Rufino Salto Peñaloza

Expediente 174/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
174/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2020

Partes del expediente

  • Rufino Salto Peñaloza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de la ley de la materia, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee, ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, capítulo octavo denominado "EXPEDIENTES DESTRUIBLES", artículo 21, inciso a), se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al artículo 15 del referido Acuerdo General. Hágase constar lo anterior en su carátula, conforme lo prevé el diverso capítulo "DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS" en su arábigo 35 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, tomando en consideración que mediante sentencia de treinta de octubre del año en curso, se impuso al Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, una multa por la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) y que con posterioridad a la emisión de la misma, informó que en los autos del juicio natural el diez de marzo de la presente anualidad se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual emitió el diecisiete siguiente; en ese tesitura, se estima que la resolución dictada en el presente juicio, no afectó la esfera jurídica de la quejosa de mérito, por lo que se deja sin efectos la multa impuesta. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por César Israel Santes Quevedo, Secretario adscrito al propio juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; trece de noviembre de dos mil veinte. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, mediante el cual informa que en los autos del juicio natural el diez de marzo de la presente anualidad se citó a las partes para oír sentencia definitiva, la cual emitió el diecisiete siguiente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Marco Antonio Cuenca Zamora, Secretario adscrito al propio juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Vistos; los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 174/2020; y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, remitido ese mismo día por razón de turno a este Juzgado Octavo, Rufino Salto Peñaloza, por su propio derecho, presentó demanda de amparo contra la autoridad y por el acto que enseguida se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO ". la omisión de certificar si existen pruebas pendientes por desahogar, en el expediente familiar número 999-1/2017, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar, del Distrito Judicial de Tabares, de esta ciudad y puerto de Acapulco, Gro., a pesar que desde el auto de fecha seis de diciembre del año 2019, la responsable ordeno dicha certificación la que a la fecha no ha hecho." SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por acuerdo de veinticinco de febrero de dos mil veinte, se radicó la demanda de amparo en el libro de gobierno respectivo con el número 174/2020 y se admitió a trámite; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, sin que la misma se llevara al cabo, con motivo de la suspensión de labores en los órganos del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al dos de agosto de dos mil veinte, ordenada mediante los Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, por diverso Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se decretó a partir del tres de agosto de este año, la reanudación de los términos y plazos procesales suspendidos, así como la tramitación de los asuntos, por lo que en proveído de veinte de agosto pasado se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia, la cual después de diferirse, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto atribuido a una autoridad de naturaleza jurisdiccional, con residencia dentro el ámbito competencial de este juzgado federal. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el objeto de estudio en este asunto, lo constituye la omisión de certificar la existencia o no de pruebas pendientes por desahogar en el expediente familiar número 999-1/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante, de habérsele solicitado con toda oportunidad, como se advierte de la constancia de notificación del oficio número 3186/2020, máxime que le fue notificado el diverso 7196/2020, por el que se le hizo saber la reanudación del juicio de amparo; por tanto, lo que procede con fundamento en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, es presumirle cierto el acto reclamado. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicado en la página 1363 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. ANTE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIRLO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE TENER POR PRESUNTAMENTE CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO REQUERIR NUEVAMENTE A DICHA AUTORIDAD. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto."; en virtud de lo anterior, cuando la autoridad responsable es omisa en rendir su informe con justificación, aun cuando haya sido debidamente notificada de su requerimiento, en términos del precepto de referencia, el acto que de aquélla se reclamó debe tenerse por presuntivamente cierto, de manera que el Juez de Distrito está obligado a considerarlo en este sentido y no requerir de nueva cuenta a la autoridad responsable omisa que rinda su informe con justificación en relación con el acto que se le reclama, pues con ello le está concediendo una oportunidad más, no prevista por la ley, para que subsane tal omisión, lo que transgrede el contenido del mencionado precepto legal." CUARTO. Causales de improcedencia. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, antes de examinarse la materia de fondo de la litis constitucional, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso numeral 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa carece de interés jurídico para promover el juicio de amparo. Lo anterior, ya que la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe con justificación (como se advierte del considerando que antecede), sólo presume cierto el objeto de estudio en este asunto (el cual lo constituye la omisión de emitir la certificación, en la cual se haga constar la existencia o no de pruebas pendientes por desahogar en el expediente familiar número 999-1/2017), no así el interés jurídico del quejoso, quien se ostentó como parte demandada en el juicio natural y no aportó prueba alguna que corroborara tal carácter. En relación con el tema, los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6, de su Ley Reglamentaria, conforman el llamado interés jurídico, el cual reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto u omisión que estime violatorio de derechos en su perjuicio, cuya ausencia en quien ocurre a solicitar la protección constitucional, provoca la causa de improcedencia en estudio. Por lo que, si bien el interés jurídico para controvertir resoluciones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de que quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Bajo ese contexto, si bien el interés jurídico para controvertir resoluciones como la reclamada, correspondería a cualquiera de las partes cuya esfera se halla vinculada con el procedimiento de origen, también lo es, que no se tiene prueba alguna de que quien promueve este asunto sea parte en aquél sumario. Lo anterior, con independencia de que -como en el caso-, se presumió cierto el acto reclamado ante la omisión de la responsable en rendir su informe justificado, pues la carga de probar el interés jurídico no surge de esa abstención, sino que dicha obligación le corresponde al quejoso desde la presentación de la demanda de amparo; porque, únicamente puede presumirse la existencia del acto atribuido a la responsable, pero no los hechos señalados en la demanda. De ahí que, la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso, en el sentido de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, conlleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del presente juicio de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, procede decretar el sobreseimiento del juicio. Apoya lo expuesto la Jurisprudencia 23/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia Común, Décima Época, del rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUÉL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo". Consecuentemente, lo que procede con fundamento en la fracción IV, del artículo 63, de la ley de la materia, es sobreseer el presente juicio de amparo. QUINTO. Imposición de multa. Ahora, tomando en cuenta que la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante estar oportunamente notificada para ello, según se indicó en el tercer considerando de la presente resolución, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se impone una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento, a razón de $86.88 (ochenta y seis pesos 88/100 moneda nacional) semejante a la unidad de medida y actualización vigente en el país, que corresponde a la cantidad de $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional), misma que deberá hacerse efectiva por la Administración Desconcentrada de Recaudación de Guerrero "1" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, a quien deberá remitírsele el oficio respectivo a efecto de que en cuanto cause firmeza esta sentencia, proceda a hacer efectiva la multa aquí impuesta; salvo que la autoridad responsable acredite lo contrario. Finalmente, se hace la precisión que, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicables al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 174/2020, promovido por Rufino Salto Peñaloza, por las razones expuestas en el cuarto considerando de esta resolución. SEGUNDO. Por los motivos que se precisan en el último de los considerandos de este fallo, se impone a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad una multa por el equivalente al valor de cien unidades de medida y actualización vigente en el país a la fecha del apercibimiento. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.Así lo resolvió y firma electrónicamente el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido de César Israel Santes Quevedo, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE veinticinco de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que no obra la notificación a la parte quejosa del acuerdo de veinte de agosto de dos mil veinte, mediante el cual se ordenó la reanudación del trámite en el presente asunto; razón por la cual, se instruye al actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, realice la diligencia encomendada en el referido proveído. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para el día de hoy, según se advierte de la certificación de cuenta se difiere para las quince horas con cuarenta y cuatro minutos del treinta de octubre de dos mil veinte.

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