Rufina Guillermina Hernandez Rivera

Expediente 489/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
489/2016
Año
2016
Actuaciones
8
Última actuación
31/05/2016

Partes del expediente

  • Rufina Guillermina Hernandez Rivera
  • Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA CUMPLIMIENTO "... Agréguese el escrito de la quejosa Rifuna Guillermina Hernández Rivera, mediante el cual en contestación a la vista de veintiséis de mayo de año en curso, informa que la autoridad responsable, Director General de la Oficina de Pensiones del Gobierno del Estado, no le ha devuelto las cantidades que le descontó en el mes de mayo por el concepto de cuota de fondo de pensiones para acreditar exhibe copia del recibo de pago. Ahora, como de la constancia que anexó se advierte que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues le siguen descontando a la quejosa por el citado concepto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 párrafos segundo y tercero de la ley de amparo, requiérase a la responsable para que de inmediato cumpla con la ejecutoria de amparo. Se precisa que tiene que proceder en los términos siguientes: "1.- Para que no se le aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2.- Para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en esta ciudad, suspenda los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que corresponde a la quejosa. 3.- Reintegre a la parte quejosa, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto." Asimismo, requiérase Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Apercibidas que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192 citado, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a $7304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente al salario mínimo general vigente para todo el país asciende a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS, CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL..."

  2. Principal

    MESA CUMPLIMIENTO "... Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que, en la especie, por sentencia firmada el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa (fojas 33 a 38); como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días computado legalmente, cumpla con la ejecutoria de amparo, de la que se le envió copia oportunamente, y, desde luego, informe y acredite dicho cumplimiento. Se precisa que tiene que proceder en los términos siguientes: "1.- Para que no se le aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2.- Para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en esta ciudad, suspenda los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que corresponde a la quejosa. 3.- Reintegre a la parte quejosa, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto." Asimismo, requiérase Consejo Directivo de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que en su calidad de superior jerárquico de la autoridad responsable, en el mismo plazo de tres días, ordene a ésta, cumpla la ejecutoria en sus términos y remita las constancias respectivas. Para tal efecto, se le envía copia de la sentencia en trato. Apercibidas que de no cumplir o informar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 192 citado, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a $7304.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL); atendiendo a que el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, es el equivalente al salario mínimo general vigente para todo el país asciende a $73.04 (SETENTA Y TRES PESOS, CUATRO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL..."

