Ruben Walter Torres Lopez

Expediente 1212/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1212/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
07/10/2020

Partes del expediente

  • Ruben Walter Torres Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra el auto de cuatro de septiembre de dos mil veinte, que sobreseyó el juicio de amparo por desistimiento, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. Archivo. En consecuencia, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este expediente como asunto concluido. Expediente no es de relevancia documental. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental. Destrucción del expediente principal En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran los tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, del acuerdo en cita. Como lo establece el artículo 35, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, toda vez que en el presente asunto se negó la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de dicha medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en cita. Duplicado del incidente destruible. De conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que resulta innecesaria su retención, devuélvase al director del Cetro Estatal de Prevención Social en Acámbaro, Guanajuato, el disco versátil digital (DVS), que anexó como prueba de su parte en el informe con justificación. Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Al no atender el aviso el solicitante del amparo, por este conducto se procede a notificar el proveído de veinticuatro de diciembre actual, que en lo conducente dice: Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato; que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en el artículos 1, 5, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 1212/2019-V-2, anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado. Análisis de procedencia de la demanda de amparo. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley en cita, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Tal dispositivo señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Ahora, es necesario precisar que por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad. Cabe destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Síntesis de los antecedentes de la demanda de amparo. En lo que aquí interesa, de la demanda de amparo se desprende lo siguiente: a) El uno de marzo de dos mil ocho, ingresó a prestar sus servicios a la Dirección del Sistema Penitenciario, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, a desempeñar el cargo de guardia de seguridad penitenciaria, por lo que se encontraba adscrito al Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato. b) El quince de diciembre de dos mil diecinueve, aproximadamente a la ocho horas, se presentó en las instalaciones del referido centro penitenciario, a prestar sus servicios para los cuales fue contratado; sin embargo, al tratar de ingresar el elemento que custodiaba la entrada, le comentó que le habían dado la orden de no permitirle el acceso, por lo que el quejoso preguntó por qué se había dado esa orden y quién la había emitido, a lo que se le respondió, que eran órdenes del Director del indicado centro penitenciario y desconocía el motivo, por lo que el quejoso se retiró del lugar. c) El solicitante del amparo considera que tal acción violenta sus derechos humanos y la relación administrativa que lo une al mencionado centro penitenciario, destacando que desconoce el motivo de la actuación de la responsable y las causas por las que se le negó el acceso. Siendo el impedimento de acceso a las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato, el que constituye el acto reclamado. Actualización de causa de improcedencia indudable y manifiesta. En la especie, ésta juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con los diversos numerales 1° fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, lo que de conformidad con el diverso numeral 113 de la invocada ley conduce a desechar de plano la demanda promovida por las razones que se exponen enseguida: Marco legal. Los invocados artículos en el orden anotado, a la letra dicen: 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta ley. 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos trascritos se obtiene que el juicio de amparo sólo es procedente, entre otras hipótesis, contra actos de autoridad, lo que comúnmente se conoce como acto reclamado; y que quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar ese acto reclamado, son características distintivas de la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así también, es menester señalar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías. En otras palabras, el acto reclamado para efectos del juicio de amparo consiste en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular; es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Sobre este punto, es de invocarse por su puntual aplicación, la tesis consultable en la página 390, de rubro y texto que dicen: ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión leyes o actos de autoridad recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo. (El énfasis es propio). Y por lo que informa, la diversa Tesis impresa en la página 159, de título y contenido siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN ESTAR SIEMPRE REFERIDOS AL ACTO RECLAMADO. Si bien el artículo 116 de la Ley de Amparo señala la expresión de los actos reclamados y de los conceptos de violación como requisitos para la interposición del juicio de garantías, se trata de dos cosas distintas. Por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías, y por concepto de violación los razonamientos jurídicos concretos que demuestren por qué el acto reclamado es inconstitucional. De esta manera, debe haber una lógica correspondencia entre el acto que se señala como reclamado y el concepto de violación relativo, que siempre debe estar referido a aquél, y no es válido así señalar como reclamado un acto que realiza la autoridad responsable, y como concepto de violación expresar razonamientos jurídicos que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de un acto diverso al que se señaló como reclamado. (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). En ese orden, el concepto autoridad para efectos del juicio amparo, debe entenderse como aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridad para efectos del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. En la especie, no se actualizan las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo; a saber: a) Existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra o subordinación con un particular. b) El referido vínculo jurídico entre la autoridad y el particular tiene su origen en la ley, que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de la relación jurídica en cita, la autoridad emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones de derecho susceptibles de afectar la esfera legal del particular. d) Para emitir los actos en mención, el órgano del Estado no necesita de los órganos judiciales ni obtener el consentimiento del afectado. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis 2a. CCIV/2001, localizable en la página 39, cuyo rubro y texto a la letra establecen: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Análisis del caso concreto. En efecto, lo que el promovente del amparo identifica como acto reclamado consistente en el impedimento de acceso a las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato, para cumplir las actividades de guardia de seguridad para las que fue contratado, no reúne las características de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. El indicado acto reclamado, que tiene su origen en la posible orden de impedir el acceso a las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato; conduce a establecer que, en todo caso, se trata de una relación patrón-trabajador que no reúne las notas distintivas de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo y que debe ventilarse para el caso de que el aquí promovente así lo estime pertinente, ante la autoridad e instancia correspondientes. Lo manifestado por el promovente en cuanto a que se le impidió el acceso a las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato, para prestar los servicios para los cuales fue contratado, por una supuesta orden emitida por el Director del referido centro penitenciario, se traduce en que el aludido impedimento se reclama a una autoridad que no tiene los distintivos para ser considerada como tal para los efectos del juicio de amparo. Aspectos que conducen a establecer que lo que señala el promovente del amparo como acto materia del reclamo constitucional, no tiene las características propias de un acto de autoridad; a saber, imperativo, coercitivo y unilateral; cualidades indispensables para poder considerar a las autoridades que emiten actos, como responsables para los efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 1° fracción I y 5° fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Así, la afectación que el peticionario de amparo reclama, no puede considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pues como se ha expuesto, entre el promovente y aquella persona que señala como autoridad responsable, existe una relación laboral; por lo que si *** considera que el impedimento de acceso a las instalaciones del Centro Estatal de Prevención Social de Acámbaro, Guanajuato, respecto de la relación laboral que mantiene, le causa agravios en su esfera de derechos, de considerarlo pertinente, puede tener la oportunidad de reclamarlo precisamente en esa vía; es decir, en la laboral ante las autoridades a quienes competa conocer del procedimiento que en su caso esté en posibilidad de instaurar. No pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional, que el juicio de amparo es un mecanismo eficaz para controlar la constitucionalidad de actos de autoridad que resulten lesivos de derechos fundamentales, incluido el derecho de igualdad y no discriminación que invoca el quejoso; sin embargo, ello debe siempre analizarse en el marco de las atribuciones que le han sido conferidas a cada autoridad del Estado por lo que no podría tal cuestión eximir al quejoso de agotar las controversias laborales judiciales idóneas para solventar el conflicto planteado previo a acudir a un mecanismo extraordinario de control constitucional como lo es el juicio de amparo. Conclusión. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción XXIII, de artículo 61, en concordancia con los diversos numerales 1° fracción I y 5° fracción II, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. Cuestión que se ve reflejada, y que por las ideas que contiene se estima aplicable, en la jurisprudencia 1a./J. 64/2015 (10a.) de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 713, libro 24, tomo I, noviembre de 2015 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice lo siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA RESPONSABLE. En los artículos 108 de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén los requisitos de procedibilidad que deberán expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, dentro de los que se encuentra la manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Dicho requisito tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias remitidas por la autoridad responsable" (Énfasis en lo resaltado por este juzgado). De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Sin que sea inadvertido que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Al respecto se invoca el criterio del Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316, tomo X, octubre de 1992, Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que establece: DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA Así como la jurisprudencia J/23 , del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, que indica: DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Apoya lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.) , de la Séptima Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Así como la tesis número III.4o.(III región) 14 K (10a.) , sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, que indica: DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Domicilio procesal y autorizados. Con fundamento en los artículos 12 y 27 fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por autorizados en amplios términos a los licenciados ***, toda vez que sus cédulas profesionales se encuentran inscritas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que los autoriza a ejercer la profesión de abogado; y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en ***. Habilitación de días y horas inhábiles. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para practicar las notificaciones en este asunto en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.

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