Visto el escrito del tercero interesado **********, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita, y entréguense, previa identificación y toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. Ahora, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, el promovente deberá ingresar al micrositio denominado "Agenda OJ", del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual tendrá que generar cita para los días viernes en un horario de las trece a las catorce horas con treinta minutos a fin de llevar a cabo la actuación respectiva. Así también, hágase de su conocimiento que la expedición de las copias que solicitó, está sujeta a que el servicio de fotocopiado al público en el edificio sede de este Juzgado, se encuentre laborando. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, así como a los tercero interesados ********** y **********. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 438/2022-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el once de abril de dos mil veintidós, turnado el doce de abril siguiente a este órgano jurisdiccional, **********, por derecho propio y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Jesús Emilio González Rodríguez, demandó el amparo y protección contra actos la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México. II. Por auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se registró bajo el número 438/2022-V, se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio a tercero interesados a Emilio González Verde y Elia Alicia González Verde; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, constitucionales, 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que los actos reclamados tuvieron ejecución material dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: 1) De la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México: a) La sentencia interlocutoria del veintitrés de marzo del dos mil veintidós, emitida por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México en el toca de apelación 176/2022, relativo expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Jesús Emilio González Rodríguez, promovido por Emilio González Verde, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Ruth Edith González Verde, el cual se declaró inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por la recurrente y confirmó la sentencia del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa. TERCERO. El Magistrado Semanero Integrante de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada del el toca de apelación 176/2022, así como el expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes y el incidente de remoción de albacea del expediente 1847/2016, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, 278, Página: 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al no actualizarse causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio hecha valer por las partes o se advierta de oficio por este juzgado, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada y que son los siguientes: 1. El tercero interesado Emilio González Verde, denunció la sucesión intestamentaria de Jesús Emilio González Rodríguez, la cual fue admitida por el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la que se registró bajo el número de expediente 1847/2016. 2. Una vez que la quejosa Ruth Edith González Verde se apersonó en el juicio, fue declarada como heredera y en la junta de herederos fue nombrada como albacea de la sucesión, posteriormente aceptó y protestó el cargo que le fue conferido. 3. Continuando con dicho cargo la quejosa, al iniciar la segunda sección se formuló el inventario y el avalúo de los bienes que formaban la sucesión. 4. Seguido el procedimiento, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno Emilio González Verde, en su carácter de coheredero, promovió un incidente de remoción de albacea fundándose en los hechos y consideraciones de derecho que para el efecto estimó aplicables al caso. 5. Por auto del treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió el incidente de remoción de albacea, ordenándose dar vista a la albacea para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera; sin que la albacea ejerciera dicho derecho, respecto del cual se declaró precluido. 6. Asimismo, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, misma que se celebró el once de noviembre de dos mil veintiuno; concediéndose un plazo de tres días a las partes para formulación de alegatos; y finalmente el catorce de enero de dos mil veintidós se turnaron los autos para dictar sentencia. 7. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la cual el juez de origen declaró la remoción de cargo de albacea de Ruth Edith González Verde, y que una vez que causara ejecutoria dicha resolución se señalaría fecha para que tuviera verificativo la junta de herederos conforme lo dispuesto en el artículo 4.46 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México. 8. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito del uno de febrero de dos mil veintidós, Ruth Edith González Verde, promovió recurso de apelación en contra de la resolución incidental de remoción de albacea del veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 9. De dicho recurso conoció la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, quien mediante resolución del veintitrés de marzo del dos mil veintidós en el toca de apelación 176/2022, declaró inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por la recurrente y confirmó la sentencia del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa. Lo que constituye el acto reclamado. SEXTO. La parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación. -Que la resolución reclamada viola lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como los diversos artículos 1, 8, 17, 14 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. -Que la sala responsable violó en su perjuicio el principio pro persona, principio de legalidad, debido proceso, contemplado en los artículos 14 y 16. -Que la responsable tuvo una actitud paternalista pues confirmó la resolución recurrida, dado que pasó por alto las actuaciones contenidas en el expediente principal, ni las constancias de la primera y segunda sección, en donde constan que la quejosa no ha podido llevar a cabo correctamente su función del albacea, ello ante las constantes promociones de objeción y desacuerdo del heredero que Emilio González Verde, quien ha tramitado incidentes, que se encuentra pendiente de resolver el incidente de oposición a la rendición de cuentas, que ello no ha sido atribuible sólo a la albacea sino también al tercero interesado con sus oposiciones reiteradas con las actuaciones de la quejosa. --Que la autoridad responsable incurrió en una violación al artículo 16 constitucional porque realizó una indebida fundamentación, expone que únicamente se limitó a mencionar los preceptos legales sin valorar las constancias, las pruebas instrumental de actuaciones, hechos motivo de análisis, que incurrió en una incorrecta valoración de la prueba, que se limitó a señalar repetitivamente preceptos legales, que no analizó todas las constancias, pruebas e incidentes que promovió el tercero interesado y que la sala responsable sólo valoró lo que le convenía a los intereses del referido tercero interesado. -Que la sala responsable no analizó ni relacionó los medios de prueba, que dejó de valorar la conducta procesal del tercero interesado, que debió de privilegiar el contenido del artículo 17 constitucional, que es el acceso a la justicia, que la impartición de justicia debe de estar libre de obstáculos innecesarios, que genera la exigencia de evitar formalismos innecesarios que impidan la resolución de la controversia sin que se logre el acceso a la justicia, que ello vulneró sus derechos a que se le administrara justicia de manera imparcial, con la debida legalidad y en los plazos y términos que fijan las leyes. Los conceptos de violación resultan infundados e inoperantes por inatendibles. Ello porque la sala responsable en su determinación del veintitrés de marzo del dos mil veintidós, dictada en los autos del toca de apelación 176/2022, relativo expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Jesús Emilio González Rodríguez, promovido por Emilio González Verde, en la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por Ruth Edith González Verde, el cual se declaró inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por la recurrente y confirmó la sentencia del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa. Los agravios que expuso la quejosa se basaron esencialmente en que: a) Que con la sentencia Interlocutoria veinticuatro de enero pasado, se violan los artículos 14 y 16 de la Constitución Política Federal, por su inexacta aplicación, los artículos 1.195, 1.196,1.359, 1.267, 1.268 Y 1.359 Y demás relativos y aplicables al Código de procedimientos Civiles del Estado de México, 6.227, 6.271 Y 6.272, del Código Civil vigente en la Entidad. b) Que el juez instructor en los considerandos I y II, relativos al estudio del incidente de remoción de albacea realizó una errónea e inadecuada valoración de las pruebas al entrar al estudio de dicho incidente, que en múltiples ocasiones la quejosa se vio impedida a continuar con el trámite ante las constantes promociones de objeción y de desacuerdo del tercero interesado Emilio González Verde, quien tramitó incidentes de todo lo que la recurrente informó en su carácter de albacea, hasta el punto de haberse formado varios tomos de la sucesión, el juez pasó por alto que el juicio se encuentra suspendido en la segunda sección de inventario y avalúo, hasta en tanto se