Rúben Suárez Pérez
Expediente 429/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 429/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Rúben Suárez Pérez
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diez de mayo de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 95 y 96), sin que lo haya hecho (fojas 101 y 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Rubén Suárez Pérez, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 59 vuelta): ".I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que prescinda de considerar que el actor en su demanda omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de cinco de mayo del año en mención (foja 72). Para lograr una mejor explicación es oportuno reproducir la parte considerativa de la ejecutoria en la que se sustentó el fallo protector, la cual es del texto siguiente (fojas 55 vuelta a 59 frente): "(.) SÉPTIMO. I. Como se advierte de la sentencia reclamada la responsable determinó lo siguiente: 1) Contrariamente lo argumentado por el recurrente, el Juez sí consideró los hechos relativos a las amenazas como parte de los elementos de la acción interdictal que prevé el artículo 835 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 2) De los hechos expuestos se advierte que sólo se trata de afirmaciones sin sustento, pues en principio el actor no describió en qué consisten los actos de perturbación, si en realidad se materializaron y de qué forma, cuestión que en la especie no sucedió. 3) Si bien el referido artículo 835 de la ley adjetiva civil local establece los supuestos para la procedencia de la acción, que son la perturbación y las amenazas con el ánimo de despojo, lo cierto es que en la demanda el actor sólo dijo que se le pretende perturbar y no refirió cómo; luego, de las amenazas no expuso que fueran tendentes a despojarlo del bien que aduce tiene en posesión. 4) La valoración de los testigos ofrecidos por el actor está supeditada a los hechos expuestos por éste, pero si sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, entonces a nada práctico conduciría valorar el testimonio de sus testigos. II. En contra de esas consideraciones el quejoso expone lo siguiente: (.) Al respecto este Tribunal Colegiado de Circuito llega a la siguiente determinación. Resulta conveniente establecer, en principio, los elementos del interdicto de retener la posesión, conforme a la normatividad procesal civil local. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en lo que interesa, dispone lo siguiente: (se transcriben). (.) De los preceptos citados, se obtiene la naturaleza de los interdictos como figuras procesales protectoras de la posesión. Ahora, en cuanto a los elementos específicos del interdicto de retener la posesión, que deben acreditarse para la procedencia de dicho interdicto son: a. Que el accionante ejerce la posesión civil o precaria de bienes o derechos. b. Que un tercero perturbe al actor en dicha posesión; o bien, lo amenace grave e ilegalmente de despojarlo de la misma. En cuanto al segundo elemento de la acción en análisis, esto es, que los actos de perturbación en la posesión o amenaza grave e ilegal de despojo, deben justificarse. Lo anterior pues, particularmente, cuando lo que se pretende es retener la posesión, el actuar de la autoridad jurisdiccional en el sentido de tomar medidas para prevenir tales actos, se sustenta en la actitud del tercero, plenamente acreditada, sobre la alteración de la posesión o su pretensión objetiva de despojo. Está claro, entonces, que no basta el temor personal o la condición subjetiva del actor, para justificar la procedencia del interdicto, sino que adicionalmente deben existir datos objetivos o materiales que evidencien la perturbación alegada o que denoten la amenaza grave e ilegal del despojo a que alude la legislación procesal civil. En otras palabras, los actos desplegados por el demandado deben ser una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas. Y es que, la esencia de esta figura jurídica estriba en la necesidad de evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Su objeto es poner término a dicha perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado no vuelva a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. En suma, la finalidad del interdicto no es ocuparse de intenciones o aspectos internos del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia jurídicamente relevante. Se afirma lo anterior, porque la perturbación o amenaza grave e ilegal de despojo sobre la posesión, debe sustentarse en actos desplegados por la demandada que hayan sido una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas, es