Ruth Edith González Verde y Otros.

Expediente 928/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
928/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
17/11/2023

Partes del expediente

  • Ruth Edith González Verde y Otros.
  • Ruth Edith González Verde

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Juez Supernumerario Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, se le tiene informando las gestiones que se encuentra realizando encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexos de cuenta, dése vista a las partes, para que en el término de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa y al tercero interesado. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, tercero interesado y el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpusieran recurso de revisión contra la sentencia del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés; con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósese el cuaderno incidental. Se requiere a la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En congruencia con lo anterior, se considera innecesaria la retención de las constancias remitidas por la responsable al rendir su informe justificado, integradas en los tomos de pruebas I, II, III y IV; por tanto, devuélvasele a dicha autoridad, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la ley de la materia. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    VII. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 928/2022-VII; y, R E S U L T A N D O: Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México el dieciocho de julio de dos mil veintidós, turnado el diecinueve de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, **********, por derecho propio y en su carácter de herederas de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, demandó el amparo y protección contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Previo desahogo de prevención por auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, se registró bajo el número 928/2022-VII, se admitió a trámite la demanda; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado **********; se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: a) La sentencia interlocutoria del veintiocho de julio del dos mil veintitrés, emitida por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, relativo expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes de ***********, promovido por ************, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por las aquí quejosas Ruth Edith González Verde, el cual se declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la recurrente y confirmó el auto de dieciséis de junio del año en curso. TERCERO. El Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado. Lo que se corrobora con la copia certificada del expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes, documentales a las que se les otorga plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 917812, Instancia: Pleno, Octava Época, Apéndice 2000, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, 278, Página: 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, registro 394182, cuyo rubro dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Previamente al estudio de fondo del juicio, procede analizar de oficio las causas de improcedencia, por ser ésta una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. Al no actualizarse causa de improcedencia o motivo para sobreseer en el juicio hecha valer por las partes o se advierta de oficio por este juzgado, se procede al análisis de fondo del acto reclamado. QUINTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, es pertinente destacar los antecedentes que dieron origen a la resolución reclamada y que son los siguientes: El tercero interesado Emilio González Verde, denunció la sucesión intestamentaria de Jesús Emilio González Rodríguez, la cual fue admitida por el Juzgado Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, la que se registró bajo el número de expediente 1847/2016. Una vez que la quejosa Ruth Edith González Verde se apersonó en el juicio, fue declarada como heredera y en la junta de herederos fue nombrada como albacea de la sucesión, posteriormente aceptó y protestó el cargo que le fue conferido. Continuando con dicho cargo la quejosa, al iniciar la segunda sección se formuló el inventario y el avalúo de los bienes que formaban la sucesión. Seguido el procedimiento, el veintinueve de junio de dos mil veintiuno Emilio González Verde, en su carácter de coheredero, promovió un incidente de remoción de albacea fundándose en los hechos y consideraciones de derecho que para el efecto estimó aplicables al caso. Por auto del treinta de junio de dos mil veintiuno, se admitió el incidente de remoción de albacea, ordenándose dar vista a la albacea para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su derecho correspondiera; sin que la albacea ejerciera dicho derecho, respecto del cual se declaró precluido. Asimismo, se llevó a cabo la audiencia de desahogo de pruebas, misma que se celebró el once de noviembre de dos mil veintiuno; concediéndose un plazo de tres días a las partes para formulación de alegatos; y finalmente el catorce de enero de dos mil veintidós se turnaron los autos para dictar sentencia. El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, se dictó sentencia interlocutoria en la cual el juez de origen declaró la remoción de cargo de albacea de Ruth Edith González Verde, y que una vez que causara ejecutoria dicha resolución se señalaría fecha para que tuviera verificativo la junta de herederos conforme lo dispuesto en el artículo 4.46 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de México. Inconforme con dicha resolución, mediante escrito del uno de febrero de dos mil veintidós, Ruth Edith González Verde, promovió recurso de apelación en contra de la resolución incidental de remoción de albacea del veinticuatro de enero de dos mil veintidós. De dicho recurso conoció la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla, Estado de México, quien mediante resolución del veintitrés de marzo del dos mil veintidós en el toca de apelación 176/2022, declaró inoperantes los conceptos de agravio hechos valer por la recurrente y confirmó la sentencia del veinticuatro de enero de dos mil veintidós, dictada por la Juez Cuarto Familiar de Tlalnepantla con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, en el incidente de remoción de albacea promovido por el tercero interesado en contra de la quejosa. 10. El dieciséis de junio de dos mil veintitrés, la autoridad responsable dicto el siguiente proveído: ".Mediante escrito que se registró con la promoción número 11849, que presentó el albacea EMILIO GONZALEZ VERDE el (21) veintiuno de mayo de dos mil veintitrés (2023), solicitó se llevara a cabo nuevamente una inspección judicial en los siguientes inmuebles: El ubicado en el lote doce (12), manzana IV, de la calle veintidós (22) de diciembre, número sesenta y cuatro (64), colonia Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, poseído por ELIA ALICIA GONZALEZ VERDE. El ubicado en el lote once (11) manzana IV, de la calle veintidós (22) de diciembre, número sesenta y seis (66), colonia Manuel Ávila Camacho, municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, habitado por RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE. La petición de la inspección judicial solicitada por el albacea, lo fue para verificar si en esos inmuebles existen espacios para rentar y con ello obtener recursos económicos para los herederos y también para inventariar los bienes muebles que ahí existen, entonces, una vez se observó la videograbación detenidamente, se llega a la decisión siguiente: PRIMERO. Del recorrido realizado en el inmueble que posee ELIA ALICIA GONZÁLEZ VERDE, no existe espacio alguno para rentar. SEGUNDO. Del recorrido realizado en el inmueble (edificio) que posee RUTH EDITH GONZÁ EZ VERDE, sí existe un espacio para rentar, que es aquel, que el albacea identifica como accesoria (ver fotografía que el albacea exhibió en fecha veintitrés [23] de mayo del año en curso), porque todo lo que ahí se encuentra, bien puede ser acomodado en el cuarto de herramientas y trabajo que esta en la parte trasera del inmueble o en el cuarto que esta en el segundo piso, el cual tiene un hoyo en donde se pone una escalera y comunica con el departamento que posee ELIA ALICIA GON ALEZ VERDE, los demás espacios no pueden ser rentado (planta baja, parte trasera, primer piso, segundo piso y azotea), dado que todos se encuentran ocupados y habitados con sala, cocina, comedor, recamaras y baños, además de que se atentaría con el derecho humano a la privacidad de RUTH EDITH y su familia. TERCERO. Dada la determinación anterior, el albacea EMILIO GONZÁLEZ VERDE, será quien realice todo lo necesario para el acondicionamiento de la accesoria y así pueda celebrarse un contrato de arrendamiento, cualquier gasto que se genere lo deberá cubrir y después recuperarlo con el pago de la renta y cuando haya cobrado lo gastado, el importe será dividido y entregado a los cuatro (4) herederos MARÍA SOCORRO VERDE MAYA (SU SUCESIÓN), ELIA ALICIA GONZÁLEZ VERDE, RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE Y EMILIO GONZÁLEZ VERDE, por partes iguales. CUARTO. A su vez, RUTH EDIT GONZÁLEZ VERDE, deberá entregar de manera voluntaria la posesión de esa accesoria, al albacea a más tardar el día treinta (30) de junio de este año y tendrá que cerrar el acceso que tiene a ese espacio por su sala y así sea totalmente independiente, en el entendido que, si no entrega esa posesión, se hará uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras. QUINTO. Respecto a la petición del inventario de los bienes muebles que se encuentran dentro de inmuebles que poseen ELIA ALICIA GONZÁLEZ VERDE Y RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE, ello ya quedo debidamente evidenciado, con la videograbación realizada, de ahí que sea innecesaria descripción alguna de esos muebles. ÚLTIMO. Lo anterior, se fundamenta en los artículos 1.134, 1.135, 1.136, 1.137 y 1.138 del Código Adjetivo Civil." 