Ruhama Eva Martínez Sayas

Expediente 634/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 41 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
634/2020
Año
2020
Actuaciones
41
Última actuación
22/03/2022

Partes del expediente

  • Ruhama Eva Martínez Sayas y Otros.
  • Ruhama Eva Martínez Sayas
  • Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 41.

  1. Principal

    PRAL 634/2020 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de marzo de dos mil veintidós. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo de este Circuito, con sede en este municipio; al que se anexa a) el juicio de amparo 634/2020 y b) copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el cuatro de marzo de este año, en el amparo en revisión 127/2021. 2. Confirma sentencia. Ahora bien, toda vez que la superioridad confirmó la sentencia engrosada el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes. 3. Acuse de recibo y cuaderno de antecedentes. En consecuencia, acúsese recibo y glósense a este juicio de amparo únicamente las actuaciones y constancias originales realizadas en el cuaderno de antecedentes a partir de la interposición del recurso respectivo. En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta este auto, procédase a la destrucción del cuaderno de antecedentes dentro de los treinta días siguientes, con la remisión del acta de baja documental correspondiente. 4. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que no ejerciera tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5.1. Destino. Por otra parte, toda vez que en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se decretó de oficio y de plano la suspensión de diversos actos reclamados; por tanto, el destino de este expediente y con fundamento en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por similitud jurídica, así como atendiendo las especificaciones previstas en el punto 7.4. del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal", se precisa que este juicio de amparo es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. 5.2. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. 6. Instrucción a Secretaría. En atención a que en acuerdo inicial se instruyó al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, llevara a cabo la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verificara que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, fuera incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realizara la certificación correspondiente; por tanto, al tratarse de un asunto concluido, en términos del artículo 35 del citado acuerdo general, cúmplase con tal indicación y genérese la certificación relativa. Así también, se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste el sello de destruible. 7. Se deja sin efecto la suspensión decretada. Hágase del conocimiento de las autoridades que fueron señaladas como responsables en este expediente, que se dejan sin efecto las providencias decretadas a favor de la parte quejosa en auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 634/2020-3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de octubre de dos mil veintiuno. 1. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra la interlocutoria de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en la que se declaró fundado el incidente de revocación de la suspensión de oficio y de plano concedida a la quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicha resolución. 2. Causa estado resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme la referida resolución. Se invoca en apoyo a lo anterior, por identidad jurídica sustancial, y en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 156/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, noviembre de 2006, Novena Época, registro 173875, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL AUTO QUE DESECHA DE PLANO EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE O NIEGA, ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA. De los artículos 83, fracción II, y 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, se advierte que tratándose de la suspensión del acto reclamado, el recurso de revisión procede únicamente contra resoluciones que deciden sobre la suspensión definitiva, lo que de suyo implica un análisis de las pruebas aportadas por las partes en el incidente respectivo, ya sea para conceder o negar la referida medida suspensional, o bien, para revocar o modificar dicha determinación y, por exclusión, los autos o resoluciones que se dicten durante el trámite del incidente respectivo y que no decidan sobre el otorgamiento, modificación o revocación de la suspensión definitiva del acto reclamado, serán impugnables a través del recurso de queja, siempre que por su naturaleza trascendental y grave puedan ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva. En esa tesitura, contra el auto que desecha el incidente de modificación o revocación de la resolución que concede o niega la suspensión (provisional o definitiva) del acto reclamado, procede el recurso de queja, ya que al excluir cualquier pronunciamiento sobre la determinación que se pretende modificar o revocar, constituye un auto de trámite dictado dentro del incidente de suspensión, que no admite expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puede ocasionar un daño o perjuicio a alguna de las partes no reparable en la sentencia definitiva, pues no debe soslayarse que por virtud del desechamiento del aludido incidente, el auto que concede o niega la suspensión surte efectos hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoriada en el juicio principal". Así como la tesis XXVII.3º.109K (10a), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo III, página 2346, registro 2013671, de rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE EN AMPARO INDIRECTO, POR EXCLUSIÓN, CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN A LA RESOLUCIÓN QUE CONCEDIÓ LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL". Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 634/2020-3 Veintidós de septiembre de dos mil veintiuno Acto continuo, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales procedentes. A continuación, se abre el periodo probatorio, y se hace constar que: El encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegación de Servicio Jurídicos, en representación del 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y del 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, ofrecieron como prueba: Copia simple del acuerdo por el cual se dio a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Copia de la interlocutoria de veintidós de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 310/2020 de este juzgado. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. La parte quejosa ofreció como pruebas: El acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por acusa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS/CoV2 (COVID19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de marzo de dos mil veinte. El acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS/CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte. El acuerdo por el que se modifica el similar que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS/CoV2 de treinta y uno de marzo de dos mil veinte, publicado el veintiuno de abril de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. Acuerdos que se traen a la vista, por estar publicados en el Diario Oficial de la Federación, por lo que constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Instrumental de actuaciones. Presuncional legal y humana. Probanzas que se tienen por recibidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Amparo, y se tomarán en cuenta en la resolución respectiva; por lo que no habiendo pruebas pendientes por admitir o desahogar, se declara cerrado este periodo. Acto seguido, abierta la fase de alegatos, se hace constar que la parte quejosa, el 1) Instituto