Rubi Paulina Ordaz Gomez

Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
264/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Rubi Paulina Ordaz Gomez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho (f. 13-16), que desechó la demanda promovida por ***, por su propio derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del cuerpo de leyes citado en último término se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, específicamente en sus dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó el juicio de amparo en que se actúa, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho; contra actos del Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato y otra autoridad; que estima violatorios de los derechos que se encuentran consagrados en los artículos 1, 5, 14, 16, 19 y 20 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 264/2018-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda promovida se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Por su parte, los diversos numerales 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, del cuerpo de leyes invocado son del tenor siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Magistrado propietario que integra la Quinta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato (en su carácter de ordenadora), así como Centro Estatal de Prevención Social Femenil de Celaya (en su carácter de ejecutora), ambos del Estado de Guanajuato; actos que describió, en lo conducente, de la forma siguiente: IV. Actos Reclamados: A. DE LA RESPONSABLE ORDENADORA. EL HABER DICTADO EN CONTRA DE LA QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 6 SEIS DE MARZO Y NOTIFICADA A LA QUEJOSA EL DÍA 7 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO 2018 EN EL TOCA PENAL NÚMERO 13/2018-0. B. DE LA RESPONSABLE EJECUTORA. EL CUMPLIMIENTO QUE SE LE DA A DICHO ORDENAMIENTO PRIVATIVO DE LIBERTAD. Asimismo, de la demanda de amparo como antecedentes del acto reclamado, se desprende, en lo que aquí interesa, que ante el Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, se tramita la causa penal ***, en contra de ***, por el delito de robo calificado en agravio de ***; causa penal en la que el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia intermedia, en la que se excluyeron y desestimaron los medios probatorios ofrecidos para su defensa, con el argumento de que no se dio cumplimiento al artículo 340 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, la defensa de la solicitante del amparo interpuso recurso de apelación en contra de la exclusión de los medios probatorios desestimados en audiencia de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, lo que motivo la formación del toca **/2018-O, del índice de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato; el cual fue resuelto el seis de marzo del apuntado año, confirmando la determinación recurrida; siendo dicha resolución de Alzada la constituye en este juicio de amparo el acto reclamado. Fijado lo anterior, es menester señalar que en el caso, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contario sensu, ambos de la Ley de Amparo; toda vez que la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, que resolvió el toca **/2018-O, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la exclusión de los medios probatorios desestimados en audiencia intermedia de veinticuatro de enero del apunto año, dentro de la causa penal ***; no es de aquellos actos que la Ley considera como de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ello es así, porque por acto de imposible reparación, debe entenderse aquel cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar derechos personales, reales o del estado civil de las personas, así como que sus efectos sean ciertos, inmediatos e independientes de cualquier otro evento y que no puedan ser modificados por actuación posterior alguna. Empero, cuando se reclaman, en amparo indirecto, actos dictados o realizados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por estos actos, no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros, los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en nuestro Texto Constitucional a través de las llamadas garantías individuales; en tanto que, los derechos adjetivos son aquellos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal; pero que por su propia naturaleza, no causan afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Por tanto, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo y como consecuencia de ello, cuando se esté en el primero de los casos mencionados (cuando se trate de violación que atente contra los derechos fundamentales del gobernado), procederá el amparo indirecto; y cuando se esté en el segundo de los supuestos (derechos adjetivos o comúnmente llamados procesales), no procederá el amparo biinstancial por tratarse de un acto que no conlleva una imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Dicho de otro modo, la ejecución irreparable se presenta para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, cuando se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos del gobernado; por consecuencia, si el acto que se reclama no atenta contra tales derechos sustantivos, sino contra derechos adjetivos o procesales, ello se traduce en que la promoción del amparo biinstancial sea improcedente. Expuesto lo anterior, la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, es improcedente porque la resolución de seis de marzo de dos mil dieciocho, que resolvió el toca **/2018-O, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto en contra de la exclusión de los medios probatorios desestimados en audiencia intermedia de veinticuatro de enero del apunto año, dentro de la causa penal ***; no es de aquellos actos que la Ley clasifique como de los que vulneran los principios fundamentales del peticionario de amparo, por no estar en presencia de actos dentro de juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, en la especie, el acto reclamado no implica una violación de imposible reparación porque no afecta por sí solo y en forma inmediata los derechos fundamentales de la solicitante del amparo; esto es, la determinación que se reclama al Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en la ciudad de Guanajuato, es un acto que en todo caso solo puede ser considerado y por ende solo produce efectos de carácter intraprocesal y contra el cual es improcedente el juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso, la Tesis de Jurisprudencia siguiente:Octava Época Registro: 207343 Instancia: Tercera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 43 Página: 291 EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Contradicción de tesis 3/89. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito. Por todo ello, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que resulta del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, esta última aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por ***, por su propio derecho, con fundamento en el diverso numeral 113 del citado ordenamiento legal. Sobre el tema, son aplicables, por lo que informan, las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Quinta Época Registro: 394363 Instancia: Cuarta Sala Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 407 Página: 273 PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento, comprendida en la fracción III del artículo 159 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio, previa la preparación legal necesaria, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 161 de la misma ley. Época: Octava Época Registro: 216267 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 65, Mayo de 1993 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/258 Página: 53 PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Por otro lado, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, téngase por autorizado en amplios términos al licenciado ***; toda vez que su cédula profesional se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que lo autoriza a ejercer la profesión de abogado; y únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de autos al licenciado ***, por no acreditar dicho requisito. Por otra parte, en razón de que la promovente señaló los estrados para recibir notificaciones de carácter personal, siendo que éstos no constituyen un domicilio propiamente dicho, hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29, de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.

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