Rufino Gasga Urbieta
Expediente 189/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 189/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rufino Gasga Urbieta
Actuaciones
- Principal
Mesa I-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de marzo de dos mil diecisiete. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que la notificación del proveído de veintiuno de febrero de este año, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, se realizó a la parte promovente por medio de lista el veintiocho de febrero del año en curso, notificación que surtió efectos el uno de marzo de este año; de ahí, que el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la ley de la materia, para interponer el recurso de queja, transcurrió del dos al ocho del mes en curso, sin que interpusieran dicho recurso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, archívese este expediente, como asunto concluido. En cumplimiento a lo señalado en los puntos cuarto, y vigésimo primero fracción I, del citado acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto, se estima que este expediente es susceptible de destrucción. Se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni se trata de resolución que haya sido impugnada ante algún organismo público internacional, ni relativo a conflicto laboral colectivo trascendente, o que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se indica que, conforme a la certificación de cuenta, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del mencionado acuerdo ni billete de depósito o garantía que devolver o remitir a la Tesorería de la Federación. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del referido acuerdo, este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa VI-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio firmado por la médico penitenciario C, en ausencia de la encargada del departamento de servicios médicos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán, Oaxaca, por el cual, en acato al requerimiento formulado en proveído de ocho del actual, informa la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, en virtud, que el quejoso egresó de dicho centro penitenciario el diez de enero pasado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista al defensor público del quejoso con el oficio de mérito, así como con el diverso suscrito por el director administrativo en ausencia del director general del citado centro de reclusión (fojas 118 a 121); lo anterior, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que quede legalmente notificado, exprese lo que a su representación competa, apercibido que de no hacer manifestación alguna, este tribunal resolverá lo conducente respecto al exacto cumplimiento de la ejecutoria, con base en las constancias que obran en el expediente y los datos aportados por las responsables, en la que se examinará si se cumplió con la sentencia o no, o si incurrió en exceso o defecto en dicho cumplimiento . Notifíquese personalmente al defensor público federal.
- Principal
Mesa I-B * "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por *********, contra actos de la registradora del distrito judicial del Centro del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo bajo el número 189/2017 que le corresponde. Ahora, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1° transitorio de la misma, este juzgado de distrito oficiosamente emprende el examen de la demanda para advertir si existe motivo de improcedencia; de la que se advierte, debe desecharse por que existe un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en la respuesta contenida en el oficio DRPP/JUVR/2683/2016 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, que recayó a su petición presentada el veintidós de noviembre del año pasado. En efecto, en dicha fracción, se prevé la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales exista algún recurso, o medio de defensa legal por virtud del cual, pueden ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan sus efectos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora bien, opera la referida causal de improcedencia, en virtud que contra el acto impugnado consistente en la respuesta contenida en el oficio DRPP/JUVR/2683/2016 de veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, que recayó a su petición presentada el veintidós de noviembre del año pasado, procede el juicio contencioso administrativo, previsto en la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto por los artículos 1° y 82 fracción I, de dicho ordenamiento, en relación con el 111 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, del apartado relativo a las atribuciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas del Estado, en tanto que de su concatenación se desprende que será procedente el juicio de nulidad, aún en aquellos casos que no estén expresamente previstos por la Ley de Justicia Administrativa local. Lo anterior toda vez que la Ley de Justicia Administrativa del Estado, prevé en su artículo 1° que se aplicará en todo el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 111 de la Constitución Política del Estado, en casos distintos, a la materia electoral, de justicia agraria y laboral, defensa de los derechos humanos, de las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de acciones del Ministerio Público en averiguación del delito o de representación social, de los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, ni por la elección de autoridades auxiliares de éstos; la competencia debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer del acto reclamado a la registradora del distrito judicial del Centro del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Gobierno del Estado de Oaxaca, la cual forma parte del Poder Ejecutivo del Estado. De ahí que la parte quejosa, antes de instar el juicio de amparo, debió promover juicio de nulidad, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca. Además que la Ley del Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece la suspensión de los actos impugnados en su artículo 185, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Máxime que el acto reclamado no se encuentra en la excepción de procedencia de dicho recurso, consistente en que el acto reclamado carezca de fundamentación, ya que el mismo está fundado en los artículos 2892 bis y 2893 del Código Civil vigente en el Estado. En esa tesitura, al no haberse hecho valer tal medio ordinario de impugnación, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa a no haberse agotado el principio de definitividad. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la citada fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Alejandro Baños Garnica, toda vez que en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho aparece registrada su cédula profesional y a las restantes personas que refiere únicamente para recibir notificaciones, toda vez que no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Notifíquese.
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