Mexicano del Seguro, Delegación Estatal Oaxaca, 2) el director del Hospital General Zona Uno "Dr. Demetrio Mayoral Pardo", 3) el director del Hospital General Zona Tres, San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, 4) el titular del Departamento de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud para los Trabajadores adscrito al Hospital General de Zona Uno "Demetrio Mayoral Pardo" y la 5) titular de la Coordinación Auxiliar Delegacional de los Servicios de Prevención y Promoción a la Salud de los Trabajadores, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Oaxaca de Juárez, formularon alegatos. Por lo anterior, se cierra esta fase y se da por terminada esta audiencia. Enseguida, se procede a dictar la resolución interlocutoria correspondiente. EL JUEZ. PONCIANO VELASCO VELASCO. LA SECRETARIA. SOLEDAD MÉNDEZ CORTÉS. Visto, para resolver el incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio concedida a la quejosa Rumaha Eva Martínez Zayas, en el juicio de amparo 634/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. Demanda de amparo. Mediante demanda presentada el veintiséis de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Rumaha Eva Martínez Zayas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Radicación y suspensión de oficio y de plano. En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 634/2020, se admitió a trámite, se concedió la suspensión de oficio y de plano, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El treinta de marzo de dos mil veintiuno se dictó la sentencia en este juicio, la cual fue recurrida por la parte quejosa. SEGUNDO. Trámite de la cuestión incidental. Mediante oficio, el encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegación de Servicio Jurídicos, en representación del 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y del 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió incidente de revocación de la suspensión de oficio y de plano, concedida a Ruhama Eva Martínez Zayas el veintiséis de octubre de dos mil veinte. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite el citado incidente, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera y se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio y de plano, concedida a la quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 154 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Procedencia y oportunidad del incidente. De conformidad con lo previsto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación o revocación de la resolución por medio de la cual se haya negado o concedido la suspensión podrá tramitarse de oficio o a petición de parte (quejoso, tercero interesado, autoridad responsable o Ministerio Público de la Federación). Si es a petición de parte, podrá ser interpuesto hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del que derive el incidente respectivo; como así lo ilustra la tesis aislada XXVII.3o.74 K (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo III, Décima Época, registro 2008684, de rubro: "INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MIENTRAS NO SE PRONUNCIE SENTENCIA EJECUTORIA EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, resulta oportuno y procedente el incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio, ya que la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno fue recurrida por la parte quejosa y, a la fecha, no ha sido resuelto el recurso de revisión. Por tanto, en términos del numeral 154 de la Ley de Amparo, en este juicio no existe sentencia ejecutoria. TERCERO. Análisis del incidente planteado. El artículo 154 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". El precepto transcrito prevé la facultad para revocar o modificar la concesión o negativa de la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se actualicen determinadas situaciones. Si bien dicho precepto se refiere expresamente a la suspensión definitiva, se considera también aplicable, por identidad jurídica, a la suspensión de oficio y de plano, ya que ambas medidas suspensivas constituyen un beneficio cautelar con consecuencias prolongadas y duraderas, hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente que cause ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 240, Séptima Época, registro 253585, de rubro: "SUSPENSION DE OFICIO. RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE AUTO PROCEDE TRAMITAR LA SOLICITUD DE MODIFICACION O REVOCACION POR HECHOS SUPERVENIENTES". Ahora, para determinar si resulta o no fundada una solicitud de revocación o modificación a la suspensión, en términos de lo dispuesto por el precepto transcrito, es necesario que se satisfagan los requisitos siguientes: Haberse concedido o negado la suspensión. Aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. 3. Se actualice un hecho superveniente, que motive la revocación o modificación. Así, se procede al análisis de esos elementos en la incidencia en estudio: Haberse concedido o negado la suspensión. En este juicio de amparo, el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió la suspensión de oficio y de plano a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas, por considerarse que la demanda se ubicaba en los supuestos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, al implicar los actos reclamados un riesgo inminente a la salud y vida de la quejosa con motivo de la contingencia sanitaria que se vive en el país, ya que la parte quejosa se dolía, particularmente, de la vulneración al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ante los daños de difícil e incluso de imposible reparación que ocasionarían el permitir que las autoridades responsables la obligaran a laborar en su centro de trabajo, pese a que se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que estaba embarazada, lo que implicaba afectación a su derecho a la salud y, a la postre, a su derecho a la vida. Por ello, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". en consecuencia, respecto de la medida cautelar solicitada, se acuerda de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. En ese tenor, como la quejosa, para acreditar su embarazo, exhibió copia simple de la nota médica de valoraciones en ginecología y obstetricia, nota de atención médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del estudio us obstétrico de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, de los que se advierten los padecimientos que refiere y su embarazo; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión, para los siguientes efectos: ( Las autoridades responsables autoricen a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas no asistir a su centro de trabajo, esto es, al Hospital General de Zona número tres, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continúen pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, dejando al arbitrio de las responsables se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el embarazo que presenta y en los padecimientos que refiere. Por tanto, corresponderá a las responsables, en su caso, allegar a este órgano jurisdiccional elementos de prueba que, de manera indubitable, demuestren que la quejosa no se encuentra en el estado de gestación que refiere, o que no cuenta con el diagnóstico de los padecimientos que menciona, esto es, hipotiroidismo e hiperprolactinemia. Para el caso de que la quejosa no se encuentre embarazada o no padezca los padecimientos de referencia, la suspensión decretada se concede para el efecto que las autoridades responsables comprueben la entrega de insumos, material y equipo de protección a la referida quejosa, a efecto de que, atendiendo a su labor como trabajadora de la salud, no sea contagiada con el virus SARS-COV-2 (COVID-19), y así garantizar la vida e integridad de la peticionaria del amparo, ya que, de lo contrario, resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida; en el entendido de que las autoridades responsables deberán