Rusbel Antonio Méndez Castillo

Expediente 2181/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
2181/2016
Año
2016
Actuaciones
12
Última actuación
31/01/2017

Partes del expediente

  • Rusbel Antonio Méndez Castillo
  • Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en materia de Trata de personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de esos Delitos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo ha causado ejecutoria, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Se ordena devolver al Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Dos Fiscalía Especializada a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, residente en esta ciudad, las copias certificadas de la carpeta de investigación *** (un tomo), la cual remitió en apoyo a su informe justificado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza y da fe licenciada Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que el presente acuerdo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    Visto, para resolver, el juicio de amparo 2181/2016-I, promovido por ********** R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparos y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, turnado en esa propia fecha, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, con sede en esta ciudad,********************* por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Dos de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ".Reclamo de la FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS: a) La violación al principio y derecho de presunción de inocencia del suscrito en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016. b) La falta de acuerdo y la determinación del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, no obstante de no existir en dicha carpeta de investigación dato de prueba alguno que resulte ser idóneo, pertinente, bastante y suficiente que hagan presumir la existencia de una conducta delictiva desplegada por el suscrito. c) La omisión del acuerdo de la devolución de los objetos que fueron asegurados en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, no obstante que fueron solicitados y acreditados en propiedad mediante escrito de fecha 29 de agosto de 2016. d) El menoscabo patrimonial del suscrito toda vez que desde el 13 de julio de 2016, mi establecimiento denominado apolo bats/haus y/o baños de vapor apolo, se encuentra sin funcionar sin actividad comercial, sin embargo sigo cumpliendo la obligación con el arrendatario es decir julio, agosto, septiembre y octubre he tenido que absolver el pago de la renta mensual de $3,000.00, que sumados son en mi detrimento y es la cantidad de $12,000.00 en detrimento y violando mi derecho a realizar una actividad laboral y al trabajo. DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN ATENCIÓN A LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS Y PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE ESTOS DELITOS, reclamo lo siguientes: a) La aprobación y autorización de la determinación del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, radicado en la mesa de trámite 2. b) El menoscabo patrimonial del suscrito toda vez que desde el 13 de julio de 2016, mi establecimiento denominado apolo bats/haus y/o baños de vapor apolo, se encuentra sin funcionar sin actividad comercial, sin embargo sigo cumpliendo la obligación con el arrendatario es decir julio, agosto, septiembre y octubre he tenido que absolver el pago de la renta mensual de $3,000.00, que sumados son en mi detrimento y es la cantidad de $12,000.00 en detrimento y violando mi derecho a realizar una actividad laboral y al trabajo. DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS, reclamo lo siguiente: a) La aprobación y autorización de la determinación del no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, radicado en la mesa de trámite 2. De La Fiscalía Especializada En Atención A Los Delitos En Materia De Trata De Personas Y Para La Protección Y Asistencia A Las Víctimas De Estos Delitos. b) El menoscabo patrimonial del suscrito toda vez que desde el 13 de julio de 2016, mi establecimiento denominado apolo bats/haus y/o baños de vapor apolo, se encuentra sin funcionar sin actividad comercial, sin embargo sigo cumpliendo la obligación con el arrendatario es decir julio, agosto, septiembre y octubre he tenido que absolver el pago de la renta mensual de $3,000.00, que sumados son en mi detrimento y es la cantidad de $12,000.00 en detrimento y violando mi derecho a realizar una actividad laboral y al trabajo." Actos que el promovente estimó violatorios de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de las garantías para su protección, contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17 19 y 20 de la citada legislación. SEGUNDO. Mediante proveído de trece de octubre de dos mil dieciséis, se registró bajo el número 2181/2016-I; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en los términos que constan en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales, 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los Acuerdos Generales 3/2013 y 16/2016, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, el primero, a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, y el segundo, al cambio de denominación de Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, a partir del catorce de marzo del año en curso, a Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, promovida contra actos de autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que se ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de método, el titular de este órgano jurisdiccional procede a la fijación del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá; conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al asunto que nos ocupa por identidad de razón, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En tal virtud, del análisis integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1. La omisión de decretar el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016. 