11. Inconforme con tal determinación las hoy quejosas Ruth Edith González Verde y Elia González Verde interpusieron recurso de revocación que fue resuelto por el Juez responsable el veintiocho de junio de dos mil veintitrés. (resolución que constituye el acto reclamado). SEXTO. La parte quejosa hace valer los siguientes conceptos de violación. 1. Que la resolución reclamada viola lo establecido en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, así como los diversos artículos 1, 8, 17, 14 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. Que el juez responsable violó en su perjuicio los principio pro persona, de legalidad y debido proceso, contemplados en los artículos 14 y 16, al realizar una indebida fundamentación ya que se limitó a enunciar el artículo 6.8 de la ley sustantiva civil, siendo su determinación parcial a los intereses del albacea, violentando el derecho de posesión de la quejosa Ruth Edith González Verde, que ha ejercido de la parte del inmueble denominado garaje. 3. Que los herederos tiene derecho a la masa hereditaria como a su patrimonio común y que la parte del inmueble no ha sido un objeto destinado como local comercial y que deja de atender, como se advierte de la inspección realizada de que tiene la posesión de dicha parte del inmueble y con su determinación la responsable cambia el destino de la parte del inmueble y que no debió fundarla en una inspección. 4. Que la responsable incurrió en una adecuada valoración de la inspección, por lo que violenta el principio de exactitud al pasar por alto que ha tenido la posesión de dicha parte del inmueble y la determinación de modificar su destino, no se justifica que sea indispensable o necesaria para la sucesión y al ser un procedimiento de carácter familiar debió analizar la controversia ejerciendo la suplencia de la queja. 5. Que el juez responsable no analizó de manera correcta la inspección y carece de la debida fundamentación y motivación, que debió de privilegiar el contenido del artículo 17 constitucional, que es el acceso a la justicia, que la impartición de justicia debe de estar libre de obstáculos innecesarios, que genera la exigencia de evitar formalismos innecesarios que impidan la resolución de la controversia sin que se logre el acceso a la justicia, que ello vulneró sus derechos a que se le administrara justicia de manera imparcial, con la debida legalidad y en los plazos y términos que fijan las leyes. Los conceptos de violación son inoperantes en una parte y fundados en otra, por tanto no resultan suficientes para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Ello es así porque el juez responsable en su determinación del veintiocho de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Jesús Emilio González Rodríguez, promovido por Emilio González Verde, en la que se resolvió el recurso de revocación interpuesto por Ruth Edith y Elia ambas de apellidos González Verde, en el que se declaró iinoperantes los agravios hechos valer por las recurrentes al considerar lo siguiente: Que en lo relativo a su agravio, que indican que con la emisión del auto emitido se viola en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucional, 1.134 y 1.138 del Código de Procedimientos Civiles; 6.1 y 6.227 del Código Civil, es inoperante para revocar el proveído recurrido, ya que no ataca las consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, limitándose en referir que se viola en su perjuicio dichos dispositivos legales, sin manifestar en que consiste tal violación. Que los artículos invocados de la ley adjetiva se refieren a los principios rectores del procedimiento, los de la ley sustantiva a las obligaciones del albacea, mientras que los constitucionales ordenan que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, siendo preciso indicar qué el auto combatido fue emitido, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento conforme a lo establecido por la ley, se encuentra debidamente fundado y motivado. Que respecta a sus manifestaciones de que con el auto emitido se ordena la desocupación para rentar el espacio que es su garaje, no una