decir, que para que pueda considerarse cierta su existencia deben ser reales y externados esos actos, y no quedarse en la sola intención, puesto que la esencia de esas figuras jurídicas (perturbación o amenaza grave) estriba en que el demandado debe desplegar actos que trasciendan al mundo material de manera efectiva, lesionándose el derecho de posesión que dice tener el actor sobre el inmueble, pues, se reitera, el orden jurídico no se ocupa de conductas internas del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia legal. Precisado lo anterior enseguida se da respuesta a los planteamientos del quejoso. El actor sustentó el interdicto de retener la posesión básicamente en los hechos que expuso en el punto cuatro de la demanda civil en los términos siguientes: "4. Así las cosas, siendo aproximadamente las diez de la mañana del día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, me encontraba en mi hogar, mismo que como ya lo referí, es colindante con el bien inmueble materia del presente juicio, y resulta ser la entrada al mismo y encontrándose en mi posesión. Entonces es que escuché algunos ruidos de gente y al asomarme noté que se encontraban en el predio denominado Coyotla, materia del presente juicio, el señor Javier Suárez Hernández, por lo que le pregunté que se le ofrecía, mencionándome este último en tono amenazante que él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión, a lo que yo le referí que ese terreno era mío que por favor ya no me perturbara más, y dada mi avanzada edad me tuve que retirar porque me comencé a sentir un poco mal, puesto que el señor se puso muy agresivo, y en reiteradas ocasiones, amenazó con llevar maquinaria este mismo día y que le hiciera como le hiciera él iba a taparme el paso, en razón de ello es que ocurro ante esta autoridad responsable para que, en medida de apremio, frene las acciones que el señor Javier Hernández Suárez pretenda realizar en contra de la posesión que detento." De lo anterior se advierte que el enjuiciante afirma que el demandado le dijo "en tono amenazante" que "él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión". Lo anterior denota que el actor atribuye al demandado haber expresado manifestaciones que se ubican en el segundo elemento de la acción en análisis, esto es, realizó una amenaza grave de despojo, toda vez que aun cuando no se afirma que empleó el término "despojo", lo cierto que se le imputa haber dicho que "iba a ocupar el terreno"; lo cual es factible interpretar como una amenaza de despojo, si se toma en cuenta que, de acuerdo a las definiciones del término "ocupar" que proporciona en el Diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse, entre otras: "Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él." Entonces, ese hecho, es decir, la amenaza de "ocupar" el terreno, contrario a lo determinado por la autoridad responsable, sí es susceptible de comprobarse mediante las pruebas idóneas para ello. En ese contexto, resulta ilegal la conclusión de la Sala en el sentido de que los hechos narrados en la demanda civil evidencian que el enjuiciante sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y lo amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos. En consecuencia, resultan fundados los conceptos de violación examinados. (.)" Ahora bien, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, la Sala responsable, el cinco de enero de dos mil veintidós, dictó una nueva sentencia, en la que realizó lo siguiente: 1. Prescindió de considerar que el actor, en su demanda, omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció, tal como lo había establecido inicialmente en el fallo reclamado; lo anterior es así porque en esta nueva sentencia la responsable se avocó a examinar los elementos del interdicto de retener la posesión. 2. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, concluyó lo siguiente: a) Estableció que Crisóforo Suárez Vázquez resulta ser inhábil para ser testigo al encontrase dentro del supuesto que prevé el artículo 372, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y, por tanto, quedó probado el incidente de tachas promovido por el actor (fojas 83 a 85). b) Se ocupó de examinar las pruebas ofrecidas por el actor y al respecto estableció las consideraciones que se precisan enseguida: ? La confesional y declaración de partes a cargo del demandado y escritura pública cincuenta y un mil setecientos noventa y tres de veintitrés de septiembre de dos mil uno, son aptas para acreditar que el actor detenta la posesión del inmueble materia del juicio (fojas 86 a 88). ? El segundo elemento