resuelva lo relativo al juicio ordinario civil de nulidad de contrato que tramitó la quejosa como parte actora en contra del quejoso, el cual se encuentra radicado en el Juzgado Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, bajo el número de expediente 9573/2021. c) Que su hermano Emilio González Verde, pretende acreditar la propiedad del inmueble ubicado en Calle veintidós de diciembre, número 64, colonia Manuel Ávila Camacho Municipio de Naucalpan, Estado de México, inmueble que forma parte del acervo hereditario, con un contrato privado de donación, que por ese motivo se está tramitando la nulidad de ese contrato ya que la firma estampada como la del de cujus no es la firma de su padre, por lo que la recurrente está en el proceso de demostrar esa circunstancia ante el Órgano Jurisdiccional correspondiente y hasta en tanto no se resuelva el juicio ordinario civil de nulidad de contrato, la quejosa no puede avanzar en el juicio sucesorio, además que refiere que su hermano se inconforma por todo y se la pasa desahogando vistas de hechos que ya quedaron resueltos en los múltiples incidentes que ha formulado el heredero Emilio González Verde. d) Que el juez de origen refirió que la quejosa no ha cumplido con su obligación de formar inventario y avaluó respecto de los bienes que integran la masa hereditaria de la sucesión en que se actúa; sin embargo refiere que en autos se puede advertir que le han requerido la actualización del inventario mismo que aduce ha realizado de forma oportuna, pero que el heredero Emilio González Verde, muestra su inconformidad ya que incluso el bien inmueble ubicado en calle veintidós de diciembre, número 64, colonia Manuel Ávila Camacho Municipio de Naucalpan, Estado de México, se encuentra en posesión del tercero interesado el cual le impide tener acceso para realizar el avaluó del mismo, esto con el argumento de que es de su propiedad. e) Que la quejosa por esa razón no es responsable de que el heredero Emilio González Verde, muestre su constante inconformidad sobre la rendición de cuentas que realiza la quejosa, y que si bien dicho incidente no se ha aprobado, la recurrente no ha informado a la autoridad los bienes que constituyen la masa hereditaria, que incluso informó sobre el cheque que le fue entregado, y que consignó a su hermano el numerario que le tocaba. f) Que el juez de origen refirió que la quejosa no ha rendido las cuentas bimestrales, haciendo notar la quejosa que ha informado con oportunidad de los servicios de predial, luz y agua de los bienes que constituyen la masa hereditaria, pero por lo que hace al bien ubicado en veintidós de diciembre, número 64, colonia Manuel Ávila Camacho Municipio de Naucalpan, Estado de México, se encuentra en posesión del tercero interesado este no le permite tener acceso al mismo, situación que ha informado a la autoridad, que su hermano ha referido que es de su propiedad y que no tiene por qué permitirle realizar el avalúo. g) Que se consideran vulnerados en mi perjuicio mis derechos fundamentales del debido proceso y de legalidad establecidos los Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que el Articulo 14, de nuestra Ley Suprema sostiene en su segundo párrafo la garantía de audiencia, merced a la cual todas las autoridades estatales deben oír en juicio a toda persona a la que se le pretende privar de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, y que cuando no se cumplan las formalidades esenciales de todo procedimiento se dejará al gobernado en estado de indefensión. h) Que el artículo 16 constitucional consagra a favor de todo gobernado la garantía de legalidad de la cual todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados en la ley aplicable en cada caso a fin de mantener el estado de derecho. i) Que la resolución recurrida carecía de los requisitos de fundamentación y motivación que las propias disposiciones constitucionales se refieren que cualquier ejercicio sin fundamento en el mandato de la autoridad pública constituye un exceso, dado que la facultad de las autoridades termina en donde la ley que rige su ramo las faculta. j) Que es evidente que el juez de origen omitió observar los principios de exactitud, método, orden y congruencia en la sentencia interlocutoria combatida, que por ello consideró que se vulneraron los principios procesales. En tanto que la autoridad responsable sustentó su determinación en que: 1) En términos del artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, así como de los agravios expuestos por la quejosa, resultaron en una parte Inoperantes y en otra infundados. 