Rufino Díaz Velasco

Expediente 827/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
827/2020
Año
2020
Actuaciones
21
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Rufino Díaz Velasco
  • RUFINO DÍAZ VELASCO y Otros.
  • Agente Municipal de la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintiuno. En atención al oficio de la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer circuito, acúsese recibo de la ejecutoria dictada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 44/2021; asimismo, devuelve el original del incidente de suspensión del juicio de amparo 827/2020. Para los efectos legales a que haya lugar hágase del conocimiento de las partes que la superioridad declaró sin materia el recurso de revisión interpuesto por el quejoso contra la interlocutoria de dieciséis de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, en atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó la suspensión provisional y definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 8.1.2. punto 3 relativo al tratamiento del incidente de suspensión (original) del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de diez días con el que la parte quejosa contaba para interponer el recurso de revisión contra la sentencia que sobreseyó este juicio, feneció sin que hiciera valer dicho mecanismo de impugnación; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se sobreseyó en el juicio de amparo, y se concedió la suspensión de plano respecto al acto reclamado, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 9, 12 y 14, es susceptible de depuración. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la depuración del presente asunto, debiendo conservarse la demanda de amparo y el auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, por medio de la cual se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). La presente determinación, hágase del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, para los efectos legales que haya lugar en el recurso de revisión 44/2021 de su índice. Finalmente, se reserva ordenar el archivo del incidente de suspensión hasta en tanto el tribunal de Alzada informe la resolución del recurso de revisión que se encuentra pendiente. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 827/2020, promovido por ********************, en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. I. ANTECEDENTES 1. Según consta en autos, el quejoso ******************** manifiesta que las autoridades responsables Agente Municipal, Alcalde Municipal, Tesorero Municipal, Secretaria Municipal y Comandante de la Policía Municipal, todos de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, emitieron órdenes verbales o escritas para privarlo de la posesión física y material del sitio solar ubicado en la calle ********************sin número, esquina con la privada ******************** de la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, con las medidas y colindancias siguientes:  Por el lado norte, mide ********** metros (**********************) y colinda con sucesores de *****************, hoy colinda con la calle ********************.  Por el lado sur, mide ************* metros (*******************************) y colinda con **********************, hoy con sucesores de *******************.  Por el lado oriente, mide ************ metros (******************) y colinda con *********************, hoy colinda con la calle de **************.  Por el lado poniente, mide ********** metros (**********************) y colinda con ****************, hoy con sucesores de *****************. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 2. Mediante escrito presentado el nueve de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, *********************, promovió juicio de amparo indirecto contra actos de las autoridades de la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, que en adelante se precisarán. 3. La parte quejosa precisó como derechos fundamentales violados los consagrados en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. 4. La demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, y por auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda y la registró bajo el expediente 827/2020; asimismo, solicitó los informes justificados a las autoridades responsables y dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado. 5. Así, seguido el juicio por todos sus trámites, la audiencia constitucional, tuvo verificativo el veintisiete de marzo de dos mil veintiuno. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto y los actos reclamados tendrían ejecución en donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO 7. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 8. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 9. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". 10. En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, permite sostener que el quejoso reclama lo siguiente: De la Agente Municipal, Alcalde Municipal, Tesorero Municipal y Secretaria Municipal, todos de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca:  Los acuerdos, órdenes y determinaciones verbales o por escrito que han dictado para que se le prive de la posesión material del inmueble que describe en su demanda de amparo.  Los acuerdos, órdenes y determinaciones verbales o por escrito que dictaron, para que les haga entrega de la posesión física y material del terreno que defiende.  Las órdenes verbales o por escrito, que dictaron para que se le prive de su libertad personal en la cárcel de la citada Agencia Municipal. V. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO 11. Las autoridades responsables Agente Municipal, Alcalde Municipal, Tesorero Municipal y Secretaria Municipal, todos de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados. 12. Ahora bien, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, en lo conducente, dispone: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) 13. Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. 14. Cabe señalar, que la parte quejosa en el juicio de amparo tiene la carga de la prueba, es decir, la parte promovente está obligada a demostrar, directamente o mediante los informes de las autoridades responsables, la existencia de los actos que impugna y a justificar con pruebas, que éstos sean inconstitucionales. 15. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia VI.2o.J/308, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 77, Tomo 80, Agosto de 1994, correspondiente a la Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 210769, de rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. 16. También cobra vigencia en su aplicación al caso, la tesis aislada VI.2o.A.4K que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de 2002, Materia Común, Novena Época del siguiente tenor: PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en sucaso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. 17. Al respecto, en el presente caso, no obstante que la parte quejosa ofreció diversos medios de convicción con el propósito de desvirtuar las negativas de las autoridades responsables, entre ellos las documentales que se detallarán a continuación y la testimonial; los que adquieren valor probatorio al tenor de los normativos 197, 202, 203, 215 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2; resultan insuficientes para desvirtuar la negativa de las autoridades responsables. 18. Esto es así, porque si bien la parte quejosa exhibió las documentales consistentes en: a) Un croquis hecho a mano con diversas anotaciones correspondientes a un predio. b) "MANIFESTACIÓN DE RECTIFICACIÓN DE VALORES", correspondiente a un predio, dirigida al recaudador de rentas, suscrita el diez de enero de mil novecientos setenta y dos, a nombre de ********************. c) Un recibo de impuesto predial a nombre de ********************, expedido por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. d) Cuatro impresiones fotográficas en las que aduce el quejoso se aprecian la ubicación, colindancias y características del terreno que defiende. e) Copia certificada por fedatario público del contrato de compraventa de quince de enero de mil novecientos ochenta y cinco, en el que aparece como vendedora ******************** y como comprador ********************, respecto de un predio ubicado en Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca. 19. Dichos documentos acreditan los pagos realizados a la recaudación de rentas, las características físicas del inmueble que defiende, su ubicación y las colindancias que tiene, así como la realización de un contrato de compra venta entre las partes ahí señaladas. 20. No obstante, dichos documentos no acreditan que las autoridades responsables hayan ordenado verbalmente o por escrito, despojar al quejoso del predio del que dice es poseedor, o que le ordenaran entregarlo; asimismo, tampoco se acredita con tales documentos privados y públicos, que se ordenara en contra del quejoso la privación de su libertad. 21. Incluso, con dichas documentales, tampoco se acredita fehacientemente la posesión que el quejoso dice tener; sin embargo, ello no es materia de estudio dado que, no se acreditó la existencia del acto. 22. Aunado a que como se dijo, las autoridades responsables al rendir su correspondiente informe justificado negaron expresamente la existencia de los motivos de disenso que se les atribuyeron. 23. Respecto a la prueba testimonial desahogada en audiencia constitucional de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se le otorga valor probatorio indiciario, pues lo único que prueba es que derivado de que personas de la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, informaron a la autoridad que el quejoso estaba enmallando terrenos del pueblo, la Agente Municipal citó al quejoso y le requirió para que presentara papeles de su terreno, apercibido que de no hacerlo haría un deslinde. 24. Pero de ninguna manera alcanzan a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en relación a la existencia de algún acuerdo, orden y determinación verbal o escrita emitida para privarlo de la posesión material del inmueble que defiende, o para que haga entrega de la posesión del mismo, o para privar de la libertad personal al quejoso. 25. Máxime que se debe restar credibilidad a los atestes en virtud que manifestaron ser hermana y cuñado del quejoso, por lo que se presume su parcialidad en lo que declararon, pues al ser familiares del agraviado es lógico que sus declaraciones trataron de beneficiarlos; sin embargo, no dieron cuenta de ninguna orden verbal o escrita de las autoridades responsables en el sentido de despojar al quejoso del predio que dijo poseer, ni mucho menos la orden de entrega o de privación de la libertad; en todo caso, lo único que se advierte es que el quejoso fue citado a la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca, a efecto de presentar la documentación con la que el quejoso acredite la posesión legal que detenta respecto del predio materia de la litis. 26. En consecuencia, como la parte quejosa no demostró la existencia de los actos anteriormente precisados, se sobresee en el juicio por lo que hace a dichas autoridades y actos reclamados, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 27. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de Jurisprudencia número 310, consultable en la página 209, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, del Semanario Judicial de la Federación, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394266, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que seles atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. VI. DECISIÓN. 28. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, este Juzgado determina decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 29. El sobreseimiento decretado impide el análisis de los conceptos de violación que se hubieran propuesto en la demanda sobre el fondo de la determinación reclamada, respecto de la cual se ha decretado el sobreseimiento. 30. Cabe invocar al respecto, el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenido en la tesis jurisprudencial que con el número 1028, se publica en la página 708, Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, consultable en la Red Jurídica Nacional, con el número de registro 394984, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." 31. Finalmente, no es dable emitir pronunciamiento alguno respecto a lo manifestado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, a modo de alegatos, pues no existe obligación de atender lo que dicha representación social expone en su pedimento, toda vez que sus manifestaciones se encuentran sujetas a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia. 32. Resulta aplicable la jurisprudencia III.1o.A. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, localizable en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, abril de 2016, Tomo III, página 2071, registro 2011344, intitulada: "PEDIMENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. NO ES OBLIGATORIO ATENDERLO EN LA SENTENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El órgano jurisdiccional constitucional no está constreñido a atender en su resolución el pedimento del Ministerio Público Federal, porque la representación social es parte en el juicio de amparo; de ahí que su pedimento únicamente constituye una manifestación que está sujeta a la apreciación del acto reclamado que se realice en la sentencia." 33. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *********************, en contra de los actos reclamados atribuidos a las autoridades responsables, en términos del considerando V de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. .

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, el escrito del autorizado legal del quejoso, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de ocho de marzo del año en curso, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que los atestes Lucia Santiago Velasco y Marino Celedonio Torres Ramirez, no se encuentran en ninguna situación especial de vulnerabilidad frente al COVID-19, por lo que solicita que se le generen las citas correspondientes. En consecuencia, a fin de llevar a cabo la referida probanza en la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con treinta y cinco minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, toda vez que subsiste la situación de emergencia sanitaria y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, relativo al trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables y al personal del propio consejo, se ordena generar la cita correspondiente a los atestes Lucia Santiago Velasco y Marino Celedonio Torres Ramirez, con la finalidad de que acudan presencialmente al desahogo de la prueba testimonial a su cargo, ofrecida por la parte quejosa, en el día y hora señalada con anterioridad. Por tanto, genérese las citas respectivas desde la modalidad del programa "Agenda OJ"; en el entendido que el referido código QR se entregará personalmente a la parte quejosa, de modo que haga comparecer a los testigos a su cargo en la hora y fecha señalada. Así también, hágasele saber que deberá presentarlos en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional cuando menos con cinco minutos de anticipación a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia; asimismo, que deberán observar los protocolos y medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen en el edificio, entre ellas, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Apercíbase al disidente de amparo, que de no presentar a los citados testigos, en la hora y fecha indicadas, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se declarará desierta la prueba de que se trata y con fundamento en lo dispuesto por los normativos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo se impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Por otra parte, glósese a los autos la comunicación del delegado de las autoridades responsables de la Agencia Municipal de Santo Domingo Barrio Bajo, Etla, Oaxaca; en su atención, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngasele exhibiendo ampliación de interrogatorio en relación a la prueba testimonial admitida en autos; en la inteligencia que la calificación de las preguntas se reserva hasta el momento del desahogo. Respecto a su solicitud de que el interrogatorio se guarde en el secreto del juzgado, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que no se trata de una prueba confesional respecto de la cual la ley estipula dicho sigilo, por lo que, el cuestionario que adiciona a los atestes propuestos por la parte quejosa deberá glosarse al expediente junto con el ocurso de cuenta. Finalmente, se tiene por hecha la manifestación de que se reserva su derecho para hacer repreguntas a los testigos el día de la audiencia. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. -HÁGASE DEL CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA QUE LOS CÓDIGOS QR CITADOS, SE REMITIERON EN LOS MEDIOS DE CONTACTO PROPORCIONADOS EN EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA-

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