Rubén Wilfrido Galarde Valencia

Expediente 552/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
552/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Rubén Wilfrido Galarde Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    "... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de diez de mayo de dos mil veintidós, se desechó la demanda de garantías promovida por ********; y toda vez que esa determinación no fue recurrida a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío del numeral 2° de la Ley citada, se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido..."

  2. Principal

    ...Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Jefe de la Unidad de Recursos Humanos del Instituto de Educación Pública del Estado de Oaxaca y otra autoridad. Registro Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 552/2022. Desechamiento Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Enseguida, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se aprecia que el impetrante reclama destacadamente el oficio DF. DCSP.2022/0555 de tres de mayo de dos mil veintidós, por el cual, la Directora del Departamento de Control y Seguimiento del Pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, negó la reexpedición de los cheques correspondientes al ejercicio fiscal 2018; ello con motivo de las pensiones retenidas derivadas del incidente de cancelación de pensión alimenticia en el expediente familiar 9/1999 del inventario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. De esta forma, se aprecia que el justiciable se duele de la omisión de las responsables de devolverle las cantidades comprendidas del uno de junio de dos mil dieciocho al uno de noviembre de dos mil diecinueve, como trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Precisado lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, interpretada ésta última en sentido contrario. Al respecto, los artículos 1° y 61, fracción XXIII, del precitado ordenamiento legal disponen: Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.). Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Asimismo, el precepto 5°, fracción II, de la Ley de Amparo prevé: Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.). Los preceptos transcritos revelan que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; teniendo carácter de autoridad responsable aquella que con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, teniendo también tal calidad los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, contra actos que no sean emitidos por autoridad o por particulares que no tengan esa calidad, es improcedente el juicio de amparo. Para mayor claridad, existen las siguientes jurisprudencias: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (.) AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. (.) Los artículos y jurisprudencias transcritos revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Como se adelantó, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos, se aprecia que el impetrante reclama destacadamente el oficio DF. DCSP.2022/0555 de tres de mayo de dos mil veintidós, por el cual, la Directora del Departamento de Control y Seguimiento del Pago del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, negó la reexpedición de los cheques correspondientes al ejercicio fiscal 2018; ello con motivo de las pensiones retenidas derivadas del incidente de cancelación de pensión alimenticia en el expediente familiar 9/1999 del inventario del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca. El citado oficio DF. DCSP.2022/0555 de tres de mayo de dos mil veintidós, es del contenido siguiente: en atención a su escrito de fecha 02 de mayo de 2022 (.), mediante el cual solicita la reexpedición de cheques correspondientes al ejercicio fiscal 2018, me permito informar a usted que para la realización el trámite de reexpedición en este departamento es importante requisitar formato de solicitud anexando la certificaciones de cheques cancelados expedida por el departamento de pago de nómina, con la vigencia no mayor a un año toda vez que de acuerdo al Manual de Normas de la Secretaría de Educación Pública, por lo que se rige este Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca en el punto 20.9.10 de reexpedición y que a la letra dice: La reexpedición de un cheque procede, cuando el trabajador o beneficiario lo solicite dentro del año siguiente, contando a partir de la fecha en que fue emitido o el beneficiario no haya podido hacerlo efectivo por rechazo de la Institución Bancaria al haber caducado, por cancelación indebida, deterioro o maltrato, siempre y cuando el cheque conserve el nombre del beneficiario, quincena de pago, clave presupuestal, número de cheque y monto a pagar. Dicha petición no fue solicitada dentro de dicho plazo para el proceso, por lo que este departamento se encuentra imposibilitado para realizar la reexpedición. Es importante indicar a usted que este departamento a mi cargo no está facultado para la cancelación de cheques. De esta forma, se aprecia que el justiciable se duele de la omisión de las responsables de devolverle las cantidades comprendidas del uno de junio de dos mil dieciocho al uno de noviembre de dos mil diecinueve, como trabajador del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Bajo esa tesitura, deviene improcedente esta instancia constitucional, ya que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no actúa con el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de garantías; sino como patrón equiparado. Ello, pues los descuentos del quince por ciento que se aplicaron en la nómina que percibía Rubén Wilfrido Galarde Valencia, y de los cuales solicita su devolución ya sea en efectivo, depósito o trasferencia, se efectuaron en acatamiento a lo ordenado por diversa autoridad, esto es, Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula, Oaxaca, hasta en tanto se resolviera el incidente de cancelación de pensión alimenticia 9/1999, de su índice. De ahí que, se estime que el acto reclamado a las autoridades del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca carece de autonomía y unilateralidad, por lo que, no le reviste el carácter de autoridad. Se insiste, entre el peticionario de amparo y las autoridades señaladas como responsables, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca no realiza actos equiparables a los de autoridad, ya que el acto que le reprocha se suscita en una relación de coordinación en la que actúa como particular, como patrón, y no con el carácter de autoridad. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Similares consideraciones sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito al resolver el recurso de revisión 77/2021 en sesión ordinaria virtual de diez de junio de dos mil veintiuno. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, se desecha, de plano, la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica el quejoso; asimismo se autoriza únicamente para tal efecto a la persona que menciona, ello pues de la certificación de cuenta se obtiene que Sergio Daniel García Ramírez, no tiene registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además, se tiene como correo electrónico y número telefónico para cualquier comunicación no procesal, los que indica el justiciable. Ahora, en cuanto a la solicitud para consultar vía internet el expediente electrónico de este juicio de amparo; vista la certificación de cuenta, se autoriza al usuario sergiodaniel, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo; en consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en atención a su manifestación; se autoriza la práctica de notificaciones electrónicas a través del citado usuario. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. En el entendido que las actuaciones señaladas en el párrafo precedente, dado que implica contacto personal, deberán desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes las practiquen. Trámite de juicio en línea Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, (.) NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

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