Rubicelia Flores Oropeza

Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
753/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Rubicelia Flores Oropeza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que la inconforme haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los normativos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los arábigos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque los actos que se reclamaron no se ubican en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y como se sobreseyó en este juicio de amparo acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    ".S E N T E N C I A Mediante la cual resuelve el juicio de amparo indirecto 753/2023 promovido por *** en contra de los actos reclamados a la autoridad que posteriormente se indicarán. I. ANTECEDENTES 1. De la demanda de amparo se advierte que la justiciable impugna de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, las omisiones de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron y de notificar ese proveído. 2. En consideración de la titular de la acción de amparo los actos combatidos vulneran sus derechos fundamentales consagrados por los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO 3. Rubicelia Flores Oropeza promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca en contra de los actos reclamados y la autoridad responsable que posteriormente se indicarán. 4. Mediante el acuerdo de veintiséis de julio del año en curso, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda de amparo, la cual registró bajo el expediente 753/2023; solicitó al ente responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. 5. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA 6. Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman unos actos atribuidos a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS 7. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. 8. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto . 9. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la inconforme reclama los actos siguientes: De la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca , combate: ? Las omisiones de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral J.32/0167/2020 ofrecieron y de notificar ese proveído. V. INEXISTENCIA DE UNO DE LOS ACTOS IMPUGNADOS 10. No es cierto el acto atribuido a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron. 11. Se sostiene lo anterior, porque aun cuando esa autoridad en su informe justificado implícitamente aceptó la existencia de esa actuación, al señalar que se encuentra pendiente de notificar a los litigantes el acuerdo de catorce de agosto del año en curso, dictado en el juicio laboral ***, en el que admitió y desechó las pruebas que los contendientes en ese asunto ofrecieron, lo cierto es que la omisión combatida no puede ser reprochada a ese Tribunal del trabajo en la medida en la que no existe alguna norma jurídica que lo obligue a actuar en el sentido que la disconforme pretende. 12. Para evidenciar tal aserto es necesario establecer que de la interpretación sistemática de los arábigos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo se desprende que lo que la autoridad responsable exponga en su informe justificado, o bien, la ausencia de tal informe, por sí no es determinante de la certeza de la actuación combatida en todos los juicios de amparo -máxime si tal acto es de naturaleza omisiva, como en la especie acontece-, sino que esa circunstancia dependerá, en su caso, de lo que las partes demuestren en la secuela procesal a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o bien, de la apreciación que el Tribunal de amparo pueda llevar a cabo de las constancias del expediente en el que se instrumenta el juicio constitucional. 13. En ese sentido, es indispensable precisar el concepto de "omisión" porque no todo "no hacer" por parte de una autoridad constituye un acto omisivo, esto es, para que exista una conducta calificada jurídicamente como "omisión" no basta con hacer referencia al curso de una actuación humana (un no hacer o una abstención), sino que se requiere de un elemento normativo previo que haga previsible el actuar que no se llevó a cabo, ya que sin duda sólo se omite algo en el contexto en el que es relevante una actuación determinada, dado que existe una obligación que así lo indica; en suma, omitir no es un mero "no actuar", sino un no actuar conforme la ley obliga. 14. Desde esa perspectiva, para que exista una omisión (como una conducta -aunque negativa- cualificada por el derecho) se deben reunir dos elementos, a saber: 14.1. Un elemento deóntico, el cual consiste en una obligación de hacer a cargo del sujeto de derecho a quien se imputa el acto omisivo impuesta por una norma jurídica, ya sea por una ley (regla de conducta general, abstracta e impersonal) o por una resolución judicial o administrativa (regla de conducta particular, concreta y personal); y, 14.2. Un elemento óntico o fáctico, relativo a una conducta pasiva ante esa obligación, esto es, un no hacer. 15. Con base en la diferencia entre omisión y no hacer debe destacarse que para verificar la certeza del acto omisivo atacado es necesario examinar si la autoridad a la cual se atribuye esa conducta se encontraba constreñida a actuar en el sentido indicado por la parte quejosa, ya sea por la existencia de alguna norma que así lo disponga, o bien, por una resolución jurisdiccional o administrativa que así lo ordene. 16. Lo anterior tiene respaldo en la tesis 1a. XXIV/98 emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal del País , que expone: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO... 17. Enseguida es necesario examinar si la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, conforme alguna norma jurídica se encontraba obligada a actuar en el sentido que la solicitante de la protección constitucional indica, es decir, si acorde con las facultades y las obligaciones que ineludiblemente está constreñida a realizar tenía el deber de notificar el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron. 18. Para determinar lo anterior debe tenerse presente el contenido de los arábigos 640, fracción II, y 750 de la Ley Federal del Trabajo, por ser el ordenamiento que rige a los actos reclamados; tales segmentos normativos prescriben: "Artículo 640. Son faltas especiales de los Actuarios: [.] II. No notificar oportunamente a las partes, salvo causa justificada; [.]" "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario." 19. De los dispositivos insertos se advierten las premisas siguientes: 19.1. El Actuario de la Junta tiene el deber de notificar oportunamente a las partes, salvo causa justificada. 