Rubicela Lara Alvarez

Expediente 946/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
946/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
09/07/2019

Partes del expediente

  • Rubicela Lara Alvarez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, nueve de julio de dos mil diecinueve. Como lo pide el tercero interesado -en sus escritos de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias certificadas a que alude, previo recibo que se deje en autos, y se tiene por autorizadas para tal efecto a las personas que señala. Notifíquese.

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta segando por la peticionaria de garantías - mediante el cual se desiste en su perjuicio de la demanda de garantías que originó el presente juicio; antes de proveer lo conducente, requiérase a la promovente para que, en el acto mismo de la notificación, que por conducto del Actuario de la adscripción se le practique de este proveído, o bien dentro del término de tres días que prevé el numeral 297, fracción I, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, comparezca ante este Órgano Jurisdiccional, debida y legalmente identificada a ratificar el contenido y firma del escrito de mérito, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, apercibida que de no ratificar dicho escrito, se continuará con el trámite del presente juicio; facultando al Actuario adscrito a este Órgano Jurisdiccional para que realice el acta correspondiente, en caso de que la impetrante de garantías se desista al momento de la notificación de este auto. Sobre el particular es de aplicarse la Jurisprudencia número 119/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 14/2006-PL, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Sexto Circuito y Cuarto del Octavo Circuito, que establece: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.- El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio.".

  3. Incidental

    V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número IV-946/2018, promovido por -; y, R E S U L T A N D O: R E S U L T A N D O: ÚNICO. Mediante escrito presentado ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, -, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con incidente de suspensión, contra actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, los que hizo consistir en: ".d).- ACTO RECLAMADO; EL NULO, ILEGAL E INCONSTITUCIONAL EMPLAZAMIENTO, QUE NUNCA FUE PRACTICADO POR LA RESPONSABLE ACTUARIO DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO 4 CUATRO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, dentro del expediente laboral número -, que sobre pago de diversas prestaciones laborales promovió el trabajador actor -, ahora tercero interesado y todas las actuaciones posteriores que concluyeron con laudo ejecutoriado y orden de embargo, sin haber sido notificada del procedimiento". La peticionaria de amparo estimó violadas en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, con sede en esta Ciudad, es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. La Titular y Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, así como la Actuaria adscrita dicha junta, al rendir su informe previo, manifestaron que son ciertos los actos reclamados por la impetrante de garantías. Ahora bien, el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. (ADICIONADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) Asimismo, no serán objeto de suspensión las órdenes o medidas de protección dictadas en términos de la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación o medida cautelar concedida por autoridad judicial. (ADICIONADO, D.O.F. 14 DE JULIO DE 2014) Las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica, no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva." En el caso, se colma el primero de los requisitos que establece el numeral transcrito, pues existe solicitud de la parte agraviada y acredita su interés, por ser parte demandada, dentro del juicio laboral 4A-3410/2016, del que emana el acto reclamado y respecto del cual se ostenta como tercero extraño por equiparación, situación más que suficiente para acreditar el interés jurídico de que no se lleven a cabo los efectos de los actos reclamados. En cuanto se refiere al segundo de los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el suscrito advierte que con la suspensión de los efectos de los actos reclamados, no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, por razón de que en el juicio de donde emanan los actos reclamados, se encuentran en pugna sólo intereses particulares, siendo así que la sociedad no habrá de recibir afectación alguna por motivo de que no se paralicen los efectos de los actos reclamados. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 152 de la Ley de Amparo, por una parte, se niega a la quejosa - la suspensión definitiva de la ejecución de los actos que reclama, por la cantidad de seis meses de salario que percibía el tercero interesado como salario base de cotización, cálculo que desde luego deberá efectuar la autoridad responsable, de acuerdo con las documentales del juicio laboral de origen, virtud a que no se cuenta con las constancias necesarias para fijar dicha garantía, monto con el cual se garantiza la subsistencia del trabajador, por seis meses; hasta en tanto se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio principal a donde corresponden éstos cuadernos incidentales. Tiene aplicación por identidad la jurisprudencia IV.5º. J/2, número de registro 196689, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en la página 746, Tomo VII, Marzo 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN MATERIA LABORAL. NATURALEZA DE LAS GARANTÍAS A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 9o. Y 174 DE LA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Amparo, en materia de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que a juicio del presidente de la Junta, no se ponga al trabajador en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo; lo que quiere decir, a contrario sensu, que si dicho funcionario considera que la parte obrera está en peligro de no poder subsistir, la suspensión es improcedente hasta por el importe de los salarios que correspondan al término de duración del juicio de garantías. Partiendo de esta premisa, cabe estimar que la determinación que, en observancia a ese precepto legal, establece una cierta cantidad de dinero a cargo de una persona moral oficial quejosa con el fin de asegurar la subsistencia del trabajador, no infringe el artículo 9o. de la misma ley, que exime a las personas morales oficiales de otorgar garantías, por cuanto que la cantidad que se hubiere fijado no es para garantizar el pago de daños y perjuicios que se ocasionaren con motivo de la suspensión, sino que se trata de un mecanismo legal que asegura la subsistencia del trabajador mientras dura el juicio de amparo. Es aplicable la tesis de jurisprudencia 2a./J. 209/2006, número de registro 173433, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, publicada en la página 819, Tomo XXV, enero 2017, materia Laboral, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN EN AMPARO DIRECTO LABORAL. DEBE NEGARSE POR EL MONTO NECESARIO PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece que tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión de su ejecución se concederá en los casos en que, a juicio del Presidente del tribunal respectivo, no se coloque a la parte trabajadora en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, pero en cambio sí se podrá suspender la ejecución del laudo en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia, y en este último caso, la medida cautelar surtirá efectos si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar al tercero perjudicado. Ahora bien, en virtud de que esta disposición no hace distinción alguna entre los trabajadores de la iniciativa privada y aquellos al servicio del Estado que hubiesen obtenido un laudo favorable a su pretensión de reinstalación, los del sector público también tienen derecho a la misma protección cuando han sido separados de su empleo de manera ilegal -por así haberlo declarado el órgano jurisdiccional que les corresponde- por lo que la subsistencia del servidor público debe garantizarse por la entidad pública quejosa, con la entrega que se le haga del importe equivalente del salario que le correspondería por el tiempo estimado de duración del juicio de amparo directo, suspendiendo la ejecución del laudo por lo que hace a la reinstalación, y por el excedente del monto económico de la condena. Asimismo, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia, número XX.1°.26K, publicada en la página 740, Tomo VI, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "SUSPENSION EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, el citado precepto es aplicable también a los casos en que se resuelve un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo indirecto porque en tratándose de la ejecución de un laudo, además de la regla que para su otorgamiento establecen los artículos 124 y 125 de la ley de la materia, tiene igualmente aplicación lo dispuesto por el artículo 174 de dicho cuerpo legal, en razón de que por tratarse de una cuestión laboral, debe evitarse a la parte obrera el peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo". En cambio, es de tenerse presente, que serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le causarían a la solicitante de la suspensión definitiva, si se llevaran a cabo actos ulteriores, como es el embargo de bienes de su propiedad, pues no se le podría resarcir el disfrute de los mismos ni aún otorgándosele eventualmente la protección constitucional, pues no debe perderse de vista, que la suspensión actúa hacia el futuro, no hacia el pasado, con la finalidad primordial de preservar la materia del juicio constitucional. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede a -, la suspensión definitiva, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran actualmente, esto es, para que, no le sean embargados bienes de su propiedad, únicamente respecto de la cantidad que exceda del importe del equivalente a seis meses de salario diario integrado que percibía el ahora tercero interesado Juan Villa Soto, cálculo que desde luego, deberá efectuar la autoridad responsable, de acuerdo con las constancias del juicio laboral de origen, suma que se estima suficiente, para garantizar la subsistencia del trabajador, mientras dure el juicio de amparo de donde emana el incidente de suspensión en que se actúa; en el entendido de que la presente medida suspensional no surtirá efectos, si a la fecha ya fueron ejecutados los actos que en esta vía se reclaman y hasta en tanto, se declare ejecutoriada la sentencia que se dicte en el juicio principal a donde corresponde estos cuadernos incidentales. Cobra aplicación a lo anterior la Tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, Tomo XXIII, Junio de 2006, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 1217, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. EL IMPORTE DE LOS SALARIOS PARA ASEGURAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR NO PUEDE SER MENOR AL DE SEIS MESES. Tratándose de la suspensión en amparo indirecto o biinstancial solicitada con motivo de la ejecución de un laudo por falta de emplazamiento al juicio laboral, no es posible calcular como tiempo probable para la duración del juicio constitucional uno menor al de seis meses; lo anterior es así, puesto que el procedimiento de amparo biinstancial requiere de mayor tiempo que el amparo directo, en tanto que en aquél existe la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas, y debe celebrarse una audiencia en términos del artículo 155 de la Ley de Amparo, la cual puede suspenderse o diferirse por diversas circunstancias; aspectos que sin duda pueden prolongar la resolución del aludido juicio constitucional. Además, una vez dictada la sentencia puede interponerse recurso de revisión e incluso se tiene la posibilidad de que en éste se ordene la reposición del procedimiento, con lo cual se prolongaría el dictado de la resolución definitiva; por consiguiente, si la suspensión de los actos reclamados en el juicio de amparo indirecto, por regla general, tiene vida jurídica hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria; entonces, para calcular su duración a efecto de fijar el importe de los salarios del trabajador para asegurar su subsistencia, que se traduce en negar la suspensión para que pueda ejecutarse el laudo mientras se tramita el juicio constitucional, es dable tomar en consideración tanto la complejidad de su procedimiento como su naturaleza biinstancial y, por ende, no es posible fijar un importe menor al de seis meses de salario; sin que sea óbice a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 12/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, noviembre de 1995, página 291, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Dado que, por una parte, tal criterio es atinente a la suspensión de la ejecución de un laudo en amparo directo; y, por otra, dicha jurisprudencia no señala tajantemente que el término probable para la resolución de un juicio de garantías deba ser menor de seis meses." También aplica a lo anterior la Jurisprudencia 40/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XI, Mayo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 262, del tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DE UN LAUDO QUE EN FORMA LÍQUIDA O DE FÁCIL LIQUIDACIÓN CONDENA AL PATRÓN. INTERPRETACIÓN DEL SISTEMA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO. Conforme a la interpretación literal, causal y teleológica de lo dispuesto en el citado precepto legal, el sistema que rige la suspensión de los laudos favorables a los trabajadores constituye un régimen que incorpora principios que tienden a ser tutelares de éstos, así como otros de aplicación general a todo juicio de garantías. En ese contexto, si en una demanda de amparo directo se controvierte un laudo favorable al trabajador que establece una condena líquida o de fácil liquidación, y el patrón solicita la suspensión de su ejecución, para resolver sobre ello, el presidente de la respectiva Junta de Conciliación y Arbitraje debe, indefectiblemente, negar la suspensión de la ejecución del laudo por el monto necesario para que el trabajador subsista mientras se resuelve el juicio de garantías, con arreglo al criterio que establece la jurisprudencia 12/95 de esta Segunda Sala, que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA DE TRABAJO. EL CÁLCULO DEL TIEMPO QUE DURA EL JUICIO DE GARANTÍAS PARA EFECTOS DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE AMPARO NO TIENE QUE SER NECESARIAMENTE