Rubén Hernández Esparza

Expediente 426/2023 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
426/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Presidenta Municipal Constitucional de Naucalpan de Juárez, Estado de México
  • Rubén Hernández Esparza
  • Director Local En el Estado de Mexico de la Comision Nacional del Agua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Queja

    Desechamiento -legitimación-. Para el caso concreto, se considera necesario hacer un análisis sobre la legitimación cuando se combaten las multas impuestas en el juicio de amparo y, con posterioridad, verificar si el recurrente cuenta con aquella, al ser un presupuesto esencial para la procedencia del medio de impugnación. Legitimación para interponer queja contra multas en amparo. Pues bien, para tener por acreditada la legitimación en un recurso de queja cuando se impugna una multa impuesta por un juez de amparo a un servidor público que actúa en nombre de una autoridad, debe verificarse quien suscribe el medio de impugnación y, en su caso, si quien suscribe en representación, lo hace en nombre de la persona física o de la autoridad, aunado a que se debe verificar si puede representar a la persona en lo individual. Ello es así, toda vez que la multa se impone en lo personal a la persona física y no a la persona moral oficial que representa, por lo que únicamente el servidor público es quien, en forma exclusiva y por sí misma, tendría legitimación para promover el recurso en contra de tal determinación, y no quien representa a al ente del estado. Al respecto, debe decirse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 114/2014, determinó que los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, tienen por objeto dotar a los órganos jurisdiccionales de amparo de los medios necesarios para lograr el cumplimiento de las ejecutorias constitucionales, de los que destaca el deber de los juzgadores federales de aplicar multa a los titulares de las autoridades responsables que no cumplan con los requerimientos efectuados para tal efecto. Destacó la Sala que la multa en cuestión constituye una sanción impuesta a las personas físicas que ocupan el cargo de titulares de la autoridad que corresponda, debido a haber desobedecido los mandatos del juez. Sostuvo el Máximo Tribunal del País que las multas impuestas por desacato a una sentencia en la que se imponen a las personas físicas, en su actuar como servidores públicos del órgano de gobierno que tiene el carácter de parte en el juicio de amparo, como autoridad responsable y no a la persona moral oficial u órgano de gobierno. Asimismo, señaló que, si la multa correspondiente se impuso a la persona física que desempeñaba el cargo respectivo, es claro que ésta es la que debe cubrir el monto de aquélla de su propio peculio y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se trate. Precisó que sostener lo contrario implicaría despojar de toda efectividad a las multas, pues éstas jamás causarían un perjuicio al sujeto al que están dirigidas y, en consecuencia, éste no tendría motivo alguno para modificar la conducta que dio lugar a la imposición de tal sanción. En tal razón la Segunda Sala consideró que, si la multa impuesta por el incumplimiento de la ejecutoria de amparo es una sanción a la persona física que, en su actuar como servidor público, incurre en el desacato al fallo constitucional y no a la autoridad responsable; consecuentemente, el agravio derivado de la resolución que determina su aplicación no repercute en la persona moral oficial, ni en alguno de sus órganos, por lo que no afecta su esfera jurídica ni incide en su patrimonio público. De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 103/2014 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal de nuestro País, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO QUE IMPONE MULTA A UN SERVIDOR PÚBLICO POR NO CUMPLIR UNA EJECUTORIA DE AMPARO. El artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo establece que el recurso de queja procede contra las resoluciones emitidas después de dictada la sentencia de amparo indirecto que no admitan recurso de revisión y por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar perjuicio a alguna de las partes. Por su parte, los artículos 192, 193 y 258 de la propia ley prevén que los juzgadores federales deberán imponer multa al titular de la autoridad responsable que incumpla una ejecutoria de amparo. Ahora, la multa en cuestión constituye una sanción para la persona física que desempeña el cargo respectivo, quien debe cubrirla de su propio peculio y no con el presupuesto asignado a la dependencia de gobierno de que se trate. Así, las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el citado recurso de queja, contra la