2) Que los motivos de disenso consistentes en que la quejosa expuso que el juez pasó por alto que el juicio se encuentra suspendido en la segunda sección de inventario y avalúo, hasta en tanto se resuelva lo relativo al juicio ordinario civil de nulidad de contrato que tramitó la quejosa como parte actora en contra del quejoso, el cual se encuentra radicado en el Juzgado Quinto Civil de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, bajo el número de expediente 9573/2021, dado que el tercero interesado pretende acreditar la propiedad del bien ubicado en calle veintidós de diciembre, número 64, colonia Manuel Ávila Camacho Municipio de Naucalpan, Estado de México, el cual forma parte del acervo hereditario con un contrato privado de donación motivo por el cual se está tramitando la nulidad del dicho contrato, que por ello no se ha podido avanzar en el juicio sucesorio; lo cual la sala responsable estimó que analizadas las constancias de autos con valor probatorio en términos del artículo 1.359 del Código del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, resultaron inoperantes, pues en ellos no se realizó ningún razonamiento lógico jurídico, que atacara los fundamentos legales y consideraciones en que se sustentó el sentido del fallo que por ende, evidenciara la ilegalidad de la resolución . 3) Que ello era así porque la Juzgadora decretó la procedencia de la vía incidental deducida por Emilio González Verde, bajo las consideraciones de que se observaba que la albacea efectivamente se encontraba en ambos supuestos, por una parte la rendición de cuentas que en su momento fuera exhibida por la albacea a la fecha no se encontraba aprobada, es decir, el respectivo incidente de oposición a la rendición de cuentas se encuentra sub-iúdice, y por otra parte, de autos no se advirtió que la albacea haya rendido cuentas bimestrales a las que la legislación le obliga. 4) Que como se advertía de autos, mismos que fueron ofrecidos en su carácter de instrumental de actuaciones documentales a las que con fundamento en los artículos 1.250, 1.251, 1.265, fracción II, 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se les reconoció valor probatorio pleno, que resultaron idóneos para acreditar fehacientemente que la albacea omitió dar cumplimiento a su obligación voluntariamente aceptada de rendir cuentas de carácter bimestral que a su vez, a su vez dichas cuentas deban ser aprobadas, obligación que la propia ley le impuso, en consecuencia advirtió que se encuadraba el artículo 4.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. 5) En ese contexto, declaró inoperantes y por tanto improcedentes los agravios pues contrario a lo referido por la quejosa la jueza natural no sustentó el sentido del fallo combatido, en el hecho de que la inconforme en su carácter de albacea de la sucesión haya incumplido con su obligación de formar el inventario y avalúo correspondientes, sino en el hecho de que, ésta, ha sido omisa en rendir sus cuentas bimestrales de su administración, tal como lo señala el artículo 4.58 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, motivo por el cual, concluyó que los conceptos de agravio expuestos por la recurrente, al no ser tendentes a atacar las consideraciones en que la jueza de origen apoyó su determinación para removerla del cargo de albacea devienen inoperantes. 6) Que aunado a ello, jueza de origen en el considerado I, manifestó que la albacea cumplió con su obligación de formar inventario y avalúo respecto de los bienes que integran la masa hereditaria la sucesión visto que el accionante indicó que existían otros bienes que no ha integrado la albacea, se hace notar que el resto de los coherederos esta en aptitud de integrar a la segunda sección la existencia de nuevos bienes y que para tal omisión "por parte de la albacea" no existe como sanción la remoción de albacea, consecuentemente, resulta improcedente la remoción de albacea por ésta causa. 7) Que la jueza en ningún momento estimó procedente decretar la remoción del cargo de albacea que venía desempeñando la quejosa ante su omisión de formar el inventario y avalúo, o bien en el hecho de que la segunda sección aún no haya sido aprobada. 8) Que las alegaciones debían ser expresadas como lo dispone el artículo 1.366 del Código de Civiles del Estado de México, dado que a la Alzada le está vedado examinar de oficio la legitimidad de las resoluciones los jueces de primera instancia, lo que conlleva a que la resolución de segunda instancia deba constreñirse a los agravios que se expresen, al ser su función únicamente revisora. 9) Que respecto a que la jueza consideró que la impetrante no ha rendido cuentas bimestrales aun y cuando la recurrente ha informado con oportunidad de los servicios de predial, luz y agua de los bienes que constituyen la masa hereditaria, así como del cheque que le fue entregado del cual consignó al actor incidentista el numerario que le correspondía, la sala estimó que dichos argumentos devinieron infundados, pues de autos advirtió que la quejosa el veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, cuentas de los bienes que constituyen la masa hereditaria, que ésta es la única rendición de cuentas que realizó, aun y cuando la ley impone que dicha obligación debe realizarse de manera bimestral, lo anterior, aunado a que la recurrente formara la tercera sección de rendición de cuentas, el órgano jurisdiccional tuvo que requerirla para tal efecto. 