  3. Principal

    29042016Audiencia Constitucional. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a las DOCE HORAS TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativa al juicio de garantías 489/2016, promovido por RUFINA GUILLERMINA HERNÁNDEZ RIVERA, ante el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Fidel Gallegos Figueroa, que actúa con el Secretario Jaime Gabriel Ruschke, quien autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la comparecencia personal de las partes ni de su representante legítimo. El Juez de Distrito declara abierta la audiencia constitucional. Acto seguido, el Secretario relaciona las constancias del expediente, de las cuales destacan: demanda de garantías, proveído admisorio, informe justificado de la autoridad responsable; asimismo certifica: no existe objeción de documentos. El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias y la certificación secretarial, para los efectos legales conducentes. A continuación, abierto el período probatorio, el Secretario hace relación de las documentales exhibidas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda (fojas 14 a 17) y de las remitidas por la autoridad responsable (fojas 25 a 28); asimismo, certifica: Que en el presente juicio no existe prueba pendiente de preparar o desahogar. El Juez de Distrito, provee: Con fundamento en los artículos 119 y 123, en relación con el 124 párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas aludidas, dada su especial naturaleza, las cuales se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno, y por realizada la certificación secretarial de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Sin prueba pendiente que desahogar, se cierra dicha etapa. Inmediatamente, abierta la etapa de alegatos; el Secretario certifica que mediante escrito agregado en proveído de catorce de abril del año en curso (foja 30 a 32), se tuvo a la parte quejosa formulando alegatos en términos del artículo 124 de la ley de la materia; por su parte la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, no formuló pedimento. El Juez de Distrito, provee: Se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa; por ende, se declara cerrada dicha etapa, y sin existir cuestión diversa por atender ni proveer, ni pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, el Juez de Distrito, dicta sentencia. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo número 489/2016; y, A N T E C E D E N T E S: PRIMERO. Demanda de amparo. Por demanda presentada el treinta de marzo de dos mil dieciséis, tanto en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, como en este Juzgado, por razón de turno, RUFINA GUILLERMINA HERNÁNDEZ RIVERA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de autoridad. SEGUNDO. Despacho del juicio de amparo. En auto de treinta y uno de marzo del año en curso, se ordenó formar expediente, registrar la demanda con el juicio de amparo indirecto 489/2016, se admitió a trámite el asunto, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Asimismo, consta que la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S: PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca es competente para resolver el juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con lo previsto en el artículo cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que el acto reclamado tuvo ejecución en esta ciudad, lugar donde este órgano jurisdiccional tiene jurisdicción. SEGUNDA. Precisión de actos. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama: (Del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad: El segundo o ulterior acto de aplicación de los artículos 6 fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce y publicado mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado. TERCERA. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, según se aprecia de su informe justificado (foja 23). Lo que se corrobora con las copias certificadas del oficio OP/DG/4494/15, de treinta de diciembre de dos mil quince (foja 27), y de los comprobantes de pago expedidos por la Dirección de Pensiones del Gobierno del Estado de Oaxaca, a nombre de la quejosa RUFINA GUILLERMINA HERNÁNDEZ RIVERA (fojas 15 y 16); a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Los cuales revelan la aplicación a la parte quejosa de los artículos 6 fracción III, 18, párrafo segundo y Octavo Transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de enero de dos mil doce y publicado mediante decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. CUARTA. Estudio de las causas de improcedencia. En el presente juicio de amparo las partes no hicieron valer causas de inejercitabilidad, ni este órgano jurisdiccional advierte que se actualice alguna de ellas, que deba estudiar de oficio. QUINTA. Estudio del asunto. Son fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79 fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, respecto al tema materia de estudio, existe la jurisprudencia siguiente: "PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. LOS ARTÍCULOS 6, FRACCIÓN III, 18, PÁRRAFO SEGUNDO Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY RELATIVA, QUE DISPONEN QUE QUIENES ADQUIERAN EL CARÁCTER DE JUBILADOS DEBEN APORTAR EL 9% DE SU PENSIÓN PARA INCREMENTAR EL FONDO RESPECTIVO, SON INCONVENCIONALES E INCONSTITUCIONALES, AL DESATENDER LOS ARTÍCULOS 26, NUMERAL 3 Y 67, INCISO B), DEL CONVENIO NÚMERO 102 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y VIOLAR EL DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD. Los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada mediante Decreto Número 885 en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el 28 de enero de 2012, conforme a los cuales, quienes adquieran el carácter de jubilados deben aportar el 9% de su pensión para incrementar el fondo de pensiones, desatienden los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del Convenio Número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, los cuales autorizan dos casos de afectación: a) en el supuesto de prestaciones de vejez, se suspende cuando se ejerzan actividades remuneradas o se reduce cuando las ganancias del beneficiario excedan de un valor prescrito; y, b) respecto de pagos periódicos, se reduce en la medida en que los demás recursos de la familia del beneficiario excedan de sumas apreciables fijadas por las autoridades competentes, de conformidad con reglas prescritas. Lo anterior, porque si bien es cierto que la norma internacional, en su dimensión caracterizada como derecho humano a la seguridad social, autoriza la fijación de dichos topes, también lo es que la cuota regulada por el legislador local no encuadra en las hipótesis permitidas señaladas, ya que se traduce en un descuento indebido del monto de la pensión jubilatoria, encaminado a constituir el fondo monetario con el que se cubrirá ésta, por lo cual los preceptos indicados son inconvencionales. Asimismo, violan el derecho humano a la igualdad, al dejar de tomar en cuenta que el jubilado ya aportó cuotas durante su vida laboral para gozar del beneficio respectivo y, por ende, se le da el trato de trabajador en activo." (Jurisprudencia XIII.T.A. J/2 (10a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 2512 del Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Registro: 2007629). Cabe precisar que en la ejecutoria del amparo en revisión 146/2014, del índice del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, que formó parte de la jurisprudencia antes transcrita, por reiteración de criterios, se estableció: "[.] De lo expuesto, resulta evidente la inconvencionalidad de la reforma relativa, en cuanto a los preceptos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, conforme