resolución emitida en un juicio de amparo indirecto que impone multa a un servidor público por no cumplir una ejecutoria de amparo, toda vez que dicha resolución no afecta sus derechos patrimoniales, pues la multa debe cubrirla la persona física a quien le fue impuesta en su carácter de servidor público y, por tanto, sólo éste es quien, por derecho propio, está legitimado para controvertir tal decisión." En atención a esas consideraciones, este tribunal colegiado ha sostenido en diversos precedentes que tales consideraciones son aplicables independientemente del procedimiento donde se imponga la multa respectiva, esto es, en el juicio de amparo aun cuando no se esté en la etapa de cumplimiento y ejecución de una sentencia, en la denuncia por incumplimiento a la declaratoria general de inconstitucionalidad y en el mismo cumplimiento; pues se insiste, quien deberá de pagar la misma es la persona física que desempeña el cargo respectivo, pues quien deberá cubrir el monto de aquélla de su propio peculio es la persona física y no con el presupuesto que tenga asignado la dependencia de gobierno de que se traten de ahí que resulten aplicables por igualdad de razón las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden. No pasa inadvertida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "SERVIDOR PÚBLICO A QUIEN SE IMPONE UNA MULTA EN EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. PUEDE RECURRIRLA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES O DELEGADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9º, DE LA LEY DE AMPARO", en cuya tesis se sostiene el criterio en el sentido de que como la multa impuesta a la autoridad responsable, se origina con motivo del cargo público del funcionario y del ejercicio de sus funciones públicas, no existe impedimento jurídico para que sea representado por los abogados encargados de la defensa jurídica de la institución conforme a las disposiciones aplicables, toda vez que la figura de la representación responde a la finalidad de no distracción de las labores de los titulares de las dependencias públicas, a la no interrupción de sus funciones; y, en el caso específico, a evitar que se entorpezcan las labores de las personas morales oficiales, mientras los servidores públicos multados ocupan su tiempo en defenderse de la sanción; sin embargo, para ubicarse en ese supuesto resulta indispensable que en el escrito de queja se refiere expresamente esencialmente que representa a la persona física y justificar tal representación en la normativa aplicable; por tanto, no es válido que el servidor público que ejerce la representación señale que actúa en nombre de la persona moral oficial. Tiene aplicación la jurisprudencia R.A.CS. J/16 A (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, cuyo contenido se comparte, de rubro y contenido siguiente: "RECURSO DE QUEJA. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO LA AUTORIDAD QUE EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE O DELEGADO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, IMPUGNA LA MULTA IMPUESTA A ESTE ÚLTIMO, SIN PRECISAR QUE ACUDE EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA FÍSICA QUE EN SU CARÁCTER DE SERVIDOR PÚBLICO FUE SANCIONADO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes al analizar diversos recursos de queja interpuestos contra el auto en que se impuso una multa al titular de la autoridad responsable, mismos que fueron instados por los representantes de esta última, sin precisar en los escritos de interposición relativos, que acudían en representación de la persona física que fungía como servidor público sancionado, sostuvieron criterios discrepantes por cuanto a si, interpuesto el medio de impugnación de esa forma, la parte recurrente tenía o no legitimación para hacerlo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que la autoridad que en su carácter de representante o delegado del titular del cargo de autoridad responsable, impugna la multa impuesta a este último, sin precisar que acude en representación de la persona física que en su carácter de servidor público fue sancionado, carece de legitimación para interponer el recurso de queja respectivo. Justificación: La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas morales oficiales carecen de legitimación para interponer el recurso de queja contra el auto en el que se decreta una multa a quienes tienen el cargo de titulares de las autoridades responsables, porque no afectan su patrimonio, y sí el de las personas físicas que en su carácter de servidores públicos son sancionados, toda vez que deben cubrir el importe de la multa con sus propios recursos. Sin embargo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 142/2017 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se