Rubí Rivera Ortiz
Expediente 1177/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 31 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 29/11/2018
Partes del expediente
- Rubí Rivera Ortiz
- Josué Gustavo Corona Orozco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
TVII.- El estado procesal de autos evidencia que mediante auto de veintiuno de noviembre del año en curso (fojas 223 y 224), causó estado la determinación por la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo; sin embargo, no obra constancia de notificación del oficio 32806/2018, dirigido a la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Por tanto, a fin de no crear mayores dilaciones procesales con fundamento en el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario de la adscripción para que reenvié el oficio 32806/2018, para que este Juzgado de Distrito se encuentre en facultad de materializar el archivo del presente juicio de amparo. Por otra parte, es menester precisar que si bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, las notificaciones en los juicios de amparo se harán en forma personal a los quejosos privados de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, o bien, en el lugar de su reclusión; la realidad es que, la intención del legislador con tal disposición fue que el promovente del juicio privado de su libertad tuviera conocimiento de aquellas determinaciones que trascienden en la integración del juicio constitucional, a fin de que éste se encuentre en aptitud de hacer valer lo que a su interés legal convenga, y no hacer nugatorio su derecho de acceso a la justicia, por tanto, ante determinaciones que no tengan la finalidad de impulsar el procedimiento (como en la especie), no es necesario ordenar la notificación de manera personal.
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VII.- Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintinueve de octubre del año en curso (fojas 154 y 155), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Así las cosas, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintinueve de octubre del año en curso (fojas 154 y 155), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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VII.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUEJOSA Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE: Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, contra el auto de veintinueve de octubre del año en curso (fojas 154 y 155), por el que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, glósese únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. Así las cosas, del estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que se encuentra totalmente concluido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues mediante auto de veintinueve de octubre del año en curso (fojas 154 y 155), se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso Segundo, inciso XXI). 2. El cuaderno original del incidente de suspensión es susceptible de depuración (punto vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo General), al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. 3. El cuaderno duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción (punto vigésimo, inciso III y vigésimo primero, inciso III, de dicho Acuerdo). Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
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Tvii.- Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que transcurrió el plazo de veinte días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 133 a 136), con la finalidad de que acreditara haber entregado los edictos para su publicación y exhibiera el pago respectivo; es decir, realizara las gestiones necesarias para emplazar por edictos al tercero interesado de identidad resguardada E.V.E. Ahora bien, la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 237 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó." Así pues, si durante el lapso de referencia, el impetrante de amparo no acreditó su publicación, lo cual, no constituye una afectación desmedida, sino una carga procesal razonable y acorde con la obligación de preservar el respeto al debido proceso legal. De esta manera, al actualizarse la porción normativa prevista en el artículo 63, fracción II de la ley de la materia; se hace efectivo el apercibimiento decretado en el auto de referencia y se impone sobreseer en el presente juicio de amparo. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 27/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 27 del Libro 22, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, septiembre de 2015, Décima Época, materia común, con número de registro 2009915, que establece: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. EL PLAZO PARA QUE EL QUEJOSO ACREDITE ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE LOS ENTREGÓ PARA SU PUBLICACIÓN, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO POR EL QUE SE PONEN A SU DISPOSICIÓN. Conforme al artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, cuando tenga que emplazarse al tercero interesado por edictos, el quejoso debe acreditar que los entregó para su publicación dentro del plazo de 20 días siguientes al en que se pongan a su disposición; ahora bien, dicho plazo, conforme al artículo 22 de la misma ley, debe computarse a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del acuerdo que señale que los edictos se ponen a disposición del quejoso; de ahí que en el plazo referido, éste debe (i) recogerlos, (ii) entregarlos para su publicación, y (iii) acreditar ante el órgano jurisdiccional su entrega (esto es, que efectuó las gestiones tendientes para publicarlos); por lo que no procede la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles para establecer distintos plazos, ya que el relativo para acreditar la entrega para la publicación de los edictos se encuentra previsto expresamente en la Ley de Amparo." Así como la diversa jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 4/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, Libro 5, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2014, Décima Época, materia constitucional-común, con número de registro 2006232, que establece: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. LA MODULACIÓN AL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE IMPONE AL QUEJOSO LA CARGA PROCESAL DE CUBRIR EL COSTO DE LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS, ES CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. El citado artículo modula el derecho humano de acceso a la jurisdicción al imponer la carga procesal al quejoso de cubrir el costo de la publicación de los edictos (en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República) para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio no pudo conocerse o, excepcionalmente, de que manifieste a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva y servirse de los indicios que en tal sentido obren en autos para que se le exima del pago de las publicaciones; destacando que la consecuencia procesal de la omisión de cumplir con esa carga conduciría al eventual sobreseimiento en el juicio de amparo. Ahora bien, la modulación del derecho humano de referencia, contenida en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debe considerarse constitucionalmente válida, ya que cubre satisfactoriamente el examen de admisibilidad, necesidad y proporcionalidad, por lo que no es arbitraria, innecesaria, ni carente de razonabilidad, ya que, por un lado, debe estimarse admisible, pues tiende a dar audiencia al tercero perjudicado en el juicio de amparo, formalidad que tiene su origen en el deber constitucional de no privar de derechos a alguna persona sin previo juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento, en congruencia con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por otro, dicha medida también cuenta con idoneidad y necesidad, pues constituye un instrumento legislativo que tiende a asegurar que, desde el punto de vista jurídico procesal, se cumpla con la formalidad esencial de citar al juicio de amparo al tercero perjudicado, sobre la base de que se agotaron los medios de los que disponía el tribunal para investigar su domicilio; que el sistema de notificación mediante publicación de edictos en medios de comunicación de amplia difusión, es el único instrumento terminal asequible a los tribunales ante la imposibilidad material de practicar una notificación personal directamente con el buscado; y porque es regla general que para que se lleven a cabo materialmente las publicaciones de los edictos en medios de difusión de amplia circulación, alguien debe cubrir su costo. Por último, la medida también es proporcional al fin perseguido por el legislador, pues no implica una afectación desmedida para el quejoso, pues si bien le exige una conducta activa (cubrir el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado, o excepcionalmente, manifestar a la autoridad de amparo que carece de recursos para cubrir la carga económica respectiva), el correlativo derecho constitucional que se busca preservar es la audiencia previa del tercero perjudicado, cuya envergadura procesal es de alta importancia, ya que el emplazamiento constituye la actuación procesal de mayor magnitud por su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento." En consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional prevista para celebrarse a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de octubre de dos mil dieciocho Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, sin dejar de atender que a fojas ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y nueve, obran las supuestas constancias de notificación de radicación del presente asunto al tercero interesado de identidad resguardada E.V.E.; dado que mediante auto de dieciocho de septiembre del año en curso (fojas 133 a 136); se proveyó lo respectivo a la devolución de las constancias relativas por parte del diverso tercero interesado de identidad resguardada G.V.E., al haberse entregado en su domicilio sin que este tenga conocimiento del lugar donde pudiera ser emplazado el tercero interesado de identidad resguardada E.V.E., consecuentemente se ordenaron los edictos de mérito.
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