accesoria, al respecto debe indicarse que dichos argumentos son inoperantes en atención a que, si bien es cierto el espacio que se ordenó desocupar no se encuentra acondicionado como local, es por ello que se concedió un término prudente para que RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE, lo desocupara y el actual albacea se encargue de acondicionado como tal para que con posterioridad sea dado en arrendamiento. Que dicho espacio está siendo ocupado por el derecho que tienen en la sucesión de su padre y madre y que fue ésta última quien les heredó su cincuenta por ciento (50%) que le correspondía por haber sido cónyuge supérstite del autor de la presente sucesión, al respecto debe decirse que dichos argumentos son inatendibles por insuficientes para revocar el auto combatido, pues las recurrentes deben recordar que aún no ha sido aprobada la cuarta sección, para que se pueda asegurar que porcentaje del caudal hereditario le corresponde a cada heredero. Que la misma suerte corren los agravios referentes a que durante el manejo de su encargo como albacea, RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE, siempre pago los servicios generados durante el tiempo que duró, al respecto debe decirse que dichas aseveraciones debió reportarlas o hechas valer al formular la tercera sección denominada de rendición de cuentas, donde de manera detallada y pormenorizada debió referirse a los frutos, gastos erogaciones realizadas durante el periodo que duro su administración. Que respecta a que el actual albacea se encuentra ocupando un inmueble que también forma parte del caudal hereditario, debe decirse que dichas manifestaciones son insuficientes para revocar el auto combatido, pues en caso de ser así, dicho coheredero al igual que las inconformes estaría ocupando un bien inmueble que forma parte de la masa hereditaria, debiendo recordar que todos los coherederos tienen igual derecho a disfrutar de la misma hasta en tanto no se realice la partición y adjudicación, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 6.8 de la Ley Sustantiva civil. Que respecto de que con el auto combatido se están violentando sus derechos humanos y las coloca en un grave riesgo en su integridad física, corporal y jurídica, debe decirse que dichos argumentos resultan inoperantes para revocar el auto combatido, pues las recurrentes deben recordar que el auto emitido, se determinó que RUTH EDITH GONZALEZ VERDE, deberá cerrar el acceso que tiene a ese espacio por su sala y así sea totalmente independiente, es decir; con la finalidad de que no sea invadida su privacidad e integridad se ordenó que se cerrara el acceso que existe entre el espacio que actualmente denomina garaje y su sala, para que al ser totalmente independientes cada uno de esos espacios, no se vea afectada o perjudicada la recurrente ni en su persona, integridad, privacidad, pues ni el albacea ni los inquilinos que llegaren a rentar dicho espacio no pueden ni deben tener acceso al domicilio de la recurrente RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE. En efecto como se anticipó los conceptos de violación identificados con los números 1, 3, 4 y 5, son inoperantes, habida cuenta que la parte quejosa no combatió las consideraciones que constituyen los argumentos torales que rigen el acto reclamado, los cuales deben prevalecer ante su inadecuada impugnación. Lo anterior es así, dado que la parte quejosa no controvierte los motivos plasmados en la resolución de veintiocho de junio de dos mil veintitrés, porque en sus conceptos de violación únicamente señaló que el juez responsable violó en su perjuicio los principio pro persona, de legalidad y debido proceso, contemplados en los artículos 14 y 16, al realizar una indebida fundamentación, siendo su determinación parcial a los intereses del albacea, violentando el derecho de posesión de Ruth Edith González Verde, que ha ejercido de la parte del inmueble denominado garaje, que los herederos tiene derecho a la masa hereditaria como a su patrimonio común y que la parte del inmueble no ha sido un objeto destinado como local comercial y que cambio el destino de la parte del inmueble; que incurrió en una adecuada valoración de la inspección, que no analizó de manera correcta la inspección y que debió de privilegiar el contenido del artículo 17 constitucional. Sin embargo no controvierte el contenido del acto reclamado, entre otras cosas que si bien es cierto el espacio que se ordenó desocupar no se encuentra acondicionado como local, es por ello que se concedió un término prudente para que RUTH EDITH GONZÁLEZ VERDE, lo desocupara y el actual albacea se encargue de acondicionado como tal para que con posterioridad sea dado en arrendamiento y que aún no ha sido aprobada la cuarta