Ruperto Ocaña Conde
Expediente 343/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 343/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/04/2019
Partes del expediente
- Ruperto Ocaña Conde
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese la comunicación del secretario del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, por medio del cual informa que ese Juzgado aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE TRES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; tres de abril de dos mil diecinueve. Se ordena agrégar a los autos los informes justificados rendidos por los Jueces Primero y Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Ahora bien, de las constancias remitidas por la responsable Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, se arriba a la consideración que, por cuestión de turno, es diverso juzgado quien debe conocer y resolver este asunto. Cabe destacar el contenido de los artículos 45, fracción II y 46, fracción Il , del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo de dos mil dieciséis. De la transcripción de los citados artículos se advierte que el criterio para el turno de asuntos puede ser de forma relacionada, es decir, cuando exista un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación general o especifico; asimismo, procede la vinculación cuando se promuevan demandas de amparo que se refieran a un mismo acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto. En el caso en concreto, de las constancias remitidas por la responsable, se observa que el entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chiapas (ahora Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas), con residencia en esta ciudad, conoció del juicio de amparo ******** promovido por el aquí quejoso ********** contra actos del Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y otras autoridades, derivados de la causa penal de origen ******* del índice del entonces Juzgado Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, que ahora le corresponde el número ********* de la estadística del Juzgado Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves, como autoridad sustituta Es más, el acto reclamado en este asunto se emitió en cumplimiento a la ejecutoria de dicho amparo, pues el referido Juzgado Federal dictó sentencia de fondo en la que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que reclamó al Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves. En efecto, el acto reclamado se hace consistir en: "4.- ACTO RECLAMADO: Del cual me enteré este Martes 16 de Marzo del presente año 2019, lo hago consistir en ORDEN DE APREHENSIÓN que pretende ejecutarse en mi contra, sin que haya el suscrito cometido delito alguno que amerite pena corporal". En tal virtud, si el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas (antes Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado), con residencia en esta ciudad, como se precisó, conoció del diverso juicio de amparo ********* promovido por el aquí quejoso ******** en contra del Juez Tercero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves y otras autoridades, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, derivados del expediente ********* de su índice; por lo que se acredita que dicho Juzgado Federal, es quien ha conocido de actos provenientes de un mismo expediente jurisdiccional penal. Por tanto, es evidente que existe un conocimiento previo del asunto por parte del citado juzgador federal; por lo cual, se estima conducente aprovechar el conocimiento previo. Bajo ese contexto, este operador jurídico considera que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 46, párrafos primero, fracción ll, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma adiciona y deroga el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, para que este juicio de amparo, sea del conocimiento del Juzgado que conoció con antelación de un acto derivado del mismo asunto; es decir, del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas (antes Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado), con residencia en esta ciudad; pues dicho órgano jurisdiccional fue quien conoció del juicio de amparo ********** en el que emitió sentencia de fondo. Y si bien, este órgano jurisdiccional concurre en igualdad de facultades competenciales en razón de grado, materia y territorio, con el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad; no puede pasarse desapercibido que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Por lo anterior, se concluye que el último juicio relacionado con esta demanda, en el que se entró al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, es el *********** del índice del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas (antes Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado), residente en esta ciudad; además, no se puede estimar materia de competencia para conocer del juicio de amparo una cuestión de turno, lo que constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, es decir, un prorrateo de los expedientes entre los juzgados de distrito que tienen igual competencia. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia, PC.XXIX.J/2 K (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, del rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE JUECES DE DISTRITO. ES INEXISTENTE CUANDO SE HACE DERIVAR DEL TURNO DE LOS ASUNTOS. Conforme a los artículos 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 de la Ley de Amparo y 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para estimar que existe un conflicto de competencia entre Jueces de Distrito, que deba ser resuelto por un Tribunal Colegiado de Circuito, es menester que los referidos juzgadores se nieguen a conocer de un asunto en materia de amparo, al considerar que carecen de competencia por razón de grado, de territorio o de materia, y no por una cuestión de turno, el cual constituye sólo una forma de distribuir la labor judicial, es decir, un prorrateo de los expedientes entre varios juzgados que tienen igual competencia. En ese orden, las controversias suscitadas entre los Juzgados de Distrito con motivo de la aplicación de las normas que regulan el turno de los asuntos no constituyen en sí un conflicto de competencia legal, sino una cuestión de turno, la cual en atención al artículo 44, sección octava, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, en vigor al día siguiente, debe ser dirimida de plano y en breve tiempo mediante consulta realizada ante la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, sin suspender trámite ni generar conflicto por razón de turno". Asimismo, sostiene lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de la literalidad siguiente: "COMPETENCIA POR TURNO. EL ACUERDO GENERAL 48/2008 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, SÓLO ES APLICABLE PARA DECIDIR RESPECTO AL TURNO DE ASUNTOS COMPETENCIA DE ÓRGANOS JURISDICCIONALES RESIDENTES EN EL MISMO CIRCUITO JUDICIAL. A partir del 9 de septiembre de 2008 entró en vigor el Acuerdo General 48/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se modifica el artículo 9 del diverso Acuerdo General 13/2007, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, instaurando nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, con la obligación de que, previamente a su asignación aleatoria, los jefes de las indicadas Oficinas verifiquen si el asunto debe remitirse a un órgano jurisdiccional determinado, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: a) Provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional o averiguación previa, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado; b) Tratarse de cualquier recurso relacionado con un juicio de amparo que ya haya sido del conocimiento de algún Tribunal Colegiado de Circuito, en cualquier vía; y, c) Cuando las demandas de amparo, recursos o medios de impugnación, se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, excepto los casos en que solamente se impugnen disposiciones generales. Sin embargo, el ordenamiento aludido resulta aplicable cuando tiene que decidirse respecto al turno que deba darse a asuntos competencia de órganos jurisdiccionales residentes en el mismo circuito judicial, quienes concurren en igualdad de facultades competenciales, en razón de grado, materia y territorio, y tienen una misma Oficina de Correspondencia Común que debe atender al sistema aleatorio y al de conocimiento previo que se describe en los acuerdos generales de referencia, pues la aplicación de estos últimos únicamente tiene como fin dirigir o reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el negocio relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo, evitando el dictado de resoluciones contradictorias, sin que pueda hacerse extensiva su aplicación a un ámbito competencial diverso al que es propio del órgano jurisdiccional originariamente competente, ya que dichos acuerdos no pueden soslayar las diversas disposiciones que delinean la potestad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación por razón de materia, grado o territorio. Además, se reitera que la aplicación del Acuerdo General de cuenta, tiene como fin reenviar un expediente a un órgano jurisdiccional en específico por haber realizado algún pronunciamiento sobre el problema planteado en el asunto relativo, utilizando sus consideraciones y aprovechando ese conocimiento previo de los antecedentes del expediente respectivo. Por lo anterior, se ordena remitir los autos de este juicio de amparo con los cuadernos incidentales; así como un tomo de pruebas consistente en copia certificada de la causa penal ********** remitidas por el Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas; para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no del returno planteado; fórmese cuaderno de antecedentes. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veinte minutos del veintitrés de abril de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Visto, para resolver este incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 343/2019, promovido por *********** ; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la suspensión. ************ promovió demanda de amparo por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales y solicitó la suspensión contra las autoridades y actos que a continuación se indican. 1. Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves. 2. Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves. Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 3. Fiscal General del Estado de Chiapas. 4. Director de la Policía Especializada. Ciudad. ACTO RECLAMADO "4.- ACTO RECLAMADO: Del cual me enteré este Martes 16 de Marzo del presente año 2019, lo hago consistir en ORDEN DE APREHENSIÓN que pretende ejecutarse en mi contra, sin que haya el suscrito cometido delito alguno que amerite pena corporal". SEGUNDO. Mediante proveído de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve (fojas 4-9), se ordenó tramitar este incidente de suspensión, se pidieron los informes previos a las autoridades responsables, se proveyó lo relativo a la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de suspensión, de conformidad con los artículos 125, 128, 129, 138, 169 y 140, de la ley de Amparo, toda vez que conoce del juicio de amparo del que emana el incidente en que se actúa, el cual se inició a petición de la parte agraviada con arreglo a las disposiciones relativas que prevé la citada legislación de la materia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo Vigente, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por los demandantes de amparo. En el caso concreto, la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad y Juez Primero del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, CIntalapa y Tuxtla, con domicilio en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe previo (fojas 22 y 25). Dichos informes gozan de valor probatorio pleno en términos de los artículos 140 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, puesto que las autoridades responsables gozan de la presunción de veracidad, y en los autos no existe constancia que indique lo contrario. Se cita al caso el criterio jurisprudencial siguiente: "INFORME PREVIO, VALOR DEL. El informe previo rendido por la autoridad responsable, debe tenerse por cierto, mientras no se demuestre lo contrario, ya que sólo se exige a la autoridad responsable, que exprese si son, o no ciertos los actos que se le atribuyen, para determinar la existencia del acto que se reclama; sin que sea necesaria la comprobación de lo que expresa, pues esto se reserva para el informe justificado, en el cual sí es necesaria la demostración de lo que afirma". Así como el diverso de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "SUSPENSIÓN, VALOR DEL INFORME EN LA. La tesis establecida en el sentido de que el informe de las responsables, rendido sin la debida justificación, equivale a la aseveración de cualquiera de las partes, es aplicable al caso en que se ventile el juicio en lo principal, que es donde debe comprobarse la constitucionalidad de los actos reclamados; pero en el incidente de suspensión por la brevedad y urgencia en resolverlo, por no estar a debate la legalidad de dichos actos, el criterio que se observa es en el sentido de que debe tenerse como verídica la afirmación del informe previo, si no se rinden pruebas en contrario". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 128 y 129 de la Ley de Amparo, debe NEGARSE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la quejosa *************** respecto de dichas autoridades responsables, al otorgarse valor preponderante a las manifestaciones vertidas por las mismas en su informe previo, pues la carga probatoria recae en la parte quejosa, la cual no acreditó con algún medio la existencia de los actos cuya suspensión solicita. Tiene aplicación, el criterio que sustenta el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "INFORME PREVIO. LA NEGATIVA DE LOS ACTOS NO DESVIRTUADA. Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y no se desvirtúa tal negativa, deben tenerse como inexistentes los mismos". CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión atribuida al Juez Segundo del Ramo Penal para la Atención de Delitos Graves de los Distritos Judiciales de Chiapa, CIntalapa y Tuxtla, residentes en Cintalapa de Figueroa, Chiapas y Director General de la Policía Especializada, con domicilio en esta ciudad, pues así lo reconocieron al rendir su informe previo (fojas 26 y 23). Dicho juez responsable informó que el uno de agosto de dos mil trece, dentro de los autos que conforman la causa penal*************de su índice, como autoridad sustituta (antes 64/2010 de la estadística del entonces Juzgado Tercero del Ramo Penal), en cumplimiento a la ejecutoria de amparo número ************ , del índice del entonces Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, se ordenó la orden de búsqueda y aprehensión, en contra de ************ , como probable responsable del delito de violación equiparada, previsto en los arábigos 235 párrafo primero fracción II, y para efectos de sanción en el numeral 233 último párrafo, con relación a los numerales 14 párrafos primero y segundo fracción I, 15 Párrafos primero y segundo y 19 párrafos primero y segundo fracción II, del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, cometido en agravio de ************. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA. En acatamiento a los preceptos 162, 163 y 166, en relación con el 147, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, los efectos de la medida cautelar en cuanto a los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables son los siguientes: Al derivar la orden de aprehensión reclamada de un Juez del Sistema Tradicional, por un delito que se cometió durante la vigencia del Sistema Tradicional y es de aquéllos respecto de los cuales no procede el beneficio de la libertad provisional bajo caución, se concede la suspensión definitiva solicitada para el efecto de que el quejoso **************quede en cuanto a su libertad, a disposición de este juzgado en el Centro de Readaptación correspondiente, una vez que se ejecute el mandato de captura; permaneciendo a disposición del juez del procedimiento penal, por lo que respecta a la secuela respectiva. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que ha causado ejecutoria la sentencia que se dicte en el fondo del asunto; por lo cual, se hace hincapié a las autoridades que tienen expedita su atribución para proceder a la ejecución del referido mandato privativo de libertad. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XVIII, noviembre de 2003, registro electrónico 182754, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo". Po otro lado, con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las autoridades ejecutoras que para el cumplimiento y ejecución del auto de suspensión, se observarán las disposiciones relativas al Título Quinto de la Ley y en caso de incumplimiento, cuando la naturaleza del acto lo permita, el órgano jurisdiccional de amparo podrá hacer cumplir la resolución suspensional o podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento. En efecto, infórmese a las autoridades responsables ejecutoras que el dispositivo 262, fracción III, de la ley en aplicación señala que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Este mandamiento no impide: A) La detención del quejoso ordenada por el agente del ministerio público en uso de la facultad que le confiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional, por tratarse de un caso urgente, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley, y ante el riesgo fundado de que puedan sustraerse a la acción de la justicia. B) La privación de su libertad personal si se trata del cumplimiento de una orden judicial diversa a la reclamada en este juicio. C) Su detención con motivo de la comisión de un delito flagrante, en los términos precisados en el párrafo quinto, del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y D) La restricción de su libertad si se les sorprende infringiendo los reglamentos de policía y buen gobierno. En la inteligencia que si la privación de la libertad deriva de mandamiento de captura, ya analizado vía amparo, por un Juez de Distrito que la consideró en sentencia firme constitucional, tampoco opera la presente medida cautelar. QUINTO. En términos de lo previsto por la fracción III, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, dado que el duplicado del incidente de suspensión no cuenta con documentos originales, es susceptible de destrucción una vez transcurridos los seis meses en que se dictó esta resolución interlocutoria contados a partir del día de su publicación; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con base además en lo establecido por los artículos 138 y 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. SE NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ************ en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos del considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por ************** en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, en términos del considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. El duplicado del cuaderno incidental resulta destruible en los términos del considerando quinto de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese en el incidente de suspensión en que se actúa de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo rendido por el Encargado de la Dirección Jurídica, en audiencia del Director General de la Policía Especializada, con domicilio en esta ciudad; y dése cuenta con el mismo en la audiencia incidental, con base a lo dispuesto por el artículo 144 de la ley en la materia. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegados de la responsable antes mencionada, a las personas que cita. Notifíquese.
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