Rubén Velázquez Leal
Expediente 814/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2019
Partes del expediente
- Ángel Velázquez Leal
- Rubén Velázquez Leal
- Norma Aurora Leal Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
v.- Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante el cual remite el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la ejecutoria de cuatro de julio de dos mil diecinueve, pronunciada por el Tribunal de su adscripción, en autos del amparo en revisión 240/2018, cuyo resolutivo establece: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), asimismo, como lo solicita la superioridad se acusa recibo del testimonio de la resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, y del juicio de amparo 884/2018-V. Luego, del cuaderno de antecedentes formado con motivo de la revisión interpuesta desglósense las actuaciones posteriores a la remisión del presente expediente a la superioridad, para la substanciación del referido medio de impugnación y, una vez hecho lo anterior, agréguense éstas al sumario constitucional en el cual se actúa y procédase a la destrucción inmediata del citado cuaderno de antecedentes. Ahora, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable Director General del Instituto del Función Registral del Estado de México, para que dé cumplimiento a lo ordenado en el fallo protector, esto es, para que: "a) No aplique a la quejosa, la tarifa contenida en el artículo 95, fracciones I, inciso c), rango 6 de la Tarifa, del Código Financiero del Estado de México y Municipios vigente para el año dos mil dieciocho. b) Dicha protección constitucional, se hace extensiva al acto de aplicación consistente en el cobro y liquidación del derecho combatido que les fue efectuado a la agraviada por conceptos de derecho de inscripción de embargo; por ende, deberá devolver debidamente actualizada la cantidad que pagó por el concepto referido y a que se refiere el volante universal IFR-MOD-MPOOR-UNI-01, línea de captura para pago en ventanilla I1SL0605884319335210, expedido por el Instituto de la Función Registral del Estado de México, pues, la concesión del amparo contra la ley por considerarla inconstitucional, debe comprender también el acto de aplicación. c) En la inteligencia de que el efecto del amparo no tiene el alcance de liberar totalmente al gobernado del pago de la contribución y obligar al Estado a prestar el servicio registral de forma gratuita, pues, ello implicaría un despropósito; sino que el alcance protector del amparo tiende a desincorporar de la esfera de la quejosa la porción normativa estimada inconstitucional; sin que ello implique que no deba pagar por el servicio, lo que, en todo caso, deberá hacer con base en la menor tarifa que establece la ley $1,855.00 (mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional), por ser ese el parámetro mínimo que representa para el Estado el costo del servicio de que se trata." Lo cual deberá realizar dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que reciba la notificación del presente proveído, lo cual deberá informar dentro del mismo término y deberá acompañar las constancias que así lo acrediten; apercibida que de no hacerlo así sin justa causa, de conformidad con los artículos antes citados, en relación con el diverso 258 de la propia legislación, se les impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime a las autoridades de responsabilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 195 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 tercer párrafo, de la Ley de Amparo se requiere al Consejo Directivo del Instituto de la Función Registral, como superior jerárquico del Directora General del Instituto del Función Registral del Estado de México, a fin de que obligue a dicha autoridad a cumplir con la ejecutoria dictada por este órgano jurisdiccional sin demora alguna, esto es, dentro del plazo de tres días y comunique a este juzgado federal las providencias dictadas al respecto. En el entendido que no basta con girar oficio para ordenar o requerir el cumplimiento solicitado, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñir a su subordinado, al debido cumplimiento de la ejecutoria de amparo, circunstancias todas que deberán hacer del conocimiento a este Juzgado de Distrito y remitir constancias con las que acrediten su actuar. Con el apercibimiento que de no demostrar que realizó las gestiones necesarias para que se cumpla con la sentencia de amparo, con fundamento en el artículo 258 de la ley de la materia, se le impondrá multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
T Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veinticuatro de junio del año en curso (fojas 20 a 32), por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que la parte quejosa haya hecho valer recurso alguno; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en el artículo 21, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó de plano la demanda de amparo, es susceptible, en su oportunidad de ser destruido. De igual modo, se comunica a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11, 20 y 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, Archivos, y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo se procederá a su destrucción, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otro lado, en términos del Punto Décimo Primero, último párrafo, del acuerdo general conjunto referido, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos que exhibió en el presente asunto, por conducto de las personas autorizadas para ello; con el apercibimiento que de no hacerlo, dichas constancias podrán ser destruidas junto con el expediente. En la inteligencia que deberá exhibir una identificación oficial vigente y copia simple de ésta, con la finalidad de levantar la comparecencia correspondiente a efecto de devolverle las citadas documentales.
- Principal
Con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos la razón mediante la cual el Actuario Judicial adscrito manifestó que transcurrió el plazo de dos días que contempla los artículos 30 y 31, fracciones II y III de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa ingresara al Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación y obtuviera la constancia de notificación vía electrónica el auto de veinticuatro de junio del año en curso (fojas 20 a 32), sin que haya dado cumplimiento a lo anterior; y, por tanto no existe documento electrónico que acredite que la misma haya sido consultada. En esas condiciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la notificación a la parte quejosa el auto de veinticuatro de junio del año en curso (fojas 20 a 32), en la fecha en que el Actuario asentó dicha circunstancia, para los efectos legales conducentes. Ahora si bien es cierto que la notificación de la presente determinación debe realizarse vía electrónica por así haberlo solicitado expresamente el quejoso, así como de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, cierto resulta también que en el caso particular, al tratarse de una determinación por la que se le tuvo por notificado de diverso proveído, en que se hizo constar que tampoco consultó diversa notificación electrónica, el suscrito estima pertinente ordenar la notificación de esta determinación por medio de lista de acuerdos que se publique en este Juzgado de Distrito, pues de lo contrario, se crearía una cadena interminable de notificaciones electrónicas en detrimento de una pronta impartición de justicia, contraviniendo con ello lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior, sin perjuicio de que las subsecuentes notificaciones deban realizársele vía electrónica tal como se ordenó en auto de veinticuatro de junio del año en curso (fojas 20 y 32), siempre y cuando no se actualice similar supuesto al expuesto en la presente determinación.