sección, para que se pueda asegurar que porcentaje del caudal hereditario le corresponde a cada heredero, que las aseveraciones consistentes en que pago los servicios generados durante el tiempo que duró como albacea, debió reportarlas o hechas valer al formular la tercera sección denominada de rendición de cuentas y que por lo que respecta a que el actual albacea se encuentra ocupando un inmueble que también forma parte del caudal hereditario, debe decirse que dichas manifestaciones son insuficientes para revocar el auto combatido, pues en caso de ser así, dicho coheredero al igual que las inconformes estaría ocupando un bien inmueble que forma parte de la masa hereditaria, pues las recurrentes deben recordar que en el auto emitido, se determinó que RUTH EDITH GONZALEZ VERDE, deberá cerrar el acceso que tiene a ese espacio por su sala y así sea totalmente independiente, con la finalidad de que no sea invadida su privacidad e integridad se ordenó que se cerrara el acceso que existe entre el espacio que actualmente denomina garaje y su sala, para que al ser totalmente independientes cada uno de esos espacios, no se vea afectada o perjudicada la recurrente ni en su persona, integridad, privacidad, pues ni el albacea ni los inquilinos que llegaren a rentar dicho espacio no pueden ni deben tener acceso al domicilio de la recurrente, etcétera, por lo que no se puede entrar a su estudio. De ahí que se afirme que resulten inoperantes y por tanto el acto reclamado quede subsistente ante su inadecuada impugnación; por consiguiente, ello no permite a este juzgador proceder al examen de los argumentos que pretende establece, pues correcta o no la determinación, la misma debe quedar incólume con razón de no haber sido impugnada debidamente en los motivos de inconformidad. Por tanto, los conceptos de violación deben declararse inoperantes, pues a efecto de proceder a su estudio, era necesario que la parte quejosa controvirtiera las consideraciones torales de la responsable al emitir la resolución reclamada y al no hacerlo de manera eficaz, como se precisó en párrafos precedentes, subsiste tal determinación que constituye un impedimento técnico a fin de proceder al juicio valorativo pretendido por el impetrante. Cobra aplicación la jurisprudencia 724, visible en la página 487, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INSUFICIENTES Y SU ESTUDIO ES INNECESARIO, SI NO ATACAN LA TOTALIDAD DE LAS CONSIDERACIONES ESENCIALES QUE SUSTENTAN EL ACTO RECLAMADO. Cuando no haya lugar a suplir la deficiencia de la queja, y el acto reclamado se sustenta en varias consideraciones esenciales, cada una de las cuales sea capaz de sostenerlo con independencia de las otros, el quejoso debe combatirlas todas, pues de no hacerlo así, la resolución subsistirá con aquéllas que no fueron impugnadas, y por tanto los conceptos de violación, aunque fuesen fundados serían insuficientes para la concesión del amparo, lo que hace innecesario el examen de la constitucionalidad a la luz de los argumentos expresados." Asimismo, la diversa 716, publicada en la página 482, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, Tomo VI, Parte TCC, la cual es del contenido literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE OMITEN COMBATIR ALGUNAS CONSIDERACIONES EN QUE SE APOYA EL ACTO RECLAMADO. SON INSUFICIENTES. Los conceptos de violación deben estar relacionados directa e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó la autoridad responsable y no las combate, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por consecuencia deben subsistir". Finalmente, el concepto de violación identificado con el número 2, en el que manifestó que el juez responsable violó en su perjuicio los principio pro persona, de legalidad y debido proceso, contemplados en los artículos 14 y 16, al realizar una indebida fundamentación ya que se limitó a enunciar el artículo 6.8 de la ley sustantiva civil, siendo su determinación parcial a los intereses del albacea, violentando el derecho de posesión de la quejosa Ruth Edith González Verde, que ha ejercido de la parte del inmueble denominado garaje, resulta fundado. Se afirma lo anterior, ya que el juez responsable indebidamente, considero que por lo que respecta a que el actual albacea se encuentra ocupando un inmueble que también forma parte del caudal hereditario, pues dicho coheredero al igual que las inconformes estaría ocupando un bien inmueble que forma parte de la masa hereditaria, ya que todos los coherederos tienen igual derecho a disfrutar de la misma hasta en tanto no se realice la partición y adjudicación, fundamentándolo en términos de lo dispuesto por el artículo 6.8 de la Ley Sustantiva Civil. En efecto, si bien es cierto el artículo 6.8 del Código Civil para el