Rubicelia Flores Oropeza
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Rubicelia Flores Oropeza
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que la inconforme interpusiera el recurso de queja en contra del acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la disidente haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en el que se tuvo por no presentado el escrito inicial que dio origen a este expediente ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el proveído de veintiséis de enero de la presente anualidad, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, resolución con la que se puso fin a este juicio constitucional, sin decidirlo en cuanto al fondo, en términos de lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso b) del numeral 21 de ese acuerdo de observancia general; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días con el que la parte quejosa contaba para cumplir la prevención que le fue formulada en el auto de doce de enero pasado, transcurrió del dieciocho al veinticuatro del mes y año en curso, sin que la disidente haya atendido esa prevención; y que la justiciable Rubicelia Flores Oropeza, no compareció a este órgano jurisdiccional a la diligencia señalada para el veinticuatro de enero pasado, a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad si reconocía como suya la firma que calza la promoción presentada el dieciocho de enero de este año, por la cual pretendía aclarar su escrito inicial. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo se hace efectivo el apercibimiento formulado el doce de enero y se tiene por no presentada la demanda de amparo que dio origen a este medio extraordinario de defensa, así también, se tiene por no presentado el ocurso exhibido el dieciocho de enero. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Agréguense la promoción y el anexo señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que se pretende dar cumplimiento a la prevención de doce de enero pasado. Al respecto, dado que la firma que calza ese ocurso difiere notablemente de la estampada en el escrito inicial, con fundamento en lo previsto por los artículos 204 y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su normativo 2, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda respecto de su contenido, requiérase a Rubicelia Flores Oropeza para que comparezca al despacho de este Juzgado Federal y en la diligencia relativa ante la presencia judicial manifieste bajo protesta de decir verdad sí reconoce como suya la firma puesta en la promoción de cuenta, apercibida que de no cumplir con lo anterior se tendrá por no presentado dicho libelo; la citada diligencia se realizara en los términos siguientes: Atendiendo a que subsiste la pandemia derivada del virus Covid-19 y en cumplimiento a lo establecido por el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020, en el que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a los justiciables y al personal de los órganos jurisdiccionales y estableció un mecanismo de citas con la finalidad de que las partes acudan presencialmente, se señalan las CATORCE HORAS DEL VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que Rubicelia Flores Oropeza comparezca a este órgano jurisdiccional a la diligencia señalada. En razón de lo anterior, genérese la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", en el entendido que el código QR se dejará en el acceso del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional para su ingreso respectivo, por lo que mediante un oficio que derive de este proveído hágase del conocimiento al Administrador Regional del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en esa ciudad, de la hora y la fecha señaladas para el desahogo de la diligencia indicada, con la precisión de que a ese comunicado deberá anexarse el aludido código, de modo que quien acuda a la cita pueda ingresar bajo la regla de hasta dos personas por código a efecto de garantizar las medidas de distanciamiento social necesarias, a fin de que la referida diligencia no interfiera con personas que hayan programado personalmente sus citas y que en ningún caso se ponga en riesgo la salud del personal de este órgano jurisdiccional, ni de las personas que asistan a la diligencia. Hágase saber a la promovente que deberá presentarse en la entrada del edificio que alberga a este órgano jurisdiccional con un documento oficial que la identifique, cuando menos con cinco minutos de anticipación de la hora y la fecha programadas a efecto de que se permita su ingreso, ya que no existe tiempo de tolerancia, por lo que se instruye al Actuario(a) Judicial adscrito(a) a este órgano jurisdiccional para que al notificar este proveído entregue a la parte quejosa el ejemplar del código QR generado; asimismo, indíquese a la justiciable que deberá observar los protocolos y las medidas de seguridad y sanitarias que al efecto se tienen adoptados en el edificio que alberga a este Tribunal, entre otras, portar cubrebocas en todo momento, respetar la sana distancia y el uso de gel antibacterial. En otro punto, comuníquese a Rubicelia Flores Oropeza que la Ley de Amparo, en su arábigo 261, fracción I, prevé que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida en la demanda afirme hechos falsos; además, se precisa que este órgano jurisdiccional está facultado para ordenar oficiosamente la práctica y el desahogo de la pericial en las materias de