proveer, de ser necesario, las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida". Como se ve, en dicha determinación se concedió la medida cautelar para que la autoridad responsable autorizara a la quejosa no asistir a su centro de trabajo, permitiendo que permanezca en resguardo domiciliario sin responsabilidad jurídica alguna y con goce de sueldo, en razón de que se encontraba embarazada, por lo que se ubicaba en un grupo vulnerable, de conformidad con lo previsto en: El "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, particularmente en su artículo segundo, incisos a) y c), donde se precisaron las medidas preventivas que los sectores público, privado y social debían poner en práctica, tales como: "(.) a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.). El "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, cuyo artículo primero, fracciones I, II, inciso a) y V, previó como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberían implementar las siguientes medidas: "(.). I. Se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud (.). V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunodepresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial (.)". De tal modo, la suspensión de oficio se concedió, de plano, conforme a dichos instrumentos normativos, en razón de que la parte quejosa se encontraba embarazada, lo que la ubicó como grupo vulnerable; además, se indicó que, en el supuesto de que no estuviera embarazada o no padeciera hipotirodismo e hiperprolactinemia, la autoridad responsable comprobara la entrega a la quejosa del material de protección necesario para evitar ser contagiada del virus. Con base en lo anterior, se satisface el primer requisito del numeral 154 de la Ley de Amparo. 2. Aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. En el caso, no existe sentencia ejecutoria en este juicio, porque la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno fue recurrida y, a la fecha, no ha sido resuelto el recurso de revisión; situación que satisface el segundo requisito del numeral 154 de la Ley de Amparo 3. Concurra un hecho superveniente, que motive la revocación o modificación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un hecho superveniente es el que tiene verificativo con posterioridad al auto por el cual se haya concedido o negado la suspensión, desconocido por el juez y las partes, que cambie la situación jurídica de los elementos que se tomaron en consideración para, en su momento, conceder o negar la medida cautelar solicitada. De tal suerte que un hecho superveniente es aquel ocurrido en relación con el propio acto reclamado y que, por sus consecuencias, permite al juzgador resolver sobre la cuestión planteada con base en nuevos elementos. Sirve de apoyo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, página 1422, del tomo LXXXV, registro 804670, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Uno de los requisitos esenciales para que pueda producirse la modificación o revocación del auto en que se concede o niega la suspensión, en los términos que establece el artículo 140 de la Ley de Amparo, es la existencia de un hecho superveniente que amerite esa modificación o revocación; y por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión". En el caso, las autoridades responsables, 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y del 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegación de Servicio Jurídicos, con fundamento en el mencionado numeral 154 de la Ley de Amparo, solicitan la revocación de la suspensión de oficio y de plano que este órgano jurisdiccional concedió el veintiséis de octubre de dos mil veinte a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas; los motivos medulares que sustentan su petición son: La parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de autorizarle el resguardo domiciliario, ya que consideraba, en el momento de la presentación de la demanda, que era persona vulnerable por encontrarse en periodo de gestación, por ese motivo, aduce, este órgano jurisdiccional le concedió la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que no asistiera a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continuaran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias con motivo de su nombramiento. La contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 es un hecho novedoso, que debe ser analizado conforme va avanzando el control de dicha contingencia, como en su momento fue el resguardo domiciliario obligatorio para personas consideradas como vulnerables, la sana distancia, la semaforización para el retorno a laborar y, actualmente, la política nacional de vacunación contra la COVID-19. La Secretaría de Salud emitió el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; en el cual pueden advertirse las etapas en las que se dividirá la aplicación de la vacuna contra ese virus. La aplicación de la vacuna se dividió en cinco etapas; en la primera etapa, se dio prioridad al personal médico que se encuentra haciendo frente u otorgando atención médica a los pacientes que se encuentran hospitalizados por la COVID-19; en la segunda, al resto del personal de salud que prestan servicios de salud pero que no atienden a pacientes COVID, así como a personas mayores de 60 años; en la tercera, se vacunaron a personas mayores de 50 hasta 59 años; en la cuarta etapa, se vacunaron a las personas mayores de 40 hasta los 49 años; y, en la quinta etapa, al resto de la población que no se encuentren incluidas en las etapas anteriores. Actualmente nos encontramos en la cuarta y quinta etapa. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno se publicó el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", del cual, aduce, se advierte que: Se ha implementado una nueva metodología de semaforización por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico, ante la nueva normalidad. Las personas a quienes se les haya aplicado el esquema completo de vacunación, dejarán de considerarse personas vulnerables para contraer la COVID-19. Queda sin efecto el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil veintiuno. La parte quejosa goza de resguardo domiciliario por haber sido considerada persona vulnerable a la COVID-19, por encontrarse embarazada al momento de la presentación de la demanda. La quejosa ya fue inoculada, ya que, actualmente, todo el personal médico, enfermería y administrativos que laboran en los hospitales y unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya completaron su esquema de vacunación contra la COVID-19; además, a la fecha la quejosa ya no se encuentra en periodo de gestación. La quejosa con base en el acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dejó de considerarse persona vulnerable a la COVID-19. Son fundados, en parte, los argumentos expuestos por las autoridades responsables, por lo que procede la revocación de la suspensión de oficio, por las razones siguientes. La parte quejosa en la demanda de amparo presentada el veintiséis de octubre de dos mil veinte reclamó de las responsables, entre otros actos: La falta de observación de los acuerdos emitidos por el gobierno federal, relativos a la contención y mitigación del COVID-19, en los cuales determinó como una medida preventiva, evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable, como son, entre otros supuestos, las "mujeres embarazas". La omisión de otorgarle el resguardo domiciliario por ser una mujer embarazada, como consecuencia del acto anterior. Además, indicó que también padece de hipotiroidimos e hiperprolactinemia. Así, con base en el 1) Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, particularmente, en el artículo segundo, incisos a) y c) y 2) el diverso Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, en específico, en el artículo primero, fracciones I, II, inciso a) y V, se concedió la suspensión de oficio y de plano, para el efecto siguiente: "Las autoridades responsables