Rufina González Vargas
Expediente 313/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 313/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Rufina González Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, al haber transcurrido el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad en contra del acuerdo en el que se declaró por cumplida la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, se tiene por CONSENTIDO dicho proveído. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis del artículo 18, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido. Por tanto, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los siguientes noventa días, se realizará el proceso de depuración y se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En cambio, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente asunto, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso c, del multicitado Acuerdo General, pues se negó la medida cautelar solicitada respecto al acto reclamado. En tal virtud, una vez transcurridos tres años contados a partir de este acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el cuaderno original del incidente de suspensión y se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación; por lo que, agréguesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este auto y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de la multicitada norma, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, debiéndose remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone penúltimo párrafo del referido artículo; por lo que, de igual forma, glósesele una impresión electrónica con evidencia criptográfica de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este juzgado federal. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista; la razón actuarial de cuenta elaborada por el fedatario público adscrito a este juzgado federal, de la que se advierte la imposibilidad de notificar el oficio 11948/2021, dirigido a la autoridad responsable Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y al respecto se provee: Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que el treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante Circular 18 signada por el Secretario de Acuerdos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa de Enríquez, informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en sesión extraordinaria celebrada el veinticuatro de junio de la presente anualidad, determinó el cierre del Juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, entre otros órganos jurisdiccionales, así como la redistribución entre los juzgados que continúan en sus funciones, con efectos a partir del uno de julio de la presente anualidad. Por tanto, en lo subsecuente y en sustitución del Juez Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, se tendrá en calidad de autoridad responsable sustituta al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. En tales condiciones, se comisiona a la Analista Jurídico SISE, que capture a dicha autoridad en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En esas condiciones, se ordena enviar el oficio 11948/2021, a la autoridad sustituta supracitada, a fin de hacer de su conocimiento la determinación dictada el veintidós de julio de dos mil veintiuno, en el presente asunto. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y remítase el oficio 11948/2021 a la autoridad sustituta. Así, lo proveyó y firma el licenciado Fernando Cervantes Ruvalcaba, Secretario del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, encargado del despacho, con motivo de que la Titular disfrutará de su primer período vacacional del presente año, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado mediante oficio CCJ/ST/1685/2021, de la misma fecha, asistido por la licenciada Sarah Carolina Vázquez García, que autoriza y da fe.
- Principal
(AVISO) NOTIFICACIÓN PERSONAL POR LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JESÚS GARCÍA ARANDA.- Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintidós de julio de dos mil veintiuno. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta y tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, así como que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio sin que se haya cumplido la sentencia amparadora dictada en el mismo; por lo que, se procede a verificar si el fallo pronunciado en este juicio se encuentra en este supuesto, sólo con base en las constancias de autos, dado que las partes omitieron desahogar la vista que previamente se les dio al respecto. Así pues, este órgano de control constitucional procede a analizar si, conforme a lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el fallo protector dictado en el presente asunto ha sido o no cumplido, sin excesos ni defectos; y, para tal efecto, cabe precisar primeramente, que: Mediante sentencia pronunciada el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa Rufina González Vargas, por propio derecho y en representación de los menores D.A.G.G. y J.T.G.G., para los efectos que se precisarán en la tabla que más adelante se expondrá. La citada sentencia causó ejecutoria por acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, al no haber sido impugnada por las partes, dentro del término legalmente concedido al respecto y se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector; y, para tal efecto, la responsable ordenadora envió la resolución en cumplimiento; motivo por el cual, por auto de siete de junio de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria con base en las constancias de autos y los datos aportados por la autoridad responsable. EFECTOS DE LA EJECUTORIA DE AMPARO ACTUACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación, suplidos en su deficiencia como autoriza el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede en el caso es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que la autoridad responsable: a) Deje insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, y b) Dicte otra, en la que, tomando en cuenta lo expuesto en este fallo, de manera fundada y motivada se pronuncie sobre la solicitud de la parte actora de resolver sobre la liquidación de los alimentos provisionales no solventados reclamados por la solicitante del amparo. a) Mediante oficio 1173/2021 de tres de junio de dos mil veintiuno, la Juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, en el juicio ordinario civil 243/2018, de su índice; y se turnaron los autos para emitir una nueva. b) Mediante oficio 1179/2021, la Juez responsable emitió la resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que de manera fundada y motivada expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la llevaron a aprobar la planilla de alimentos provisionales no solventados del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho al veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve por la cantidad de $81,376.24 (ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.), citando los preceptos legales aplicables al caso. Ahora bien, de un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia en el cuadro que antecede, en donde obra la actuación concreta con la que la autoridad dio debido cumplimiento. Lo anterior, en razón de que la juez responsable dejó insubsistente la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dictada en el juicio ordinario civil 243/2018 de su índice, y emitió otra resolución de cuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que aprobó la planilla de alimentos provisionales no solventados del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho al veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve por la cantidad de $81,376.24 (ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.); dentro de la que citó al efecto los preceptos legales en que apoyó su resolución y expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del mismo. Ello, en virtud que dentro de la resolución invocó los artículos 248 del Código Civil; 100, 110, 210 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. De modo que, con lo anterior, la autoridad responsable cumplió con la cita de los preceptos legales aplicables al caso. Asimismo, para motivar su decisión emitió las siguientes consideraciones: "III.- Que el licenciado JORGE GÓMEZ FUENTES comparece ante este juzgado a exhibir una planilla de liquidación de alimentos provisionales no solventados a su patrocinada del dieciséis de octubre del año dos mil dieciocho al veintiséis de noviembre del año dos mil diecinueve a razón de dos salarios mínimos vigentes para cada año respectivo por la cantidad de $81,376.24 (ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 24/100 moneda nacional). Ahora bien, en el año 2018 el salario mínimo equivalía a $88.36 (ochenta y ocho pesos 36/100), por lo que, dos salarios corresponden a la cantidad de $176.72 (ciento setenta y seis pesos 72/100 M.N.) Que en el auto de inicio se fijó para los hijos de la actora, una pensión alimenticia provisional de dos salarios mínimos diarios (un salario para cada uno) que regía en el año dos mil dieciocho. Luego, del dieciséis de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho transcurrieron setenta y siete días que multiplicados por $176.72 (ciento setenta y seis pesos 72/100 M.N.) da la cantidad de $13,607.44 (trece mil seiscientos siete pesos 44/100 M.N.). Por cuanto hace al año 2019 el salario mínimo equivalía a $102.68 (ciento dos pesos 68/100 M.N.), por lo que, dos salarios corresponden a $205.36 (doscientos cinco pesos 36/100 M.N.) los cuales multiplicados por trescientos treinta que son los días que pasaron del uno de enero del año dos mil diecinueve al veintiséis de noviembre de ese año resulta la cantidad de $67,768.80 (setenta y siete mil setecientos sesenta y ocho pesos 80/100 M.N.)." De lo que se sigue, que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, dado que dejó insubsistente la resolución reclamada dictada el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, dentro del juicio ordinario civil 243/2018 de su índice, y emitió una nueva en la que precisó los preceptos legales aplicables al caso, y expuso las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que la llevaron aprobar la planilla de alimentos provisionales no solventados del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil dieciocho al veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve por la cantidad de $81,376.24 (ochenta y un mil trescientos setenta y seis pesos 24/100 M.N.); a lo que acompañó las constancias correspondientes; de lo que se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos. Tales lineamientos se obtienen de las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." "Época: Décima Época Registro: 2017156 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, Junio de 2018, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. LXII/2018 (10a.) Página: 952 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA LIBERTAD DE JURISDICCIÓN PARA DICTAR UNA NUEVA RESOLUCIÓN ENCUENTRA SU LÍMITE EN LA MATERIA DE ANÁLISIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Para evaluar el debido y total cumplimiento de una sentencia de amparo, tratándose de autoridades jurisdiccionales, si bien deben atender puntualmente y en su totalidad los efectos precisados en aquélla, lo cierto es que éstos no están desvinculados de las consideraciones y de los razonamientos plasmados en la sentencia aludida; por tanto, las autoridades jurisdiccionales deberán atender a dichos efectos, en el entendido de que la libertad de jurisdicción para dictar una nueva resolución encuentra su límite en la materia de análisis en el juicio de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubieran omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable la tesis que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes el presente auto y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento y efectos legales conducentes. Finalmente, por cuanto hace a las manifestaciones vertidas por el representante especial de los menores de identidad reservada, por medio de las cuales desahoga la vista que se le otorgó por proveído de siete de junio de dos mil veintiuno, en el sentido de que se tenga por cumplida la sentencia dictada en el presente asunto, dígasele que se esté a lo acordado en líneas anteriores. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, tercero interesado y representante especial de los menores de identidad reservada; y a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita y a autoridad responsable, en la forma prevista en la Ley de Amparo. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
- Principal
Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Visto; el escrito del representante especial de los menores quejosos; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele por formuladas las manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo por la autoridad responsable, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 196 de la Ley de Amparo y 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la referida ley. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese; y vía electrónica al representante especial de los menores quejosos. Así, lo proveyó y firma la Jueza María Guadalupe Cruz Arellano, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.
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