Rubi Coral Ruiz Zavala
Expediente 115/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 115/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rubi Coral Ruiz Zavala
- Juan Agustin Ramirez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, signado por la autoridad oficiante, por medio del cual según constancia secretarial de cuenta, se advierte que acompaña el testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en donde la Superioridad resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado, acúsese el recibo correspondiente a la Superioridad; por tanto, glósense las constancias originales del cuaderno de antecedentes respectivo. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se realiza su valoración documental como DESTRUIBLE en un plazo de tres años, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, fracción III, 20 fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Asimismo, toda vez que según constancia secretarial no existen documentos originales por devolver a la parte quejosa; en consecuencia, no procede ordenar la notificación personal del presente proveído. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por la autoridad mencionada en primer término, por medio del cual acusa recibo e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la apoderada de la parte quejosa, contra el proveído dictado el treinta y uno de enero del año en curso, dentro del presente juicio de amparo, el cual quedó registrado bajo el número 80/2023 de su índice. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda copia del escrito signado por -, en cuanto apoderada de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de queja, en contra del proveído de treinta y uno de enero del año en curso, en el que este órgano jurisdiccional desechó su demanda de garantías; en atención a su contenido, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer; en tal virtud, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes a la Superioridad, para la substanciación de dicho medio de impugnación; enviándose al efecto el original y copia del escrito de expresión de agravios, así como el informe sobre la materia de la queja, para lo que a bien tenga determinar la superioridad. Notifíquese.
- Principal
Con esta fecha se notifica a la parte quejosa el proveído emitido el treinta y uno de enero del año en curso que señala "Morelia, Michoacán, a treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por -, por si y en cuanto representante legal de su menor hijo de iniciales -., por conducto de su apoderada, carácter que se les reconoce en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, dado que según constancia secretarial lo acredita con el poder notarial que adjuntó a su libelo constitucional, en contra del acto reclamado a la Comisión Federal de Electricidad, CFE Distribución y otra autoridad; anótese su ingreso en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado, bajo el número VII-115/2023-1. Del análisis de la demanda planteada, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintitrés de diciembre del año pasado, emitido dentro del Procedimiento Administrativo número -, mediante la cual, ordenó la acumulación de dicho expedientes al diverso -, bajo el argumento de llevar acabo un solo procedimiento y evitar resoluciones contradictorias. Ahora, este tribunal estima que procede desechar la presenta demanda por ser notoriamente improcedente, conforme a lo que dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que se cita como nota al pie. Tal precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se advierte que el juicio de amparo en que se actúa, es improcedente al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: (.) b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese contexto, se considera que en el presente caso, el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que el acto reclamado precisado con anterioridad, fue emitido dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio y no es de los considerados de ejecución irreparable, en tanto que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y en los Tratados Internacionales en los que México sea parte, en favor de la parte quejosa, como sería la vida, la integridad personal, la libertad en sus manifestaciones o la propiedad; sino en todo caso, sólo produce una afectación en los denominados derechos adjetivos, que inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del citado procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable; por lo que la decisión del órgano responsable en el acto reclamado, no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, puesto que resulta indudable que se trata de actos meramente intraprocesales. Lo anterior se dice, en la medida en que de trascender a su esfera jurídica el acto que se reclama, podría constituir una violación procesal susceptible de combatirse en el caso de plantearse impugnación en contra de la resolución que se dicte en definitiva, pero sólo en el supuesto de que el fallo dictado en tal procedimiento sea adverso a la parte quejosa, de manera que mientras éste no se pronuncie, se este en la posibilidad de que la resolución que se dicte en el procedimiento de origen le sea favorable a sus intereses, en cuyo caso ningún perjuicio se causaría a la promovente del amparo. En ese sentido, como el acto impugnado en esta vía tiene una naturaleza eminentemente procesal, que no vulnera los derechos sustantivos de la parte quejosa, para ser considerado como de imposible reparación; entonces resulta evidente el amparo es improcedente. Sirve de sustento la tesis número 1086, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aún ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías." Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 32/2016, que por contradicción de tesis aprobó el Tribunal Pleno de Alto Tribunal, consultable página 5, libro 38, Tomo I, del mes Enero de 2017, Materia Común, Décima Época, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La acumulación de juicios es una institución procesal que sólo otorga derechos adjetivos a las partes, con la finalidad de evitar el dictado de sentencias contradictorias, por lo que, si bien la decisión de acumular diversos juicios pudiera afectar sus derechos, tal afectación no tiene el carácter de afectación material a derechos sustantivos que haga procedente el juicio de amparo indirecto, al tratarse de derechos otorgados por normas ordinarias para que los procedimientos se desarrollen de la mejor forma posible. Aunado a ello, las posibles afectaciones a la debida integración de la litis que pudieran reclamar las partes con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se materializarán, en su caso, al dictarse la sentencia si no les es favorable, por lo que tampoco harían procedente el juicio de amparo indirecto; por esas razones, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, es factible desechar la demanda cuando se reclama la resolución que decreta la acumulación de juicios por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 107, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la ley citada, en atención a que el solo análisis de la naturaleza del acto permite concluir que el juicio constitucional es improcedente, pues se trata simplemente de un ejercicio jurídico para determinar los alcances de la naturaleza del acto y no se requiere de alguna prueba para concluir que las resoluciones relativas a la acumulación de juicios sólo afectan derechos adjetivos que hacen improcedente el juicio de amparo indirecto." Entonces, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar - a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Finalmente, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales el que precisa en su libelo constitucional; además, como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, al licenciado********************, virtud a que se encuentran dentro del Registro de Cedulas Profesionales que se lleva en los Juzgados Federales y por autorizadas a las demás personas para los fines precisados al inicio de este párrafo, dado que no están dados de alta en dicho sistema. Notifíquese personalmente.". Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el articulo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo
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