Rubi Nayeli Villaseñor Vergara

Expediente 528/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
528/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Rubi Nayeli Villaseñor Vergara
  • Agente del Ministerio Público Adscrito A la Fiscalía Especializada de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiuno de abril de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. ...requiérase al Administrador Postal de Correos de esta ciudad, para que, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado sobre el tratamiento dado a la pieza postal *********dirigido al Agente del Ministerio Público Adscrito a la Fiscalía Especializada de Delitos Diversos de la Zona Metropolitana. *****Diferimiento audiencia incidental. Por lo anterior y, para dar tiempo a la llegada del informe solicitado o en su caso, del acuse de recibo correspondiente, resulta procedente diferir la audiencia incidental señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la audiencia sin la participación de las partes. ...Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veinte de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito con evidencia criptográfica del autorizado de la parte quejosa Raúl Israel Hernández Cruz, por medio del cual, solicita este juzgado requiera a las autoridades responsables el cumplimiento a la suspensión definitiva reiterándoles los efectos para los cuales se concedió la medida cautelar, toda vez que este juzgado fue omiso en pronunciarse con motivo del escrito que presentó el dieciocho de mayo actual; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición expresa en su artículo 2°, se ordena regularizar el procedimiento a fin de no vulnerar los derechos de las partes. Ahora bien, en relación a que se requiera a las responsables el cumplimiento a la suspensión definitiva reiterándoles los efectos para los cuales se concedió la medida cautelar, se acuerda: Tomando en consideración lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en sesión de tres de septiembre de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de revisión 204/2021, contra la interlocutoria pronunciada en autos el tres de mayo de dos mil veintiuno, de la que se desprende que confirmó y concedió la suspensión definitiva al quejoso Raúl Israel Hernández Cruz, respecto a los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerando I de la resolución recurrida, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no se ejecute mandato alguno relacionado con la privación al quejoso de la patente de Notario. Bajo ese contexto, resulta conveniente apuntar que en el considerando I de la resolución recurrida de tres de mayo de dos mil veintiuno, se establecieron los actos reclamados, respecto de los cuales se solicitó la suspensión definitiva, en los términos siguientes: "I.- FIJACIÓN CLARA Y PRECISA DEL ACTO RECLAMADO. Mediante escrito de demanda RAÚL ISRAEL HERNÁNDEZ CRUZ, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, con suspensión de los actos reclamados de la autoridad responsable Secretario de Gobierno del Estado de Morelos y otras autoridades, de quien reclama: a) La impugnación del artículo 28 de Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos, el cual tilda de inconstitucional y su aplicación. b) Que las responsables se encuentran restringiendo su derecho de proponer y que sea nombrado un Notario Público suplente para que permanezca en funciones de la Notaría 13 de la Primera Demarcación Notarial para el Estado de Morelos de la cual es titular el quejoso, en tanto subsiste la licencia de la que actualmente goza por encontrarse ocupando la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. c) Que se vulnera su derecho a la libertad de ocupación, contemplado en el artículo 5º de la Constitución Federal, y tiene un impacto a su vez respecto a sus obligaciones laborales con relación al personal que actualmente se desempeña en la Notaría a su cargo, dado que constituye una fuente de empleo directa y remunerada. d) Reclama en conjunto una grave afectación sus derechos ya que si bien es Notario con licencia y actual Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se deben facilitar los medios necesarios para que sean respetados sus derechos de obtener y mantener una licencia por todo el tiempo que dure su encargo y, además, de proponer al Notario de su elección para que, sin hostigamiento ni presión externa por parte de las responsables, éste realice libremente las actividades notariales. Todos éstos a consecuencia de la emisión de los oficios SG/SSG/DGJ/0046/2021 de once de enero de dos mil veintiuno y el diverso sin número de fecha doce de enero del mismo año, ambos