Estado de México, establece que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como a un patrimonio común, mientras no se haga la división, también es verdad, que no es indispensable que, en todos los casos, el albacea tenga la posesión material de todos los bienes para desempeñar adecuadamente las funciones que le son propias; aceptar una respuesta absoluta, en sentido positivo o negativo, significaría desconocer las múltiples circunstancias y problemas jurídicos que pueden presentarse en torno a las necesidades de la sucesión, cuando éstas se confrontan con los derechos de los herederos. De ahí que se trata de una decisión que debe ponderarse en cada caso a través de la vía incidental, para respetar el derecho de audiencia de los interesados y resolver teniendo en cuenta los derechos ya reconocidos a favor de ciertas personas, la afectación al patrimonio que conforma la masa hereditaria, y los daños que pudieran ocasionarse de manera grave o irreparable a personas en estado de vulnerabilidad; todo lo cual debe ponderar el juzgador en cada caso, para determinar la necesidad de que sea estrictamente el albacea quien deba poseer materialmente los bienes. Estimar que el heredero debe entregar, inexorablemente, al albacea los bienes que éste tenga en posesión, podría entrañar el grave peligro de que el trámite sucesorio se convierta en una vía legalista para desconocer los derechos de los herederos, y alterar el estado jurídico que conservan las cosas sin antes haber realizado un ejercicio de ponderación entre los intereses que se encuentren en juego, con lo que la sucesión sería entonces una forma legal para desconcertar a los herederos, lejos de brindarles seguridad jurídica, que es finalmente lo que se busca con esa clase de juicios universales: una ordenada y justa transmisión de los bienes de una persona fallecida. Por tanto, se concluye que el juez responsable, deberá resolver la litis incidental, con el ánimo de lograr un debido equilibrio entre las obligaciones del albacea y el derecho de los herederos, porque la naturaleza especial de la institución jurídica del albacea le implica una representación tanto en favor del autor de la herencia como de los derechos de los herederos, por lo que no podría válidamente aceptarse que, si el albacea no justifica la necesidad de tener la posesión material del inmueble, deba ineludiblemente entregársele ésta en detrimento de intereses que también el albacea está obligado a salvaguardar y representar en el procedimiento sucesorio, como son los derechos de los herederos. Así, el otorgamiento de la protección constitucional en el presente asunto, es para el efecto de que la Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, realice lo siguiente: a) Deje insubsistente la resolución del veintiocho de julio del dos mil veintitrés, emitida en el expediente 1847/2016 del juicio sucesorio intestamentario a bienes de Jesús Emilio González Rodríguez, promovido por Emilio González Verde, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por las aquí quejosas Ruth Edith González Verde y Elia González Verde, el cual se declaró infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la recurrente y confirmó el auto de dieciséis de junio del año en curso. b) Hecho ello, emita otra determinación en la que atendiendo a lo expuesto en la presente resolución y con libertad de jurisdicción, de manera otra de manera fundada y motivada, lo que en derecho corresponda, de conformidad con ley aplicable en esta entidad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, así como en el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La justicia AMPARA y PROTEGE a ********, por derecho propio y en su carácter de herederas de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, por los motivos expuestos en el último considerando esta sentencia. Notifíquese hágase por lista electrónica a la parte quejosa y al tercero interesado *********; por oficio a la autoridad responsable y al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito del tercero interesado *******************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las manifestaciones que realiza a guisa de alegatos, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte, la documental que adjunta al ocurso de cuenta, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las partes en determinación del veinticinco de agosto del año en curso para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Sin que sea necesario notificar esta determinación a la responsable, toda vez que dicha circunstancia no le irroga perjuicio alguno. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martín Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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