abrió la posibilidad de que el servidor público pueda ser representado en el recurso de queja respectivo por los representantes o delegados de la autoridad responsable. En ese sentido, tienen legitimación para interponer el medio de impugnación respectivo: 1) por su propio derecho, la persona física que en su carácter de servidor público fue sancionada; y, 2) el representante o delegado de la autoridad responsable a cuyo titular le fue impuesta la multa recurrida, siempre que precise que acude en representación de la persona física que funge como servidor público sancionado; en el entendido que de no hacerlo así, se entendería que quien interpone el recurso de queja es la persona moral oficial, quien carece de legitimación para instar el medio de impugnación en ese supuesto. Caso concreto. En el caso concreto, debe precisarse que el recurso de queja en contra del auto once de septiembre de dos mil veintitrés -imposición de multa-, dictado por el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en el juicio de amparo indirecto 240/2023-III, en el cual se impuso multa a la persona física que es Director Local en el Estado de México de la Comisión Nacional del Agua, por no haber dado cumplimiento a diversos requerimientos que se le efectuaron en el aludido juicio para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en dicho asunto. Sin embargo, el presente recurso de queja fue interpuesto por Tomás Ignacio Arriaga Caballero, en su carácter de Jefe de Proyecto "C" de Apoyo a la Dirección encomendado a la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales; esto es, no lo interpone en representación de la persona física sino de la moral oficial -Dirección Local del Estado de México de la Comisión Nacional del Agua-, por lo que se entiende que fue interpuesto por la autoridad responsable y no así, como persona física que ostenta el cargo a quien le fue impuesta la multa. Sin que del contenido del propio oficio de agravios se advierta que el representante o delegado de la autoridad responsable a cuyo titular le fue impuesta la multa recurrida, precise que acude en representación de la persona física que funge como servidor público sancionado; en el entendido que, de no hacerlo así, se entenderá que quien interpone el recurso de queja es la persona moral oficial, quien carece de legitimación para instar el medio de impugnación en ese supuesto. Consecuentemente, si la multa se le impuso en lo individual a la persona física que ostenta el cargo de Director Local en el Estado de México de la Comisión Nacional del Agua y no a la dependencia que representa -Dirección Local del Estado de México de la Comisión Nacional del Agua-, por lo que es dicho funcionario quien, en forma exclusiva y por sí misma, tiene legitimación para promover el recurso en contra de tal determinación, y no quien representa al Instituto referido, por lo que la queja es notoriamente improcedente, debido a que fue interpuesto por Tomás Ignacio Arriaga Caballero, en su carácter de Jefe de Proyecto "C" de Apoyo a la Dirección encomendado a la Unidad Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Medio ambiente y Recursos Naturales, debe desecharse, en virtud de que la recurrente carece de legitimación para interponerlo. Así lo ha sostenido el Pleno de este Tribunal Colegiado de Circuito al resolver, por unanimidad de votos, los recursos de queja 42/2023, 45/2023 y 111/2023. De ahí que, lo procedente es desechar por notoriamente improcedente el presente recurso. Domicilio y delegados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio y como sus delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. Datos de contacto. Respecto de lo anterior, se tienes como medios de contacto alternos el correo electrónico tomas.arriaga@conagua.gob.mx, y el teléfono 7221979130 ext 1801 a través de los cuales podrán comunicársele cuestiones distintas a las procesales, lo que NO IMPLICA que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, como se mencionó en el apartado anterior, toda vez que NO lo contempla así la Ley de Amparo. VI. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. VII. Medios de contacto con este tribunal. Se hace de conocimiento a las partes que pueden establecer contacto con este órgano de control de constitucionalidad, para cuestiones no procesales, en el sitio web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, seleccionando el apartado de "Servicios Jurisdiccionales"; en términos de lo dispuesto por el artículo 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. VIII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. IX. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. X. Notificación al Fiscal Federal. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación.