suscritos por el Secretario de Gobierno del Estado de Morelos, en los que esencialmente se desprende su negativa a tener a los licenciados Javier Alberto Barona Lavín y Yuridia Leticia Hernández Lozano como suplentes en la Notaría Pública Número Trece de la Primera Demarcación Territorial (de la que es titular el aquí quejoso), durante el tiempo que subsista su licencia de la que goza para ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos; por las consideraciones ahí expuestas; además, en el segundo de ellos, se advierte que turnó el expediente administrativo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos para el procedimiento administrativo correspondiente. En ese orden de ideas, es factible concluir que medularmente el quejoso pretende combatir o defender por esta vía la inconstitucionalidad del artículo 28 del Reglamento de la Ley del Notariado del Estado de Morelos; a través de su primer acto de aplicación consistente en los mencionados oficios SG/SSG/DGJ/0046/2021 de once de enero de dos mil veintiuno y el diverso sin número de doce de enero del mismo año, en los que se hace patente la negativa de las responsables a nombrar suplentes en la Notaría de la cual es Titular, y en particular a nombrar a los diversos notarios Javier Alberto Barona Lavín y Yuridia Leticia Hernández Lozano como suplentes en la Notaría Pública Número Trece de la Primera Demarcación Territorial (de la que es titular el aquí quejoso), durante el tiempo que subsista la licencia de la que goza el quejoso para ocupar la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, combatiendo incluso un posible hostigamiento que a su parecer han ejercido las responsables sobre otros Notarios para no aceptar la suplencia solicitada, así como la iniciación de un procedimiento administrativo para revocar su patente de Notario. Asimismo, mediante escrito de ampliación de demanda presentado el tres de febrero del dos mil veintiuno, la parte quejosa señaló nuevos actos reclamados a las siguientes autoridades: Del Secretario de Gobierno, El acuerdo de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" del Gobierno del Estado de Morelos. Del Subsecretario de Gobierno y Director General Jurídico de la Secretaría de Gobierno La ejecución del acto reclamado al Secretario de Gobierno". Cabe señalar que los efectos de la suspensión definitiva concedida por este juzgado en interlocutoria de tres de mayo de dos mil veintiuno, son: ". con fundamento en los artículos 125, 128, 131, 138, 139 y 146, 147 y 150 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados emanados, en estos términos: ( Para el efecto de que se continúe con el procedimiento administrativo y las autoridades responsables se abstengan de dictar resolución. Ello con la finalidad de conservar la materia del juicio de amparo. ( No se ejecute mandato alguno relacionado con la privación de la patente de Notario a virtud de la negativa a sustituir, porque las cosas deben permanecer en el estado en que se encontraban al promover el juicio de amparo; es decir al veintiuno de enero de dos mil veintiuno, manteniendo vigente la licencia que por virtud del oficio reclamado se estimó concluida. Los efectos de la suspensión definitiva deben prevalecer hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia definitiva en el expediente principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis número XXI.4o.17 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 1460, del Tomo XX, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN. SE ACREDITA EL INTERÉS JURÍDICO SI QUIEN LA SOLICITA DEMUESTRA SER PARTE EN EL PROCEDIMIENTO DEL QUE DERIVA EL ACTO RECLAMADO.". Asimismo, la suspensión surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el presente acuerdo, aún cuando sea recurrido, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo. Sin que en el particular sea factible otorgar la suspensión para los extremos que refiere en los puntos 2, 3 y 4 del escrito de demanda, reiterados en los ocurso que proveyeron el día veintidós de abril del año en curso en el cuaderno principal; habida cuenta que ello precisamente constituirá en su caso, materia del fondo del asunto, siendo que la medida cautelar sólo tiene por efecto mantener las cosa en el estado en que se encontraban, como se dijo al momento de presentar la demanda en términos de los numerales 128 y 139 de la ley de la materia, lo cual ya se atendió, a más que de proveer en los términos que refiere agotaría la materia del juicio en lo principal lo cual ha desarrollado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como límite infranqueable para efectos de conceder la suspensión