autoricen a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas no asistir a su centro de trabajo, esto es, al Hospital General de Zona número tres, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continúen pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, dejando al arbitrio de las responsables se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el embarazo que presenta y en los padecimientos que refiere". Es decir, toda vez que la parte quejosa manifestó estar embarazada, dentro del primer trimestre de gestación, así como de padecer de hipotetiroidismo e hiperprolactactinemia, lo cual acreditó de manera indiciaria con las copias simples del formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del COVID-19 para el personal del IMSS, de catorce de octubre de dos mil veinte (foja 38); nota médica de valoraciones ginecología y obstetricia (foja 39); opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19, de diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 44); nota de atención médica de veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 46 a 47); nota médica de ginecología de veinte de octubre de dos mil veinte (foja 48); estudio médico de veinte de octubre de dos mil veinte, realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 49); hoja de resultados de veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 50) y estudio USG Obstétrico suprapubico de veinticinco de octubre de dos mil veinte (foja 51), se concedió la suspensión de oficio y de plano, pues, con base en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, las personas embarazas deberían de resguardarse en su domicilio, al pertenecer al grupo vulnerable. Es decir, al conceder la suspensión de oficio, este Juzgado atendió las obligaciones contenidas específicamente en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, y el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, en donde sustancialmente se precisó la necesidad de: Acuerdo publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Evitar la asistencia a centros de trabajo a los grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella; quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarían de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del artículo segundo. Estos grupos incluían personas embarazadas. Acuerdo publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. El resguardo domiciliario corresponsable, que debía aplicarse de manera estricta a toda persona embarazada, mayor de 60 años de edad u otros padecimientos ahí puntualizados, independientemente de si su actividad laboral se consideraba esencial. Sin embargo, con posterioridad a la publicación de dichos Acuerdos, la Secretaría de la Función Pública emitió el diverso "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se consideró, entre otras cuestiones, lo siguiente: Que la estrategia nacional de vacunación del Gobierno Federal prevé 5 fases, cuya conclusión se proyecta al primer trimestre de 2022, por lo que el avance de la misma, en conjunción con la observancia de las medidas sanitarias, permitirán el regreso paulatino y ordenado de las labores presenciales en el servicio público. Que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 externo a la Secretaría de Salud ha recomendado que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que deberán mantenerse todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles. Y en los artículos primero y quinto dispuso: "Artículo primero. Durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 30 de julio de 2021, con la finalidad reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, de conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, las personas Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas: I. Trabajo a distancia, en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones, con especial énfasis en las personas servidoras públicas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión y cáncer en tratamiento; (...) V. Disponibilidad en el horario laboral de servicios preventivos de salud, medidas de higiene, filtros de supervisión y sana distancia, así como los insumos necesarios acorde con los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral" y el "Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados". (...) Artículo Quinto.- Quedan exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las Instancias de Seguridad Nacional, el personal del Servicio Exterior Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, protección civil y demás que se determine como esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o el Consejo de Salubridad General. (...)". Como se ve, dicho Acuerdo determina los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en relación con la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2; y entre esas entidades se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de cuyo personal no será aplicable ese Acuerdo, como lo prevé su artículo quinto; entonces, a los trabajadores de esa entidad pública no se les puede favorecer con la autorización de realizar trabajo a distancia, como lo prevé el numeral primero, debido a que, como lo alude el Acuerdo, forman parte de las instituciones que prestan servicios de salud consideradas como esenciales y que, por esa naturaleza, deben prestarse de manera presencial. De tal modo que la quejosa, en su carácter de anestesióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo acreditó con el nombramiento definitivo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se encuentra sujeta a la observancia de dicho Acuerdo y, en consecuencia, a prestar sus labores de manera presencial en su centro de trabajo; toda vez que al ser la contingencia sanitaria una situación extraordinaria para la salud pública, se requiere de todo el personal de salud existente a fin de atender a la población en general en el contexto actual derivado del virus SARS-CoV2. Aunado que el motivo por el que este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano ha desaparecido, pues, se reitera, la parte quejosa a la fecha de la presentación de la demanda se encontraba embarazada, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que estaba en el primer trimestre de gestación, lo que demostró de manera indiciaria con las constancias que anexó a la misma; sin embargo, a la data ya no se encuentra en esa situación, en virtud de que la fecha probable de parto fue el tres de mayo de dos mil veintiuno, como se advierte del estudio US OBSTETRICO de veinte de octubre de dos mil veinte, que ofreció como medio de convicción; documento que, a pesar de constar en copia simple, se le otorga valor probatorio pleno, en lo que le perjudica al oferente, ya que, al ser exhibida por la parte quejosa, implica el cabal reconocimiento de quien la propuso. Por ello, si bien es cierto que de autos no se advierte la fecha exacta del parto, también lo es que resulta ilógico considerar que la parte quejosa se encuentre aún en esa situación, dado que es un hecho notorio que, atendiendo a la naturaleza humana, el periodo de gestación dura nueve meses; por ende, dejó de pertenecer a un grupo vulnerable (embarazada) que originó que se le concediera la suspensión de oficio y de plano. Por esos motivos, es procedente revocar la suspensión de oficio y de plano concedida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Sin que dicha determinación vulnere en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la salud, pues si bien es cierto que quedó demostrado que, contrario a lo que afirmaron las autoridades 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y el 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha adquirido el esquema completo de vacunación, toda vez que, según datos proporcionados, únicamente ha recibido la primera dosis de la vacuna AztraZeneca, ello no resulta inverso a lo indicado en el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el que en el artículo segundo dispone: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria". Pues de dicho numeral se puede advertir que resulta aplicable a aquellas personas que a pesar de padecer alguna enfermedad o situación que con anterioridad la Secretaría de Salud los consideró como "grupo vulnerable", aun de persistir la misma circunstancia, ya no pueden considerarse de tal modo al adquirir el esquema completo de vacunación, lo que, en el caso, no se actualiza, ya que, se insiste, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la quejosa al momento de la presentación de la demanda de amparo desapareció cuando dio a luz; por tanto, si se estima que la fecha probable de parto era el tres de mayo de dos mil veintiuno, es inconcuso que ya no se encuentra en el estado de vulnerabilidad que originó que se le concediera la suspensión de oficio y de plano; razón por la cual el hecho de que no cuente con el esquema completo de vacunación no da lugar a dictar esta determinación en otro sentido. Se precisa que dicha determinación, contrario a lo que considera la parte quejosa, no vulnera el interés superior del niño, pues el cuidado de la salud de los menores de edad se logra observando los protocolos estandarizados internacionalmente para el manejo y control de la enfermedad, así como aplicando las medidas de higiene permanentes para ese efecto. En consecuencia, al actualizarse los requisitos que establece el citado numeral 154 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar fundado el incidente planteado, por lo que se revoca la suspensión de oficio dictada en autos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara fundado el incidente de revocación de la suspensión de oficio y de plano, concedida el veintiséis de octubre de dos mil veinte, a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas, que plantearon el 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y el 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social; por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se revoca la suspensión de oficio y de plano concedida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO.- Visto, para resolver el incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio concedida a la quejosa Rumaha Eva Martínez Zayas, en el juicio de amparo 634/2020; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Trámite del juicio de amparo. Demanda de amparo. Mediante demanda presentada el veintiséis de octubre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, Rumaha Eva Martínez Zayas, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Radicación y suspensión de oficio y de plano. En acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veinte se registró la demanda de amparo con el expediente 634/2020, se admitió a trámite, se concedió la suspensión de oficio y de plano, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado y se señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El treinta de marzo de dos mil veintiuno se dictó la sentencia en este juicio, la cual fue recurrida por la parte quejosa. SEGUNDO. Trámite de la cuestión incidental. Mediante oficio, el encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegación de Servicio Jurídicos, en representación del 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y del 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, promovió incidente de revocación de la suspensión de oficio y de plano, concedida a Ruhama Eva Martínez Zayas el veintiséis de octubre de dos mil veinte. En auto de tres de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite el citado incidente, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés conviniera y se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio y de plano, concedida a la quejosa el veintiséis de octubre de dos mil veinte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66, 67 y 154 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Procedencia y oportunidad del incidente. De conformidad con lo previsto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, el incidente de modificación o revocación de la resolución por medio de la cual se haya negado o concedido la suspensión podrá tramitarse de oficio o a petición de parte (quejoso, tercero interesado, autoridad responsable o Ministerio Público de la Federación). Si es a petición de parte, podrá ser interpuesto hasta antes de que cause ejecutoria la sentencia definitiva que se dicte en el expediente principal del que derive el incidente respectivo; como así lo ilustra la tesis aislada XXVII.3o.74 K (10a.), sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo III, Décima Época, registro 2008684, de rubro: "INCIDENTE DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA POR HECHO SUPERVENIENTE. PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO, MIENTRAS NO SE PRONUNCIE SENTENCIA EJECUTORIA EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, resulta oportuno y procedente el incidente de revocación o modificación de la suspensión de oficio, ya que la sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno fue recurrida por la parte quejosa y, a la fecha, no ha sido resuelto el recurso de revisión. Por tanto, en términos del numeral 154 de la Ley de Amparo, en este juicio no existe sentencia ejecutoria. TERCERO. Análisis del incidente planteado. El artículo 154 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 154. La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". El precepto transcrito prevé la facultad para revocar o modificar la concesión o negativa de la suspensión definitiva en el juicio de amparo indirecto, siempre y cuando se actualicen determinadas situaciones. Si bien dicho precepto se refiere expresamente a la suspensión definitiva, se considera también aplicable, por identidad jurídica, a la suspensión de oficio y de plano, ya que ambas medidas suspensivas constituyen un beneficio cautelar con consecuencias prolongadas y duraderas, hasta en tanto se dicte la sentencia correspondiente que cause ejecutoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 91-96, sexta parte, página 240, Séptima Época, registro 253585, de rubro: "SUSPENSION DE OFICIO. RESPECTO DEL CORRESPONDIENTE AUTO PROCEDE TRAMITAR LA SOLICITUD DE MODIFICACION O REVOCACION POR HECHOS SUPERVENIENTES". Ahora, para determinar si resulta o no fundada una solicitud de revocación o modificación a la suspensión, en términos de lo dispuesto por el precepto transcrito, es necesario que se satisfagan los requisitos siguientes: Haberse concedido o negado la suspensión. Aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. 3. Se actualice un hecho superveniente, que motive la revocación o modificación. Así, se procede al análisis de esos elementos en la incidencia en estudio: Haberse concedido o negado la suspensión. En este juicio de amparo, el veintiséis de octubre de dos mil veinte se concedió la suspensión de oficio y de plano a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas, por considerarse que la demanda se ubicaba en los supuestos de los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, al implicar los actos reclamados un riesgo inminente a la salud y vida de la quejosa con motivo de la contingencia sanitaria que se vive en el país, ya que la parte quejosa se dolía, particularmente, de la vulneración al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ante los daños de difícil e incluso de imposible reparación que ocasionarían el permitir que las autoridades responsables la obligaran a laborar en su centro de trabajo, pese a que se encontraba en estado de vulnerabilidad, ya que estaba embarazada, lo que implicaba afectación a su derecho a la salud y, a la postre, a su derecho a la vida. Por ello, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ". en consecuencia, respecto de la medida cautelar solicitada, se acuerda de plano en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo. En ese tenor, como la quejosa, para acreditar su