19.2. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario. 20. Lo anterior pone de relieve que la omisión combatida no puede ser reprochada a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, dado que de los segmentos normativos transcritos ni de alguna otra disposición jurídica se advierte que dicha autoridad tenga la obligación de notificar a las partes las resoluciones que dicte en los asuntos en los que tenga intervención. 21. Además, si a la fecha de la presentación de la demanda de amparo no se había dictado el acuerdo en el que se admitieron y desecharon las pruebas que los litigantes en el juicio laboral *** ofrecieron es inconcuso que ni siquiera existía deber alguno de comunicar procesalmente esa determinación como lo estatuye el arábigo 750 de la Ley Federal del Trabajo, porque aún no se pronunciaba. 22. En tal sentido, si no existe la obligación de hacer -notificar el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron- a cargo de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, que sea impuesta por una norma jurídica es inconcuso que no se le puede reprochar que incurrió en una omisión, porque se insiste dicha autoridad no estaba obligada a actuar en el sentido que la solicitante de la protección constitucional pretende; de ahí que se evidencie la inexistencia del acto reclamado a esa autoridad responsable. 23. En consecuencia, con fundamento en lo estatuido por el dispositivo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto en cuanto al acto combatido atribuido a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de notificar el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral J.32/0167/2020 ofrecieron, dada la inexistencia de esa actuación. VI. EXISTENCIA DEL DIVERSO ACTO COMBATIDO 24. Es cierto el acto reclamado a la responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron, a pesar de que en su informe con justificación negó la existencia de esa actuación, porque esa negativa se desvirtúa con la resolución jurisdiccional que el ente responsable aportó en este asunto en respaldo de tal informe. 25. En efecto, la certeza de la actuación impugnada se patentiza con la copia certificada del proveído de catorce de agosto de dos mil veintitrés, que ese órgano de administración de justicia dictó en el citado contradictorio, en el que se pronunció sobre la admisión y desechamiento del caudal probatorio que los contendientes ofertaron en el juicio de origen, porque esa documental demuestra que a la fecha de presentación de la demanda de amparo aún no había calificado la admisibilidad o desechamiento de las pruebas que las partes anunciaron en la controversia de origen. 26. Al instrumento de donde se obtiene la información reseñada se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo establecido por su arábigo 2. 27. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno del Alto Tribunal de la Nación , de contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." 28. Con base en lo anterior, es factible sostener la certeza del acto combatido a la Junta responsable, lo cual desvirtúa la negativa que ese ente público sostuvo en su informe justificado; por tanto, está demostrada la existencia de esa actuación. VII. PROCEDENCIA 29. Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. 30. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito , que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." 31. En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el dispositivo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado los efectos de esa actuación, porque el catorce de agosto de dos mil veintitrés, ese órgano de administración de justicia se pronunció en cuanto a la admisión y desechamiento del material probatorio que los litigantes ofrecieron en el aludido contradictorio. 32. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" 33. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. 34. Es necesario señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos criterios jurisprudenciales se ha pronunciado respecto de esa causal de improcedencia, la cual se preveía por el ordinal 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo abrogada, cuyo texto es similar al que se contiene en el precepto 61, fracción XXI, de la ley de la materia en vigor, por lo que esos criterios son aplicables en el caso en tanto que no se oponen a lo prescrito por esta última legislación, conforme a lo estatuido por su artículo sexto transitorio. 35. Uno de los criterios a que se ha hecho alusión se contiene en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL... 36. Del criterio jurisprudencial transcrito se advierte que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. 37. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, dado que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del titular de la acción de amparo que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 38. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce del derecho humano violado, mediante el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. 39. Por tanto, acorde con la teleología que se deriva del normativo 61, fracción XXI, de la ley de la materia no existe motivo para la promoción y la resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. 40. En esa tesitura es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los arábigos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo se arriba a la convicción de que la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. 41. Precisado lo anterior, enseguida debe tenerse presente que la solicitante del amparo reclama de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron, por lo que su pretensión de fondo en este juicio constitucional es obtener un pronunciamiento en cuanto a la calificación de la admisibilidad o desechamiento de las probanzas que los contendientes anunciaron en ese asunto. 42. Ahora, de las constancias que obran en este sumario, en particular del instrumento que la responsable aportó en respaldo de su informe justificado se advierte que el catorce de agosto del año en curso, la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por un lado, admitió algunas pruebas que las partes ofrecieron en el juicio laboral ***, en cuanto a la accionante que es la inconforme en este asunto admitió la confesional, la inspección, la testimonial, la de informe, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, respecto de la parte demandada la documental y la instrumental de actuaciones; también se advierte que ordenó la preparación del desahogo de alguno de esos medios de convicción admitidos a la disidente y, por otro, desechó una confesional que la agraviada ofertó. 