de la acción consistente en que el demandado intente despojar a quien ejercita la acción no se encuentra probado, pues si bien es cierto la parte actora ofreció la confesional y declaración de partes, éstas en nada le benefician, porque aun cuando formuló posiciones y preguntas tendientes a demostrar que el demandado ejerció actos encaminados a perturbar la posesión del actor, lo cierto es que negó haber realizado tales conductas (foja 90). ? El actor ofreció la pericial en agrimensura y topografía pero tampoco le beneficia tomado en consideración que esta prueba sólo es idónea para acreditar la identidad de inmuebles (foja 90). ? El actor no ofreció en la etapa probatoria testimonial a fin de acreditar que el demandado realizó actos tendientes a despojarlo de la fracción del inmueble materia del interdicto, pues es el medio de prueba idóneo para acreditar el segundo elemento de la acción interdictal (foja 90 vuelta). ? Si bien el actor refiere que ofreció la testimonial que se desahogó el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a cargo de Rosario Martínez Juárez, Wilfrido Hernández Sánchez y Fortunato Sánchez Gómez, no menos cierto es que esa prueba se ofreció a efecto de justificar que el actor se halla en posesión del bien o derecho objeto del interdicto y que se le ha perturbado y amenazado ilegalmente en dicha posesión, expresando en uno y otro caso cuáles son los actos que importan perturbación o amenaza, lo anterior con la finalidad de dar trámite a la demanda de interdicto de retener la posesión, por tanto, la testimonial rendida con anterioridad al emplazamiento no constituye un elemento probatorio que el juez pueda considerar en la sentencia, pues los interdictos deben seguirse con las formalidades de los juicios sumarios en los que existe un periodo de ofrecimiento y recepción de pruebas; de esa manera, la testimonial tendiente a acreditar la posesión del actor deberá ofrecerse dentro del periodo probatorio del juicio a efecto de que el demandado pueda concurrir a su desahogo y repreguntar a los testigos, toda vez que las pruebas se deben recibir con citación de la parte contraria (foja 91 y vuelta). ? No se le otorga valor probatorio a la documental consistente en el croquis del inmueble materia del interdicto, la cual fue ofrecida con la finalidad de acreditar que el inmueble respecto del cual se perturba la posesión resulta ser la única entrada y conexión del predio del cual se encuentra acreditada su propiedad, toda vez que no fue ofrecida en la etapa probatoria (foja 92). ? En consecuencia, el actor no probó la acción ejercida, por lo cual resulta ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas por la parte contraria, así como las pruebas que ofreció para demostrarla; por tanto, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y determinó revocar la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 92 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 95 y 96), sin que lo haya hecho (fojas 101 y 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Rubén Suárez Pérez, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 59 vuelta): ".I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que prescinda de considerar que el actor en su demanda omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de cinco de mayo del año en mención (foja 72). Para lograr una mejor explicación es oportuno reproducir la parte considerativa de la ejecutoria en la que se sustentó el fallo protector, la cual es del texto siguiente (fojas 55 vuelta a 59 frente): "(.) SÉPTIMO. I. Como se advierte de la sentencia reclamada la responsable determinó lo siguiente: 1) Contrariamente lo argumentado por el recurrente, el Juez sí consideró los hechos relativos a las amenazas como parte de los elementos de la acción interdictal que prevé el artículo 835 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 2) De los hechos expuestos se advierte que sólo se trata de afirmaciones sin sustento, pues en principio el actor no describió en qué consisten los actos de perturbación, si en realidad se materializaron y de qué forma, cuestión que en la especie no sucedió. 3) Si bien el referido artículo 835 de la ley adjetiva civil local establece los supuestos para la procedencia de la acción, que son la perturbación y las amenazas con el ánimo de despojo, lo cierto es que en la demanda el actor sólo dijo que se le pretende perturbar y no refirió cómo; luego, de las amenazas no expuso que fueran tendentes a despojarlo del bien que aduce tiene en posesión. 4) La valoración de los testigos ofrecidos por el actor está supeditada a los hechos expuestos por éste, pero si sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, entonces a nada práctico conduciría valorar el testimonio de sus testigos. II. En contra de esas consideraciones el quejoso expone lo siguiente: (.) Al respecto este Tribunal Colegiado de Circuito llega a la siguiente determinación. Resulta conveniente establecer, en principio, los elementos del interdicto de retener la posesión, conforme a la normatividad procesal civil local. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en lo que interesa, dispone lo siguiente: (se transcriben). (.) De los preceptos citados, se obtiene la naturaleza de los interdictos como figuras procesales protectoras de la posesión. Ahora, en cuanto a los elementos específicos del interdicto de retener la posesión, que deben acreditarse para la procedencia de dicho interdicto son: a. Que el accionante ejerce la posesión civil o precaria de bienes o derechos. b. Que un tercero perturbe al actor en dicha posesión; o bien, lo amenace grave e ilegalmente de despojarlo de la misma. En cuanto al segundo elemento de la acción en análisis, esto es, que los actos de perturbación en la posesión o amenaza grave e ilegal de despojo, deben justificarse. Lo anterior pues, particularmente, cuando lo que se pretende es retener la posesión, el actuar de la autoridad jurisdiccional en el sentido de tomar medidas para prevenir tales actos, se sustenta en la actitud del tercero, plenamente acreditada, sobre la alteración de la posesión o su pretensión objetiva de despojo. Está claro, entonces, que no basta el temor personal o la condición subjetiva del actor, para justificar la procedencia del interdicto, sino que adicionalmente deben existir datos objetivos o materiales que evidencien la perturbación alegada o que denoten la amenaza grave e ilegal del despojo a que alude la legislación procesal civil. En otras palabras, los actos desplegados por el demandado deben ser una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas. Y es que, la esencia de esta figura jurídica estriba en la necesidad de evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Su objeto es poner término a dicha perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado no vuelva a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. En suma, la finalidad del interdicto no es ocuparse de intenciones o aspectos internos del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia jurídicamente relevante. Se afirma lo anterior, porque la perturbación o amenaza grave e ilegal de despojo sobre la posesión, debe sustentarse en actos desplegados por la demandada que hayan sido una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas, es decir, que para que pueda considerarse cierta su existencia deben ser reales y externados esos actos, y no quedarse en la sola intención, puesto que la esencia de esas figuras jurídicas (perturbación o amenaza grave) estriba en que el demandado debe desplegar actos que trasciendan al mundo material de manera efectiva, lesionándose el derecho de posesión que dice tener el actor sobre el inmueble, pues, se reitera, el orden jurídico no se ocupa de conductas internas del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia legal. Precisado lo anterior enseguida se da respuesta a los planteamientos del quejoso. El actor sustentó el interdicto de retener la posesión básicamente en los hechos que expuso en el punto cuatro de la demanda civil en los términos siguientes: "4. Así las cosas, siendo aproximadamente las diez de la mañana del día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, me encontraba en mi hogar, mismo que como ya lo referí, es colindante con el bien inmueble materia del presente juicio, y resulta ser la entrada al mismo y encontrándose en mi posesión. Entonces es que escuché algunos ruidos de gente y al asomarme noté que se encontraban en el predio denominado Coyotla, materia del presente juicio, el señor Javier Suárez Hernández, por lo que le pregunté que se le ofrecía, mencionándome este último en tono amenazante que él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión, a lo que yo le referí que ese terreno era mío que por favor ya no me perturbara más, y dada mi avanzada edad me tuve que retirar porque me comencé a sentir un poco mal, puesto que el señor se puso muy agresivo, y en reiteradas ocasiones, amenazó con llevar maquinaria este mismo día y que le hiciera como le hiciera él iba a taparme el paso, en razón de ello es que ocurro ante esta autoridad responsable para que, en medida de apremio, frene las acciones que el señor Javier Hernández Suárez pretenda realizar en contra de