embarazo, exhibió copia simple de la nota médica de valoraciones en ginecología y obstetricia, nota de atención médica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del estudio us obstétrico de fecha veinte de octubre de dos mil veinte, de los que se advierten los padecimientos que refiere y su embarazo; con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión, para los siguientes efectos: ( Las autoridades responsables autoricen a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas no asistir a su centro de trabajo, esto es, al Hospital General de Zona número tres, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continúen pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, dejando al arbitrio de las responsables se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el embarazo que presenta y en los padecimientos que refiere. Por tanto, corresponderá a las responsables, en su caso, allegar a este órgano jurisdiccional elementos de prueba que, de manera indubitable, demuestren que la quejosa no se encuentra en el estado de gestación que refiere, o que no cuenta con el diagnóstico de los padecimientos que menciona, esto es, hipotiroidismo e hiperprolactinemia. Para el caso de que la quejosa no se encuentre embarazada o no padezca los padecimientos de referencia, la suspensión decretada se concede para el efecto que las autoridades responsables comprueben la entrega de insumos, material y equipo de protección a la referida quejosa, a efecto de que, atendiendo a su labor como trabajadora de la salud, no sea contagiada con el virus SARS-COV-2 (COVID-19), y así garantizar la vida e integridad de la peticionaria del amparo, ya que, de lo contrario, resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute al derecho humano de la salud y la vida; en el entendido de que las autoridades responsables deberán proveer, de ser necesario, las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida". Como se ve, en dicha determinación se concedió la medida cautelar para que la autoridad responsable autorizara a la quejosa no asistir a su centro de trabajo, permitiendo que permanezca en resguardo domiciliario sin responsabilidad jurídica alguna y con goce de sueldo, en razón de que se encontraba embarazada, por lo que se ubicaba en un grupo vulnerable, de conformidad con lo previsto en: El "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, particularmente en su artículo segundo, incisos a) y c), donde se precisaron las medidas preventivas que los sectores público, privado y social debían poner en práctica, tales como: "(.) a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en período de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles (personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico; (.). El "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, cuyo artículo primero, fracciones I, II, inciso a) y V, previó como acción extraordinaria para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, que los sectores público, social y privado deberían implementar las siguientes medidas: "(.). I. Se ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV2 en la comunidad, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19 en la población residente en el territorio nacional; II. Solamente podrán continuar en funcionamiento las siguientes actividades consideradas esenciales: a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo el Sistema Nacional de Salud (.). V. El resguardo domiciliario corresponsable se aplica de manera estricta a toda persona mayor de 60 años de edad, estado de embarazo o puerperio inmediato, o con diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca o pulmonar crónicas, inmunodepresión (adquirida o provocada), insuficiencia renal o hepática, independientemente de si su actividad laboral se considera esencial (.)". De tal modo, la suspensión de oficio se concedió, de plano, conforme a dichos instrumentos normativos, en razón de que la parte quejosa se encontraba embarazada, lo que la ubicó como grupo vulnerable; además, se indicó que, en el supuesto de que no estuviera embarazada o no padeciera hipotirodismo e hiperprolactinemia, la autoridad responsable comprobara la entrega a la quejosa del material de protección necesario para evitar ser contagiada del virus. Con base en lo anterior, se satisface el primer requisito del numeral 154 de la Ley de Amparo. 2. Aún no se haya dictado sentencia ejecutoriada en el juicio de amparo. En el caso, no existe sentencia ejecutoria en este juicio, porque la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintiuno fue recurrida y, a la fecha, no ha sido resuelto el recurso de revisión; situación que satisface el segundo requisito del numeral 154 de la Ley de Amparo 3. Concurra un hecho superveniente, que motive la revocación o modificación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que un hecho superveniente es el que tiene verificativo con posterioridad al auto por el cual se haya concedido o negado la suspensión, desconocido por el juez y las partes, que cambie la situación jurídica de los elementos que se tomaron en consideración para, en su momento, conceder o negar la medida cautelar solicitada. De tal suerte que un hecho superveniente es aquel ocurrido en relación con el propio acto reclamado y que, por sus consecuencias, permite al juzgador resolver sobre la cuestión planteada con base en nuevos elementos. Sirve de apoyo la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, página 1422, del tomo LXXXV, registro 804670, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN POR CAUSA SUPERVENIENTE. Uno de los requisitos esenciales para que pueda producirse la modificación o revocación del auto en que se concede o niega la suspensión, en los términos que establece el artículo 140 de la Ley de Amparo, es la existencia de un hecho superveniente que amerite esa modificación o revocación; y por causa superveniente debe entenderse la verificación, con posterioridad al auto de suspensión, de un hecho que cambie el estado jurídico en que las cosas estaban colocadas al resolverse el incidente, y de tal naturaleza, que ese cambio lleve consigo, como consecuencia natural y jurídica, la revocación fundada y motivada de la suspensión". En el caso, las autoridades responsables, 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y del 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del encargado del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegación de Servicio Jurídicos, con fundamento en el mencionado numeral 154 de la Ley de Amparo, solicitan la revocación de la suspensión de oficio y de plano que este órgano jurisdiccional concedió el veintiséis de octubre de dos mil veinte a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas; los motivos medulares que sustentan su petición son: La parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de autorizarle el resguardo domiciliario, ya que consideraba, en el momento de la presentación de la demanda, que era persona vulnerable por encontrarse en periodo de gestación, por ese motivo, aduce, este órgano jurisdiccional le concedió la suspensión de oficio y de plano, para el efecto de que no asistiera a su centro de trabajo, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continuaran pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias con motivo de su nombramiento. La contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2 es un hecho novedoso, que debe ser analizado conforme va avanzando el control de dicha contingencia, como en su momento fue el resguardo domiciliario obligatorio para personas consideradas como vulnerables, la sana distancia, la semaforización para el retorno a laborar y, actualmente, la política nacional de vacunación contra la COVID-19. La Secretaría de Salud emitió el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la COVID-19 en México", publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno; en el cual pueden advertirse las etapas en las que se dividirá la aplicación de la vacuna contra ese virus. La aplicación de la vacuna se dividió en cinco etapas; en la primera etapa, se dio prioridad al personal médico que se encuentra haciendo frente u otorgando atención médica a los pacientes que se encuentran hospitalizados por la COVID-19; en la segunda, al resto del personal de salud que prestan servicios de salud pero que no atienden a pacientes COVID, así como a personas mayores de 60 años; en la tercera, se vacunaron a personas mayores de 50 hasta 59 años; en la cuarta etapa, se vacunaron a las personas mayores de 40 hasta los 49 años; y, en la quinta etapa, al resto de la población que no se encuentren incluidas en las etapas anteriores. Actualmente nos encontramos en la cuarta y quinta etapa. El veintisiete de julio de dos mil veintiuno se publicó el "Acuerdo por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", del cual, aduce, se advierte que: Se ha implementado una nueva metodología de semaforización por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico, ante la nueva normalidad. Las personas a quienes se les haya aplicado el esquema completo de vacunación, dejarán de considerarse personas vulnerables para contraer la COVID-19. Queda sin efecto el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de mayo de dos mil veintiuno. La parte quejosa goza de resguardo domiciliario por haber sido considerada persona vulnerable a la COVID-19, por encontrarse embarazada al momento de la presentación de la demanda. La quejosa ya fue inoculada, ya que, actualmente, todo el personal médico, enfermería y administrativos que laboran en los hospitales y unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya completaron su esquema de vacunación contra la COVID-19; además, a la fecha la quejosa ya no se encuentra en periodo de gestación. La quejosa con base en el acuerdo publicado el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, dejó de considerarse persona vulnerable a la COVID-19. Son fundados, en parte, los argumentos expuestos por las autoridades responsables, por lo que procede la revocación de la suspensión de oficio, por las razones siguientes. La parte quejosa en la demanda de amparo presentada el veintiséis de octubre de dos mil veinte reclamó de las responsables, entre otros actos: La falta de observación de los acuerdos emitidos por el gobierno federal, relativos a la contención y mitigación del COVID-19, en los cuales determinó como una medida preventiva, evitar la asistencia a centros de trabajo a las personas que se encuentren dentro de un grupo vulnerable, como son, entre otros supuestos, las "mujeres embarazas". La omisión de otorgarle el resguardo domiciliario por ser una mujer embarazada, como consecuencia del acto anterior. Además, indicó que también padece de hipotiroidimos e hiperprolactinemia. Así, con base en el 1) Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19), publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, particularmente, en el artículo segundo, incisos a) y c) y 2) el diverso Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, en específico, en el artículo primero, fracciones I, II, inciso a) y V, se concedió la suspensión de oficio y de plano, para el efecto siguiente: "Las autoridades responsables autoricen a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas no asistir a su centro de trabajo, esto es, al Hospital General de Zona número tres, con residencia en Tuxtepec, Oaxaca, dependiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, sin responsabilidad jurídica alguna, y se le continúen pagando todas las prestaciones ordinarias y extraordinarias que se le cubren con motivo de su nombramiento, hasta en tanto el Consejo de Salubridad General o las autoridades correspondientes de la Ciudad de México, suspendan o den por concluida la emergencia sanitaria en el país por el virus COVID-19, dejando al arbitrio de las responsables se le asignen actividades inherentes a su cargo y que pueda llevar a cabo en su hogar, poniendo especial cuidado y consideración en el embarazo que presenta y en los padecimientos que refiere". Es decir, toda vez que la parte quejosa manifestó estar embarazada, dentro del primer trimestre de gestación, así como de padecer de hipotetiroidismo e hiperprolactactinemia, lo cual acreditó de manera indiciaria con las copias simples del formato de personas con mayor riesgo para la implementación de medidas de la situación sanitaria derivada del COVID-19 para el personal del IMSS, de catorce de octubre de dos mil veinte (foja 38); nota médica de valoraciones ginecología y obstetricia (foja 39); opinión técnico-médica para el retorno al trabajo presencial de trabajadores IMSS con mayor riesgo en cumplimiento al Acuerdo IMSS-SNTSS para atender la contingencia por COVID-19, de diecinueve de octubre de dos mil veinte (foja 44); nota de atención médica de veinte de octubre de dos mil veinte (fojas 46 a 47); nota médica de ginecología de veinte de octubre de dos mil veinte (foja 48); estudio médico de veinte de octubre de dos mil veinte, realizado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 49); hoja de resultados de veintiuno de octubre de dos mil veinte (foja 50) y estudio USG Obstétrico suprapubico de veinticinco de octubre de dos mil veinte (foja 51), se concedió la suspensión de oficio y de plano, pues, con base en los acuerdos emitidos por la Secretaría de Salud, las personas embarazas deberían de resguardarse en su domicilio, al pertenecer al grupo vulnerable. Es decir, al conceder la suspensión de oficio, este Juzgado atendió las obligaciones contenidas específicamente en el "Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-Cov2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, y el "Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de marzo de dos mil veinte, por la Secretaría de Salud, en donde sustancialmente se precisó la necesidad de: Acuerdo publicado el veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Evitar la asistencia a centros de trabajo a los grupos de personas con riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella; quienes en todo momento, en su caso, y a manera de permiso con goce de sueldo, gozarían de su salario y demás prestaciones establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del artículo segundo. Estos grupos incluían personas embarazadas. Acuerdo publicado el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno. El resguardo domiciliario corresponsable, que debía aplicarse de manera estricta a toda persona embarazada, mayor de 60 años de edad u otros padecimientos ahí puntualizados, independientemente de si su actividad laboral se consideraba esencial. Sin embargo, con posterioridad a la publicación de dichos Acuerdos, la Secretaría de la Función Pública emitió el diverso "Acuerdo por el que se determinan los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2", publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se consideró, entre otras cuestiones, lo siguiente: Que la estrategia nacional de vacunación del Gobierno Federal prevé 5 fases, cuya conclusión se proyecta al primer trimestre de 2022, por lo que el avance de la misma, en conjunción con la observancia de las medidas sanitarias, permitirán el regreso paulatino y ordenado de las labores presenciales en el servicio público. Que el Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19 externo a la Secretaría de Salud ha recomendado que la vacunación no se tome como la única estrategia de mitigación y prevención de la enfermedad, sobre todo en las etapas iniciales, por lo que deberán mantenerse todas las demás medidas de contención de la epidemia de probada eficacia, accesibles y factibles. Y en los artículos primero y quinto dispuso: "Artículo primero. Durante el periodo comprendido entre el 3 de mayo y el 30 de julio de 2021, con la finalidad reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV-2, de conformidad con las