43. En esos términos, es inconcuso que se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo invocada, ya que con la actuación que la citada autoridad responsable realizó se demuestra que los efectos del acto atacado han cesado, porque ese órgano colegiado ya se pronunció sobre la admisión y desechamiento del caudal probatorio que los contendientes ofrecieron en el juicio de origen. 44. En esos términos, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo respecto del acto impugnado a la citada responsable; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. 45. Lo anterior tiene respaldo en la tesis aislada P. CL/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." VIII. DECISIÓN 46. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, con fundamento en lo estatuido por el normativo 63, fracción V, de la propia legislación, respecto del acto que la justiciable reclamó a la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la omisión de dictar el auto de admisión o desechamiento de las pruebas que las partes en el juicio laboral *** ofrecieron. 47. Cabe agregar que el no sobreseer implicaría desconocer que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes de la génesis del acto reclamado, porque resultaría contrario a la naturaleza del juicio que éste se siguiera sin alguna finalidad práctica, como si se tratara sólo de un ejercicio intelectual o de una actividad simplemente especulativa, razón por la cual resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos de los actos impugnados. 48. La decisión anterior tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO... 49. Finalmente, dada la naturaleza del sobreseimiento decretado y el efecto que produce esa resolución en el proceso, este órgano de control constitucional está imposibilitado jurídicamente para realizar el estudio de los conceptos de violación, porque el sobreseimiento constituye un acto procesal que termina la instancia de manera anticipada por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, sin que obste señalar que la determinación anterior no representa fuente generadora de agravios a las partes en el presente juicio de amparo. 50. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de contenido: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO... 51. También es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , que expone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL... 52. Por lo expuesto y fundado se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *** en contra de los actos reclamados a la autoridad responsable, por las consideraciones expuestas en los apartados V y VII de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense las documentales señaladas en la cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ********************, quien se ostenta como apoderado de la quejosa ******************** solicita que se reconozca esa calidad y exhibe para acreditar su personalidad un ejemplar del acta de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de uno de abril de dos mil veintidós, que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, celebró en el juicio laboral ********************; también pide que las notificaciones de las resoluciones judiciales que dicten en el presente juicio de amparo se realicen de forma electrónica y que se autorice el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo a este asunto. Al respecto, se reconoce a ******************** la calidad de apoderado de la justiciable ******************** en términos de lo dispuesto por los normativos 6 y 11 de la Ley de Amparo, porque acredita ese presupuesto procesal con el ejemplar del acta de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones de uno de abril de dos mil veintidós, que la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en la capital de esta entidad federativa, celebró en el juicio laboral ********************, en donde consta que ese Tribunal del trabajo reconoció al promovente el carácter que afirma tener en el citado contradictorio; además, en el escrito de cuenta se colma la exigencia prevista por el arábigo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, dado que el mandatario de la inconforme manifestó bajo protesta de decir verdad que la documentación digitalizada exhibida es copia íntegra e inalterada del instrumento original impreso. En diverso aspecto, se autoriza a la parte quejosa para recibir notificaciones por la vía electrónica con los nombres de los usuarios "********************" y "********************" que proporciona, porque manifiesta expresamente que esa es su voluntad, lo anterior conforme a lo dispuesto por los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro punto, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza a la parte quejosa el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través de los usuarios ********************" y "********************" proporcionados para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para activar los permisos correspondientes a los usuarios ********************" y "********************" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado y se esté en aptitud de realizar las notificaciones electrónicas. En razón de lo anterior, se revoca el domicilio procesal de la disidente reconocido en este asunto en el acuerdo inicial, porque no pueden coexistir dos formas de notificación de las resoluciones judiciales que se dicten en el presente medio extraordinario de defensa (personal y por la vía electrónica), sin que esa determinación deje en estado de indefensión a la inconforme, porque las notificaciones que deben se personales se realizarán por la vía electrónica. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo téngase a la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por rendido su informe justificado y por anunciada la documental que exhibe, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En otro punto, se toma conocimiento de las razones que esa autoridad expone para no suministrar un medio de contacto. Notifíquese.

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