Ruperto Hernández Hernández

Expediente 670/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
670/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
13/07/2021

Partes del expediente

  • Ruperto Hernández Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior, en la caratula del expediente principal conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguense los oficios de cuenta signados por el Titular de la Unidad Jurídica en la Delegación Estatal Guerrero del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual informa las acciones implementadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, como se advierte de las documentales que en copia certificada exhibe; asimismo, solicita se requiera a la Jefatura de Servicios de Conciliación y Dictaminación de Quejas y Reembolso, dependiente de la Subdirección de Atención al Derechohabiente de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad de dicho Instituto, con domicilio en la Ciudad de México, dado que esta última es la autoridad encargada de autorizar el pago correspondiente al quejoso Alejandro Ollúa Hernández, materia de la ejecutoria. En consecuencia, tomando en consideración que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, la cual debe ser cumplimentada sin demora por las autoridades responsables e inclusive todas las autoridades si tienen o deben tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria amparadora, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de la sentencia protectora, pese a que no hubieren sido designadas como responsables, como en el caso acontece, en obvio de mayores dilaciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase mediante el servicio de mensajería acelerada denominado "estafeta" a la Jefatura de Servicios de Conciliación y Dictaminación de Quejas y Reembolso, dependiente de la Subdirección de Atención al Derechohabiente de la Dirección Normativa de Supervisión y Calidad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con domicilio en la Ciudad de México, para que en el término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este juzgado el cumplimiento dado a la resolución dictada el veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el expediente número 107/2018, lo que implica el pago inmediato al referido quejoso de la cantidad de $20,178.00 (veinte mil ciento setenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional); lo que deberá acreditar documentalmente. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente en el país, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese lo de cuenta; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación del Gobernador del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa. Del mismo modo, en términos del artículo 5, fracción I, en relación con el 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en cuanto a su vigencia, así como a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial, por sus similares 25/2020, 37/2020 y 1/2021, téngase como dato de contacto de su parte, es decir únicamente para comunicaciones no procesales, los correos electrónicos que proporciona. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito que autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA,EL CONTENIDO DE LA RESOLUCION DE FECHA DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, MEDIANTE LISTA ELECTRÓNICA QUE SE FIJA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN; ACUERDO QUE DICE: Acapulco, Guerrero; dieciocho de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Presidente de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a nombre del órgano laboral que preside, residente en esta ciudad, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; ahora, respecto de las constancias remitidas como justificación al informe que se recibe de la citada autoridad, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional. Luego, tomando en consideración que se remite copia certificada de la comparecencia de catorce de junio del presente año, mediante la cual el aquí quejoso Ruperto Hernández Hernández (parte actora en el juicio de origen) se desistió lisa y llanamente de su escrito de demanda así como de las acciones y prestaciones reclamadas en el mismo, no reservándose ninguna acción ni derecho que ejercitar en contra de los demandados Fletes del Pacifico y/o Kars Pacifico y/o Ignacia Luengas Herrera y/o Inocente Peñalosa Montes y/o la persona física o moral que resulte ser explotadora, propietaria o responsable de la fuente de trabajo, lo que acordó en sus términos la junta responsable ordenando el archivo del expediente laboral 134/2021 como asunto total y definitivamente concluido, documental a la que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. Por tanto, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, de oficio se determinan las consecuencias jurídicas que genera lo anteriormente informado. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que a la letra señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Es conocido que acorde al artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de garantías tiene como fin último cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad. De lo que se sigue que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia en cita, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de garantías en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto el quejoso Ruperto Hernández Hernández, en su carácter de actor en el juicio laboral 134/2021, reclamó de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acapulco de Juárez, Guerrero, el acuerdo de diecinueve de abril del año en curso, mediante el cual señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia bifásica, y como se indicó de las constancias que con esta fecha se reciben, las cuales fueron valoradas en párrafos anteriores; se advierte que el catorce de junio actual se ordenó el archivo del expediente laboral como asunto total y definitivamente concluido, al haberse desistido el actor, aquí quejoso de su escrito de demanda así como de las acciones y prestaciones reclamadas en el mismo; luego es inconcuso que aun subsistiendo el acuerdo reclamado dejó de surtir sus efectos legales y materiales, debido a que su materia, dejó de existir con motivo del archivo del juicio de origen, de ahí que resulte improcedente el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 189, tomo XXIV, Diciembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En esas condiciones, lo procedente es sobreseer el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con la tramitación del asunto y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido, por ende, se deja sin efecto la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lorena Morales Saldierna, Secretaria del propio juzgado de Distrito que autoriza y da fe. LO QUE NOTIFICO POR ESTE MEDIO, PARA LOS EFCTOS LEGALES CONDUCENTES...

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano