Rubén Visoso Ochoa
Expediente 1620/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1620/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Rubén Visoso Ochoa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, por el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1620/2018, un anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en autos del recurso de revisión 100/2019, concluyendo en sus puntos resolutivos que son del tenor siguiente: ".PRIMERO.- En la materia de la revisión, se CONFIRMA la sentencia recurrida. SEGUNDO.- SE SOBRESEE en el juicio de garantías promovido por RUBÉN VISOSO OCHOA, respecto de los actos y autoridades señalados en el resultando primero de la sentencia sujeta a revisión, por la consideraciones expuestas en el último considerando de este fallo." En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído al Tribunal de Alzada, en vía de acuse de recibo, para los efectos legales a que haya lugar; glósense a los autos el cuaderno de antecedentes respectivo, así como el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. De igual forma, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al Punto Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, toda vez que la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso y quedó registrado con el número RA (P) 100/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito del quejoso RUBÉN VISOSO OCHOA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el trece de febrero de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Por otra parte, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, toda vez que en autos no obra la pieza postal o acuse de recibo del oficio 3971/2019 dirigido a la autoridad responsable; en esas condiciones, se ordena notificar dicho oficio en el domicilio señalado en autos. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1620/2018-IV, promovido por RUBÉN VISOSO OCHOA. R E S U L T A N D O : PRIMERO. Por escrito depositado el ocho de octubre de dos mil dieciocho, en el buzón judicial turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos al día siguiente a este Juzgado de Distrito, RUBÉN VISOSO OCHOA, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, los cuales hizo consistir en los acuerdos de uno y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictados en el expediente DGUA/INV/160/2018-08. SEGUNDO. Por acuerdo de diez de octubre de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el expediente de amparo 1620/2018-IV; se solicitó a la autoridad responsable el informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, que es el lugar donde se emitieron los actos reclamados. SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados a la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, consistentes en los acuerdos de uno y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictados en el expediente DGUA/INV/160/2018-08, toda vez que así lo admitió en el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con la copia certificada del referido expediente; documental pública a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por el artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2º. TERCERO.- Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. En relación al acuerdo uno de agosto de dos mil dieciocho, dictado en el expediente DGUA/INV/160/2018-08, de oficio de advierte que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el artículo 5° de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Para una mayor comprensión del asunto, se estima necesario citar los antecedentes del acuerdo reclamado: 1.- El uno de agosto de dos mil dieciocho, la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, recibió el oficio CES/174/2018, remitido por el Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, mediante el que informó que el aquí quejoso, no cumple con los requisitos estipulados en los exámenes de control de confianza para la permanencia. 2.- Por acuerdo de esa misma fecha la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos, ordenó realizar la investigación correspondiente para determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo. Dicho acuerdo constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, a efecto de explicar la actualización de la causal de improcedencia invocada, se estima necesario establecer que el acuerdo reclamado se encuentra sustancialmente fundado en las siguientes disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos: "Artículo 163.- En la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la Coordinación Estatal de Reinserción Social y en las demás áreas de Seguridad Pública Estatal y Municipales existirá una Unidad de Asuntos Internos, que estará bajo el mando inmediato de sus Titulares. Serán observadores y conocerán de aquellas actuaciones que ameriten algún reconocimiento o sanción para los elementos de las instituciones policiales, ya sea de oficio o a petición de algún mando." "Artículo 164.- Las Unidades de Asuntos Internos tendrán facultades para iniciar los procedimientos a que se refiere el artículo anterior, en los siguientes casos: I. Cuando se reciban quejas y denuncias por cualquier medio, interpuestas contra los elementos de las instituciones policiales; II. Cuando el superior jerárquico inmediato considere que el elemento infringió los principios de actuación, obligaciones ó deberes establecidos en la presente Ley u otros ordenamientos legales; III. Aquellos que instruya el Comisionado Estatal, el Coordinador Estatal de Reinserción Social o el titular de Seguridad Pública Municipal en su caso, incluidos los que correspondan al cumplimiento de una recomendación emitida por las Comisiones Estatal o Nacional de Derechos Humanos, aceptada por el propio titular, y IV. Por acuerdos emitidos de los Consejos Municipales y Estatal de Seguridad Pública. Los procedimientos se desahogarán sin perjuicio de aquéllos que se instauren en contra de los servidores públicos que incumplan con lo anterior, ante la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de las atribuciones establecidas por la Ley de Responsabilidades." "Artículo 168.- La Visitaduría General y las Unidades de Asuntos Internos contarán con la estructura adecuada y el personal apropiado para el cumplimiento de sus funciones señaladas en la presente ley y en su reglamento respectivo, para efecto de realizar las investigaciones suficientes y allegarse de todos los datos necesarios, para poder determinar de manera fundada y motivada sus actuaciones, así como los reconocimientos y sanciones preventivas o definitivas que propongan ante el Consejo de Honor y Justicia de cada institución de seguridad pública. Las instituciones de seguridad pública, están obligadas a proporcionar los recursos humanos, materiales e incluirán en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios para su buen funcionamiento." "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159;." "Artículo 173.