a los cuales se prevé el descuento del nueve por ciento sobre el monto de su pensión; lo anterior, a la luz del Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo Núm. 102, "Convenio sobre la Seguridad Social" (norma mínima), del que México forma parte, dado que el mismo solamente autoriza la reducción del monto de la pensión cuando las ganancias del beneficiario excedan del valor prescrito o fijado por la autoridad competente, de conformidad con las reglas relativas, dado que en la legislación del país ningún límite se establece para ello; motivo por el cual, al privilegiar el principio de la dignidad humana se impone la declaratoria respectiva. [.] En efecto, las normas en cuestión resultan violatorias de los derechos humanos de igualdad jurídica y social, contenidos en los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al equiparar en las mismas condiciones a trabajadores activos, de jubilados y pensionados, sin atender a que los del primer rubro, por encontrarse en plena actividad laboral, pueden ascender en su trabajo o allegarse de mayores o diferentes ingresos, dado que al encontrarse en funciones cuentan con juventud; mientras que los del segundo rubro, al tratarse de trabajadores que ya han agotado una vida laboral, tienen como ingreso único, el de su pensión relativa, quienes por cierto, efectuaron ya aportaciones a lo largo de su vida de trabajo, lo cual, como ya se dijo, servirá precisamente para financiar esa pensión; supuesto en el cual al tratarse de situaciones diversas, no era el caso de que el legislador local los ubicara en la misma posición y les diera el mismo tratamiento y cargas, por cuanto resulta excesivo que una vez que se obtiene el beneficio de la jubilación, derivado de haber cumplido los años y tiempo de servicio, se siga imponiendo al jubilado y pensionado la carga de contribuir al fondo de pensiones, cuando se supone que agotó ya esa aportación, durante su vida de trabajo. Ciertamente, no existe razón jurídica ni práctica para que las personas jubiladas y pensionadas continúen aportando determinada cantidad de dinero de su pensión, para el fondo de pensiones, puesto que ya se encuentran en el supuesto legal para el que fue impuesta tal aportación; es decir, ya tienen la calidad de jubilados o pensionados y están legalmente facultados para la obtención de la prestación consignada en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto la referida Constitución prevé la jubilación como derecho mínimo de la seguridad social. [.]" La jurisprudencia y ejecutoria transcritas clarifican que los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y octavo transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante decreto número 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, al fijar a los jubilados aportaciones al fondo de pensiones equivalentes al 9% de su pensión, son inconstitucionales e inconvencionales, al desatender los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo y violar el Derecho Humano a la Igualdad, así como el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual ocasiona un perjuicio en contra de la quejosa, al restringirla de gozar íntegramente un derecho mínimo de seguridad social, como lo es el recibir una pensión por jubilación, la cual no es una gratuidad sino el producto de su vida laboral activa, y para tener acceso a ella, debe cumplir con ciertos requisitos, para garantizar al trabajador una digna jubilación con dicha pensión, la cual será su único medio de subsistencia por entrar en una etapa de la vida laboralmente poco productiva. Es por eso que dicho derecho mínimo de la seguridad social no puede ser coartado, y a pesar de existir límites al monto de la prestación como se establece en los artículos 26, numeral 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la legislación nacional no establece dichos montos. Criterio jurisprudencial que resulta obligatorio para este Juzgado, en términos del artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En el caso, la parte quejosa reclama el segundo o ulterior acto de aplicación, de los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, expedida el 28 de enero de 2012 y publicada mediante Decreto 885 en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, cuyo origen se encuentra demostrado con el oficio OP/DG/4494/15 de treinta de diciembre de dos mil quince y la materialización de su ulterior acto de aplicación está demostrada con las copias certificadas de los comprobantes de pago, a nombre de la parte quejosa (fojas 15 y 16), por concepto de pensión mensual por jubilación y otros, a cargo de la Dirección de Pensiones, Gobierno del Estado de Oaxaca, en el cual se advierte que al total de su pensión mensual, se le hace una deducción (202 FDO. DE PENSIONES), que se traduce, en un descuento del nueve por ciento (9%) a su pensión mensual por jubilación, en donde la autoridad responsable aplica los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, que como anteriormente se señaló, ya han sido declarados inconstitucionales e inconvencionales. Bajo ese contexto, toda vez que la autoridad responsable Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en los pagos mensuales de la pensión por jubilación correspondiente a los meses de marzo y abril de dos mil dieciséis, aplicó en perjuicio de la parte quejosa los artículos 6 fracción III, 18 párrafo segundo y Octavo Transitorio, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, violatorios de los artículos 26, punto 3 y 67, inciso b), del convenio número 102 de la Organización Internacional del Trabajo, del cual nuestro Estado Nación forma parte, y del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así declarado jurisprudencialmente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para los efectos siguientes: 1.- Para que no se le aplique en el presente y en lo futuro, los artículos 6, fracción III, 18, párrafo segundo y Transitorio Octavo, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores del Gobierno del Estado de Oaxaca, publicada en el Periódico Oficial de esta Entidad Federativa el 28 de enero de dos mil doce. 2.- Para que el Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, en esta ciudad, suspenda los descuentos para enterar al fondo de pensiones, realizados a la pensión por jubilación que corresponde a la quejosa. 3.- Reintegre a la parte quejosa, en una sola exhibición, los descuentos realizados por ese concepto. En apoyo de lo anterior se estima aplicable la jurisprudencia P.J.112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, página 19 que es del tenor literal siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74, 77 fracción I, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo. S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a RUFINA GUILLERMINA HERNÁNDEZ RIVERA, en términos de la consideración quinta de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Lo resuelve y firma, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario Jaime Gabriel Ruschke, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    MESA VIII "... Oaxaca de Juárez, Oaxaca, once de abril de dos mil dieciséis. Agréguese el escrito y anexo del Director General de la Oficina de Pensiones del Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes. Por otra parte, se tienen como delegados a las personas que nombra y señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en que indica, lo anterior con fundamento en el artículo 9° de la Ley de Amparo, Con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se admite la documental que exhibe, probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE. .."

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