- Principal
IX.- En ese orden, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, es pertinente precisar que los actos materia de este asunto, esencialmente, consisten en: a) Los oficios 208C0101000200S-2878/2019 y 217B10200/2878/2019 de cinco de junio de dos mil diecinueve, pronunciados por el Apoderado Legal del Instituto de Salud del Estado de México, a cuya virtud determina que se encuentra imposibilitado para tramitar la reclamación por indemnización hecha valer por los quejosos, al no haber sido emitido el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios; y, b) La omisión del Gobernador del Estado de México de emitir el Reglamento de Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios. Precisado lo anterior, debe mencionarse que la procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el órgano jurisdiccional, antes de analizar las cuestiones de fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que rige en los siguientes términos: Al respecto, este Juzgador estima que respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las consideraciones siguientes: En el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo se precisa: Además, en el artículo 107, fracciones III, incisos b) y c), IV, VII, y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece: Las disposiciones constitucionales y legales transcritas, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, a través de la protección de derechos fundamentales, de modo tal que, para acudir a dicho juicio, es necesario que previamente se interpongan, en la vía ordinaria procedente, los recursos o medios de defensa que legalmente procedan. Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierte que existen excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra del acto reclamado, cuyas excepciones son de estricta aplicación, a saber: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal. d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo). Luego, el texto del precepto anteriormente transcrito (61 fracción XX de la Ley de Amparo), establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio ordinario de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de la materia, para conceder la suspensión definitiva o provisional, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, la parte quejosa deberá agotar esos medios ordinarios de impugnación, previo a promover el juicio de amparo. Al respecto, conviene citar los artículos 186, 187, 194, 229, 254, 255, 256, 257, 258 y 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que establecen: En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado de la sala regional que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento." Por su parte, los artículos 125 a 139 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: Del análisis de los artículos anteriormente reproducidos, es factible concluir que la interposición del juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no exige mayores requisitos que los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. En ese tenor, es de sostenerse que, en el caso concreto, este Juzgado Federal advierte la concurrencia de la mencionada causa de improcedencia, respecto del acto reclamado consistente los oficios 208C0101000200S-2878/2019 y 217B10200/2878/2019 de cinco de junio de dos mil diecinueve, pronunciados por el Apoderado Legal del Instituto de Salud del Estado de México, a cuya virtud determina que se encuentra imposibilitado para tramitar la reclamación por indemnización hecha valer por los quejosos, al no haber sido emitido el Reglamento de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios. Lo anterior es así, toda vez que el citado acto reclamado fue dictado por autoridades distintas de un tribunal judicial, administrativo o de trabajo, con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios, pues el artículo 48 de dicho precepto legal establece la procedencia del juicio administrativo contra las resoluciones en las que se niegue la indemnización solicitada, como en el caso, toda vez que dada la naturaleza del acto reclamado, se estima que este es susceptible de afectar en forma directa e inmediata derechos sustantivos protegidos por la Constitución, no menos verídico resulta que la parte quejosa se encuentra obligada a promover dicho recurso o medio de defensa, previo a acudir al juicio de amparo, en atención al principio de definitividad que lo rige. El citado artículo 48 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de México y Municipios establece: Lo anterior es así, en razón a que en el presente asunto no se sostiene la posibilidad de que en contra del acto reclamado proceda el juicio de nulidad, sino que constituye una afirmación, pues en torno al tema materia del acto reclamado, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció al respecto el trece de marzo de dos mil trece, al resolver la contradicción de tesis 452/2012 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Segundo Circuito, emitió la jurisprudencia 2ª./J. 60/2013 (10ª.), publicada en la página 933, del Tomo 1, del Libro XXI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio del año dos mil trece, Décima Época, materia común, con número de registro 2003858, que establece: De lo anterior, claramente se advierte que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto el tema de procedencia del juicio contencioso administrativo, conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México; de ahí la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones impugnables a través de ese medio ordinario de defensa. Por tanto, en el caso concreto, conforme a las Jurisprudencias antes trascritas, el mencionado principio de definitividad, debe respetarse aun cuando el impetrante de amparo señale un acto reclamado cuya ejecución sea de imposible reparación, pues si bien es cierto que contra dicha particularidad procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, toda vez que -como ya se precisó- aun tratándose de actos de imposible reparación, tal determinación debe combatirse mediante los recursos o medios legales de defensa correspondientes, previo a acudir al juicio de amparo. No es obstáculo a las anteriores consideraciones el hecho de que la parte quejosa haya manifestado en sus conceptos de violación que se violan sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución, pues de sus argumentos no se advierte que se duela de la falta de fundamentación del acto reclamado.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México · 12,830 expedientes
- Rubén Tapia Rivera727/2017
- Rubén Trujillo Mejía1889/2017
- Rubén Trujillo Mejía1328/2017
- Rubén Valdez Arriaga366/2017
- Rubén Valenzuela Ledezma303/2021
- Ruben Vazquez Villa1575/2023
- Rubén Venegas Flores400/2017
- Rubén Zarco Ruiz180/2017
- Rubi Estrella Carrillo Vasquez1848/2023
- Rubí Rivera Ortiz1177/2018
- Rubicela Albina Tovar Flores809/2019
- Rubicela Olarte Fajardo680/2023