  2. Amparo en revisión

    Desechamiento del recurso adhesivo. Vista la certificación en la que se hizo constar que el oficio mediante el cual, el Secretario de Seguridad, Comisión de Honor y Justicia, Unidad de Estudios y Proyectos Especiales, todos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, pretenden interponer recurso de revisión adhesivo, fueron presentados fuera del plazo de cinco días establecido por el artículo 82 de la Ley de Amparo, se desechan por extemporáneo. III. Admisión del recurso de revisión adhesivo. Por lo que hace a la Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, interpone recurso de revisión adhesivo. Al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el recurso de revisión adhesivo del Unidad de Estudios y Proyectos Especiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, respecto al recurso de revisión interpuesto. III. Domicilio y delegados. Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su oficio y como sus delegados, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona. IV. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, así como la presuncional legal y humana; sin embargo, se le hace la precisión de que las mismas, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, serán consideradas por este órgano jurisdiccional, al momento de resolver, ya que tiene la obligación de ello.

  3. Amparo en revisión

    Admisión del recurso de revisión adhesivo. Al encontrarse reunidos los requisitos que establece el artículo 82 de la Ley de Amparo, se admite a trámite el recurso de revisión adhesivo del Director de Responsabilidades en Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, respecto al recurso de revisión interpuesto por Rubén Hernández Esparza. III.Domicilio y delegados. De conformidad con los artículos 26, fracción II, inciso a, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones por oficio el que señala la recurrente. VI. Medios de contacto alternos. Se tienen como medios de contacto alternos de la autoridad el correo electrónico notificación.uai@ssedomex.gob.mx, a través de los cuales podrán comunicársele cuestiones distintas a las procesales, lo que NO IMPLICA que tal medio se tenga para oír y recibir notificaciones personales, toda vez que NO lo contempla así la Ley de Amparo.

  4. Amparo en revisión

    Admisión. Al encontrarse reunidos los requisitos que, establecen los artículos 81, fracción I, inciso d), y 91 de la Ley de Amparo: se admite el recurso de revisión que interpone ***z autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de Rubén Hernández Esparza, -quejoso-, en contra de la resolución de tres de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo indirecto 773/2023-III, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Por otra parte, no pasa inadvertido para la suscrita la circunstancia que el recurrente hubiese mencionado en su escrito de agravios, como fecha de resolución el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, lo cual debe estimarse como un mero error mecanográfico, mismo que es posible corregir por este Tribunal Colegiado, teniendo en cuenta los demás datos que se refieren en el mismo, por ello, se provee en el expediente de amparo en revisión la fecha de resolución de que se trata. A lo anterior, tiene aplicación la tesis P. XLVIII/98, página 69, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "ERRORES NUMÉRICOS O CUALQUIER OTRO DE POCA IMPORTANCIA. DEBE DE SER CORREGIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO Y LOS JUECES DE DISTRITO, APLICANDO ANALÓGICAMENTE EL ARTICULO 79 DE LA LEY DE AMPARO." Ahora bien, se advierte que el escrito de agravios formulados por el recurrente se encuentra en el expediente electrónico del amparo indirecto, el cual se encuentra vinculado al presente asunto, se ordena imprimir dicho escrito, con el fin de que sea glosado al expediente físico del asunto en el que se actúa y quede debidamente integrado. Plazo para la interposición de la adhesión. Atento a lo establecido por el artículo 82 de la Ley de Amparo, se comunica a la parte tercero interesada este auto, para que, en el plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, tiene expedito el derecho de presentar adhesión al recurso de revisión. Domicilio. Tomando en consideración que el recurrente señala como domicilio a efecto de oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, el cual se encuentra fuera de la jurisdicción de este Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo, la presente notificación, así como las subsecuentes que se le practiquen, aún las de carácter personal, deberán realizarse por medio de lista que se fije en lugar visible de este Tribunal, hasta en tanto señale domicilio dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Autorizados. Respecto a los autorizados que pretende se tengan en este recurso, dígasele que no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado, en virtud de que los autorizados deben ser nombrados en cada instancia que se tramite, al ser un acto que deriva de la voluntad de la parte interesada, además, la parte promovente, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, no le asiste la facultad para delegar las funciones que le han sido encomendadas con dicha calidad a un tercero. Consulta de expediente electrónico. En virtud de que la parte quejosa solicita se le conceda la consulta al expediente electrónico del presente asunto, y toda vez que cuenta con el usuario "FERYAMIL", el cual sí se encontró de la consulta realizada en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación (SEPJF); de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta al presente expediente electrónico, en el entendido de que se podrá acceder al mismo una vez que el presente proveído se integre al expediente en que se actúa; haciendo de conocimiento que la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la Firma Electrónica se mantenga vigente. Se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional encargado del Sistema integral de Seguimiento de Expediente (SISE), para que autorice el nombre de usuario "FERYAMIL" para que pueda realizar la consulta del expediente electrónico. Exhorto a las partes. Atento a lo dispuesto por el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Medios de contacto con este tribunal. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, y 21, último párrafo, de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las diligencias que se realicen en el presente expediente. Uso de medios electrónicos. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que en términos de la Circular 12/2009, suscrita por la Secretaria Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que no existe impedimento legal para que las partes por sí o a través de sus autorizados hagan uso de cámaras fotográficas, grabadoras, celulares, lectores laser o cualquier otro similar que sirvan para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resolución que se dicten, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de ello precisándose el documento del que se obtiene la reproducción, en la inteligencia de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales, previa razón de constancia que se deje en autos. Notificación al Fiscal Federal. Con copia del escrito de expresión de agravios, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito.

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