Rubí Tapía López

Expediente 615/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
615/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
02/05/2023

Partes del expediente

  • Rubí Tapía López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, al haber transcurrido el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en este asunto, sin que las partes interesadas hubieren ejercido ese derecho; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el presente asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo sobreseído en sentencia respecto del acto reclamado. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó incidente alguno. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que el presente asunto no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal. Finalmente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, los cuadernos de pruebas formado con las copias certificadas del juicio ordinario civil ********************, de su índice, las cuales remitió a este órgano jurisdiccional como justificación de sus actos. Notifíquese.

  2. Principal

    PUNTOS RESOLUTIVOS Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 615/2022, promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ******************** contra las autoridades y por los actos precisados en el resultando primero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución.

  3. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de treinta de enero de la presente anualidad, este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento respecto de los actos reclamados a la Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, consistentes en la violación del artículo 13, fracción III, XVI, XX Y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y la negativa de resolver las quejas vía telefónicas realizadas por la promovente y se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, sin embargo, tomando en consideración que ya obran en autos. En tales condiciones, hágaseles del conocimiento a las autoridades responsables, que no ha lugar a requerir a las autoridades responsables sus informes justificados, en virtud de que éstos ya obran en el sumario; por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos y dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Visto el oficio 49/2023-B del Secretario de Acuerdos adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, al que adjunta el testimonio de la resolución pronunciada el seis de enero de dos mil veintitrés, en el conflicto competencial 15/2022, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO. Se declara legalmente competente al Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Poza Rica, para conocer la demanda de amparo promovida por ***** en su integridad, es decir, en contra de los actos reclamados tanto a la titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar de Poza Rica, Veracruz, como a la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y a la Presidenta del Consejo de la Judicatura, ambos del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; demanda que radico bajo el número 615/2022 de su índice. SEGUNDO. Remítase testimonio de esta resolución a los Juzgados Décimo Primero y Décimo Tercero de Distrito, ambos en el Estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica y devuélvanse al segundo de ellos las constancias relativas al juicio de amparo indirecto 609/2022 que remitió a este órgano colegiado." Glósese a los autos el oficio y testimonio recibidos electrónicamente, acúsese recibo, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Consecuentemente, y en cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la presente demanda de amparo 615/2022, respecto de los actos reclamados a la Presidente del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, consistentes en la violación del artículo 13, fracción III, XVI, XX Y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y la negativa de resolver las quejas vía telefónicas realizadas por la promovente. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Con independencia a lo anterior, se significa a la autoridad responsable que cualquier comunicación que se remita a este órgano jurisdiccional deberá ser mediante oficio y no por correo electrónico, en términos del artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, pues es menester que la comunicación oficial conste por escrito y contenga una firma que demuestre la voluntad de su signatario, que puede ser firma autógrafa o firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además de que el artículo 26 de la ley de la materia, establece específicamente que las notificaciones en los juicios de amparo, se harán de forma: personal, por oficio, por lista y por vía electrónica. Sin que obste que los artículos 22 y 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, establecen que las partes pueden proporcionar correos electrónicos a fin de agregarse al sumario como información de contacto; empero, únicamente es con la finalidad de que los actuarios puedan entablar comunicación no procesal a fin de acordar previamente la realización de las notificaciones personales, con el objeto de asegurar el éxito de la diligencia; sin embargo, no sustituye las formas de notificación expresamente señaladas por la ley de la materia. De ahí que, se les instruye para que se abstengan de enviar correos electrónicos relacionados con el presente asunto, en virtud de que cualquier comunicación remitida por esa vía, no se tendrá por presentada y se hará efectivo el apercibimiento, que en su caso, se hubiese decretado. Asimismo, cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2024510 Instancia: Pleno Época: Undécima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 1/2022 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro: 12, Abril de 2022 Tomo: I Página: 12 Tipo: Jurisprudencia PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si deben descontarse o no del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, los días que conforme a la normativa que las rige hayan sido declarados inhábiles. Criterio jurídico: Dentro del cómputo de los plazos para que las autoridades responsables jurisdiccionales actúen en el juicio de amparo, no deben descontarse los días que conforme a su normativa hayan sido declarados inhábiles, cuando no estén previstos en la legislación de amparo aplicable. Justificación: Dada la naturaleza del juicio de amparo y su calidad de recurso judicial efectivo, no es posible dilatar la sustanciación de sus procedimientos con base en los plazos para las autoridades responsables jurisdiccionales -conforme a su propia legislación y su normativa interna-. Lo anterior es así, pues la suspensión de labores de las autoridades responsables jurisdiccionales y la imposibilidad de actuar de acuerdo con su normativa no es una cuestión atribuible a los particulares, y si bien puede ser previsible, como en el caso de los periodos vacacionales que se encuentran de antemano establecidos en la ley, también lo es que dichas autoridades cuentan con los recursos físicos y materiales para hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo en los que funjan como responsables, ya sea a través del establecimiento de guardias, o bien mediante el desahogo de sus actuaciones procesales de forma previa a la conclusión de los respectivos plazos. Derivado de lo anterior, es que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen, pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros derechos, entre ellos el de seguridad jurídica; por lo que no sería justificable -desde el punto de vista constitucional-, dejar al arbitrio de las legislaciones locales o de lo que determinen los propios órganos jurisdiccionales, la continuación del trámite de los juicios de amparo en los que fungen como responsables. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por cuanto a la hora y fecha de la audiencia constitucional se avoca a la ya señalada en autos, siendo esta las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Finalmente, vista la certificación secretarial de cuenta, de donde se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado Omar Raymundo Lara de la Cruz, mediante proveído de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, para que señalara domicilio procesal en esta ciudad, sin que hubiera cumplido con lo requerido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de mérito, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hágansele las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria Karina Esther Santiago Espinoza, que autoriza y da fe.

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