10) Que resultaba inconcuso que Ruth Edith González Verde, fue omisa en rendir cuentas bimestrales de su administración, en términos del numeral 4.58 del código de procedimientos civiles, siendo ésta una de las causas por las cuales el actor incidentista, solicitó su remoción del cargo de albacea y que al encontrarse acreditados los extremos de su acción, la Jueza de los autos resolvió separarla de su encargo, en los cuales únicamente realizó las acciones referidas en líneas que anteceden, a más de que ésta al entrañar una obligación de hacer, conmina a quien debe administrar la masa hereditaria, a rendir cuentas sobre el estado que guarda. Ante ello, el artículo 6.227 del Código Civil del Estado de México señala sus obligaciones. 11) Que contrario a lo aseverado por el apelante en los agravios en estudio, la interlocutoria impugnada sí contiene de forma precisa y puntual, los argumentos lógico jurídicos por los que se estimó la procedencia de la incidencia formulada, siendo éstos los que motivaron la consecuente remoción del albacea, asimismo, la resolutora invocó de forma apropiada los preceptos legales que le dieron fundamento a su determinación, ajustándose a lo establecido en las leyes sustantivas y adjetivas de la materia, que la sentencia se encontraba ajustada a las reglas que rigen el debido proceso. 12) Que la recurrente no señaló con claridad, la forma en que el fallo apelado afectó sus garantías de debido proceso, pues es importante precisar que no basta con que formule el concepto de violación que estime trasgrede sus derechos, sino que manifieste en que dicho acto, trasciende a su esfera jurídica; en el caso que os ocupa, la recurrente no señala de manera precisa de qué forma la juez vulneró su garantía de legalidad, así como las formalidades esenciales del debido proceso, ni mucho menos, combate la legalidad del fallo en estudio, por lo que de dichas manifestaciones no se advierte que exista una afectación a tales derechos fundamentales. De modo que tales consideraciones, constituyen los argumentos torales que rigen la determinación reclamada, la cual debe prevalecer ante su inadecuada impugnación. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos por los cuales confirmó la resolución recurrida. Consideraciones que subsisten ante su inadecuada impugnación; por consiguiente, ello no permite a este juzgador proceder al examen de los argumentos que pretende establece, pues correcta o no la determinación expuesta sobre el particular, la misma subsiste con motivo de no haber sido impugnada debidamente en los motivos de inconformidad. Por tanto, los conceptos de violación deben declararse inoperantes, pues a efecto de proceder a su estudio, era necesario que la quejosa controvirtiera las consideraciones torales de la responsable y al no hacerlo de manera eficaz, como se precisa en párrafos precedentes, subsiste tal determinación que constituye un impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el impetrante. Máxime que la parte quejosa no controvierte la resolución reclamada sino que sus argumentos reiteran sus agravios hechos valer en el recurso de revocación sin atacar de fondo el acto reclamado, no resultan idóneos ni aptos para controvertir la sentencia interlocutoria, además de que resultan reiterativos. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". En las narradas condiciones, ante lo ineficaz de los conceptos de violación y al no haberse demostrado la transgresión alegada de garantías, sin advertir este Órgano de Control Constitucional motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, por no actualizarse ninguno de los supuestos que al efecto prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección constitucional solicitada. Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a R*********, por propio derecho, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, por los motivos expuestos en el último considerando esta sentencia. Notifíquese hágase por lista electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a los terceros interesados Emilio González Verde y Elia Alicia González Verde; por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en unión de Sofía García Carrera, secretaria quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico hasta hoy trece de junio de dos mil veintidós en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

Quedan 11 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · 9,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano