Rufino Rodríguez García
Expediente 716/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 716/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Rufino Rodríguez García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
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PRAL 716/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Acusa de recibo. Agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, un oficio del presidente de la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, mediante el que acusa recibo del oficio por el que se le remitió a) el toca penal ******************** y b) un disco en formato dvd. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 716/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad ministerial informa. Agréguese un oficio de la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género (tercera interesada) a través del cual informa que la carpeta de investigación 36644/FMUJ/UDVF/2021, así como la causa penal 450/2022, fueron remitidas a la Vicefiscalía Regional Zona Centro de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; por lo que solicita que las comunicaciones que deriven de este juicio de amparo sean remitidas a esta última autoridad. De lo anterior, se toma nota para las subsecuentes determinaciones, toda vez que en proveído dictado el trece de noviembre de este año se ordenó el archivo de este expediente como asunto definitivamente concluido. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL 716/2023 MESA 2 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el cuatro de septiembre del año en curso, firmada y autorizada el veintinueve de septiembre siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 1.1. Precisión. Resulta innecesario jurídicamente esperar a que transcurra el plazo a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, para la autoridad responsable, juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, toda vez que el acto que se le reclama fue emitido en ejercicio de su potestad jurisdiccional. Se invoca como apoyo, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVIII, página 23, registro 183709, con el siguiente rubro: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA". 2. Publicación de sus datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Ahora, por haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 5. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7. Devolución de constancias a la autoridad responsable. En virtud que las autoridades responsables remitieron: * Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto de su magistrado presidente: a) Toca penal ********************. b) Un disco en formato dvd, que señala le fue remitido por el juez de Control en Materia Penal del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. * Juez de Control del circuito judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: Un disco certificado que contiene el registro de audio y video de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************, de su índice. Se ordena su devolución a esas autoridades, ya que carece de objeto su permanencia en este órgano de control constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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PRAL. 716/2023 MESA 2 Visto, para resolver el juicio de amparo número 716/2023; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Presentación. Mediante escrito presentado el veinticuatro de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y recepcionado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, registrado el veinticinco de julio siguiente, ********************, por propio derecho, y en su carácter de asesor jurídico de ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados, consistentes en: a) Resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************, en la que se confirmó el auto de no vinculación a proceso de fecha quince de marzo del año en curso a favor de ********************, emitida en la causa penal ********************, por el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede Tanivet, Oaxaca. Lo que atribuye a la 1° Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y, b) La ejecución de esa determinación. Que combate al citado juez de Control. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18, 19, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Registro de la demanda de amparo y prevención. En proveído de veintiséis de julio del año que transcurre, con la demanda de amparo se ordenó formar expediente con el número 716/2023 y se previno a ********************, para que: Primero: Señalara el motivo por el que promovía por propio derecho; toda vez que del escrito de demanda se advierte que la persona que tiene el carácter de parte en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca, es ********************. Segundo: Manifestara, bajo protesta de decir verdad, si tiene el carácter de asesor jurídico de ********************, en el referido expediente penal. Tercero. Admisión del escrito de demanda. El cuatro de agosto de dos mil veintitrés se tuvo a ********************: Primero: Señalando que también promovía esta instancia constitucional, por propio derecho, toda vez que, dijo, tiene el carácter de parte en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del circuito judicial Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, dado que es asesor jurídico de ********************. Segundo: Manifestó, bajo protesta de decir verdad, que tiene tener el carácter de asesor jurídico del directo quejoso, en el referido expediente penal. Atento a ello, en acuerdo de esa fecha, por una parte, se desechó la demanda de amparo respecto al acto reclamado por ********************, por propio derecho, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 107, fracción I, de la Constitución General de la República, así como 5° y 6º de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, aplicados a contrario sensu; resolución que se declaró firme en proveído de veintidós de agosto siguiente; por otra, se admitió la promoción inicial constitucional promovida por ********************, en su carácter de asesor jurídico de ********************. Asimismo, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsable su informe justificado y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Emplazamiento de los terceros interesados. El quince de agosto último se ordenó emplazar a este juicio de amparo, en su carácter de terceros interesados, a I) los agentes del Ministerio Publico adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género, por tener intervención en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca, lo que se realizó el dieciocho del mismo mes y año; así como a II) ********************, por tener el carácter de imputada en el referido expediente penal; formalidad procesal que se llevó a cabo el veintiuno de agosto de este año. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial el veintidós de abril de dos mil veintidos, por tratarse de un asunto de naturaleza penal y la autoridad que emitió la resolución reclamada tiene su residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, lugar en que este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción. Segundo. Personería. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se tiene a ******************** acreditando su carácter de asesor jurídico del directo quejoso ********************, en la causa penal ********************, con el disco certificado que contiene el registro de audio y video de la audiencia de quince de marzo de dos mil veintitrés, en la que se le reconoció esa calidad (promoción registrada con el folio 10072). Tercero. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76, de la Ley de Amparo se establece que los actos reclamados por la parte quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: a) Resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************, en la que se confirmó el auto de no vinculación a proceso de fecha quince de marzo del año en curso a favor de ********************, emitida en la causa penal ********************, por el juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; que se le instruyó por el hecho que la ley señala como el delito de ********************, cometido en agravio de la ******************** y de ********************. Lo que atribuye a la 1° Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y, b) La ejecución de esa determinación. Que combate al citado juez de Control. Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por conducto de su magistrado presidente, convino en la existencia del acto reclamado. La autoridad ejecutora, juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, no rindió el informe justificado que le fue requerido en proveído de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, no obstante que el diez del mismo mes y año quedó notificada de esa petición; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo se presume cierto el acto que se le combate. Quinto. Causas de improcedencia. No se advierten motivos de improcedencia constitucionales, legales o jurisprudenciales que deban examinarse de manera oficiosa, ni las partes los alegan, por lo que se analiza el fondo del asunto. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión, atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". La parte quejosa aduce que la Sala responsable debió cerciorase que el juez responsable vulneró sus derechos fundamentales de víctima, en virtud que no lo citó a la audiencia inicial de fecha diez de marzo del año en curso, en la que se formuló imputación a ********************; para que de esa forma estuviera en aptitud de alegar sobre los datos de prueba ofrecidos en la carpeta de investigación ********************; vulnerándose sus garantías de audiencia, debido proceso e igualdad jurídica procesal. Argumento que resulta inoperante. Así es, puesto que, conforme al artículo 307, párrafo último, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido o su asesor jurídico podrán asistir, si así lo desean, pero su presencia no será requisito de validez de la audiencia. Lo que revela que para la celebración de la audiencia inicial de comunicación de la imputación o a la audiencia de continuación del plazo constitucional, no se requiere la presencia de la víctima o de su asesor jurídico; de ahí que, como se desprende de ese precepto legal, la falta de notificación de la víctima al desarrollo de la audiencia inicial o de ampliación de plazo constitucional, no puede afectar la validez de tales audiencias. En ese sentido, si bien es cierto que en la audiencia inicial de diez de diez de marzo de dos mil veintitrés no se dejó constancia que la víctima ******************** haya sido citada a la referida audiencia; sin embargo, tal omisión no puede