- Las Unidades de Asuntos Internos gozarán de amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los sujetos a procedimiento y de practicar todas las diligencias legales permitidas para allegarse de los datos necesarios para emitir su propuesta al Consejo de Honor y Justicia; dentro del expediente deberá obrar copia certificada del expediente personal del elemento." De las disposiciones legales citadas, se advierte, por una parte, la facultad legal de iniciar e instruir el procedimiento de investigación contra los servidores públicos, a fin de determinar las responsabilidades a que haya lugar y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, y, por otra, la diversa facultad para la investigación administrativa previa, con la finalidad de allegarse de elementos que permitan concluir con objetividad sobre la existencia de alguna conducta que amerite el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En estas condiciones, las actuaciones generadas en la fase de investigación previa son distintas del inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva o de responsabilidad administrativa de aquéllos, el cual puede generar perjuicio en su esfera jurídica. Por tanto, la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al iniciar una investigación administrativa previa relacionada con un miembro de esa dependencia, cumple con una función a su cargo, esto es, vigilar que el desempeño de los elementos que integran la seguridad pública corresponda a los intereses de la colectividad. Por tanto, dado el interés social que subyace en la investigación administrativa, como parte de la obligación legal del órgano de control interno, se concluye que quien es sujeto de ésta, carece de interés jurídico para promover el amparo indirecto en su contra, debido a que no existe derecho particular alguno que emane de la Constitución ni de las leyes secundarias, oponible al interés general de que se investiguen los hechos o conductas de los miembros de las instituciones policiales del Estado. Estimar lo contrario, sería anteponer el interés particular al de la sociedad, así como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al órgano de control interno de los cuerpos policiacos, respecto de lo cual, la colectividad está interesada en que se lleve a cabo. Además, las actuaciones generadas en la fase de investigación previa constituyen actos anteriores a un procedimiento seguido en forma de juicio, las cuales no generan agravio personal ni directo al servidor público objeto de éstas, ya que el inicio y conclusión del procedimiento administrativo de separación del cargo es lo que, en todo caso, le afecta; máxime que, en el caso concreto, con la emisión del inicio de la investigación previa no se afectan directamente los derechos sustantivos del quejoso. Apoya a las anteriores consideraciones por identidad de razón jurídica, la tesis XV.4o.5 A (10a.) de la Décima Época, con número de registro 2016626, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de 2018, Tomo III, Materia Común, página 2240, del rubro: "INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS MIEMBROS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. QUIEN ES SUJETO DE ÉSTA, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DECRETE LA SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE SUS LABORES." Además, dicho acuerdo no ocasiona algún perjuicio en la esfera jurídica del quejoso, ya que en el caso, éste no tiene incorporado a su esfera de derechos alguno que lo posibilite a impugnar la apertura de la investigación previa al inicio del procedimiento administrativo; ya que no constituyen actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Máxime que, en el caso concreto, el acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho, no puede considerarse como de ejecución irreparable, puesto que, en su caso, el perjuicio emergerá cuando la Directora General responsable, determine iniciar el procedimiento administrativo, dado que esta actuación procesal es la que evidentemente le depararía perjuicio jurídico, de conformidad con el artículo 5° de la Ley de Amparo. De esta manera, la decisión de la autoridad responsable de iniciar una investigación para determinar la procedencia del inicio del procedimiento administrativo no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso artículo 5°, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto del acto consistente en el acuerdo de uno de agosto de dos mil dieciocho emitido por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública. Asimismo, respecto del diverso acto reclamado consistente en el acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictado por la Directora General de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo porque la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Las disposiciones legales invocadas son del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." En efecto, se actualiza la causal de improcedencia invocada, toda vez que si bien el quejoso señaló en su demanda de amparo que se enteró del acuerdo de veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, el diecisiete de septiembre de ese año; sin embargo, tal manifestación se encuentra plenamente desvirtuada, ya que de las copias certificadas del expediente DGUA/INV/160/2018-08, que remitió la autoridad responsable, se advierte la cédula de notificación del mencionado acuerdo en la que consta que se notificó personalmente al quejoso el día seis de septiembre de dos mil dieciocho. Luego, conforme al artículo 171, fracción VII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, es aplicable, supletoriamente la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, y ésta última establece, en el artículo 27, último párrafo, que las notificaciones surtirán sus efectos al día siguiente en que se practican. En ese orden de ideas la notificación practicada al quejoso el seis de septiembre de dos mil dieciocho, surtió efectos el día siete siguiente, por tanto, el plazo de quince días para promover el juicio de amparo comenzó a transcurrir a partir del diez de septiembre y feneció el uno de octubre de dos mil dieciocho, descontando los días inhábiles (catorce, quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de septiembre), siendo que la demanda de amparo fue presentada el día ocho de octubre de dos mil dieciocho, resultando evidente que la promoción de la demanda de amparo fue presentada de manera extemporánea al plazo de quince días, que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se actualice alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, toda vez que el quejoso no reclama una norma general autoaplicativa, ni un procedimiento de extradición, tampoco impugna una sentencia definitiva condenatoria que imponga pena de prisión, ni reclama contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, tampoco un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, en relación con el 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO promovido por RUBÉN VISOSO OCHOA, contra los acuerdos de uno y veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, dictados en el expediente DGUA/INV/160/2018-08, que se reclamaron a la Directora de la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy trece de febrero de dos mil diecinueve, fecha en que las labores de este Juzgado Federal así lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.
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