2. La omisión del acuerdo de devolución de los objetos asegurados en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Uno de los presupuestos procesales del juicio de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia el acto reclamado, habida cuenta que no es posible analizar la procedencia de la instancia y, en su caso, el fondo del asunto, si no existe la conducta que se atribuye a las responsables. Asimismo, es pertinente señalar que la determinación de la existencia de los actos atribuidos a la autoridad responsable atañe a cuestiones fácticas, esto es, a la comprobación en autos, con cualquiera de los medios legales, de la realización de esos actos por tal autoridad, o sea, si han efectuado un hecho voluntario, positivo o negativo, consistente en una decisión, ejecución u omisión. En ese sentido, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y 3. Procurador General de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo expresaron en su respectivo informe justificado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna con la que desvirtuara tales negativas. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio por la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados atribuidos a la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Dos de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con domicilio en esta ciudad, pues así se advierte de las manifestaciones que hizo al rendir su informe justificado, no obstante que negó su existencia (fojas 51-54). La certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado la fiscal responsable, consistentes en copias certificadas de la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, de la que se desprende su existencia. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Previo al estudio de la Constitucionalidad del acto reclamado, se debe analizar si en el caso particular se actualiza alguna de las causas de improcedencia previstas por la legislación de la materia, en virtud de ser una cuestión de orden público de conformidad con el contenido del artículo 62 de la Ley de Amparo en Vigor. En el caso es innecesario transcribir y analizar los motivos de inconformidad que hace valer la parte quejosa, en razón de que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo Vigente; que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente : "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija." Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la omisión de decretar el no ejercicio de la acción penal y devolución de los objetos asegurados en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que mediante acuerdo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, la Fiscal Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, autorizó la propuesta de no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, por atipicidad, en términos del artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo, la devolución de bienes asegurados, en la citada indagatoria; además, constancia de entrega de bienes muebles al aquí quejoso (fojas 73-75 y 145). En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión por parte de la autoridad responsable 2. Fiscal del Ministerio Público Titular de la Mesa de Trámite Número Dos de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con domicilio en esta ciudad, de decretar el no ejercicio de la acción penal y devolución de los objetos asegurados en la carpeta de investigación 0010-101-2601/2016, ha cesado en sus efectos. Ello, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tal virtud, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXl de la ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V, del numeral 23, del propio ordenamiento, obliga a sobreseer en el presente juicio. SEXTO. PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011, emitida por la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos personales del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. SÉPTIMO. CAPTURA DE SENTENCIA. Con fundamento en el Acuerdo General 29/2007 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 2181/2016, PROMOVIDO POR ********* por las razones vertidas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo constitucional. SEGUNDO. Publíquese la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimiento del Expediente (SISE), acorde con lo ordenado en los considerandos sexto y séptimo de este fallo. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, tomando en consideración que no ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo vigente, durante el cual debe hacerse del conocimiento de las partes el contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con sede en esta ciudad; se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Gómez Castro, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/8629/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa con la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de la Fiscal del Ministerio Público Investigador, de la Fiscalía Especializada en Atención y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, mediante el cual remite copia certificada el acuerdo de autorización de la propuesta de no ejercicio de la acción penal por atipicidad, lo anterior, sin mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de quince de diciembre del año en cuso, se solicitaron a la citada fiscal todas las actuaciones posteriores al tres de octubre de la presente anualidad, de la carpeta de investigación ***. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Arturo Gómez Castro, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con aprobación de la Comisión de Carrera Judicial de la Judicatura Federal, en oficio CCJ/ST/8629/2016, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de trece de diciembre de dos mil dieciséis, quien actúa con la secretaria licenciada Laura Elena Romero Luna, que autoriza las actuaciones y da fe, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien además certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y el acuerdo mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

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