tener por efecto que se reponga el plazo constitucional en perjuicio de la imputada, pues el propio legislador previó que dicha audiencia sería válida, incluso, ante la ausencia de la víctima o de su asesor jurídico. Lo que se estima razonable, porque los derechos de la víctima no se encuentran al desamparo, habida razón que son ejercidos por conducto del Ministerio Público que interviene en la referida audiencia, quien, conforme al numeral 131, fracciones I, XVI y XXII4, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene entre sus obligaciones, las de vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales; ejercer la acción penal y solicitar la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito. Además, el artículo 14 de la Ley General de Víctimas dispone que la víctima puede ser representada por un asesor jurídico o por el Ministerio Público, como sucedió en el caso, en el que la víctima fue representada por el Ministerio Público, tanto en la audiencia inicial como en su ampliación; esta última en la que, incluso, se tuvo apersonándose a ********************, en su carácter de víctima e interviniendo por conducto de su asesor jurídico ******************** y, en virtud de ello, hizo valer el recurso de apelación en la que combatió el auto de no vinculación a proceso decretado. Por lo expuesto, la tesis que cita el quejoso no le favorece, debido a que se refiere al principio de igualdad procesal, el que no fue vulnerado por las razones mencionadas. Se cita, por las razones que la sustenta, la tesis aislada XVII.2o.P.A.29 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el Libro 62, Enero de dos mil diecinueve, Tomo IV, página 2320, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA INICIAL. EN ESTA DILIGENCIA Y EN SU CONTINUACIÓN, LA PRESENCIA DEL IMPUTADO ES UN REQUISITO DE VALIDEZ, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 307 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. El último párrafo del precepto mencionado establece que a la audiencia inicial deberán concurrir el Ministerio Público, el imputado y su defensor, y podrán asistir -si lo desean- la víctima u ofendido o su asesor jurídico, pero su presencia no será requisito de validez; de igual manera, el diverso artículo 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala que en la continuación de la audiencia inicial, desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra, en primer término, al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima y luego al imputado. Por tanto, la presencia de éste en la audiencia inicial y en su continuación es obligatoria, al ser un requisito de validez, en términos del artículo 307 indicado, pues sin la presencia del imputado, lo actuado en esta fase será nulo". Por otra parte, el quejoso señala que la Sala de Apelación no advirtió que el juez de Control resolvió con perspectiva de género, lo que produce desigualdad procesal. Ese concepto de violación es infundado. Al respecto, se advierte que es apegada a derecho la determinación de la Sala responsable, en resolver que el juez de la causa actuó de forma debida al juzgar de oficio, con perspectiva de género y de infancia, por encontrarse vinculados los derechos de una niña y la obligación de una madre de familia de tutelar los derechos fundamentales de su hija; sin que ello se traduzca en una violación al principio de imparcialidad. Efectivamente, en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño se debe ponderar el interés superior del infante; esto es, en cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas; y, en el caso, los actos reclamados derivan de un juicio familiar cuyo tema a dilucidar tiene relación directa con el régimen de convivencia de la niña con su progenitor. De tal forma, toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. La Sala Unitaria señaló que el juzgamiento de los hechos que fueron sometidos a consideración del a quo ameritaba que se juzgara con perspectiva de género y de infancia, ya que el tema central de la carpeta de investigación que dio origen a la causa penal de la que derivan los actos reclamados, es que la imputada, aquí tercera interesada, no ha permitido la convivencia de su hija con su progenitor, dado que existe la posibilidad de que sea violentada sexualmente por este último, como así lo dedujo el juez de origen de los datos de prueba ofrecidos por la defensa, en los que se demostró que el directo quejoso ******************** fue vinculado a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de ******************** cometido en agravio de la niña. De ahí que se estima apegada a derecho la decisión de la Sala responsable en concluir que se encuentran vinculados los derechos de una niña, a quien se pudiera trastocar su desarrollo pleno e integral, así como las obligaciones de una madre de familia a tutelar los derechos fundamentales de su hija; por lo que el actuar oficioso que tuvo el juez responsable, no representa una violación al principio de imparcialidad, como lo refiere el quejoso, en virtud que los hechos que fueron sometidos a su conocimiento tenían que juzgarse con perspectiva de género y de infancia, pues el interés superior de la menor se encuentra por encima de la propia pena pública; en el caso, están involucrados, como se dijo, los derechos de una niña en el régimen de convivencia, pues de los datos de prueba ofrecidos por la defensa se advierte la posibilidad de que una ésta sea violentada sexualmente por su progenitor. Por tanto, era indispensable que al resolver lo relativo a la vinculación a proceso de la imputada, por el hecho que la ley señala como el delito de ********************, se atendieran y se protegieran los intereses de la menor, atento a la mecánica de hechos que se atribuyen a la imputada y a los datos de prueba ofrecidos por su defensa, entre los que se encuentra un auto de vinculación a proceso dictado contra la víctima, aquí quejoso; de los que se advierte que probablemente la niña ha sufrido violencia sexual por parte de su padre. Lo que implica que la protección de sus derechos debe realizarse a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos y al analizar la constitucionalidad de los actos en donde se vean inmersos sus intereses, debe realizarse un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida que permita determinar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse, para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral de los infantes en todo momento. En el entendido que, en el caso, el objeto de litigio natural es el ******************** para que una niña conviva con su progenitor, pero el sustento y el móvil de tal determinación es y debe ser siempre el interés superior de la infante. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 2328, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el "interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes"; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, "se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales". Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe "en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño", lo que significa que, en "cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá", lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas -en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras- deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate". Como diversos motivos de inconformidad, el quejoso aduce que la Sala de Apelación responsable, al emitir la resolución reclamada, no analizó los agravios que expuso su asesor jurídico respecto a los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación. Asimismo, refiere que la Sala Unitaria no analizó que el juez no realizó un estudio minucioso del delito que se atribuye a la imputada, aquí tercera interesada; pues, dice, esta última ha omitido de forma reiterada cumplir con la convivencia entre la menor de edad y su progenitor, hoy directo quejoso, y que soslayó que se encuentra acreditado el hecho ilícito de ******************** realizado por ******************** y su probable responsabilidad en su comisión. Tales razones de desacuerdo son infundadas, toda vez que la Sala de Apelación responsable al no advertir que la resolución reclamada vulnerara los derechos fundamentales del quejoso, no estaba obligada a realizar de manera oficiosa lo agravios expresados por el recurrente, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Alzada sólo podrá pronunciarse al respecto, quedando prohibido extender el examen de la decisión recurrida a cuestiones no planteadas en ellos o más allá de los límites del recurso, a menos que se trate de un acto violatorio de derechos fundamentales; pero que de no advertir éstas no estará obligado a dejar constancia de ello en la resolución. Aunado a ello, este Juzgado de Distrito no advierte suplencia de la queja que hacer valer en favor del peticionario, conforme al numeral 79, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. También se aprecia que fue apegada a derecho la resolución de no vinculación a proceso, en virtud que los datos de prueba que fueron incorporados por el Ministerio Público al momento de solicitar esa vinculación resultan insuficientes para demostrar la probable participación en el hecho delictivo de ********************, que se atribuye a la tercera interesada ********************. El artículo 177 del Código Penal en el Estado de Oaxaca establece: "Artículo 177.- Al que, sin causa legítima, rehusare prestar un servicio de interés público al que la Ley lo obligue, o desobedeciere un mandato legítimo de la autoridad, se le aplicarán de quince días a un año de prisión y multa de cien a quinientos pesos". De ese precepto legal se advierte que, para que se acredite el referido ilícito, se requiere: I. Que el sujeto activo desobedezca un mandato legítimo de autoridad. II. Que esa desobediencia sea sin causa legítima. Como lo afirmó la Sala responsable, el primer elemento se cumplió, toda vez que ******************** desobedeció un mandato emitido por un órgano jurisdiccional, en el caso, juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, pues no permitió la convivencia de su hija con su progenitor ******************** (quejoso), a partir del mes de marzo de dos mil veintiuno. Sin embargo, el segundo elemento relativo a que esa desobediencia sea sin causa justificada no se actualiza, ya que, como lo sostuvo el juez de la causa, lo que fue confirmado por la Sala responsable, de los hechos acreditados con los datos de prueba ofrecidos por la defensa se aprecia que la imputada justificó su conducta al demostrar que el directo quejoso ******************** fue vinculado a proceso por su probable participación en el hecho que la ley señala como el delito de ******************** cometido en agravio de su hija; sin que el quejoso haya