la posesión que detento." De lo anterior se advierte que el enjuiciante afirma que el demandado le dijo "en tono amenazante" que "él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión". Lo anterior denota que el actor atribuye al demandado haber expresado manifestaciones que se ubican en el segundo elemento de la acción en análisis, esto es, realizó una amenaza grave de despojo, toda vez que aun cuando no se afirma que empleó el término "despojo", lo cierto que se le imputa haber dicho que "iba a ocupar el terreno"; lo cual es factible interpretar como una amenaza de despojo, si se toma en cuenta que, de acuerdo a las definiciones del término "ocupar" que proporciona en el Diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse, entre otras: "Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él." Entonces, ese hecho, es decir, la amenaza de "ocupar" el terreno, contrario a lo determinado por la autoridad responsable, sí es susceptible de comprobarse mediante las pruebas idóneas para ello. En ese contexto, resulta ilegal la conclusión de la Sala en el sentido de que los hechos narrados en la demanda civil evidencian que el enjuiciante sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y lo amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos. En consecuencia, resultan fundados los conceptos de violación examinados. (.)" Ahora bien, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, la Sala responsable, el cinco de enero de dos mil veintidós, dictó una nueva sentencia, en la que realizó lo siguiente: 1. Prescindió de considerar que el actor, en su demanda, omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció, tal como lo había establecido inicialmente en el fallo reclamado; lo anterior es así porque en esta nueva sentencia la responsable se avocó a examinar los elementos del interdicto de retener la posesión. 2. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, concluyó lo siguiente: a) Estableció que Crisóforo Suárez Vázquez resulta ser inhábil para ser testigo al encontrase dentro del supuesto que prevé el artículo 372, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y, por tanto, quedó probado el incidente de tachas promovido por el actor (fojas 83 a 85). b) Se ocupó de examinar las pruebas ofrecidas por el actor y al respecto estableció las consideraciones que se precisan enseguida: ? La confesional y declaración de partes a cargo del demandado y escritura pública cincuenta y un mil setecientos noventa y tres de veintitrés de septiembre de dos mil uno, son aptas para acreditar que el actor detenta la posesión del inmueble materia del juicio (fojas 86 a 88). ? El segundo elemento de la acción consistente en que el demandado intente despojar a quien ejercita la acción no se encuentra probado, pues si bien es cierto la parte actora ofreció la confesional y declaración de partes, éstas en nada le benefician, porque aun cuando formuló posiciones y preguntas tendientes a demostrar que el demandado ejerció actos encaminados a perturbar la posesión del actor, lo cierto es que negó haber realizado tales conductas (foja 90). ? El actor ofreció la pericial en agrimensura y topografía pero tampoco le beneficia tomado en consideración que esta prueba sólo es idónea para acreditar la identidad de inmuebles (foja 90). ? El actor no ofreció en la etapa probatoria testimonial a fin de acreditar que el demandado realizó actos tendientes a despojarlo de la fracción del inmueble materia del interdicto, pues es el medio de prueba idóneo para acreditar el segundo elemento de la acción interdictal (foja 90 vuelta). ? Si bien el actor refiere que ofreció la testimonial que se desahogó el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a cargo de Rosario Martínez Juárez, Wilfrido Hernández Sánchez y Fortunato Sánchez Gómez, no menos cierto es que esa prueba se ofreció a efecto de justificar que el actor se halla en posesión del bien o derecho objeto del interdicto y que se le ha perturbado y amenazado ilegalmente en dicha posesión, expresando en uno y otro caso cuáles son los actos que importan perturbación o amenaza, lo anterior con la finalidad de dar trámite a la demanda de interdicto de retener la posesión, por tanto, la testimonial rendida con anterioridad al emplazamiento no constituye un elemento probatorio que el juez pueda considerar en la sentencia, pues los interdictos deben seguirse con las formalidades de los juicios sumarios en los que existe un periodo de ofrecimiento y recepción de pruebas; de esa manera, la testimonial tendiente a acreditar la posesión del actor deberá ofrecerse dentro del periodo probatorio del juicio a efecto de que el demandado pueda concurrir a su desahogo y repreguntar a los testigos, toda vez que las pruebas se deben recibir con citación de la parte contraria (foja 91 y vuelta). ? No se le otorga valor probatorio a la documental consistente en el croquis del inmueble materia del interdicto, la cual fue ofrecida con la finalidad de acreditar que el inmueble respecto del cual se perturba la posesión resulta ser la única entrada y conexión del predio del cual se encuentra acreditada su propiedad, toda vez que no fue ofrecida en la etapa probatoria (foja 92). ? En consecuencia, el actor no probó la acción ejercida, por lo cual resulta ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas por la parte contraria, así como las pruebas que ofreció para demostrarla; por tanto, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y determinó revocar la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 92 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 95 y 96), sin que lo haya hecho (fojas 101 y 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, este Órgano Colegiado resolvió conceder a Rubén Suárez Pérez, la protección constitucional para los efectos siguientes (foja 59 vuelta): ".I. Deje insubsistente la sentencia reclamada. II. En su lugar dicte otra en la que prescinda de considerar que el actor en su demanda omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció. III. Una vez establecido lo anterior resuelva lo que en derecho corresponda..." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Segunda Ponencia de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte que en auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno dejó insubsistente la sentencia reclamada de cinco de mayo del año en mención (foja 72). Para lograr una mejor explicación es oportuno reproducir la parte considerativa de la ejecutoria en la que se sustentó el fallo protector, la cual es del texto siguiente (fojas 55 vuelta a 59 frente): "(.) SÉPTIMO. I. Como se advierte de la sentencia reclamada la responsable determinó lo siguiente: 1) Contrariamente lo argumentado por el recurrente, el Juez sí consideró los hechos relativos a las amenazas como parte de los elementos de la acción interdictal que prevé el artículo 835 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala. 2) De los hechos expuestos se advierte que sólo se trata de afirmaciones sin sustento, pues en principio el actor no describió en qué consisten los actos de perturbación, si en realidad se materializaron y de qué forma, cuestión que en la especie no sucedió. 3) Si bien el referido artículo 835 de la ley adjetiva civil local establece los supuestos para la procedencia de la acción, que son la perturbación y las amenazas con el ánimo de despojo, lo cierto es que en la demanda el actor sólo dijo que se le pretende perturbar y no refirió cómo; luego, de las amenazas no expuso que fueran tendentes a despojarlo del bien que aduce tiene en posesión. 4) La valoración de los testigos ofrecidos por el actor está supeditada a los hechos expuestos por éste, pero si sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, entonces a nada práctico conduciría valorar el testimonio de sus testigos. II. En contra de esas consideraciones el quejoso expone lo siguiente: (.) Al respecto este Tribunal Colegiado de Circuito llega a la siguiente determinación. Resulta conveniente establecer, en principio, los elementos del interdicto de retener la posesión, conforme a la normatividad procesal civil local. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, en lo que interesa, dispone lo siguiente: (se transcriben). (.) De los preceptos citados, se obtiene la naturaleza de los interdictos como figuras procesales protectoras de la posesión. Ahora, en cuanto a los elementos específicos del interdicto de retener la posesión, que deben acreditarse para la procedencia de dicho interdicto son: a. Que el accionante ejerce la posesión civil o precaria de bienes o derechos. b. Que un tercero perturbe al actor en dicha posesión; o bien, lo amenace grave e ilegalmente de despojarlo de la misma. En cuanto al segundo elemento de la acción en análisis, esto es, que los actos de perturbación en la posesión o amenaza grave e ilegal de despojo, deben justificarse. Lo anterior pues, particularmente, cuando lo que se pretende es retener la posesión, el actuar de la autoridad jurisdiccional en el sentido de tomar medidas para prevenir tales actos, se sustenta en la actitud del tercero, plenamente acreditada, sobre la alteración de la posesión o su pretensión objetiva de despojo. Está claro, entonces, que no basta el temor personal o la condición subjetiva del actor, para justificar la procedencia del interdicto, sino que adicionalmente deben existir datos objetivos o materiales que evidencien la perturbación alegada o que denoten la amenaza grave e ilegal del despojo a que alude la legislación procesal civil. En otras palabras, los actos desplegados por el demandado deben ser una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas. Y es que, la esencia de esta figura jurídica estriba en la necesidad de evitar que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Su objeto es poner término a dicha perturbación, indemnizar al poseedor y que el demandado no vuelva a perturbar y sea conminado con multa o arresto para el caso de reincidencia. En suma, la finalidad del interdicto no es ocuparse de intenciones o aspectos internos del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia jurídicamente relevante. Se afirma lo anterior, porque la perturbación o amenaza grave e ilegal de despojo sobre la posesión, debe sustentarse en actos desplegados por la demandada que hayan sido una manifestación de voluntad directamente encaminada a producir una perturbación en la posesión con consecuencias jurídicas, es decir, que para que pueda considerarse cierta su existencia deben ser reales y externados esos actos, y no quedarse en la sola intención, puesto que la esencia de esas figuras jurídicas (perturbación o amenaza grave) estriba en que el demandado debe desplegar actos que trasciendan al mundo material de manera efectiva, lesionándose el derecho de posesión que dice tener el actor sobre el inmueble, pues, se reitera, el orden jurídico no se ocupa de conductas internas del individuo, sino de manifestaciones de voluntad que traigan aparejada una consecuencia legal. Precisado lo anterior enseguida se da respuesta a los planteamientos del quejoso. El actor sustentó el interdicto de retener la posesión básicamente en los hechos que expuso en el punto cuatro de la demanda civil en los términos siguientes: "4. Así las cosas, siendo aproximadamente las diez de la mañana del día veintitrés de agosto del año dos mil dieciocho, me encontraba en mi hogar, mismo que como ya lo referí, es colindante con el bien inmueble materia del presente juicio, y resulta ser la entrada al mismo y encontrándose en mi posesión. Entonces es que escuché algunos ruidos de gente y al asomarme noté que se encontraban en el predio denominado Coyotla, materia del presente juicio, el señor Javier Suárez Hernández, por lo que le pregunté que se le ofrecía, mencionándome este último en tono amenazante que él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión, a lo que yo le referí que ese terreno era mío que por favor ya no me perturbara más, y dada mi avanzada edad me tuve que retirar porque me comencé a sentir un poco mal, puesto que el señor se puso muy agresivo, y en reiteradas ocasiones, amenazó con llevar maquinaria este mismo día y que le hiciera como le hiciera él iba a taparme el paso, en razón de ello es que ocurro ante esta autoridad responsable para que, en medida de apremio, frene las acciones que el señor Javier Hernández Suárez pretenda realizar en contra de la posesión que detento." De lo anterior se advierte que el enjuiciante afirma que el demandado le dijo "en tono amenazante" que "él iba a ocupar el terreno materia del presente juicio y que iba a comenzar a meter maquinaria al mismo y que no le importaba que yo tuviera la posesión". Lo anterior denota que el actor atribuye al demandado haber expresado manifestaciones que se ubican en el segundo elemento de la acción en análisis, esto es, realizó una amenaza grave de despojo, toda vez que aun cuando no se afirma que empleó el término "despojo", lo cierto que se le imputa haber dicho que "iba a ocupar el terreno"; lo cual es factible interpretar como una amenaza de despojo, si se toma en cuenta que, de acuerdo a las definiciones del término "ocupar" que proporciona en el Diccionario de la Real Academia Española, debe entenderse, entre otras: "Tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, etc., invadiéndolo o instalándose en él." Entonces, ese hecho, es decir, la amenaza de "ocupar" el terreno, contrario a lo determinado por la autoridad responsable, sí es susceptible de comprobarse mediante las pruebas idóneas para ello. En ese contexto, resulta ilegal la conclusión de la Sala en el sentido de que los hechos narrados en la demanda civil evidencian que el enjuiciante sólo se concretó a referir que el demandado lo perturbó en su posesión y lo amenazó, sin precisar los actos concretos que implican su