Rufina Cordero Camacho
Expediente 1330/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 09/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rufina Cordero Camacho
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a nueve de octubre de dos mil dieciocho. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de doce de abril de dos mil dieciocho, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; dictó sentencia en el amparo directo laboral número 1330/2017, en la que concedió a Rufina Cordero Camacho, en su calidad de albacea definitivo del extinto Martín Hernández Ramos, la protección constitucional para los siguientes efectos: "1. Determine el monto de la reparación del "daño, a favor de la quejosa ofendida; 2. Establezca los "parámetros de punibilidad relativos a los delitos "investigados y, en consecuencia, pondere si el grado de "culpabilidad determinado por el juez de primera "instancia, son o no congruentes con la sanción de "prisión de un año decretada por el mismo; y, 3. Se "pronuncie en relación al agravio propuesto por la "apelante, aquí quejosa, en la que aduce que, resulta "ilegal que el juez penal haya omitido imponer multa al "sentenciado, tomando en cuenta si la ley lo previene y, "el grado de culpabilidad decretado al sentenciado, en su "caso." (foja 57 vuelta). Este órgano colegiado, por auto de treinta de abril de dos mil dieciocho, tuvo por recibido el oficio T.C. 3°-AUX 2ª R. 1021/2018, de diecinueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, por el que remitió el amparo directo 1330/2017, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 215/2017, así como el proceso 114/2015; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 121). De autos se advierte que la autoridad informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 149), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (foja 156). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el tres de mayo de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia, en la que dejó insubsistente la diversa de seis de octubre de dos mil diecisiete (fojas 127 a 148). En dicho fallo: 1. Conforme a lo que dispone el artículo 1406 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, de aplicación supletoria, y a lo establecido en la tesis de rubro: "REPARACIÓN DEL DAÑO EN EL DELITO DE "HOMICIDIO. ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR "EL JUZGADOR AL INDIVIDUALIZAR LA SANCIÓN "PECUNARIA, APLICADA COMO PENA PÚBLICA" (en la que se determinó que, tomando en cuenta que si el bien jurídico tutelado en el delito de homicidio es la vida humana y este valor no puede restituirse efectivamente en dinero, entonces la sanción pecunaria respectiva, aplicada como pena publica, comprende la pena o menoscabo sufrido en el patrimonio, en los sentimientos, afectos, vida privada u otros elementos que integran el aspecto moral de los dependientes económicos o derechohabientes de la víctima, así como los gastos funerarios efectuados, las erogaciones realizadas para tratar de establecer el estado de salud y otros más que sólo las circunstancias del caso pueden determinar y que son consecuencia directa e inmediata de la comisión del delito), la responsable concluyó que el monto de la reparación del daño a favor de Rufina Cordero Camacho, en su carácter de albacea definitivo a bienes de su extinto esposo Martín Hernández Ramos, asciende a noventa y siete mil ciento noventa y seis pesos cero centavos ($97,196.00), que se obtiene de multiplicar los mil cien días de salario mínimo general ($88.36),en el lugar en que se realizó el daño (Municipio de Sanctorum, Tlaxcala); monto que comprende, de forma global, todos los rubros a que se refiere la citada tesis (fojas 143 vuelta a 146). 2. Estableció los parámetros de punibilidad que corresponden a los delitos investigados, y determinó que el grado de culpabilidad fijado por el juez de primera instancia, es congruente con la sanción de prisión de un año decretada por el mismo; para lo cual consideró que: a) Los delitos objeto de la causa penal son de naturaleza culposa, lo que implica que el sentenciado no tuvo la intención de cometerlos; b) Respecto a las peculiaridades de éste, señaló que es originario del Estado de Tlaxcala, tiene cincuenta y cuatro años de edad, estado civil soltero, ocupación campesino, tiene un dependiente económico, y su grado de estudios es el tercer año de educación primaria; y, c) Tomando en cuenta las circunstancias particulares del sentenciado, así como las exteriores de ejecución de los delitos que se le imputaron, ubicó el grado de culpabilidad entre la mínima y la media más cercana a la primera; por lo que concluyó que la sanción de prisión impuesta por el juzgador de origen fue correcta. 3. Finalmente, estudió el agravio propuesto por el apelante en el que expresó que el a quo únicamente impuso una condena privativa de libertad por la comisión del delito de homicidio culposo, omitiendo imponer la multa correspondiente. Al respecto, la sala declaró infundado el mismo, al determinar que el artículo 51 del Código Penal del Estado, no prevé multa para los delitos culposos. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
TODA VEZ QUE DE LA CERTIFICACIÓN SECRETARIAL DE CUENTA SE DESPRENDE QUE HA TRASCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS CONCEDIDO A LAS PARTES, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DADO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE A LA EJECUTORIA DE AMPARO DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL NO FUE POSIBLE NOTIFICAR A LA QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DEL MES Y AÑO EN CURSO, HAGASELE SABER POR MEDIO DE LISTA. EN LO CONDUCENTE DICE: TÉNGASE POR RECIBIDO EL OFICIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, MEDIANTE EL CUAL EN CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO REMÍTE COPIA CERTIFICADA DE LA SENTENCIA, DESE VISTA A LAS PARTES PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO DE DÍEZ DÍAS MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA.
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