controvertido el contenido de esa probanza. Razón por la que, ante esa conducta, la imputada no permitió se continuara con la convivencia entre su hija y su progenitor; máxime que en la audiencia de escucha de la infante que se verificó ante el personal psicológico y que fue reproducida en la audiencia de término constitucional, la niña manifestó que no deseaba convivir con su padre por los motivos que ahí expresó. Por lo que, de forma correcta, la Sala responsable consideró que no se encuentra acreditado el segundo de los elementos que requiere el ilícito en mención, dado que la desobediencia de la imputada se realizó con causa legítima, a saber, la establecida en el artículo 264 del Código Familiar del Estado de Oaxaca, toda vez que veló por la seguridad, integridad física y psicosexual de su hija, atento a los hechos por los cuales fue denunciado su progenitor, pues fue vinculado a proceso por el hecho que la ley señala como el delito de ******************** cometido en perjuicio de la niña. De ahí que, contrario a lo que estima el quejoso, la víctima, aquí tercera interesada, desobedeció un mandato de una autoridad judicial, pero con causa legítima, por lo que no puede existir una lesión jurídica al bien jurídico protegido por la norma penal contenida en el artículo 177 del Código Penal vigente en el Estado. Respecto al argumento del quejoso, relativo a que la imputada, de forma reiterada, ha omitido cumplir con la convivencia entre la menor de edad y su progenitor, hoy directo quejoso; como lo sostuvo el juez de control primigenio y fue confirmado por la sala responsable, esos incumplimientos suscitados antes del mes de marzo de dos mil veintiuno, en que la imputada indicó que su hija le contó acerca de los tocamientos que le hacía su papá en su cuerpo y que le incomodaban, no constituyeron la comisión del delito que se le atribuye, ya que argumentan que si bien le fue impuesta a la inculpada un arresto con motivo de esa desobediencia, ello no actualiza ese ilícito, pues, previamente, debieron existir las condiciones necesarias para su existencia, como lo es apercibir a esta última que, en caso de incumplimiento, se daría vista al agente del Ministerio Público para que procediera conforme a sus atribuciones, como así lo dispone el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, lo que no aconteció en el caso, pues esas autoridades no advirtieron dato que lo corrobore, siendo necesario ese apercibimiento previo del juez Familiar. Asimismo, no obstante que el agente del Ministerio Público incorporó datos de prueba, en los que se requiere a ********************, para que cumpla con el régimen de convivencia y se le apercibe en caso de no hacerlo; sin embargo, la Sala responsable refiere que éstos fueron dictados en el referido mes de marzo y en meses subsecuentes, en el que la imputada se enteró por el dicho de su propia hija de los tocamientos que le hacía su padre en su cuerpo, por lo que ya no permitió esa convivencia. Ante ello, de forma apegada a derecho consideró que los incumplimientos a partir del mes de marzo de dos mil veintiuno se encontraban justificados, por lo que no se actualizaba el delito denunciado. Máxime si se considera que la defensa de la imputada incorporó diversos datos de prueba en los que se evidencia el cumplimiento que la imputada dio en diversas fechas, en las que permitió la convivencia entre su hija y su progenitor. De ahí lo infundado de los argumentos de inconformidad planteados. Por lo expuesto, no se considera ilegal que la Sala responsable confirmara el auto de no vinculación a proceso, puesto que no se encuentra acreditado el hecho que la ley señala como el delito de ********************, por haberse acreditado una causa legítima y, en consecuencia, no puede demostrarse la probable responsabilidad de la imputada en su comisión. En consecuencia, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación, y no advertirse suplencia de la queja que hacer valer en beneficio del peticionario de amparo; lo que procede es negar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó el quejoso ********************. Negativa que se hace extensiva al acto reclamado al juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, por no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Séptimo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1, 37, 74, 77 y demás de la Ley de Amparo, se: R e s u e l v e: Primero. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso ********************, contra los actos reclamados, consistentes en: a) Resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada en el toca penal ********************, en la que se confirmó el auto de no vinculación a proceso de fecha quince de marzo del año en curso a favor de ********************, emitida en la causa penal ********************, por el juez de Control en Materia Penal del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; que se le instruyó por el hecho que la ley señala como el delito de ********************, cometido en agravio de la ******************** y de ********************. Lo que atribuye a la Quinta Sala Penal Unitaria del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; y, b) La ejecución de esa determinación. Que combate al citado juez de Control. En términos del considerando sexto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste.
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