caligrafía y grafoscopía a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza el libelo de cuenta en el caso de que advierta que esa rúbrica con la diversa que en su caso se plasme durante la diligencia relativa sean notoriamente diferentes. En el caso, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopía, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de enero de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 36/2022. Prevención. En cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en el escrito relativo que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese escrito; b) cuando se hubiera omitido alguno de los requisitos que el ordinal 108 de ese ordenamiento establece; y, c) en el caso de que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otro lado, el ordinal 108, fracciones III, IV y V, de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberán señalarse, entre otros aspectos, a) la autoridad o autoridades responsables; b) la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame; y, c) manifestar bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. En la especie, la inconforme no satisfizo íntegramente los requisitos establecidos por el último de los dispositivos señalados, por las razones siguientes: En la demanda señala como autoridad responsable al Presidente de la Junta Especial Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pero en los antecedentes de los actos reclamados refiere que promovió el juicio de donde emanan esas actuaciones ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Oaxaca, lo cual impide saber quién es en realidad la autoridad que tiene intervención en ese contradictorio para estar en aptitud de identificar al ente responsable. Por otro lado, en el apartado de ese escrito relativo al "ACTO RECLAMADO" señala como tal "[.] la omisión de la autoridad responsable de acordar y notificarme la interlocutoria emitida en el incidente de incompetencia, promovido por la moral demandada en el expediente 167/2020 [.]"; luego, en el tercer punto de los antecedentes de los actos reclamados expone que el trece de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia incidental en el que la responsable se reservó calificar las pruebas ofrecidas y dictar la interlocutoria correspondiente; empero, esas manifestaciones impiden saber cuál o cuáles son en realidad los actos combatidos en este asunto. Es así, porque la quejosa no señaló como antecedentes de los actos reclamados cuándo se admitieron y se desahogaron las pruebas ofrecidas en el incidente de incompetencia planteado en el juicio laboral 167/2020, tampoco indicó cuándo se concluyó la audiencia incidental y se turnaron los autos para el dictado de la interlocutoria en la citada incidencia, lo cual impide saber el estado procesal en el que actualmente se encuentra el referido incidente para evaluar si realmente está en aptitud de pronunciar una resolución en este último. En esos términos, se requiere a la justiciable para que por escrito dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente los requisitos legales señalados, en los términos siguientes: 1. Tendrá que señalar quién es la autoridad responsable y quién es el Tribunal del trabajo que tiene participación en el juicio laboral 167/2020. 2. Deberá precisar cuál es el acto que realmente reclama de la autoridad que designe como responsable, el cual tendrá que ser acorde con el estado procesal en el que actualmente se encuentra el incidente de incompetencia planteado en el juicio laboral 167/2020, porque no puede perder de vista que si en esa incidencia aún no se han admitido ni desahogado las pruebas ofrecidas y tampoco se ha concluido la audiencia incidental, es inconcuso que la responsable no está en aptitud de dictar una interlocutoria correspondiente. 3. En el caso de que impugne la omisión de dictar la interlocutoria respectiva en el incidente de incompetencia planteado en el juicio laboral 167/2020, entonces deberá manifestar bajo protesta de decir verdad como antecedentes del acto impugnado cuándo se admitieron y desahogaron las pruebas ofrecidas en esa incidencia y cuándo se concluyó la audiencia incidental y se turnaron los autos para el dictado de la resolución correspondiente en dicho incidente. Infórmese a la parte quejosa que los requerimientos formulados en este auto deberán ser atendidos por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que esos aspectos puedan atenderse por las personas designadas como sus autorizados en términos restringidos del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que gozan estas últimas no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se apercibe a la disidente que de hacerlo las personas que señaló como autorizadas no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda se tendrá por no presentada, en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a la promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Se tiene como domicilio procesal de la inconforme el que indica en su ocurso y como autorizados en términos restringidos del ordinal 12 de la Ley de Amparo, esto es, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que designa con esa calidad, porque así lo solicitó de manera expresa. Medios de contacto para comunicaciones no procesales. En otro punto, se tiene a la disidente por señalados el correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
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