aún con efectos restitutorios a que alude el diverso 147 de la ley de la materia. Ahora bien, respecto a la solicitud en el sentido de que se otorgue la suspensión del acto reclamado para el efecto de que se autorice a Yuriria Leticia Hernández Lozano como suplente de la notaría pública (a cargo del directo quejoso), dígasele que no ha lugar; toda vez que conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, es improcedente conceder la suspensión del acto reclamado para el efecto solicitado, ya que se constituiría un derecho en su favor que no tenía antes de promover el juicio constitucional; es decir, el quejoso previo a promover la demanda de amparo del presente asunto, así como su ampliación, no tenía la autorización por parte de las autoridades responsables administrativas competentes respecto de la autorización del goce de la licencia de la licenciada Yuriria Leticia Hernández Lozano para sustituir al directo quejoso Raúl Israel Hernández Cruz. Tal es el caso, que tal particularidad constituye el acto reclamado de este juicio de amparo indirecto, o sea, es el fondo del asunto, por lo que en su caso, será analizado conforme a las pruebas rendidas ante las autoridades responsables en la sentencia definitiva emitida en el expediente principal del cual deriva la presente incidencia, de conformidad en el numeral 75 de la ley de la materia. Sin que sea óbice arribar a la determinación anterior el hecho que las autoridades responsables argumenten que están consumados los actos reclamados; toda vez que los efectos jurídicos de los oficios reclamados; así como la Ley que se combate, continúan afectando actualmente la esfera actualmente la esfera jurídica del peticionario de amparo, para lo cual en la presente determinación ya se pormenorizó dichas consecuencias; así como la suspensión que conforme a derecho corresponda." Asimismo, del estudio de la revisión realizada en la ejecutoria en comento emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, se advierten los párrafos marcados con los incisos 60) al 62), en los que se precisa: "60) Por otra parte, resulta infundado el diverso argumento identificado con el numeral V consistente en que el Juez de Distrito omitió pronunciarse sobre la suspensión solicitada respecto de los actos reclamados en la ampliación de demanda, para el efecto de que no se le exija el protocolo y el sello notarial, pues tal determinación deriva de la cancelación de su licencia, lo cual ha quedado suspendido provisionalmente, junto con la cancelación de su patente. 61) Es así, toda vez que si bien de la resolución recurrida se advierte que no se hace pronunciamiento de manera expresa y específica en relación con la solicitud de la suspensión definitiva de los actos reclamados en la ampliación de demanda para el efecto de que no se requieran al quejoso el protocolo y el sello notarial, lo cierto es que atendiendo a los efectos en los que se concedió la suspensión al justiciable, dicho aspecto quedó comprendido en dicha medida cautelar. 62) Esto es, de la resolución impugnada se advierte que se concedió la suspensión para el efecto de que ". no se ejecute mandato alguno relacionado con la privación de la patente de Notario a virtud de la negativa a sustituir, porque las cosas deben permanecer en el estado en que se encontraban al promover el juicio de amparo..." de que si la medida cautelar tiene por efecto que no se ejecute ningún acto relacionado con la privación al quejoso de la patente de Notario Público, es evidente que en dicha suspensión se comprenden los referidos actos, de ahí lo infundado de los argumentos en estudio." Por consiguiente, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que se encuentren notificadas del presente auto, informen las medidas que han tomado para dar cumplimiento a la suspensión definitiva y remitan las constancias concernientes al cumplimiento de la medida suspensional otorgada en autos; en el entendido de que dicha suspensión se concedió para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al promover el juicio de amparo y no se ejecute mandato alguno relacionado con la privación al quejoso de la patente de Notario. Asimismo, comuníquese a las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tampico, Tamaulipas, mediante el cual, en cumplimiento al auto de treinta de marzo del año en curso, remite diversas constancias; el que se ordena agregar y del que se reserva acordar lo conducente, hasta en tanto la Junta responsable, informe lo requerido en proveído de tres de mayo del año que transcurre. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.

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