necesidades del servicio y sin alterar el debido cumplimiento de las funciones institucionales, las personas Titulares de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de las Unidades de Administración y Finanzas o equivalentes en la Administración Pública Federal, podrán autorizar o facilitar a las personas servidoras públicas: I. Trabajo a distancia, en aquellos casos en los que sea posible y no se altere el debido cumplimiento de sus funciones, con especial énfasis en las personas servidoras públicas con discapacidad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia y personas con enfermedades crónicas consideradas de riesgo por las autoridades de salud, tales como obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, enfermedades cerebrovasculares, infección por VIH, enfermedad renal crónica, estados patológicos que requieren inmunosupresión y cáncer en tratamiento; (...) V. Disponibilidad en el horario laboral de servicios preventivos de salud, medidas de higiene, filtros de supervisión y sana distancia, así como los insumos necesarios acorde con los "Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral" y el "Lineamiento general para la mitigación y prevención de COVID-19 en espacios públicos cerrados". (...) Artículo Quinto.- Quedan exceptuadas de la aplicación del presente Acuerdo, las secretarías de Salud, Defensa Nacional, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, las Instancias de Seguridad Nacional, el personal del Servicio Exterior Mexicano, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, los Institutos Nacionales de Salud y Alta Especialidad y demás instituciones que prestan o están relacionadas con los servicios de salud, protección civil y demás que se determine como esenciales o que por su naturaleza deban prestarse de manera presencial, y todas aquellas que determine el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos o el Consejo de Salubridad General. (...)". Como se ve, dicho Acuerdo determina los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en relación con la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV2; y entre esas entidades se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de cuyo personal no será aplicable ese Acuerdo, como lo prevé su artículo quinto; entonces, a los trabajadores de esa entidad pública no se les puede favorecer con la autorización de realizar trabajo a distancia, como lo prevé el numeral primero, debido a que, como lo alude el Acuerdo, forman parte de las instituciones que prestan servicios de salud consideradas como esenciales y que, por esa naturaleza, deben prestarse de manera presencial. De tal modo que la quejosa, en su carácter de anestesióloga del Instituto Mexicano del Seguro Social, como lo acreditó con el nombramiento definitivo de siete de noviembre de dos mil diecisiete, se encuentra sujeta a la observancia de dicho Acuerdo y, en consecuencia, a prestar sus labores de manera presencial en su centro de trabajo; toda vez que al ser la contingencia sanitaria una situación extraordinaria para la salud pública, se requiere de todo el personal de salud existente a fin de atender a la población en general en el contexto actual derivado del virus SARS-CoV2. Aunado que el motivo por el que este órgano jurisdiccional concedió la suspensión de oficio y de plano ha desaparecido, pues, se reitera, la parte quejosa a la fecha de la presentación de la demanda se encontraba embarazada, ya que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que estaba en el primer trimestre de gestación, lo que demostró de manera indiciaria con las constancias que anexó a la misma; sin embargo, a la data ya no se encuentra en esa situación, en virtud de que la fecha probable de parto fue el tres de mayo de dos mil veintiuno, como se advierte del estudio US OBSTETRICO de veinte de octubre de dos mil veinte, que ofreció como medio de convicción; documento que, a pesar de constar en copia simple, se le otorga valor probatorio pleno, en lo que le perjudica al oferente, ya que, al ser exhibida por la parte quejosa, implica el cabal reconocimiento de quien la propuso. Por ello, si bien es cierto que de autos no se advierte la fecha exacta del parto, también lo es que resulta ilógico considerar que la parte quejosa se encuentre aún en esa situación, dado que es un hecho notorio que, atendiendo a la naturaleza humana, el periodo de gestación dura nueve meses; por ende, dejó de pertenecer a un grupo vulnerable (embarazada) que originó que se le concediera la suspensión de oficio y de plano. Por esos motivos, es procedente revocar la suspensión de oficio y de plano concedida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Sin que dicha determinación vulnere en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la salud, pues si bien es cierto que quedó demostrado que, contrario a lo que afirmaron las autoridades 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y el 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no ha adquirido el esquema completo de vacunación, toda vez que, según datos proporcionados, únicamente ha recibido la primera dosis de la vacuna AztraZeneca, ello no resulta inverso a lo indicado en el "ACUERDO por el que se da a conocer el medio de difusión de la nueva metodología del semáforo por regiones para evaluar el riesgo epidemiológico que representa la enfermedad grave de atención prioritaria COVID-19", de veintisiete de julio de dos mil veintiuno, en el que en el artículo segundo dispone: "ARTÍCULO SEGUNDO.- Las personas a quienes se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer dicha enfermedad grave de atención prioritaria". Pues de dicho numeral se puede advertir que resulta aplicable a aquellas personas que a pesar de padecer alguna enfermedad o situación que con anterioridad la Secretaría de Salud los consideró como "grupo vulnerable", aun de persistir la misma circunstancia, ya no pueden considerarse de tal modo al adquirir el esquema completo de vacunación, lo que, en el caso, no se actualiza, ya que, se insiste, la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la quejosa al momento de la presentación de la demanda de amparo desapareció cuando dio a luz; por tanto, si se estima que la fecha probable de parto era el tres de mayo de dos mil veintiuno, es inconcuso que ya no se encuentra en el estado de vulnerabilidad que originó que se le concediera la suspensión de oficio y de plano; razón por la cual el hecho de que no cuente con el esquema completo de vacunación no da lugar a dictar esta determinación en otro sentido. Se precisa que dicha determinación, contrario a lo que considera la parte quejosa, no vulnera el interés superior del niño, pues el cuidado de la salud de los menores de edad se logra observando los protocolos estandarizados internacionalmente para el manejo y control de la enfermedad, así como aplicando las medidas de higiene permanentes para ese efecto. En consecuencia, al actualizarse los requisitos que establece el citado numeral 154 de la Ley de Amparo, lo procedente es declarar fundado el incidente planteado, por lo que se revoca la suspensión de oficio dictada en autos. Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 154 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se declara fundado el incidente de revocación de la suspensión de oficio y de plano, concedida el veintiséis de octubre de dos mil veinte, a la quejosa Ruhama Eva Martínez Zayas, que plantearon el 1) director del Hospital General de Zona 1 "Dr. Demetrio Mayoral Pardo" y el 2) director del Hospital General de Zona 3, con sede en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social; por los motivos y fundamentos vertidos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se revoca la suspensión de oficio y de plano concedida en auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta hoy, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.

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