Rubidio Mendiola N

Expediente 421/2018 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
421/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/09/2018

Partes del expediente

  • Rubidio Mendiola N
  • Presidente Municipal del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Estado de México

Actuaciones

  1. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación hecha por la secretaria de acuerdos de este tribunal colegiado, en la que se hace constar que transcurrió el plazo de tres días, que establece el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que se impugnara el auto de veintidós de agosto de dos mil dieciocho, en el cual la presidencia de este tribunal colegiado, desechó por improcedente el juicio de amparo promovido. En esas condiciones, al no interponer medio de impugnación alguno; en consecuencia, se declara firme tal proveído. En razón de que este asunto se desechó por improcedente, y mediante auto de esta fecha, la presidencia de este tribunal colegiado declaró firme el citado auto; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Finalmente, atento a lo previsto en el punto cuarto del Manual para la Organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la valoración de los expedientes judiciales y auxiliares, en relación con el Acuerdo General Conjunto 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, cabe señalar que el presente expediente no tiene relevancia documental y es destruíble, lo que deberá anotarse en su carátula, así como la fecha del presente proveído. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de agosto de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta con el que se remite la demanda de amparo de que se trata, así como el diverso oficio INFOEM/DJV/0867/2018, por el cual rinde informe justificado, siete copias de traslado de la demanda de amparo, constancia de emplazamiento del tercero interesado, el acuerdo de trece de agosto de dos mil dieciocho, por el cual se negó la suspensión, con cédula y razón de notificación, un legajo de copias certificadas, del expediente administrativo formado con motivo del recurso de revisión 01888/INFOEM/IP/RR/2018, un legajo de copias certificadas, correspondiente a la resolución del recurso de revisión, copia certificada de la sesión ordinaria de nueve de agosto de dos mil dieciséis, con la cual se aprobó su nombramiento, y copia simple de su publicación en la Gaceta de Gobierno del Estado de México; fórmese el juicio de amparo directo 421/2018, regístrese en el libro de gobierno y acúsese recibo. De las constancias que se remiten, esta presidencia considera que la demanda de amparo directo promovida por la Presidenta Constitucional del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Estado de México, es improcedente de acuerdo a las consideraciones siguientes: Atinente a lo anterior, artículo 170 de la Ley de Amparo que establece la procedencia del juicio de amparo directo, señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Párrafo reformado DOF 17-06-2016 Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; Párrafo reformado DOF 17-06-2016 II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." Del artículo transcrito, en lo que interesa, se advierte que el juicio de que se trata es procedente en contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin a un juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, definiendo como sentencias definitivas o laudos, a aquellas que decidan el juicio en lo principal, mientras que por resoluciones que pongan fin al juicio, debe entenderse a aquellas que sin decidirlo en lo principal lo de por concluido. En la especie, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, con la cual el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios resolvió el recurso de revisión 01888/INFOEM/IP/RR/2018, interpuesto en contra de la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Melchor Ocampo. Acto reclamado que, no encuadra en el supuesto de procedencia establecido por el artículo 170 de la Ley de Amparo, ya que no fue dictado por algún tribunal judicial, administrativo, agrario o del trabajo, lo que evidencia que el mismo no puede ser considerado como un acto reclamado para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo. Lo anterior es así, ya que, como lo señala la autoridad en el oficio con el que remite la demanda de amparo, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de datos personales del Estado de México y Municipios, no es un tribunal jurisdiccional, sino un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental, tal como se corrobora del contenido de la jurisprudencia 2a./J. 166/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha jurisprudencia es localizable en la publicación del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo II, Página 1101, en Materia Común, con número de registro 2002546, de contenido siguiente: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DONDE FIGURE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HUBIERE EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. El citado Instituto tiene legitimación para interponer revisión en amparo indirecto donde figure como autoridad responsable, porque aunque hubiere ejercido funciones materialmente jurisdiccionales, no es un tribunal jurisdiccional, sino un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental; además, para efectos de sus resoluciones no está subordinado a autoridad alguna y adopta sus decisiones con plena independencia, y entre otras facultades tiene la de resolver recursos y formular resoluciones conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental." Así mismo, el artículo 59 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que las resoluciones del recurso de revisión, dictadas por el citado instituto, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación, lo que tiene como consecuencia, que sea evidente la intención del legislador de eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Resulta orientador a la conclusión alcanzada la tesis aislada 1ª. XIV/2012 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Décima Época, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 657, en Materia Administrativa, con número de registro 2000235, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. EFECTOS DE SUS RESOLUCIONES. Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental disponen la procedencia del recurso de revisión en contra de las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, especificando que dicho recurso procederá en lugar del recurso genérico previsto en materia administrativa. Asimismo, el artículo 59 de la ley dispone categóricamente que las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, al resolver los recursos de revisión, serán definitivas para las dependencias y entidades, mientras que los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, resulta evidente que la intención del legislador fue excluir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de las resoluciones recaídas a los recursos de revisión emitidas por el instituto, al igual que eliminar la posibilidad de que las dependencias y entidades promuevan algún juicio o recurso ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo antes expuesto, los sujetos obligados en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental deben dar cumplimiento incondicional a las resoluciones emitidas por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública al resolver recursos de revisión, sin que sea válida la utilización de recursos jurídicos, como la interposición de un juicio de nulidad, o de facto, como la simple negativa de entregar información, para eludir dicho cumplimiento." Consecuentemente, se desecha por improcedente, la demanda de amparo promovida por la Presidenta Constitucional del Ayuntamiento de Melchor Ocampo, Estado de México, en contra de la resolución de cuatro de julio de dos mil dieciocho, dictada por el pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, en el recurso de revisión 01888/INFOEM/IP/RR/2018, por no ser susceptible de ser reclamada en juicio de amparo directo de conformidad con lo establecido por el artículo 170 de la Ley de Amparo. Se tienen como delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala. Asimismo, con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las constancias por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se ordena formar el cuaderno impreso como el electrónico del presente asunto. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Así, lo acordó y firma David Cortés Martínez, magistrado presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ante María Elena Vargas Burgos, secretaria de acuerdos que autoriza y da fe. Acv

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