DE SEIS MESES.". Por otra parte, debe conceder la suspensión respecto de la ejecución de la condena restante, condicionando sus efectos al otorgamiento de la caución que sea bastante para responder de los daños y perjuicios que con ella se puedan causar al trabajador. La citada caución comprenderá dos partidas, a saber: a) La primera, cuya estimación queda al prudente arbitrio de la autoridad mencionada, que responda por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, a la pérdida o menoscabo que jurídicamente acarrea a esta última no disponer, mientras se resuelve el juicio de amparo, de la suma que le corresponde conforme al laudo, tomando en cuenta que como la suspensión obra únicamente sobre la ejecución de este último, no afecta su validez, no lo socava ni trasciende a su existencia o a la posibilidad jurídica de que lo determinado en él llegue a concretarse, de donde se sigue que esta partida debe ser inferior al importe de la condena, puesto que solamente tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la "Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio" o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable." De conformidad con los preceptuado en los artículos 136 y 168, ambos de la Ley de Amparo, la suspensión que se concede surtirá efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este proveído, no exhibe garantía de los daños y perjuicios que pudieran generarse para el tercero interesado, la cual se cuantifica de la manera siguiente: Del contenido del libelo constitucional, se advierte que la propia quejosa señala bajo protesta de decir verdad que en el laudo emitido por la responsable dentro del citado juicio laboral 4A-3410/2016 se le condenó al pago de $1,400,000.00 (un millón cuatrocientos mil pesos M.N.), lo cual constituye un parámetro para cuantificar la garantía que debe otorgar la peticionaria de garantías, a efecto de responder por los posibles daños y perjuicios que con el otorgamiento de la medida cautelar se llegasen a ocasionar al tercero interesado Juan Villa Soto. Para calcular los daños que pudieran ocasionarse a dicho tercero con la concesión de la suspensión, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que se considera podría durar en dictarse la suspensión definitiva, esto es, -cinco días- de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación y por lo que ve a los perjuicios que pudieran ocasionarse, o ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado para resolver el incidente de suspensión -cinco días-se fijarán conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual constituye un indicador adecuado, pues la misma integra el valor real del dinero. Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia visible a foja 2288, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. En los casos en que el tercero perjudicado dejó de recibir una suma de dinero por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo indirecto, es un hecho notorio que se generaron daños y perjuicios a su favor. Para calcularlos, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) constituye un indicador adecuado, ya que la misma integra tanto el valor real del dinero, esto es, los daños que se pudieron ocasionar por la depreciación de la moneda, debido a la inflación, así como el rendimiento que dicha suma pudo generar, es decir, los perjuicios". Ahora, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio aplicable al día de hoy, asciende a 8.1878% ocho punto mil ochocientos setenta y ocho por ciento, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor vigente a la fecha en que aquí se resuelve es de 100.917%, cien punto novecientos diecisiete por ciento; y en consecuencia, el cálculo para determinar el monto que debe exhibirse para garantizar esos conceptos, será considerando además el tiempo probable en que se resuelva el juicio principal a donde corresponden los presentes cuadernos incidentales, esto es, seis meses, siendo el cálculo el siguiente: MONTO POR PERJUICIOS (TIIE) $1,400,000.00 Monto de la condena en el laudo dictado en el juicio laboral 4A-3410/2016. Multiplicado por 8.1878% Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días publicada en el Diario Oficial de la Federación a esta fecha. = $160,480.00 Total interés Dividido entre 365 Días del año = $439.671 Interés interbancario diario Multiplicado por 6 meses Meses que tarda aproximadamente en resolverse el juicio de amparo = $26,638.26 Monto que corresponde por conceptos de perjuicios MONTO POR DAÑOS (INPC) $1,400,000.00 Monto de la condena en el laudo dictado en el juicio laboral 4A-3410/2016. Multiplicado por 100.917% Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México público, tomando en consideración la fecha de la resolución interlocutoria. = $1,977.97 Total interés Dividido entre 365 Días del año = $7,219.59 Interés interbancario diario Multiplicado por 6 meses Meses del año tarda en resolverse el juicio de amparo = $43.314.00 Monto que corresponde por conceptos de daños. En mérito de lo anterior, la quejosa deberá exhibir garantía por $69,952.26 (sesenta y nueve mil novecientos cincuenta y dos pesos 26/100 moneda nacional), cantidad que resulta de la suma de los montos que corresponden por conceptos de daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero interesado por no poder incorporar a su patrimonio y hacer efectivas las prerrogativas que contiene la sentencia decretada en el juicio de origen de los actos reclamados, esto es, el que se proceda a la ejecución de la sentencia estimatoria de su acción; garantía que deberán exhibir en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Así lo determinó el Pleno del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia visible a foja 5, Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." Por lo expuesto y fundado; S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE a -, la suspensión definitiva, respecto a las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta resolución, y por los motivos ahí indicados. Notifíquese.

  4. Incidental

    MORELIA, MICHOACÁN, doce de noviembre de dos mil dieciocho. Intégrese a los autos el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos, los que serán tomados en cuenta en la audiencia incidental; asimismo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele en su oportunidad las copias que solicita. Notifíquese.

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