materialización, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos. En consecuencia, resultan fundados los conceptos de violación examinados. (.)" Ahora bien, a fin de dar cumplimiento al fallo protector, la Sala responsable, el cinco de enero de dos mil veintidós, dictó una nueva sentencia, en la que realizó lo siguiente: 1. Prescindió de considerar que el actor, en su demanda, omitió precisar los actos concretos que implican la materialización de los elementos del interdicto de retener la posesión, y que por ello a nada práctico conduciría valorar la declaración de los testigos que ofreció, tal como lo había establecido inicialmente en el fallo reclamado; lo anterior es así porque en esta nueva sentencia la responsable se avocó a examinar los elementos del interdicto de retener la posesión. 2. Haciendo uso de la libertad de jurisdicción que se le otorgó en el fallo protector, concluyó lo siguiente: a) Estableció que Crisóforo Suárez Vázquez resulta ser inhábil para ser testigo al encontrase dentro del supuesto que prevé el artículo 372, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado y, por tanto, quedó probado el incidente de tachas promovido por el actor (fojas 83 a 85). b) Se ocupó de examinar las pruebas ofrecidas por el actor y al respecto estableció las consideraciones que se precisan enseguida: ? La confesional y declaración de partes a cargo del demandado y escritura pública cincuenta y un mil setecientos noventa y tres de veintitrés de septiembre de dos mil uno, son aptas para acreditar que el actor detenta la posesión del inmueble materia del juicio (fojas 86 a 88). ? El segundo elemento de la acción consistente en que el demandado intente despojar a quien ejercita la acción no se encuentra probado, pues si bien es cierto la parte actora ofreció la confesional y declaración de partes, éstas en nada le benefician, porque aun cuando formuló posiciones y preguntas tendientes a demostrar que el demandado ejerció actos encaminados a perturbar la posesión del actor, lo cierto es que negó haber realizado tales conductas (foja 90). ? El actor ofreció la pericial en agrimensura y topografía pero tampoco le beneficia tomado en consideración que esta prueba sólo es idónea para acreditar la identidad de inmuebles (foja 90). ? El actor no ofreció en la etapa probatoria testimonial a fin de acreditar que el demandado realizó actos tendientes a despojarlo de la fracción del inmueble materia del interdicto, pues es el medio de prueba idóneo para acreditar el segundo elemento de la acción interdictal (foja 90 vuelta). ? Si bien el actor refiere que ofreció la testimonial que se desahogó el cinco de septiembre de dos mil dieciocho, a cargo de Rosario Martínez Juárez, Wilfrido Hernández Sánchez y Fortunato Sánchez Gómez, no menos cierto es que esa prueba se ofreció a efecto de justificar que el actor se halla en posesión del bien o derecho objeto del interdicto y que se le ha perturbado y amenazado ilegalmente en dicha posesión, expresando en uno y otro caso cuáles son los actos que importan perturbación o amenaza, lo anterior con la finalidad de dar trámite a la demanda de interdicto de retener la posesión, por tanto, la testimonial rendida con anterioridad al emplazamiento no constituye un elemento probatorio que el juez pueda considerar en la sentencia, pues los interdictos deben seguirse con las formalidades de los juicios sumarios en los que existe un periodo de ofrecimiento y recepción de pruebas; de esa manera, la testimonial tendiente a acreditar la posesión del actor deberá ofrecerse dentro del periodo probatorio del juicio a efecto de que el demandado pueda concurrir a su desahogo y repreguntar a los testigos, toda vez que las pruebas se deben recibir con citación de la parte contraria (foja 91 y vuelta). ? No se le otorga valor probatorio a la documental consistente en el croquis del inmueble materia del interdicto, la cual fue ofrecida con la finalidad de acreditar que el inmueble respecto del cual se perturba la posesión resulta ser la única entrada y conexión del predio del cual se encuentra acreditada su propiedad, toda vez que no fue ofrecida en la etapa probatoria (foja 92). ? En consecuencia, el actor no probó la acción ejercida, por lo cual resulta ocioso entrar al estudio de las excepciones opuestas por la parte contraria, así como las pruebas que ofreció para demostrarla; por tanto, absolvió a los demandados de las prestaciones reclamadas y determinó revocar la sentencia apelada de cinco de mayo de dos mil veintiuno (foja 92 vuelta). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.
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